Crisis alimentaria, hambre y corrupción azotan el sur venezolano
La crisis alimentaria que sacude los cimientos del gobierno venezolano, obliga a los pobladores hacer largas colas frente a los negocios donde aún se consiguen alimentos de primera necesidad, mientras gobierno y opositores mantienen un férreo combate con acusaciones que van y vienen sobre las causas que ya está impactando tan fuerte en el sur, que en las emergencias de los hospitales José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho y Arnoldo José Gabaldón, de Caicara de Orinoco, se incrementó el número de niños que acuden afectados por desnutrición, lo que revela el hambre que agobia a esas familias.
En esta región se vienen acentuando los problemas para obtener carne, leche, pollo, azúcar, café, aceite o harina, además pañales, papel higiénico, jabón, retrovirales y medicinas para males crónicos como tensión, diabetes y otras enfermedades.
La débil autoridad del presidente Nicolás Maduro es eficazmente aprovechada por grupos políticos de oposición, y dentro de su gobierno, apoyados por empresas que juegan a su caída. En los próximos meses acelerarán el desabastecimiento con el fin de provocar revueltas populares. Estos empresarios empeñados en regresar los recursos petroleros venezolanos a sus anteriores dueños, las familiares petroleras norteamericanas, las más ricas del mundo, para nada importa la muerte de niños por hambre y la extrema pobreza en que están cayendo millares de venezolanos, su único fin es apoyar a personeros políticos carentes de proyecto de país, pero claros en sus objetivos de echar mano al presupuesto nacional para engrosar sus riquezas, no importa que el hambre venga contra sus propios familiares.
Contrabando desaforado hacia Colombia, estimulado, incluso, por altos ejecutivos y militares del gobierno de Maduro, cuerpos de seguridad y fiscales del Seniat que ponen en evidencia la ineficiencia, corrupción, y la poca efectividad de los mecanismos de control, permitiendo el disparo de una fuerte especulación, tanto, que los precios de producto alimentarios, medicamentos, ropa y utensilios del hogar, obligaron a quienes devengan salario mínimo, a utilizar sus recursos para medio comer.
Centenares de indígenas, campesinos y habitantes de los sectores más empobrecidos de esta región, están padeciendo los embates de la crisis, al no poder comprar útiles escolares, uniformes o darle a sus niños para la merienda. Los elevados costos de productos, cuyos precios aumentan cada día, se vienen reflejando en el preocupante incremento del hambre, desnutrición y pobreza. El derecho a la alimentación, como uno de los aspectos específicos de los estándares de vida digna, es un derecho humano fundamental, para vivir una vida saludable y productiva, sin embargo, es necesario que el derecho a la alimentación incluya un suministro seguro de alimentos.
Estas causas, también están influenciadas por otra serie de factores que incluyen tierra, trabajo y productividad, ingresos y vialidad, cuidado de la salud y acceso al agua potable por no mencionar factores políticos, económicos y sociales.
Se suma a estas causas una desbordante corrupción administrativa y los débiles controles del gobierno nacional, aunque el Presidente activó una Ley Habilitante y desde hace dos años cuando llegó al poder, viene anunciando una lucha contra la corrupción, no ha avanzado más allá de meros anuncios. Para muchos, más efectivo fue Barack Obama que publicó una lista de corruptos de altos ejecutivos del gobierno.
A esta región el efecto positivo del gobierno de Maduro, ha sido poco notable, en tanto las consecuencias de la habilitante ni de la lucha contra la corrupción se ha sentido, lo que sí ha impactado con fuerza es el aumento del pestilente hedor de la corrupción, el impacto de la crisis alimentaria, los efecto de las continuas devaluaciones, la desaparición del transporte SITTSA, los vuelos solidarios, la Misión Vuelvan Caracas, el recorte e incrementos de precios de los productos de Mercal y el recorte del suministro de medicamentos a la Misión Barrio Adentro.
En el alto Orinoco, donde el hambre azota a yanomamis y otros grupos indígenas, el Alcalde chavista, Mara Chamanare, se apropió de 24 millones de bolívares provenientes del Fondo de Compensación Intergubernamental, aprobados para el financiamiento de proyectos de adquisición y dotación, infraestructura y proyectos socioproductivos.
Este alcalde fue impuesto por la directiva regional del PSUV, a sabiendas de varias acusaciones por el delito de apropiación indebida de recursos públicos en la Fiscalía contra la corrupción. La directiva del PSUV amazonas, incluyendo a su secretario general, también fueron acusados por apropiarse del dinero de 300 consejos comunales. Se suma la millonaria fortuna que ostentan, el opositor gobernador Liborio Guarulla y la exministra de Asuntos Indígenas Nicia Maldonado. Ambos planifican todos los recursos en proyectos de construcción, ya que por esta vía se recibe 20% de soborno que pagan contratistas y proveedores, en tanto la inversión en proyectos productivo es nula.
Tanto Liborio Guarulla como Nicia Maldonado son propietarios de lujosos apartamentos, quintas, centros comerciales, hoteles, fincas ganaderas y posadas turísticas, además con cuentas repletas, y gastan dinero a manos llenas delante de familias pobres que observan cómo se despilfarra el dinero de todos.
La crisis que sacude al país, la desbordante corrupción administrativa, la poca seriedad de los que activan los mecanismos de control y la débil autoridad del presidente, hace suponer que hace falta un presidente con autoridad que recoja el morral caído de Hugo Chávez y fortalezca las áreas donde suponga que falló Hugo, porque de la revolución Bolivariana que viento en popa impulsaba el Arañero de Sabaneta con las misiones sociales, sólo queda el nombre.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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Lea en este blog más artículos y los libros: La familia del Yaruro, Un grito en el sur y La Justicia de Justa