Región sur de Venezuela debería declarase en emergencia alimentaria
La crisis de abastecimiento alimentario que azota al país, se ha profundizado tanto en el sur, que muy cerca está de una declaración de emergencia alimentaria, antes de que una profunda crisis humanitaria asome su espantoso rostro. La escasez abarca todos los rubros comestibles, desde productos regionales hasta alimentos traídos de otros estados. Las familias pusieron en práctica la vieja práctica del trueque, intercambiando alimentos entre vecinos para hacer frente a la escasez del comercio local, paralelamente se ha desbordado una criminal especulación con precios tan alarmantes que arroz, azúcar, espagueti y harina precocida alcanzan precios de hasta 300 bolívares por kilogramos en casas de familias donde suele conseguirse.
Leche en polvo, uno de los productos más solicitados, junto a pañales y harina de maíz, al igual que pañales, azúcar, detergente en polvo y aceite, son productos que siguen desaparecidos de los anaqueles, a pesar de la lucha contra los bachaqueros y las medidas de cierre parcial de frontera.
Alimentos envasados para niños tampoco hay. Frutas, hortalizas, verduras, carnes y procesados subieron tanto sus precios, que solo familias de mayores ingresos al salario mínimo, podrán consumir estos productos. Las comidas fuera del hogar alcanzaron precios prohibitivos para aquellos trabajadores que devengan salarios inferiores a los doce mil bolívares, con el consecuente despido de personal ante la dramática baja de ventas.
La desnutrición infantil en comunidades indígenas y sectores más vulnerables, se viene incrementando de manera preocupante. En los pueblos del interior el desabastecimiento ronda el 70% de productos comestibles, con precios dos veces más caros que en las cabeceras de estados y municipios.
Voluntad política para enfrentar la desesperante escasez alimentaria, no se observa de ninguna de las dos partes responsables del hambre. El gobernador Liborio Guarulla, la alcaldesa Adriana González, los diputados regionales y concejales apuestan por la profundización de la escasez para forzar la salida del presidente Nicolás Maduro, aunque ello implique la muerte de niños por desnutrición infantil. Son ellos representantes de los pueblos indígenas. Jamás han invertido recursos en proyectos agrícolas o fortalecimiento comunitario, aunque el Consejo Federal de Gobierno y el mismo presidente Maduro, les ha entregado gruesos volúmenes de dinero. Prefieren unirse a los grupos empresariales privados, que bajo el argumento del retardo en la entrega de dólares, ahogan con hambre un país para sacar al Presidente y echarle mano al presupuesto nacional, cobijarse de privilegios y continuar complaciendo las familias más ricas del planeta, las familias petroleras norteamericanas.
Por su parte la directiva regional del PSUV, liderada por la exministro indígena Nicia Maldonado, pareciera apostar también a la salida del Presidente. Se adueñaron del dinero de trescientos consejos comunales, entregaron el dinero de Agro Venezuela, Fondas y el Banco Agrícola a operadores políticos que les regresaban el 50% del monto asignado y justificaron las siembras y cosechas con informes falsos, pero sus cuentas y bienes aumentaron con compra de hermosas quintas, lujosos vehículos, millonarios apartamentos y gasto de dinero a -manos llena.
Lo último de esta fiesta de malversación de fondos públicos, fue un informe del CNAE que da cuenta del desvío de centenares de toneladas de alimentos del Programa Alimentario Escolar, por parte de las autoridades educativas regionales, que según testigos, llegaron en bongos para ser vendidas en las minas del Yapacana.
Hasta ahora lo único que aquí ha crecido en el sector agroalimentario, es la burocracia y la corrupción. Ambos grupos se encuentran enfrascados en una fría campaña electoral para diputados, que más parece un entierro de pobre, que un emotivo proceso político, ya que los electores están más pendientes en buscar que comer cada día, que en apoyar unos diputados que no garantizan cambio alguno.
Miles de docentes afectados por la indetenible corrupción administrativa regional, denunciaron las ilícitas prácticas del Banco Bicentenario, de mantener sin efectivo las taquillas de retiro externo para forzar su clientela a escapar de las kilométricas colas, acudiendo a los puntos establecidos en casas comerciales donde cobran hasta 25% del monto retirado. Este inhumano negocio, ocurre en Caicara de Orinoco y Puerto Ayacucho.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
Teléfono: 04161067319
Andresgarbo3510@gmail.com
Andresgarbo@ghotmail.com