La desnutrición sigue avanzando entre indígenas y campesinos del sur del país.
Varios médicos que remontaron hasta la región de Parima B y las márgenes del Río Casiquiare confirmaron la grave crisis alimentaria que afecta la población yanomami con decenas de niños presentando cuadros de desnutrición severa.
Una de las causas que agudiza el problema, en la opinión de los médicos, es el crecimiento de una minería ilegal que impacta negativamente la población indígena con incrementos descontrolado en los precios de los alimentos, sumado a los pocos recursos con que cuenta la población yanomami.
Para ellos los yanomamis ante la necesidad de buscar acceso a las políticas alimentarias y sociales del gobierno nacional se establecieron en comunidades cercanas a las capitales de municipios, dejando atrás la práctica ancestral de rotar dentro de los espacios selváticos para proveerse de pesca y casería. Una de las causas que obligó a dejar a un lado la rotación fue la intervención de los espacios selváticos por mineros que culturalmente chocan con las costumbres de los pueblos originarios.
Los médicos consideran que el gobierno nacional debe impulsar cuanto antes un programa de abastecimiento alimentario para evitar la agudización de un problema que puede desembocar en hambruna colectiva.
Por otro lado pediatras adscritos al Hospital José Gregorio Hernández, de Puerto Ayacucho, mostraron preocupación por el crecimiento que viene registrando la desnutrición infantil entre comunidades indígenas y campesinas localizadas dentro y en la periferia de la ciudad, así como en áreas circunvecinas, sin que las autoridades regionales respondan a las continuas advertencias que se vienen haciendo a través de los medios de comunicación local.
Según ellos, la desnutrición viene creciendo por ingesta alimenticia deficiente, que se manifiesta en pérdida progresiva de peso, inferior a lo normal y finalmente el consumo de las propias reservas de grasas que aquí está afectando a lactantes y a niños de estratos sociales con graves deficiencias socioeconómicas.
La desnutrición afecta principalmente a niños menores de 6 años, ya que su crecimiento es más acelerado en esta etapa, ante la necesidad de nutrientes difícil de satisfacer.
Las familias carecen de recursos para corresponder con los requerimientos necesarios de alimentación, que bien puede aliviarse en parte con el programa alimentario del gobierno nacional, pero éste sólo se limita en todo el Estado Amazonas, a dos pequeñas bodegas con ventas insuficiente para atender barrios en condiciones de pobreza crítica, comunidades indígenas cercanas y del interior.
Estos niños sufren retardo de crecimiento en un ambiente familia de pobreza extrema, donde se reflejan las desigualdades sociales que afectan con mayor impacto sectores importantes de la población indígena y campesina, convirtiéndose en limitantes para la calidad de vida y desarrollo integral de los niños, así como en preocupante problema de salud pública muy significativo, particularmente en las poblaciones del interior que demandan una rápida intervención de los gobiernos nacional y regional, cuyas respuestas a estas necesidades no termina por llegar.
La grave crisis en términos del derecho de la vida que se manifiesta en déficit nutricional, debido a la difícil situación de seguridad social y alimentaria, por la que atraviesan los grupos indígenas y campesinos de la región sur del país, seguirá profundizándose mientras no se resuelva el problemas de la distribución alimentaria en los municipios de Amazonas y Cedeño del Estado Bolívar, afectada por la falta de transporte y la escasez de combustible en las comunidades, a lo que se suma los elevados precios que alcanzan los alimentos río arriba.
El derecho a la salud de las poblaciones indígenas está consagrado en la
legislación nacional que establece la responsabilidad del estado de proporcionar a los indígenas servicios de sanidad adecuados sobre la base de sus especificidades culturales.
El Convenio 169 de la OIT ha ido más allá en el reconocimiento de este derecho; en el artículo 25 plantea que el estado tiene el deber de proporcionar los medios para que las comunidades indígenas se involucren directamente en el proceso sanitario, que sean ellas mismas las responsables del control, organización y aplicación de los servicios de salud13,14,15, lo cual podría dar lugar a la inclusión de la medicina tradicional indígena como parte de la política sanitaria. Pero se sigue constatando el creciente deterioro de las condiciones de vida de estos pueblos debido principalmente a la ausencia de proyectos y planes de salud, la falta de insumos y personal médico, la
falta de medios de transporte para acceder periódicamente a las zonas más apartadas, la deficiente infraestructura sanitaria y la inexistencia de planes de saneamiento ambiental, así como alteraciones en sus patrones culturales, y alimenticios.
El gobierno nacional está en la responsabilidad de poner en marcha un plan de acción con tendencias que manifiesten cambios en las estrategias para enfrentar los problemas asociados a la alimentación y nutrición de este sector de la población más vulnerable. Esto debe implicar formas de intervención sobre el desarrollo de los sistemas de salud, evaluación del sistema de vigilancia alimentaria y nutricional, del programa de recuperación nutricional, además de educación e información en la población indígena.
Esta pobreza contrasta con la envidiable riqueza que exhiben el opositor empresario que gobierna en Amazonas Liborio Guarulla, propietario de hoteles, residencias turísticas, fincas ganaderas y una veintena de quintas en Puerto Ayacucho, acción imitada a la perfección por su Tren Ejecutivo.
Por otro lado, la directiva del PSUV y la exministra de Asuntos Indígenas Nicia Maldonado son dueños de una fortuna obtenida de los recursos asignados a las comunidades indígenas. Hermosas quintas, costosos apartamentos, negocios y carros lujosos se convirtió el dinero de FONDAS, Agrovenezuela, consejos comunales, contratos y compras de las instituciones del gobierno nacional. Todos ellos son miembros del Consejo Indígena de Venezuela CONIVE o “luchadores” indígenas y trabajadores del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que también tiene sus manos metidas en el desvío de recursos asignados a los sectores indígenas y campesinos.
Agrava la situación las continuas devaluaciones decretadas por el gobierno nacional, el recorte de subsidios anunciado por Jessi Chacón y la desaparición de programas sociales tan importantes puestos en marcha por el presidente Hugo Chávez, como los vuelos solidarios que venía realizando la Fuerza Aérea, el Sistema Integrado de Trasporte Superficial SITSSA y la desaparición de MERCAL de barrios, comunidades indígenas y asentamientos campesinos.
El desabastecimiento alimentario y de medicamentos que se padece en esta región vino acompañado con el recorte de programas sociales que el presidente Hugo Chávez dio a su pueblo. Estos programas hoy son blancos de una política austera manifestada en recortes emprendidos por Nicolás Maduro, que seguirán agudizando el hambre en la región sur.
Hace un año, Nicia Maldonado en compañía del ministro David Cabello anunciaron la llegada de cuatro aeronaves de Conviasa para resolver el problema del transporte en la regiones del interior. Las avionetas llegaron, dieron un vuelo de reconocimiento y por donde llegaron se fueron.
El ministro Cabello con el corazón sobresaltando de tanta autoridad, ese día anunció el incremento de vuelos para satisfacer la alta demanda en la ruta Caracas - Puerto Ayacucho. Se pasaría de uno, a dos vuelos diarios, pero un año después se redujeron los vuelos, a sólo cuatro por semana.
El transporte acuático desapareció hace más de año y medio. Eso en nada preocupa a los “luchadores” indígenas que gobiernan aquí. Las familias para viajar desde el interior hacia puerto Ayacucho o viceversa, dependen de que un barco que suba o baje y les dé una colita. Los enfermos maláricos, sencillamente mueren en sus comunidades.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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Lea en este blog más artículos y los libros: La familia del Yaruro, Un grito en el sur y La Justicia de Justa.