Hay que limpiar el Poder Judicial
Las intervenciones en el Poder Judicial no son una novedad, siempre se han realizado vía Asamblea Nacional, aparentemente transparente, aunque la acción no va más allá de sustituir una tribu judicial por otra, cuando el nombramiento de jueces debe responder a la integridad, idoneidad y formación o calificaciones jurídicas apropiadas, así como el régimen de la carrera profesional de los jueces debe fundamentarse en criterios objetivos, es decir el mérito personal del juez, su calificación, integridad, capacidad y eficiencia.
Los vicios y corruptelas tantas veces denunciados, el padrinazgo, el nepotismo y la recomendación partidista se han institucionalizado, con el agravante de que algunos magistrados son meros instrumentos políticos, cuando un reconocido jurista del extinto Consejo de la Judicatura afirmó: "... este Consejo de la Judicatura es un organismo político, y como político tiene que actuar políticamente. Somos electos como resultado de entendimientos políticos, tanto en el Congreso Nacional como en la Corte Suprema de Justicia".
Las tribus judiciales han dado paso a nuevas redes de abogados, reconocidos y beneficiados, gracias a su estatus político, por jueces y fiscales. De esta manera, tienen acceso a todos los recintos judiciales y policiales del sistema. Existe una organización de extorsión judicial, donde los delitos e imputaciones se dirimen según el monto económico y al peso político del investigado o procesado.
"El Poder Judicial es uno de los elementos más corruptos y donde menos hemos hecho lamentablemente en la revolución". Así lo dijo en una oportunidad el desaparecido diputado Carlos Escarrá, quien se mostró favorable a establecer mecanismos que permitan evaluar y controlar las labores de los jueces y fiscales.
El Poder Judicial, a partir de la intromisión sistemática del Ejecutivo, se ha convertido en un “gran negocio” en el que parece que todo está tarifado y las irregularidades, arbitrariedades y abusos ocurren en todas las instancias, a tal punto que se utiliza el vocablo “sicariato judicial” para calificar su situación.
Jueces y fiscales comparten “territorios” en los que se manipulan expedientes, tarifan los servicios, se pierden o se siembran pruebas, se altera la distribución de causas. Asignar una causa a un determinado juez tiene un precio que depende de los implicados en el caso.
Nombrar a una persona en un expediente es suficiente para iniciar el proceso de extorsión, así como cometer un “error material” en la -identificación de una persona puede librarlo, pago de por medio, de verse implicado en un proceso judicial.
El deterioro del sistema es tal que no interesa someter a la justicia a un delincuente, sino que el delincuente pague para librarse del proceso judicial. Los bienes incautados no son puestos a la orden de la Fiscalía, sino que son “negociados”, cambian sorpresivamente de propietarios con el consentimiento de los afectados o sin que estos se atrevan a reclamar. Las mayores extorsiones ocurren en el área penal, en la que está en juego ir o no a una prisión; es decir, un asunto de vida o muerte.
Nadie discute ni puede cerrar sus ojos ante la realidad de lo que se está viviendo, un clima de inseguridad generalizado en todo el país. La violencia a causa de la inseguridad cada día se incrementa, se observan todo tipo de asaltos, robos, secuestros, por falta de una política pública de Estado para combatir de manera transversal esta ola de inseguridad.
Ante esta crisis institucional hay que fortalecer las instituciones, como el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial, botando y condenando los jueces y fiscales corruptos, que ponen en tela de juicio la majestad del Poder Judicial, y en entre dicho la honorabilidad de excelentes magistrados.
He venido sugiriendo al señor Presidente de la República aperturar páginas en internet para que los ciudadanos de cada región denuncien estos jueces y fiscales corruptos, dentro del marco de la lucha contra la corrupción emprendida por Nicolás Maduro. A él correspondería dar repuesta designando abogados que procesen las denuncias, estado por estado para hacer más efectiva esta contraloría social.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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