Corrompidos hasta la médula cuerpos de seguridad del sur del país
Cuantas veces se investiga una banda delictiva aparece un funcionario policial, guardia nacional, SEBIN o CICPC implicado en casos de delincuencia organizada, por acción u omisión, reveló un alto oficial, al explicar que “hay miembros de los cuerpos de seguridad metidos en secuestros, extorsiones, robo o atracos a mano armada”.
Funcionarios que integran bandas de extorsión, secuestros y hampa común hacen saltar a la luz una verdad, no existe equipo de investigación o contrainteligencia para dar con el paradero de estas mafias que operan dentro de los cuerpos policiales y militares, reconocidas por un gobierno que no hace lo que debe hacer para enfrentarlos.
Hay que atacar la delincuencia común, pero paralelamente la corrupción policial y militar que se ha convertido en el modo de vida de muchos funcionarios, entre ellos, de sus cúpulas de dirección.
La purga debe comenzar por funcionarios que cobran comisiones a narcotraficantes a cambio de permitirles el paso de insumos y precursores químicos hacia las regiones colombianas del Guaviare y Vichada, donde hay concentración de laboratorios de procesamiento de cocaína. Desde allí se estimula una red que nos afecta con microtráfico y microextorsión. Al parecer, los uniformados colaboran con esas bandas que venden su producto en pueblos venezolanos.
Efectivos que dirigen bandas de robo de motos, quintas, negocios y hasta atracos a personas en plena vía pública, además expertos en sembrar droga, armas y mercancía robada a quien se oponga a sus nefastas actividades.
Las alcabalas establecidas en el casco urbano y en las vías nacionales se han convertido en peajes especializados en cobrar soborno. Los funcionarios se despojan de los portanombre para sobornar gandoleros, camioneros y buscan cualquier pretexto para cobrar dinero a familias que transitan en sus vehículos. Los conductores de gandolas que transportan cemento, son los que más pagan.
Amparados en el Decreto Presidencial contra el bachaqueo, cargan con mercancía de los pasajeros de autobuses. Les retienen productos sin entregarles el acta de retención, es decir, se convirtieron en nuevos bachaqueros, porque lo decomisado lo venden en sus casas.
Utilizan sus mismas armas para cometer delitos y hasta los vehículos de sus comandos para traficar combustible, droga, mercancía y hasta alimentos de Mercal.
“No debemos permitir ningún tipo de corrupción que manche la imagen de los uniformados, afectada por unos pocos que se han desviado de los principios de ética”, dijo el oficial.
Explicó que la estrategia consiste en realizar investigaciones estructurales, en las que se identifiquen alianzas entre policías o militares para ocultar o sacar provecho de un acto ilegal.
Esos uniformados no solo deben ser destituidos, sino que simultáneamente tienen que enfrentar procesos penales.
Reconoció la posible participación de efectivo policiales y militares en el robo a familias de clase media de donde cargan con todos los bienes como si se tratara de mudanzas normales.
El rastreo telefónico debe ser determinante para ubicar a funcionarios implicados, sostuvo, pero la escasez de equipos con esta tecnología limita las investigaciones.
La idea es recuperar la confianza que la ciudadanía debe tener en los cuerpos de seguridad y moralizar a los policías honestos, y por otra, enviar un mensaje a los efectivos delincuentes para que quede claro la decisión de atacar a la delincuencia sea policial o no, y así poder enfrentar una delincuencia armada.
En los organismos de seguridad hay mafias vinculadas al crimen organizado que se han institucionalizado, convirtiendo los comandos policiales y militares en guaridas de delincuentes. Hay muchos policías honestos, pero la impunidad obliga a establecer el código azul, o el silencio sobre los hechos delictivos.
Debe abrirse mecanismos de participación a la ciudadanía para denunciar efectivos implicados en situaciones irregulares. La gente tiene que cooperar con la denuncia, ya que en los barrios los ciudadanos conocen los agentes honestos y delincuentes, pero necesitan mecanismos seguros para suministrar la información, ya que cunde el temor ante la existencia de agentes corruptos.
Finalmente el oficial hizo un llamado de alerta al Ministerio de la Defensa y a la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad para que se inicie un proceso de contrainteligencia a fin de dar con los uniformados vinculados a estas bandas delictivas.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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Lea en este blog más artículos y los libros: La familia del Yaruro, Un grito en el sur y La Justicia de Justa