El hambre aprieta en el sur venezolano frente a miradas indolentes de los gobernadores de Amazonas, Bolívar y Apure
El drama de ser sorprendido cada mañana por no saber qué darle de comer a la familia, sobresatura de preocupación a unos padres sin repuesta frente a hijos hambrientos. Esto lo llaman crisis alimentaria para no aceptar y tener que explicar la pérdida de soberanía alimentaria y la especulación que devora el sueldo de los trabajadores. Si realmente se quiere entender el porqué, se debe analizar el contexto en el que se producen las causas importantes, las estructurales. El agotamiento de unas políticas agrarias y alimentarias desfasadas que se vienen dando en el país, permitieron el recrudecimiento de una pobreza de carácter estructural, cuyo crecimiento había logrado frenar el presidente Hugo Chávez Frías.
Los agricultores de maletín cargaron y siguen cargando con los recursos que el gobierno asigna al sector. Estos empresarios solicitan los dólares y luego los venden con ayuda de los mismos ejecutivos que trabajan en el control de divisas. Igual ocurre con los organismos crediticios del sector agrario, están rodeados de una cartera improductiva, conformada por operadores políticos que no cancelan los compromisos, pero reintegran la mitad del crédito a los directivos de estas instituciones. Bajo estas prácticas jamás se recuperará el sector agrario.
La alimentación dejó de ser un derecho humano para convertirse en un negocio, y el hambre y los encarecimientos aumentan sin control. Pérdida de la soberanía alimentaria que se afianza ante políticas agrarias equivocadas que vienen provocando desabastecimiento en el mercado nacional y la emigración del campesinado de sus áreas de trabajo a sectores urbanos empobrecidos, obligados por intereses mezquinos y oscuros, que optaron por la única vía de comprar alimentos a empresas multinacionales del mercado mundial, que apoyar a nuestros agricultores del campo.
El deterioro general de la economía, el robo de equipo y animales, el mal estado de la vialidad agrícola y la falta de recursos para trabajar la tierra están forzando a miles de campesinos y campesinas al desplazamiento de su modo y medio de vida. La crisis de precios en fertilizantes, semilla, combustible, insecticidas, entre otros, está liquidando los pocos sectores de producción agrícola que aún sostienen la frágil soberanía alimentaria, que ya comenzó a doblegarse ante la vulnerabilidad de los precios de los alimentos. El aumento de los precios arrastra a millones de personas a la pobreza, paradójicamente muchas personas expulsadas o abandonadas por las políticas erradas del modelo agrario.
El espectacular aumento del precio de los alimentos que se viene produciendo este año, es una verdadera Crisis Alimentaria. El precio del arroz, harina precocida, azúcar, aceite, espagueti y otros insumos alimentarios, han aumentado tanto, que algunos se consiguen con precios próximos a los 200 bolívares por kilogramos, mientras el consumo de carne y pollo están desapareciendo de estas familias. Si bien la crisis ha afectado a todo el país, ha impactado especialmente sobre las regiones más pobres, como Amazonas, Bolívar y Apure donde la gente viene protestando por los medios de comunicación local, el desmedido aumento de precios.
Los más favorecidos son los gobernadores de estas regiones, ya que las miserables condiciones económicas del sector indígena, rural y barrios pobres, los obliga a aceptar dinero a cambio del voto, situación bien aprovechada para mantener la representación y gobierno de estas zonas con alta marginalidad.
Manifiestan los indígenas, que por hambre aceptan bolsas de comida, materiales de construcción para remodelaciones y ampliaciones de una pequeña parte de la vivienda, dinero, de 100, 200, 300 bolívares, vendiendo su voto porque el hambre aprieta. “No acostumbramos a vender nuestros votos, pero si no lo hacemos, moriremos de hambre”, aseguró el indígena Pedro Yuave.
Campesinos e indígenas están demandando con urgencia reformas agrarias estructurales en beneficio de estos sectores, ya que acusan a directores del gobierno nacional y gobernadores de la región, de favorecer intereses privados y no a los ciudadanos que representan.
Estos gobernadores y las instituciones nacionales, están obligados a adelantar con urgencia programas agrícolas para contribuir al pleno cumplimiento de los derechos de estos grupos vulnerables, visibilizando las desigualdades que les afectan, articulando esfuerzos con el gobierno nacional, la sociedad civil y el sector privado, y promoviendo el diseño y la implementación de políticas y presupuestos adecuados para el sector indigna y campesino de la región sur.
Acusaron que estos mandatarios destinan la totalidad del presupuesto para el sector construcción, ya que los contratistas pagan 20% de soborno a directores, gobernantes y familiares, mientras que la inversión agrícola queda fuera de la planificación anual por no poder hacer el respetivo pago.
En los sectores más empobrecidos de Amazonas y las comunidades colindantes de los estados Apure y Bolívar, muchos pobladores comen una vez al día, otros mitigan con lo que pueden y en algunos casos, ya comenzó a observase el hambre en rostros emblanquecidos, labios amarillentos, y la tiesa y triste mirada de niños indígenas, y de familias que viven en extrema en pobreza.
Esta cruda realidad contrasta con gobernantes que soslayan la situación, pavoneándose rimbombantes sobre una riqueza obtenida por vía de contratistas y proveedores que los alaban por, supuestamente ser, eficaces mandatarios. Su riqueza la exhiben frente a un pueblo que los ve comerse con los más ricos el dinero de todos. La realidad apunta hacia una catastrófica hambruna, pero más puede la avaricia de esto gobernantes, que la pobreza de un pueblo sin esperanzas que los observa comer. A todas luces se observa que la vida de un pueblo pobre tiene poco valor.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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Lea en este blog más artículos y los libros: La familia del Yaruro, Un grito en el sur y La Justicia de Justa