17 desnutridos por mes ingresan a Hospital de Puerto Ayacucho
17 personas menores de 15 años, entre jóvenes y niños, ingresan al Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, presentando severos casos de desnutrición, según los registros del mismo Hospital, donde médicos y enfermeras, mostraron su inconformidad con las cifras, porque según ellos, allí diariamente llegan casos tan graves algunos, que convulsionan muriendo horas más tardes.
Las estadísticas llegaron a las manos de un importante ejecutivo de la Vicepresidencia de la República que llegó aquí con bajo perfil y reservando su identidad para evitar tropiezos en las investigaciones que adelanta, y así, corroborar las informaciones publicadas en este blog, cuya veracidad fue puesta a la luz por los habitantes de las comunidades indígenas.
El alto representante del gobierno observó la pobreza en que viven los indígenas y escuchó en boca de los capitanes las trabas establecidas por Fundacomunal-Amazonas para negar la venta de alimentos del gobierno nacional a las comunidades, bajo el argumento de una supuesta orden del presidente Nicolás Maduro de llevar el programa, sólo a comunidades con pobreza extrema, versión negada por el comisionado.
Además le demostraron con documentos en manos la designación de consejos comunales paralelos impuestos por la directiva del PSUV-Amazonas para apropiarse del dinero asignado a las comunidades. Señalaron como responsable de cambiar la directiva que eligen en asambleas, al abogado José Domingo Fassio y a la directora de la Taquilla Única de Fundacomunal.
José Domingo Fassio es directivo de DPV-GAS Comunal, Misión Rivas, directivo del PSUV-Amazonas y funge como padrino político del eje carretero sur. Fue señalado como brazo ejecutor de las irregularidades y delitos que se cometen contra los consejos comunales con el visto bueno de los miembros de Fundacomunal y las Comunas para hacer continuos viajes hacia comunidades colindante con Puerto Ayacucho y municipios del interior bajo el engaño de ayudar a los indígenas para la liberación de recursos represados en cuentas bancarias del gobierno nacional o los financiamientos.
Los miembros de los consejos comunales indígenas en su inocencia, firman las autorizaciones y caen en la artimaña con las que les arrancan los contratos y compras que son inmediatamente asignados a un abogado amigo suyo para apropiarse de los recursos sin que se enteren las comunidades, donde el hambre viene dando cuenta de niños y adultos, que en centenares de casos, jamás ven las obras o las compras aprobadas.
Sumaron la negativa de Fondas a financiar pequeños proyectos agrícolas cuyas cosechas se han perdido por no contar con el transporte oportuno para trasladar los productos hasta los mercados de Puerto Ayacucho.
Sobre los recursos de Agro Venezuela dijeron que los créditos fueron entregados a personas que no habitan en las comunidades y que en casi todos los casos, los beneficiarios reintegraron hasta la mitad del financiamiento a directivos de las instituciones como pago de soborno bajo la oferta de no cancelar la deuda.
Refirieron también el traslado de alimentos hacia Colombia en vehículos de la Guardia Nacional. Según los indígenas, en días pasados cerraron la carretera que conduce a la comunidad de Albarical para descargar una gándola de alimentos de Mercal que fue vendida a empresarios colombianos.
Revelaron que cuando los pobladores hicieron pública la denuncia, varios efectivos tomaron venganza contra los habitantes de Albarical arremetiendo a plomo para amedrentarlos, justificando la acción como enfrentamiento contra grupos ilegales.
Plantearon las escasez de combustible que padecen las comunidades cercanas a quienes les imposibilitan la compra de gasolina para motosierras, cigüeñas de rallar yuca y pequeñas plantas eléctricas donde no llega el alumbrado público. El impedimento se hace con el propósito de evitar el contrabando de combustible hacia Colombia, pero grandes volúmenes son trasportados hacia los pueblos del interior y dos terceras partes vendidas a empresarios del vecino país, dejando las comunidades a la merced de enfermedades, escasez alimentaria y sin posibilidad de trasladar enfermos.
El responsable aquí de la venta de combustibles es el geógrafo Diógenes Edgildo Palau, director de la Misión Rivas, Director PDVSA-Amazonas, Director de la Misión Vivienda, Secretario general del PSUV-Amazonas y candidato a la gobernación derrotado en par de oportunidades por Liborio Guarulla, quien según la denuncia de otros miembros de un Consejo Comunal, gira instrucciones para cometer irregularidades administrativas en las instituciones públicas y consejos comunales.
Como respuesta, el enviado de la Vicepresidencia propuso la visita de autoridades oficiales para facilitar la adquisición de insumos y emprender un proyecto de desarrollo agrícola, iniciando los trabajos con los recursos que se tienen a la mano. Además se comprometió en elevar las denuncias hasta el vicepresidente Jorge Arreaza quien dará repuesta política para poner fin a las continuas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
El comisionado visitará otras comunidades y en pocos días recorrerá municipios del interior de Amazonas donde las condiciones de alimentación son peores, en razón a las dificultades del transporte y a los pocos recursos que llegan, aunado a la desbordante corrupción administrativa cometidas por autoridades nacionales y regionales.
Es importante destacar que todo ocurre a escasos metros de los despachos de los empresarios indígenas Liborio Guarulla gobernador de Amazonas, y Nicia Maldonado presidenta de Corpoamazonas y exministra de Asuntos Indígenas, quienes no visitan estas comunidades. Ambos representantes del Consejo Indígena de Venezuela CONIVE, por tanto “luchadores” por los derechos de los pueblos indígenas, pero las ocupaciones en el crecimiento económico de sus empresas, les consume hasta el tiempo que deben sacar para atender la desnutrición infantil y el hambre que azota las comunidades, por donde ellos alcanzaron el poder después de ser personajes tan pobres como los hoy habitantes de esas comunidades.
Más información: El doctor José Alejandro García, médico adscrito al IPASME de Caicara de Orinoco dijo que la situación de alimentación es crítica en el pueblo Panare, en razón al abandono en que se encuentran las comunidades asentadas en ambas márgenes de la vía a las minas del Guaniamo, por las riberas del Río Suapure y en el sector de Colorado, próximo a Los Pijiguaos.
Contó que a la comunidad de Santa Fe no llegan las bondades de los gobiernos nacional y regional, aunque la desnutrición avanza con crecimiento alarmante sin respuesta de los entes oficiales.
Reveló que el capitán de la referida comunidad, Joaquín Brito, murió dentro de un chinchorro abandonado al pie de un árbol de mango en la Comunidad de Cerro Frio, en Caicara de Orinoco, hasta donde lo enviaron médicos del Hospital Arnoldo José Gabaldón, pese al avanzado cuadro de hepatitis.
Según el diagnóstico, la defunción llegó por hepatomegalia y tinte ictérico en piel y mucosa lo que deja claro el maltrato de que son victima los grupos indígenas en los entes oficiales.
Añadió que a esas comunidades no llegan los alimentos de Mercal, afectando también a la población campesina dispersa en toda el área del municipio.
Denunció que los alimentos de Mercal que llegan a Caicara, los revendedores venden los productos en los barrios con elevados sobreprecios.
En la comunidad colonial, de la etnia Piapoco, por el Río Caura, no llegan los alimentos de Mercal, pero si los envían para ser vendidos en las minas auríferas que operan en El Alto Caura.
San Félix. Un grupo de unas 50 familias Guaraos viven en ranchos de bolsas plásticas y zinc viejo frente al terminal de San Félix, provenientes de comunidades asentadas en el Delta del Orinoco. El abandono a sus comunidades de origen responde al hambre que azota la región.
Los indígenas migran en búsqueda de mejor forma de vida, pero allí son víctimas de violaciones a niñas menores, madres y hasta las ancianas, enfermedades de transmisión sexual, pobreza agobiante, parasitosis, anemia y como consecuencia de la transculturización, los hombres se convierten en borrachitos.
El año pasado el chavista alcalde del municipio Caroní, por la fuerza, regresó las familias a sus comunidades sin resolver el problema de escasez alimentaria y desempleo, en menor proporción el equipamiento para los trabajos agrícolas. Los indígenas regresaron al lugar con sus penurias encima.
Señor alcalde, estos venezolanos son tan dueños de la renta petrolera como usted, tienen el mismo derecho a participar del presupuesto que usted distribuye entre su pequeño grupito de contratistas y proveedores. Ellos nada saben de eso, como tampoco pagan el 20 por ciento que reintegran en soborno los contratistas. Ministros, gobernadores, alcaldes y directores regionales de las instituciones del gobierno nacional se enriquecen junto a sus familiares cobrando 20 por ciento a contratistas y proveedores, mientras el pueblo pobre ve a sus gobernantes comer. Cristo dijo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Tóquese el lado humano de su corazón, si es de piedra como el de Liborio y Nicia Maldonado, hágalo de carne y auxilie estas familias.
Entérese que la elite del CONIVE, los que están obligados a atender estas familias, se distrae repartiéndose compras y contratos que llegan vía ministerio de Asuntos Indígenas. En nada preocupa el hambre que azota las comunidades.
Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
Teléfono: 04161067319
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andresgarbo@hotmail.com
Lea en este blog otros artículos y los libros: La familia del Yaruro y Un grito en el sur.
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