Bandas paramilitares se imponen en las fronteras
La colombianización de las fronteras es un hecho real a través de bandas armadas que imponen sus prácticas criminales para defender y mantener un sistema de enriquecimiento ilícito a través del contrabando, secuestro, narcotráficos, extracción de alimentos y otros negocios oscuros conque alimentan una oligarquía rancia y mezquina, que como los buitres, comen cadáveres.
Son millones de toneladas de alimentos que se van por trochas y puertos legales, ocultos unos, y otros con el visto bueno de los cuerpos de seguridad venezolanos, que también participan de este oscuro negocio. Miles de litros de combustibles van a los sembradíos de coca, paramilitarismo y narcotráfico, amparados por autoridades colombianas que demandan ante organismos de Derechos Humanos la protección de estos cárteles.
Se da por sentado que las demandas venezolanas ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la CIDH de la OEA, muy pocas probabilidades de prosperar tienen, en razón de que se está enfrentando al gobierno colombiano, el más comprometido y defensor de los bienes norteamericanos en América Latina. En ese país existen diez bases militares y la CIA dirige las políticas de seguridad de Estado y política sociales más austeras que se apliquen en el continente.
Totalmente opuestas, las políticas socialistas del presidente Hugo Chávez permitieron subsidiar alimentos de la cesta básica con la intención de satisfacer las necesidades de los sectores más deprimidos económicamente. Esto, sumado a la gasolina barata, se convierte en un lucrativo negocio para las mafias contrabandistas, que en complicidad con altos ejecutivos de estos programas, contrabandean gruesos volúmenes de alimentos y combustibles generando un negocio de centenares de millones de dólares que viene desenvolviéndose libremente.
Estas bandas, más las acciones de la minería ilegal, donde también tienen las manos metidas el paramilitarismo y militares corruptos, han incrementado tanto los precios de productos, que son realmente incomparables respecto al resto de las regiones venezolanas, con la especulación e inflación que se registra en el centro del país.
En San Fernando de Atabapo un kilogramo de harina precocida llegó a 600 bolívares. Allí los alimentos desaparecen tan pronto como llegan, van a Colombia o las minas del Yapacana. La población esta desesperada ante la criminal escasez y los elevados costos de los pocos productos que se consiguen.
El contrabando de productos sometidos a control de precios o subsidiados por el Gobierno es desviado de manera masiva para su comercialización a mayores precios. Entre estos se mencionan gasolina, gas doméstico, alimentos, medicamentos, productos de higiene personal y cuanto producto sea rentable para los contrabandistas, trayendo consigo evasión tributaria, corrupción y escasez, afectando la soberanía alimentaria.
Aquí permanecemos bajo el acecho de bandas criminales que aumentaron considerablemente la situación de inseguridad y la zozobra, rebasando con creces el control de cuerpos de seguridad que se han visto superados por el accionar de grupos provenientes de Colombia, sembrados a lo largo de la franja fronteriza.
La cantidad de personas asesinadas semanalmente es alarmante, con ajusticiamientos ejecutados por elementos vinculados al paramilitarismo que actúan libremente en defensa de bienes de los carteles de la droga, contrabandistas y operadores políticos.
Para muchos pobladores también hay agentes de los cuerpos de seguridad participando en la ola de crímenes violentos que se vienen presentando en la región, en complicidad con el paramilitarismo. La región es escenario de acciones criminales y extorsivas de grupos paramilitares que poseen pequeños grupos de apoyo para la introducción de droga por el territorio nacional y mantener el contrabando de gasolina.
El auge desmedido del delito obedece: a la falta de una política integral en materia de seguridad ciudadana, el alto índice de impunidad y el colapso del sistema de justicia, elementos que han vuelto incontrolable la criminalidad.
Los delitos continúan en ascenso hasta que se implemente una política pública que ataque en paralelo las distintas circunstancias que directa e indirectamente inciden en el aumento de la violencia y la criminalidad en la región.
El Gobernador Liborio Guarulla debería apartarse por un monumento de sus contratistas y proveedores para colocar esta situación en el centro de sus preocupaciones, cooperado con los organismos de seguridad para estrechar un cerco operacional contra esta delincuencia criminal. Hay que recordarle que los agentes policiales cobran por la gobernación y muchos de ellos están implicados en estos delitos.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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