Crisis alimentaria y corrupción arrancan lágrimas en el sur
La desesperante crisis económica y sanitaria que azota al país, comenzó a marcar profundas huellas entre familias indígenas, campesinas y de sectores empobrecidos donde la tasa de desempleo es alta y el ingreso percápita es menor al salario mínimo. Doce mil trabajadores de la gobernación ganan salarios inferiores al sueldo mínimo y los miles de trabajadores de las UBE, comandos de campaña del gobernador Liborio Guarulla, devengan cuatro mil bolívares por mes. Guarulla, durante el mes de mayo recibió 618 millones de bolívares en dos créditos adicionales para el pago de dos mil pensionados y jubilados, y aún, no han cobrado. Los choferes de Corpoamazonas devengan únicamente salario mínimo sin ningún beneficio, y el que proteste lo despide la flamante exministra de Asuntos Indígenas y ahora empresaria, Nicia Maldonado.
La aguda crisis ha provocado divorcios, homicidios, suicidios y el incremento incontrolado de una creciente inseguridad de la que participan efectivos de los cuerpos de seguridad, integrados a las bandas cometiendo secuestros, robos a casas de familias y atracos a mano armada, sin que haya autoridad superior que investigue. El sicariato se adueñó de Puerto Ayacucho y Caicara de Orinoco.
Un pollo y un kilogramo de carne cuestan mil bolívares cada uno, frijol 500, arroz, azúcar, espaguetis hasta 250 bolívares por unidad, en campos y pueblos del interior, mientras en puerto Ayacucho, ambulatorios y hospitales, comenzaron a reciclar inyectadoras y no cuentan con calmantes, desinfectantes y antipiréticos para enfrentar el brote de dengue, paludismo y chikungunya. El peligro está en contaminar pacientes, como ya ocurrió hace tres años con una niña de un año, contaminada con sida en una trasfusión sanguínea en el Hospital José Gregorio Hernández. En el Hospital Arnoldo José Gabaldón, de Caicara de Orinoco, los pacientes tienen que comprar los insumos, con el agravante, que allí operan y cobran como si se tratara de una clínica privada. En ese pueblo, los alimentos de Mercal los venden en casas de familia más caros que los productos privados. Una paca de azúcar en dos mil bolívares, pero gran parte llega en las mismas gandolas hasta las minas del Caura. El combustible no llega a las comunidades y pueblos del interior.
Uniformar un niño de educación primaria, tiene un costo superior a los doce mil bolívares, lo que revela el alto índice de deserción escolar por falta de uniformes, útiles escolares y alimentos. Dramáticamente aumentaron los casos de desnutrición infantil que ingresan a pediatría, sosteniendo los médicos que mucho mayor son los que no puede salir de comunidades y pueblos lejanos del interior. La revolución de Nicolás Maduro nos conduce hacia el abismo de la hambruna que lo obligará a solicitar ayuda internacional. Eso será el humillante costo que pagaremos los más pobres, por apartarse Nicolás Maduro de los acertados principios revolucionarios de Hugo Chávez Frías e imponer los suyos, devaluando moneda para favorecer los más ricos, recortando subsidios a los más pobres y dejando de lado el Plan Nacional Agropecuario.
Frente a este sombrío panorama el opositor gobernador, empresario y “aguerrido luchador indígena”, Liborio Guarulla, se elevó el sueldo de 24 a 60 bolívares mensuales, y junto a su hermana, la diputada Nirma Guarulla y candidata a la relección, poseen una millonaria fortuna levantada a nombre de la lucha indígena, convertida en apartamentos, quintas, fincas ganaderas, hoteles, lujosos vehículos y posadas turísticas. La alcaldesa Adriana González, del mismo equipo político y exsecretaria ejecutiva de Guarulla, dispondrá de 40 mil dólares para disfrute turístico con seis personas más en Medellín, Colombia. Por vía de corrupción administrativa donó 250 mil bolívares al equipo de fútbol, Tucanes de Amazonas, propiedad de la primera dama Judith Campos de Guarulla, que este año consume 8 millones de bolívares de la gobernación, cuyo único fin, es ver jugar futbol profesional al hijo de la pareja gobernante. La alcaldesa otorga las compras a uno de sus directores, y un familiar suyo, es el mayor contratista de su gobierno.
La directiva del PSUV se apropió del dinero de 300 consejos comunales, 24 millones de la Alcaldía del Alto Orinoco, provenientes del Consejo Federal de Gobierno, venden a Colombia gasolina y alimento de Mercal, desaparecieron el dinero de Agropatria, fondas, el ganado del Hato El Yavi, en Manapiare, y liquidaron un fundo Zamorano. Desaparecieron cauchos, aceites, filtros y todos los insumos que llegaron vía Corpoamazonas, repuestos y extintores de los autobuses enviado por Maduro. En un año acabaron con varios autobuses que ahora son chatarra. La fiesta continúa cobrando 50 mil bolívares por adjudicación de cada casa en la Misión Vivienda. Venden en mil quinientos bolívares cada saco de cemento sin pararle a lucha contra la corrupción y la Ley Habilitante. Buena parte de la carne y pollo que llegó durante el año escolar para los niños, fue a las minas del Yapacana. De dos despulpadoras de piña, solo los restos de una quedan en una comunidad. Nada se sabe del desaparecido dinero de la planta de desechos sólidos. Nicia Maldonado hizo que el vicepresidente Jorge Arreaza le mintiera al país mostrando en VTV la producción de tres galpones de pollos. La verdad, fueron llevados de otras fincas y el dinero desapareció. Si el presidente no hace valer la débil autoridad que posee, la avarienta corrupción civicomilitar le robará su dinero.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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