Gobernación de Amazonas se opone a Plan Minero Nacional
La gobernación de Amazonas a través de la Dirección de Asuntos Indígenas acudió a la Sala Constitucional del TSJ donde interpuso un Recurso de Amparo solicitando la nulidad del Decreto Presidencial mediante el cual se pone en marcha el plan de desarrollo Arco Minero con una empresa china para la exploración y explotación de recursos mineros en Amazonas.
Con ello se suma a la posición de 10 organizaciones indígenas que solicitaron a los órganos competentes del Estado respetar el Decreto Presidencial N° 269 que prohíbe toda actividad minera en el Estado Amazonas, y los decretos que crean la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco y diferentes parques nacionales, como expresión de una política pública responsable de protección ambiental de la Amazonía venezolana, y propusieron al Gobierno Nacional una moratoria en la ejecución del Arco Minero del Orinoco y del Convenio con la Empresa China CITIC, para que se realice una revisión profunda de la política indígena y ambiental y se promueva la implementación de proyectos sostenibles en territorios y comunidades indígenas.
Es importante tomar en consideración las demandas de los grupos indígenas y replantearse el plan de inversión con proyectos de menor impacto ambiental, que consideren las comunidades indígenas, trabajando coordinadamente con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en la búsqueda de tecnologías menos invasivas.
La minería ilegal viene amenazando las comunidades indígenas poniendo en riesgo las poblaciones originarias aisladas de las zonas más remotas de Suramérica. Las actividades de extracción de recursos naturales, representa quizás la mayor amenaza al pleno goce de los derechos humanos de las comunidades originarias que decidieron por voluntad propia estar distantes y que se encuentra en una situación única de vulnerabilidad.
En Venezuela, el caso de la minería ilegal es un tema que se discute desde hace décadas, y aún no ha podido ser controlado. El irrespeto a su entorno es una amenaza con pérdida cultural irreparable. El pueblo pasa por una situación de autosuficiencia en la selva a una dependencia casi total de quienes le proporcionan comida y medicamentos. Tanto yanomamis como pemones, de los estados Amazonas y Bolívar, han sido comunidades indígenas afectadas.
La extracción ilegal de oro lesiona el ecosistema debido a los productos químicos como el mercurio y el uso de hidrobombas a presión que deterioran las cuencas de los ríos, ubicados en los santuarios naturales de Amazonas.
Una realidad es que mientras el tema se discute los campamentos de minería ilegal trabajan a toda marcha en el corazón de la selva, y que avanzan como orugas salvajes hacia la destrucción total del parque nacional Yapacana donde trabajan empresarios favorecidos por diputados nacionales, ministros, generales y curas. El problema es tan grave que los docentes de las comunidades cercanas antes de abordar el problema en las aulas, muchos de ellos van a sacar oro en los asentamientos mineros forzados por los bajos salarios y lo costoso de alimentos. Un pollo llega alcanzar precio por encima de los mil bolívares que los mineros pagan, mas no así los indígenas que no manejan esos volúmenes de dinero, convirtiéndose la minería en un estimulante más del hambre que azota las regiones indígenas.
El Ministerio de Industria y Minas reconoce las pérdidas por miles de millones de dólares anuales, tras la salida de incontables toneladas de oro al exterior sin consentimiento del Estado, y en manos de carteles de minería ilegal que contratan indígenas como mano de obra barata.
Esta situación es responsabilidad directa del gobernador Liborio Guarulla como parte de la gobernabilidad del estado Amazonas que lo obliga a enfrentar con seriedad cualquier problemática en la región, cuya solución debe pasar por la elaboración de un documento o reglamento donde se tomen en cuenta las peticiones de los representantes indígenas y mineros y la forma cómo dicho reglamento debe cumplirse, exigiendo a la vez, garantizar el respeto a los derechos indígenas y solventar los problemas de la minería ilegal, cuyas reservas de oro deben convertirse en bienestar de los pueblos indígenas. Se debe atacar todo en conjunto, cumpliendo con las leyes y respetando al ambiente como heredad para hijos y nietos, que gracias a los indígenas se cuenta con el cuidado del ambiente.
Sin embargo la posición de la gobernación de Amazonas pasa por una simple oposición política al gobierno nacional, ya que también es responsabilidad directa del gobernador Liborio Guarulla el hambre que azota la población yanomami y otros grupos étnicos de la región, que según cifras de la Comisionaduría de salud, 17 casos de desnutrición ingresan por mes a la sala de pediatría del Hospital José Gregorio Hernández, sin que el gobierno regional asuma una política agrícola o de distribución de alimentos en las regiones afectadas.
Tanto el problema de la minería ilegal como el de extrema pobreza obligan a la unión de esfuerzos por parte de los gobiernos regional y nacional para atacar con urgencia el hambre que azota a los pueblos indígenas, pero más puede un inexplicable enfrentamiento estéril entre ambos grupos políticos que hacen exactamente lo mismo, rodeados de proveedores y contratistas cobrando 20 por ciento de soborno para enriquecerse ellos y sus familiares, mientras los pobres con el hambre roncando en el estómago los observan embolsillarse el dinero de todos. Aquí, la diferencia es de color de franela, roja para el pueblo pobre chavista que observa la directiva del PSUV favorecida con contratos y compras, y azul para la oposición, cuyo pueblo envidia la millonaria fortuna de Liborio Guarulla sus directores y contratistas.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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Lea en este blog más artículos y los libros: La familia del Yaruro, Un grito en el sur y La Justicia de Justa.