Impunidad libre frente a jueces controlados
Es común oír denuncias de mala aplicación de las leyes, la parcialidad política de jueces y fiscales, entre otros aspectos crean una desconfianza del ciudadano en cuanto al acceso a la justicia, por ser de manejo público las maniobras políticas con el fin de establecer tribus judiciales dimensionadas a las medidas de las organizaciones políticas gobernantes. Es así como la justicia observa corrupción del lado de la oposición, pero no ve la prosperidad de una oligarquía rojita que amontona riquezas ante la mirada de todos. La justicia no puede castigar a uno y complacer a otros, sencillamente tiene que juzgar por la verdad para sancionar al que se ubique fuera de ley.
Designan jueces que en agradecimiento al favor, incurren en “faltas” para complacer grupos gobernantes, y aunque estos casos ameritan aplicación de sanciones contempladas en el código de ética del juez y la jueza venezolano para destituirlo, amonestarlo, suspenderlo o inhabilitarlo, nada acontece, antes les rinden honores y los ratifican en sus cargos por, supuestamente ser, rectos magistrados que no se desvían ni a derecha ni a izquierda del camino de justicia.
Es cierto que siempre la decisión de un juez deja a la gente descontenta y no es fácil sentenciar al mismo ritmo que se aperturan procedimientos, pero los jueces están obligados por la ley a dar respuestas rápidas o sobre él, recaerán denuncias por mala aplicación de la ley, corrupción y retardo procesal.
No es fácil, pero tampoco muy difícil determinar hechos de corrupción en autoridades legales cuando se quiere aplicar justicia. Basta analizar el nivel de vida del funcionario que debe estar acorde a la remuneración que recibe, y su administración deben revisarse a fondo. Cualquier ciudadano que presuma irregularidades cometidas por un funcionario público o juez, debe denunciarlo para contribuir con el adecentamiento de la administración pública y el fortalecimiento de la ética y la moral de los trabajadores honestos.
No hacen falta más leyes para lograr reducir los índices de corrupción en el país, sino fórmulas de aplicación y autoridad de parte de los jueces y gobernantes para que las que existente, acaben con la impunidad.
Hay promontorios de denuncias formuladas ante fiscales con competencia en materia de corrupción, como apropiaciones indebidas del erario público y enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios, pero no hay voluntad ni autoridad para sancionar. Los denunciantes siguen esperando por castigo o implementación de mecanismos de control.
La impunidad es uno de los más importantes factores para la proliferación de la corrupción que cobra auge ante el débil sistema de control liderado por el Ministerio Publico, Contraloría General de la República y los cuerpos de seguridad, que tienen el deber de funcionar como contrapeso para frenar este tipo de delitos.
Los sistemas democráticos consolidados ayudan a reducir los riesgos de corrupción, como las democracias de Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda. En estas naciones se está muy claro que los funcionarios públicos están al servicio de la ciudadanía y no manejan fondos propios. Las decisiones que toman tiene que ser explicadas, razonadas y valoradas, contrastando esta posición con el problema de impunidad venezolano donde se suma la elevada cantidad de recursos que manejan con pocos controles y con mayor riesgo de caer en hechos irregulares.
Como ejemplo se tiene que los funcionarios de la Misión Agro Venezuela hicieron los censos para productores en la Plaza Bolívar. Llegaron taxista, motorizado, peluqueras, zapateros y albañiles con la cédula, se inscribieron y fueron los beneficiarios. Los productores quedaron por fuera y a los pocos que le dieron, se los otorgaron tarde para jugar al fracaso de la Misión. Ahora llegó la crisis alimentaria porque mermó la producción agrícola, aunque el dinero fue consumido en su totalidad. Nada se ha investigado aunque el Ministerio Público está obligado a actuar por vía de oficio.
Alrededor del extinto órgano cambiaron, mejor conocido como CADIVI proliferaron diversas irregularidades para favorecer grupos económicos con acceso a las divisas preferenciales.
Venta y alquiler de empresas recién creadas, pero listas para realizar importaciones; entrega de información privilegiada sobre los aranceles en los que se concentrarían las aprobaciones de divisas; pago de tarifas por la obtención de permisos indispensables para tramitar moneda extranjera; desembolsos de comisiones por cada dólar liquidado; sobrefacturación y simulación de compras en el exterior.
Los modus operandi prosperaron alrededor de los trámites controlados por funcionarios para la aprobación de dólares en beneficio de las “empresas de maletín” o compañías fantasma, con domicilios que existen solo en papel, a las que las cadenas de corrupción permitieron la asignación de millonarias cantidades de divisas. Frente a esta situación poco se ha hecho, permitiendo que ahora esta misma practica se traslade al nuevo ente emisor, facilitando cargar con los dólares de la salud, agricultura, medicinas y otras áreas de interés nacional, mientras los más pobres nos hundimos en la extrema pobreza.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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