Sin comida comunidades indígenas y campesinas del sur
Mientras un sector del país demuestra su sentimientos de hermandad y denunciarán irregularidades en la ejecución de medidas ordenadas por las autoridades venezolanas en la frontera, las comunidades indígenas y campesinas del sur, como consecuencia del bachaqueo y acaparamiento, están literalmente desabastecidas de alimentos, buscando que dar de comer a sus hijos.
Estas familias que dependen de pequeñas economías, devoradas por la ola especulativa, se encuentran de manos atadas ante la falta de dinero para enfrentar el hambre que comenzó a azotar a campesinos e indígenas que no puede llegar hasta los centros poblados para adquirir los costosos alimentos. Su vocería que siempre ha estado en manos de líderes indígenas como Liborio Guarulla, Nicia Maldonado, Edgildo Palau y Monseñor José Ángel Divasson, guardan el más absoluto silencio, y contrariamente tienden a ocultar la realidad que afecta a los venezolanos más pobres y rezagados de este país, en espera que se agudice una crisis humanitaria para, juntos, buscar la intervención internacional con qué deshacerse del gobierno de Nicolás Maduro.
Su prioridad no es educación, es buscar alimento en una región donde el contrabando y narcotráfico han elevado tanto el costo de productos básicos, que el kilogramo de leche de Mercal adquirido por cincuenta bolívares, se consigue en dos mil bolívares de este lado, y hasta en quince mil del lado colombiano, donde los grupos indígenas comenzaron a emigrar hacia Venezuela, ante el desamparo del gobierno de Juan Manuel Santos.
Aquí, el chavismo y la oposición son liderados por el antichavista Monseñor José Ángel Divasson, obispo de puerto Ayacucho, denunciado por el fallecido presidente Hugo Chávez por recibir dinero del Departamento de Estado Norteamericano para financiar golpe de Estado. De hecho, el más interesado en ver rodar el gobierno de Maduro, pero el mas favorecido económicamente al construir una millonaria edificación al calor de la revolución. Privatiza escuelas públicas donde cobran dinero a placer, y de donde han desplazado miles de estudiantes indígenas por no tener dinero para pagar las costosas mensualidades que cobran disfrazadas de colaboración.
Es desesperante observar madres indígenas con sus niños colgados a su cuerpo, deambulando de una a otra calle buscando como obtener carne, leche, pollo, azúcar, café, aceite, harina, jabón y detergentes, sumamente costosos para ellos, en virtud a lo retirado de las comunidades donde viven. El transporte es costoso y la liquidación de las bodegas solidarias de Mercal, dejaron de llegar a sus sitios de origen, donde viven afectadas por pobreza extrema, con labios emblanquecidos de anemia, niños barrigones de parásitos, madres afectadas por desnutrición y familias enteras escudriñando pipotes de basura para comer los desechos podridos que otros botan.
Ante la dejadez del gobernador Liborio Guarulla y su equipo de gobierno, así como la presidenta de Corpoamazonas Nicia Maldonado y el liderazgo del PSUV, tocará al Presidente de la Republica enviar una comisión que certifique en el sitio de los hechos, la cruda realidad de hambre que están viviendo los grupos indígenas, hasta donde dejaron de llegar los beneficios del gobierno nacional.
Colombia, en su fracaso por llevar la disputa con Venezuela al seno de la Organización de los Estados Americanos, OEA, no descarta recurrir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar la deportación de más de un millar de sus connacionales de territorio venezolano, pero, ¿A que organización acudirán estas familias sin fronteras afectadas por la extracción de alimento auspiciado por empresarios colombianos y venezolanos, y la apropiación de sus recursos que por vía de corrupción administrativa desviaron los dirigentes regionales del chavismo y la oposición?.
Estas familias son víctimas de las mafias empresariales conformadas entre colombianos y venezolanos, apoyadas por militares y ejecutivos de ambos países, que tejen oscuros negocios para fortalecer el poder económico paramilitar que operan de ambos lados. La policía colombiana y los funcionarios de la aduana se hacen de la vista gorda con los contrabandistas, poniendo al descubierto la verdadera intención de un gobierno comprometido con el tráfico y el contrabando.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
Teléfono: 0416106l7319
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