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¿OEA o el Judas Latinoamericano?

08.03.2016 06:25

Esta organización nace con el propósito de afianzar la paz y la seguridad del continente, promoviendo y consolidando la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, pero progresivamente se convirtió en promotor de acciones encubiertas desestabilizando gobiernos populares y democráticos, a través de golpes de Estado, injerencias o dando cobertura a acciones en contra de aquellos gobiernos que no asuman la posición de Estados Unidos, cuya propuesta consiste en castigar con mano de hierro países que representen amenazas de expansión del comunismo, aunque cualquier lucha por la recuperación económica y la defensa de su soberanía, es vista como contraria a los principios de imposición del imperio.
Venezuela con Hugo Chávez Frías comenzó a reivindicar la lucha de los pobres de América, con base en la justicia, el ejercicio efectivo de la democracia y en una sincera y leal cooperación económica, lo que Estados Unidos interpreta como una amenaza a la soberanía e independencia política de los estados americanos, poniendo en peligro sus intereses, situación que obliga a echar del Palacio de Miraflores a quien no se sujete a las normas emanadas de Washington.
De allí que en nada debe extrañar las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuando manifestó su preocupación por la "situación humanitaria" que a su juicio enfrenta Venezuela y señaló que "a la democracia le hacen muy mal los presos políticos".
Tímidamente se pronunció por la situación humanitaria derivada de la escasez alimentaria y de medicamentos, cuando bien claro conoce que en Venezuela está en marcha un paro empresarial ordenado por Estados Unidos para sacar al presidente Nicolás Maduro y regresar a la vieja política impuesta por las familias petroleras norteamericanas, las más poderosas del planeta que obligan a los países a hacer uso de su dinero depositado en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco interamericano de Desarrollo.
Las políticas norteamericanas distan mucho de ser nobles: préstamos que sólo sirvieron para aumentar deudas externas, “industrialización”, es decir, explotar o apropiarse de los recursos de otros países, desnacionalización de industrias en pro del capital extranjero y las políticas de exportación que se encargan de crear un desequilibrado lazo de dependencia entre ambos territorios. Sin embargo, cada vez que esta unión forzada trata de romperse a través de reformas que pongan en riesgo los intereses norteamericanos, como la sustitución de importaciones para favorecer fábricas nacionales, el comercio de países latinoamericanos entre sí, son calladas de manera violenta y brutal por el gobierno estadounidense, cuyas políticas sólo benefician a los grandes empresarios y gobernantes, dejando a los más pobres en mayor miseria.
Destaca en las declaraciones de Almagro, su apoyo a la elite venezolana al solidarizarse con los presos políticos, de lo cual también tiene derecho, pero en nada habla de activar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para contribuir en la suspensión del paro empresarial que asesina a miles de niños, madres y padres de familias pobres de este país, al no encontrar alimentos para el mantenimiento del hogar. Eso no preocupa al señor Almagro, cuando se trata del derecho humano que toda persona tiene a la alimentación.

Por otro lado observamos diputados a la Asamblea Nacional viajando a otros países con el propósito de solicitar la activación de la Carta Interamericana Democrática al gobierno venezolano, situación de por sí deplorable por hacerle el juego a Estados Unidos, además que demuestra la ambición de estos legisladores, no en resolver la situación económica del país, que bien pueden hacerlo suspendiendo el paro empresarial que ellos a la calladita convocaron, sino de echarle manos al presupuesto nacional para repartirse cargos, contratos de PDVSA y empresas básicas , porque no han presentado proyecto de país por ninguna parte, solo el deseo de llegar para complacer a sus socios norteamericanos.
No son precisamente las acciones emprendidas por una oposición que impulsa un paro empresarial y esconde la mano, las que nos permitirán crecer como pueblo, como todos los del mundo, merecedores de una vida justa y equitativa. Hay que seguir luchando hasta lograr la liberación total del imperio norteamericano y de la burguesía nacional que nos explotan y se adueñan de los recursos de todos.

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Andrés García Bolívar
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El contrabando se lleva los pocos alimentos que llegan al sur

06.03.2016 08:54

En las principales calles y avenidas de Puerto Carreño y Puerto Inírida, Colombia, se observan productos y alimentos derivados del contrabando que se registra en la frontera con Venezuela, vendiéndose al por mayor y hasta diez veces más caros los productos regulados.

Basta cruzar el río Orinoco para conseguir pleno abastecimiento de alimentos procesados en Venezuela. En las aceras y comercio formal, los bultos de leche en polvo, aceite, mayonesa, avena, azúcar y arroz, harina de maíz, se venden al mayor. Uno de los expendedores dijo que es más barato comprar estos productos contrabandeados que los alimentos en los supermercados colombianos, añadiendo que el 80 por ciento de los alimentos y productos que venden llegan desde Venezuela a través del contrabando de extracción en la frontera entre ambos países y sólo comercializan 20 por ciento de los productos facturados en Colombia, cuyo resultado sería el grave desabastecimiento que severamente afecta la región sur del país.

Actualmente, más de dos mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentran desplegados en la frontera para evitar la comercialización ilegal de alimentos regulados hacia el país vecino.

Los productos en Puerto Ayacucho, Caicara de Orinoco y otros poblados del sur, ya no se consiguen y los que llegan vienen con precios tan elevados, que se hacen casi imposible de pagar, pero hay que comer, y la sorpresa impacta a los habitantes cuando se enteran que quienes están en el deber de velar por la seguridad y la distribución correcta de productos, la guardia nacional, son quienes se benefician de la reventa o en casos más grandes, del tráfico de los artículos por la frontera.

Los rígidos controles del Gobierno para la distribución de alimentos dentro del territorio nacional y en la frontera no funcionan en los estados fronterizos, por donde se cuela la leche en polvo hacia Colombia con ayuda de los mismos funcionarios de la Guardia Nacional, fiscales del Seniat y La Sundec.

La leche en polvo que importa, empaqueta y distribuye la empresa estatal venezolana Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), con otros alimentos, se van de contrabando a Colombia, a través de bodegas de MERCAL con puntos de distribución desactualizados o inactivos en el sistema digital de monitoreo. La misma ruta sirve también para contrabandear leche en polvo de Nueva Zelanda, importada por Venezuela a dólar preferencial, por complicidad de autoridades aduaneras y militares, responsables de supervisar la distribución y comercialización en la frontera.

Se suma a esta fuga de alimentos el bachaqueo manejado por fiscales de la Sundec y efectivos de la Guardia Nacional que establecieron redes por donde distribuyen y venden productos decomisados en comercios que se niegan a cancelar los abultados pagos que exigen fiscales y efectivos militares para dejar sin efecto irregularidades detectadas, sin embargo la misma medida no funciona para quienes pagan el respectivo soborno, pues son libres de vender al precio que mayor ganancia produzca.

Es común en Puerto Ayacucho observar los vehículos de la Sundec distribuyendo con su mismo personal productos decomisados para ser vendidos en sus mismas casas o por personas ubicadas en diferentes barrios.

Por fuente extraoficial se conoció que los directores de la Sundec en el país reportan irregularidades cometidas en sus regiones ante la dirección central, Amazonas no lo hace ni lo hará, mientras los comerciantes continúen pagando soborno.

Esto se veía venir, pues el director de la Sundec en Amazonas, profesor Bernabé Arana, es uno de los exalcaldes acusados por cobrar obras sin ejecutar, pagos fraudulentos y desaparición de bienes de la alcaldía del Municipio Autana. La decisión de continuar frente a esa dirección depende de su colega de la revolución madurista, profesor Aristóbulo Izturiz, vicepresidente de la República.

 

 

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Ley de Amnistía o estrategia para ocultar paro empresarial

04.03.2016 19:49

Venezuela después de haber superado el hambre con políticas inclusivas, durante el mandato de Hugo Chávez, siendo reconocida dos veces por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, gracias a las políticas públicas ejecutadas por el Gobierno para promover alimentación y erradicar el hambre en el país, hoy se debate entre el hambre y la miseria, con venezolanos luchando abiertamente por un puesto en la cola para comprar alimentos, miles comiendo menos por el alto costo de la comida y una generación de desnutridos que crece frente a la carencia de alimentos necesarios para su crecimiento.

Pero mientras el hambre acosa al país por los cuatro costados, la oposición para ocultar la promesa de acabar el hambre tan pronto ganara, se mantiene debatiendo una ley de amnistía que favorece únicamente a la elite de este país, pues los presos son líderes políticos pertenecientes a familias poderosas, eso en nada favorece a las clases más pobres que hoy andan con el estómago pegado de las costillas y el hambre roncándoles en el estómago, buscando como comer.

Esos presos en sus conciencias conocen si son culpables o no, y dinero suficiente tiene para defenderse, pero las miles de familias pobre de este país que en su inocencia hacen colas para comprar alimentos, nada tiene  que ver con Ley de Amnistía u otro mecanismo judicial, pues su preocupación es la comida de cada día para alimentar niños afectados por desnutrición.

Cierto es que el gobierno de Nicolás Maduro tiene tanta responsabilidad como la oposición, ya que administró una riqueza generada por elevados precios del petróleo, cuyos enormes ingresos cayeron en sacos sin fondos, devorados por una oligarquía rojita corrompida hasta los tuétanos, despilfarradora, que provocaron anarquía administrativa para apropiarse de los recursos que le pertenecían a todos los venezolanos.

Sumado a esto, la oposición silenciosamente lidera un paro empresarial que asesina por hambre a millones de venezolanos, y como todo irresponsable, lanzan culpas sobre un gobierno moribundo, sin autoridad y sin ideas para enfrentar una crisis económica, cuya salida está al alcance de las manos, pero con unos ministros que no ven más allá de la punta de la nariz, jamás se podrá hacer frente a esta grave situación inducida por una oposición criminal, que para ponerle manos al presupuesto nacional y entregarle el petróleo a las familias más ricas del planeta, con su izquierda clavan el puñal por la espalda a los suyos, y con la derecha le hacen cariño para mentir, afirmando y reafirmando que ellos nada tiene que ver con el paro.

Desde enero del año pasado, por las redes sociales o tuiteros opositores recomendaban acumular alimentos ante la eventualidad del caos inminente. Los rumores aumentaban y la militancia de todas las tendencias se mostraban a la expectativa. Sin embargo, llegó el día y del paro nadie habló, ningún sector asumió la convocatoria, pero hoy es una realidad soslayada por los contratistas y proveedores que llegaron a la Asamblea Nacional, liderada por el contratista mayor Henry Ramos Allup, redactor de la Ley de Amnistía para esconder el paro asesino que impulsan silenciosamente. 
El paro empresarial encabezado por Lorenzo Mendoza somete por hambre un país al que ahora le venden mayor cantidad de cerveza, ron y refrescos. Ellos sentados en la orilla rumiando su maldad,  esperan que miles de muertos, entre niños desnutridos e indígenas, bajen por el río para que Nicolás Maduro renuncie.
Las máscaras también comenzaron a rodar. La Conferencia Episcopal, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, todos designados por el Vaticano, supuesto defensor de los más pobres y representantes de Dios en la tierra, son la hipocresía hecha carne. No se atreven abrir la boca, guardan silencio cómplice con las elites poderosas que controlan la economía mundial. Los pobres que les sirven de anzuelo para pescar millonarias fortunas, siguen muriendo de hambre, en tanto ellos, se apropian de los recursos asignados para las clases más vulnerables, y sin importarles la escasez alimentaria, muy preocupados están por la Ley de Amnistía. Mucha razón tenía Hugo Chávez cuando decía que debajo de la sotana se esconde el diablo. 
Los indígenas mueren de hambre sin arroz, espagueti, azúcar, leche, harina precocida y medicamentos, y el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, supuesto defensor de los pobres indiecitos, le hace el juego a las elites empresariales de este país. Nada dice, solo abre sus ojos para ver cuánto dinero envían a los indígenas para echarle manos y desaparecerlos. Estos demonios tranquilos bajarán al infierno envueltos en su propia hipocresía.
 
 

 

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Derechos humanos o el antifaz de la avaricia

03.03.2016 18:43

En el sur del país se aprecia una creciente preocupación por la situación de los derechos de los niños y niñas indígenas, pero muy poco se hace acerca de las carencias que enfrentan esos niños y niñas viviendo en condiciones de pobreza. Para visibilizar las situaciones de inequidad que afectan especialmente a la niñez indígena, se hace necesario impulsar proyectos conjuntos entre instituciones estatales sobre pobreza infantil y desigualdad, con el objetivo de evaluar tanto la pobreza y la desigualdad infantil en la región, en sus múltiples dimensiones a fin de proporcionar bases para la comprensión de lo que significa ser un niño pobre y excluido.

A pesar de su creciente influencia política, los pueblos indígenas han avanzado poco en materia económica y social, y continúan sufriendo altos niveles de pobreza, menor educación y mayor incidencia de enfermedades y discriminación que otros grupos. Los pocos beneficios económicos obtenidos, han generado cada vez más insatisfacción, intensificando demandas de redistribución de la riqueza regional y nacional.

Las comunidades indígenas no tienen las mismas oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos, la protección de la salud, la cultura y la administración de justicia que otros grupos sociales, incluso siendo la mayoría en la amazonia venezolana son afectados por factores políticos, económicos, sociales, militares y ambientales, que articularon experiencias de privación material, jurídica y simbólica, y de reproducción de relaciones de desventaja.

Las posibles respuestas están relacionadas con las condiciones que desvincularon a los pueblos indígenas del control de sus territorios, los sometieron a condiciones de pobreza y los relegaron a los márgenes de la sociedad o directamente los excluyeron. Frente a esta situación, las reacciones políticas se traducen en reclamos de autonomía, autodeterminación y reformulación de relaciones de pueblos indígenas con el Estado.

A nombre de la lucha en favor de estos pueblos crecieron liderazgos, organizaciones políticas y religiosas que cargan con los recursos asignados por el gobierno nacional para atender las carencias que mantienen estos grupos de seres humanos viviendo en condiciones de mendicidad, cuando se trata de nuestras raíces originarias.

Los grupos defensores de derechos humanos, han visto rodar su antifaz frente a la grave crisis económica en que se encuentra sumergido el país, y que en mayor proporción afecta las clases más empobrecidas, entre las que se encuentran los grupos indígenas. El Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, responsable de la desaparición de miles de millones de bolívares asignados a comunidades indígenas, permanece boca cerrada frente al paro empresarial, que mucho les conviene para echar a Nicolás Maduro del poder, aunque los indios continúen muriendo de hambre.

No hay azúcar, arroz, espagueti, leche y otros insumos necesarios para la alimentación de niños y madres indígenas, cuando ellos pueden a través de la Conferencia Episcopal Venezolana emprender una lucha en favor de los más pobres para reabrir las empresas, pero no lo harán, también responden al llamado de las familias petroleras norteamericanas de echar a Maduro para ponerle manos al negocio petrolero, quedando claro frente a la opinión nacional, que sus organizaciones que aparentemente defienden derechos humanos, no son más que un mecanismo para proteger elites regionales y mundiales.

A nombre de los indígenas, el gobernador de Amazonas tiene 16 años en el poder, tiempo durante el cual las comunidades le han servido como escalera política, y en retribución mantiene más de trece mil trabajadores, 80% indígenas, cobrando por debajo de ocho mil bolívares mensuales, cuando él es dueño de clínicas privadas, quintas, edificios, hoteles, posadas turísticas, fincas ganaderas y lujosos vehículos.

Su lucha indígena quedó atrapada en la casita de INAVI, donde vivía antes de llegar a ser el millonario que ahora usa vestidura indígena para recordar la semiesclavitud en que viven los trabajadores indígenas dependientes de su gobierno.

Prefirió favorecer con contratos a Henry Ramos Allup, que a sus propios familiares indígenas, abandonados en la Isleta del Guainía donde nació.

 

 

 

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Coltán: asesino silencioso

03.03.2016 06:07

Niños, mujeres y los vulnerables miembros de comunidades indígenas, que trabajan en la extracción ilegal de Coltán, están expuestos a condiciones de trabajo peligrosas, traficantes de drogas y bandas armadas que trasladan de un país a otro este mineral venezolano de manera  ilícita. Lo envían desde Colombia, con factura legal como producción propia del vecino país, a fabricantes de alta tecnología en Estados Unidos.

Los trabajos de extracción se vienen realizando en comunidades cercanas a Guarinuma, riberas del río Atabapo y en las comunidades adyacentes al río Parguaza y la zona de Los Gallitos en el Municipio Cedeño. Hasta allá llegan compradores colombianos y norteamericanos que lo trasportan a las poblaciones colombianas de Puerto Inírida y Puerto Carreño, desde donde son enviados de forma legal al mercado de producción tecnológica en Estados Unidos.

Los precios varían según la distancia y la profundidad, pero oscilan entre 10 y 20 dólares por kilogramo que puede extraerse en varios días, pero ellos los venden a los fabricantes, hasta en 400 dólares el kilogramo.

El Coltán es un mineral de gran importancia en la fabricación de componentes electrónicos avanzados como condensadores eléctricos, muy usados en tabletas, consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes, satélites, misiles, pantallas planas, GPS y aviones, y lo que permite su miniaturización al prescindir del cobre.

Considerado como un recurso no renovable altamente estratégico, que al igual a los hidrocarburos como el gas natural y petróleo, no abundan en la corteza terrestre, por lo que hay que perforar profundamente para encontrarlos.

En Colombia y Venezuela muchos de los mineros están por debajo de la edad legal y los beneficios económicos terminan en mano de grupos armados. Se dice que mueren unos dos o tres niños por cada kilo extraído. Por otro lado, las grandes compañías de tecnología y fabricación de celular compran Coltán, provenga o no de concesiones para explotarlo.

 
 

En algunos yacimientos, el Coltán está acompañado de uranio y radio, elementos radiactivos que pueden provocar graves enfermedades entre trabajadores de las minas. En Venezuela hay estudios que demuestran prospección de uranio, aún sin explotar. 

Se añade el reciclaje de basura electrónica donde muchos niños y mujeres están expuestos a mercurio, plomo y aluminio, de forma tóxica, para recuperar materiales valiosos. La llamada minería urbana, es la obtención de materiales para su reutilización en la industria electrónica. El consumismo y la llamada obsolescencia programada a que los dispositivos tengan una vida útil corta y que se cambien los celulares rápidamente, desechando los que aún son funcionales. 

La deforestación ocurre en la Amazonia venezolana donde está la mayor riqueza en biodiversidad en la implantación de minas y utilización de madera para el establecimiento de nuevos poblados mineros, en zonas a explotar con contaminación de aguas con limos, que son barros procedentes del lavado del preciado mineral, que al llegar a cursos de agua provocan la desaparición de fauna y flora acuática, y la imposibilidad de ser usada para el abastecimiento humano. 

Un estudio realizado por el Departamento de Física y el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad de Nairobi, ha evidenciado dosis de radiación en trabajadores congoleños que se dedican de forma artesanal a la extracción de Coltán, información que recibió el bloqueo de grandes corporaciones internacionales, al cancelar millones de dólares a medios de comunicación de cobertura mundial, para no afectar la extracción artesanal de este mineral en países como el Congo, Colombia y Venezuela, ante la potencial exposición a radiación, de trabajadores que extraen el mineral en yacimientos ilegales. Se da como un hecho que al conocer la presencia de material radiactivo, abandonarían los trabajos y buscarían otra forma de vida.

El Coltán, en los últimos 10 años ha sido blanco estratégico de compañías de exploración minera para conseguir el control de este material, condiciones de explotación en régimen de semiesclavitud, desastres medioambientales con gravísimas repercusiones en la fauna local de especies protegidas, e incluso, a graves problemas de salud asociados con los arcaicos e infrahumanos métodos de explotación.

Aunque ha salido a la luz el problema socioeconómico, medioambiental y político relacionado con la mala explotación y comercialización de esta materia prima, la crisis ligada a su extracción todavía continúa, y los estudios científicos sobre el Coltán son aún insuficientes.

La alerta es para que defensores de Derechos Humanos y de pueblos y comunidades indígenas enciendan sus alarmas y evitemos que las bandas regionales y las corporaciones internacionales, ilegalmente nos dejen sin Coltán y con un elevado número de indígenas afectados con enfermedades provocadas por radiaciones de este mineral.

 

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Nicolás Maduro apoya corrupción en Amazonas

01.03.2016 20:39

La palabra de Cristo establece que el juicio de Dios entra por casa, pero, de qué tamaño es el juicio cuando se observa la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga que tapa el suyo. Mientras Nicolás Maduro se entretiene denunciando la corrupción opositora que hay, y bastante, aquí la directiva del PSUV mantiene una desbordante corrupción administrativa con saqueos a todas las instituciones del gobierno nacional, ejecutada por los hijos de Chávez, Nicia Maldonado y Edgildo Palau, bastaría saber si la candidata presidencial, María Virginia Chávez acepta estos hermanos adoptivos que se embolsillan el dinero de cuanta institución llega a sus manos, para lo cual, colocaron frente a cada una, sus más confidentes socios.

Nicia Maldonado siendo ministra de Asuntos Indígenas, desembolsó miles de millones de bolívares para la construcción de dos plantas procesadoras de piña, una planta de desechos sólidos, motores fuera de borda para las comunidades del Alto Orinoco y casas bien equipadas, cuyas plantas, motores y equipos, aun no aparecen, y como directora de Corpoamazonas, dinero para financiamiento agrícola que aún esperan los productores, venta de cauchos, baterías, autopartes y lubricantes a precios solidario, pero los vendieron a los más pudientes a precio del comercio local, es decir diez veces su precio. La entrega de taxis y autobuses supuestamente gratis, su cuñado hizo una subasta y los entregó a quien mayor dinero entregó, llegando hasta un millón por unidad. Los cauchos de repuestos y extintores de los autobuses Yutong, fueron vendidos a empresarios.

Edgildo Palau, flamante secretario general del PSUV, se apropió del dinero de 300 consejos comunales con el abogado Domingo Fassio, utilizando cédulas falsas. La denuncia duerme silenciosamente por la complicidad de un fiscal del Ministerio Público. Varios contratos cobrados sin ejecutar en las alcaldías chavistas, seis mil millones de bolívares por la plaza Bolívar de La Esmeralda, de la que no existe un bloque, y manejan a placer la comida de escuelas y alimentos de Mercal que cada día llegan a las poblaciones colombianas de Puerto Inírida, Casuarito y Puerto Carreño. En Puerto Ayacucho, las bodegas vacías con kilométricas colas que hacemos los más bobos. Después de dos días de sofocantes colas, nos tropezamos con que no hay arroz, azúcar ni espagueti, pero a la alta aristocracia de Amazonas les llevan a su casa pacas de arroz, azúcar, espagueti, sacos de pollo y carne, enviados por Edgidlo Palau, Delkis Bastidas y Nicia Maldonado. A la pobreza le toca las subidas de tensión, calor agobiante, sed, cansancio y el cuento de la revolución que ellos lideran. Otra parte de alimentos, la venden a restaurantes, y negocian con bachaqueros colombianos y venezolanos para venderlos hasta por mil doscientos bolívares por kilogramo. Hacen supuestos ventas en comunidades indígenas, pero van directo a Colombia y las minas del interior, utilizando códigos vencidos.

La venta de gasolina a Colombia es un negocio a parte, es decir aquí la Ley Habilitante de Nicolás Maduro, no puede ser aplicada por que el PSUV quedaría sin directiva.

Para reimpulsar el “excelente” trabajo político de estos hijos de Chávez, le fue enviado un refuerzo, el candidato a diputado Miguel Rodríguez, cuadrado como anillo al dedo con Edgildo Palau y su esposa Delkis Bastidas, y que viva la revolución.

Se suma también la gestión del benemérito revolucionario Antonio Graterol, directivo del PSUV y director del Ministerio de Agricultura y Tierras, responsable de la desaparición de más de cinco mil reses de la finca confiscada al señor Adolfo Meléndez, en el Valle de Manapiare y de un Fundo Zamora, del que solo queda la historia. Del dinero de Fondas, Fondafa en su tiempo, Agropatria y Agrovenezuela, únicamente se escuchan románticos recuerdos, porque jamás llegaron a los productores, fueron disuelto entre operadores políticos, falsos agricultores que regresaban 50% del monto recibido, justificando el gasto con rubros que no se producen en Amazonas.

Antonio Graterol y su esposa América Perdomo, vienen de ser mano derecha de la archiconocida señora Cecilia Matos, amante de Carlos Andrés Pérez, aunque ahora se espantan de los adecos, que de hecho sienten vergüenza de ellos. Hugo Chávez debe estar revolcándose en su tumba por el montón de traiciones que está frente a sus ojos, pero apoyada desde la más alta cúpula del partido por Nicolás Maduro, quien los ratificó en sus cargos.

 

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Los gringos con las manos hasta los codos en crisis venezolana

27.02.2016 20:33

El paro industrial que mantiene el sector empresarial con el propósito de echar a Nicolás Maduro del poder, viene causando efectos desbastadores con un crecimiento alarmante de la extrema pobreza en la región sur, la más pobre del país por su alta incidencia indígena. Hay que hacer proezas para conseguir arroz, azúcar o espagueti, cuyos precios por kilogramos van desde los quinientos hasta mil doscientos bolívares. La escasez responde, según los empresarios, a la entrega retardada de divisas y a la falta de repuestos para maquinarias, pero contrariamente la producción de cerveza, ron y refrescos se incrementó en más del cincuenta por ciento, lo que desmonta la mentira de unos empresarios que reciben pagos en dólares para cerrar sus empresas hasta que Maduro salga con sus maletas en hombros.

La posición gringa no tiene sentido, pues, bastaría conversar con Maduro y parte de la oligarquía rojita para que el negocio petrolero regrese en su totalidad a manos de las familias petroleras más poderosas del planeta, en razón de que los principios revolucionarios eran de Hugo Chávez, quien siempre se pronunciaba en contra de la devaluación por ser un instrumento económico que favorece las clases más altas y lanza a la extrema pobreza a los más vulnerables. Sin embargo, Maduro emitió su primer decreto de devaluación cinco días después de muerto Hugo Rafael, justo cuando el pueblo lloraba su líder, para evitar reacciones adversas. Luego recortó los subsidios a los más pobres, liquidó varias misiones, la inflación se disparó y finalmente incrementó la gasolina, solo falta suscribir la Carta de Intención con el FMI para hacer exactamente lo mismo que Carlos Andrés Pérez, a quien también acusaban de colombiano. Recuerde amigo lector, que esas son las recetas del FMI aplicadas por CAP meses antes del caracazo.

La oligarquía rojita pronuncia duros discursos contra el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, pero mantienen su grupito de contratistas y proveedores de maletín, se embolsillaron 25 mil millones de dólares de CADIVI, liquidaron el dinero de la agricultura y son expertos cobrando sobornos en bolívares y en dólares. Un coronel cobraba 50 mil dólares de soborno para certificar permisos de compras en el exterior, y una exministro alquiló un lujoso restaurant en Grecia para celebrar el cumpleaños de su ahijado. Intentó pagar con su tarjeta American Express, pero no pudo por estar bloqueada, fue necesaria la intervención de un empresario venezolano. Ella también habla contra el capitalismo salvaje.

De continuar maduro con sus oídos tapados para no escuchar el clamor popular sobre conciliación con empresarios o reabrir con sindicalistas y empleados despedidos a la fuerza las empresas cerradas, entonces la oposición podría llegar al poder, pero no espere nada nuevo, pues se trata de la misma oligarquía adecocopeyana de siempre, así cambien de discurso. Llegaron a la Asamblea Nacional varios empresarios, gobernadores y alcaldes, especialistas en cobrar 20% a contratistas y proveedores para enriquecerse ellos y sus familiares. Ahora, andan acelerados para echarle manos al presupuesto nacional y continuar haciendo lo mismo. El más célebre de los legisladores opositores es el flamante Dr. Henry Ramos Allup, quien airadamente regaño a Liborio Guarulla con términos humillantes para que cancelara cuanto antes, a su grupito de contratistas, las obras ejecutadas con el dinero de los indígenas de Amazonas. Esto supone que así lo hace con el resto de gobernaciones y alcaldías opositoras.

El empeño de los gringos no es para que la oposición mejore las condiciones económicas del país, pues jamás lo harán, no tienen proyecto de país, sencillamente lo hacen para intentar liquidar las ideas revolucionarias de Hugo Rafael Chávez Frías, que de paso, nunca las borrarán, otro líder como aquel podría surgir frente al engaño de estas oligarquías, cuyos principios no van más allá de hacer dinero fácil vía corrupción administrativa, colocarse a la fuerza una camisa roja o blanca para engañar a electores venezolanos.

El demonio de avaricia lleva al hombre a perder su dignidad y a amasar la mayor cantidad de dinero en perjuicio de los más pobres, a exhibir pomposas riquezas, mientras el hambre asesina mujeres hombres y niños. De la justicia de los hombres escaparán, pero no de la justicia de Dios que no da por inocente al culpable.   

 

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Crecimiento de extrema pobreza desespera en el sur venezolano

26.02.2016 19:03

La reciente marcha que protagonizaron jubilados y pensionados de la gobernación de Amazonas permitió escuchar en boca de los propios afectados, como la extrema pobreza comenzó a generar graves problemas familiares al no tener recursos para hacer frente a la compra de alimentos, vestidos y medicamentos, así como renovar los uniformes escolares de hijos y nietos, pues aquí el costo supera los veinte mil bolívares por unidad, y ellos ganan menos de ocho mil mensual.

Los abuelos pensionados y jubilados de la gobernación de Amazonas, pertenecientes al sector educativo, se lanzaron a la calle en nutrida marcha, demandando el pago de deudas contractuales que les deben desde el año 2012, pero por la repuesta emanada del despacho del gobernador Liborio Guarulla, el ejecutivo no cuenta con recursos para honrar compromisos salariales que afectan a todos los trabajadores, estimados en más  de veinte mil, de los cuales trece mil devengan salario por debajo de los ocho mil mensuales, cuando el salario mínimo integrado superó los veinticuatro mil bolívares.

Los jubilados y pensionados demandan la cancelación de tres incrementos salariales, establecidos por vía de Decreto Presidencial, además el retraso durante tres años de la firma de la contratación colectiva.

De fuente extraoficial se conoció que el gobernador Liborio Guarulla podría ofertar un incremento salarial del 30 por ciento que no llenaría las expectativas del gremio en conflicto, pues exigen como primer paso el pago de todas las deudas para luego sentarse a discutir lo atinente a la convención colectiva.

El incumplimiento por parte del primer mandatario del pago de deudas, podría desembocar en una intensificación de las acciones de protestas la próxima semana, que podría ir desde la introducción de un pliego conflictivo ante el Ministerio del Trabajo, hasta la paralización escalonada de actividades académicas.

“Arroz, azúcar, espagueti y leche tiene un costo superior a los quinientos bolívares en casas de familias, que es donde mayormente se consigue”, dijo el maestro jubilado Francisco Ponare, muy molesto al enterarse que la Secretaria Ejecutiva, Maruja de Fuentes mintió, pues se comprometió el miércoles pasado en dar respuesta positiva hoy viernes a las demandas planteadas, y ni siquiera tuvo el valor de dar explicaciones al nutrido grupo de docentes que nuevamente se apostaron a las afuera de la casa de gobierno.

“Un kilogramo de pollo vale mil doscientos y la carne mil setecientos”, añadió su colega José Ramón Caribán, maestro adscrito a una escuela indígena quien debe cancelar seiscientos bolívares en ida y vuelta, pero hoy los pagó con gusto, dijo, tenía que venir apoyar a los colegas para que nos paguen nuestras deudas, aunque la tristeza llenó su rostro cuando se enteró que no había repuesta ni dinero. “para nosotros nunca hay, pero para pagar contratistas y proveedores nunca falta”, concluyó.

 

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Coltán: próspero negocio de gringos y colombianos en Amazonía venezolana

25.02.2016 19:56

Un mercado negro de Coltán ha surgido en las inaccesibles entrañas de la selva Amazónica, fronteriza entre Colombia, Venezuela y Brasil. Una minería ilegal donde se mueven mineros de tres nacionalidades y compradores a pequeña escala que llegan en aviones a Puerto Inírida y Puerto Carreño, Colombia o aterrizan en suelo venezolano, como relató un indígena de la comunidad Canami, por el río Atabapo, después de lanzar un saco de Coltán al piso, enjugarse el sudoroso rostro y estirarse para aliviar el dolor de espalda provocado por el peso: “nosotros vendemos a los gringos o a los colombianos que ellos mandan con el pago” sostuvo. Para ellos, los mayores inversionistas son ciudadanos norteamericanos que ingresan a comunidades de las riberas del Río Atabapo, alimentando una red de contrabando conformada por paramilitares armados, narcotraficantes, gringos y autoridades venezolanas, una poderosa asociación delictiva que expone trabajadores indígenas a condiciones muy peligrosas, por tratarse de bandas armadas dedicadas a contrabandear Coltán.

La extracción se realiza en sitios de difícil acceso, muy distantes de varias comunidades indígenas que van, desde Pintao hasta Guarinuma, donde se viene desarrollando un próspero negocio de centenares de trabajadores de esas comunidades y otros grupos de venezolanos, junto a colombianos y en menor proporción brasileros. Todos, obligados a cancelar cinco mil bolívares a efectivos de la guardia nacional apostados en los puestos de control para permitirles el ingreso a los sitios de extracción. De regreso, la cuota es incrementada a quince mil bolívares por persona que cancelan sin protesto, pues “para eso ganan buen dinero”, confesó un militar.

La minería artesanal de por sí es peligrosa para trabajadores, en razón a las condiciones difíciles, bajos salarios y daños ambientales provocados por desechos de residuos vertido a los arroyos, como son los casos de las comunidades de Los Gallitos y las del Río Parguaza, donde se encuentran grupos de persona trabajando en la extracción de Coltán, vendido a compradores llegados de Puerto Carreño, cuya demanda impulsa bandas de contrabandistas en un mercado ilícito de minerales valiosos y escasos en la naturaleza, dando un claro ejemplo de materiales que han pasado de ser considerados simples curiosidades mineralógicas, a cruciales para el avance tecnológico debido a sus nuevas aplicaciones.

“Los colombianos llegan en sus motos, compran lo que tengamos, lo llevan al puerto de El Burro, cruzan en lancha a Puerto Carreño y en 20 minutos atraviesan el río Orinoco con el consentimiento de la Guardia Nacional”, dijo un minero que reservó su identidad, añadiendo que primero trabajó en las minas de oro del Yapacana, pero ahora está interesado en Coltán, “es más fácil de encontrar porque se encuentra cerca de la superficie y lo pagan bien”.

El Coltán es un recurso estratégico, imprescindible en la fabricación de componentes electrónicos avanzados. El tántalo, que viene como aleación del Coltán, se usa principalmente en la elaboración de condensadores presentes en gran cantidad de dispositivos electrónicos, como en teléfonos móviles, ordenadores, pantallas de plasma, cámaras digitales.

La extracción ilegal de Coltán se identifica como la mayor fuente de ingresos para contrabandistas norteamericanos y colombianos , debido a la dificultad de distinguir entre la explotación legítima e ilegítima, obligando a una de los mayores fabricantes de condensadores de tantalio, a llamar a sus proveedores de Coltán para que certifiquen la procedencia de los minerales a fin de evitar provocar daño a la población local, la vida animal salvaje o el medioambiente por el la extracción ilegal de un mineral peligroso.

A nivel económico, hay determinadas multinacionales que, como grandes compradoras de este mineral, no están interesadas en que los conflictos sociales derivados de la extracción del mineral sean publicados en medios de comunicación. Estos últimos, a su vez, se ven condicionados por el temor a perder los importantes ingresos que obtienen.

 

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Jubilados y pensionados de Amazonas en la calle por reclamos de pagos

24.02.2016 19:54

Vistiendo camisas y pantalones descoloridos, y hasta zapatos recocidos algunos de ellos, centenares de abuelos pensionados y jubilados de la gobernación de Amazonas, pertenecientes al sector educativo, se lanzaron a la calle en una nutrida marcha que culminó frente al despacho del gobernador Liborio Guarulla, en demanda del pronto pago de sus deudas contractuales que les deben desde el año 2012.

Los empobrecidos abuelos arrastrando la carga de los años, recorrieron unos seis kilómetros desde el liceo Santiago Aguerrevere hasta la sede de la gobernación ubicada en el casco central de la ciudad, aunque el mayor peso fue de conciencia por ser casi todos electores de partidos opositores que apoyaron a Liborio Guarulla y sus candidatos, durante el pasado proceso electoral. El compromiso sobre el pago de deudas se estableció, cuando el entonces candidato de Acción Democrática y actual mandatario, visitó cada una de sus casas.

“Nos deben el pago de tres incrementos salariales, establecidos por vía de Decreto Presidencial”, dijo el profesor Cristóbal Betancur, sindicalista que lideró la convocatoria apoyada por todos los sindicatos del sector educativo, resaltando la deuda que mantiene el Ejecutivo Regional con los abuelos, al retrasar durante tres años la firma de la contratación colectiva.

“Nos pagan ocho mil bolívares que aquí no alcanzan para comprar un pantalón”, remarcó el licenciado José Galindo, docente que durante treinta años laboró en una escuela del sector Orinoco Medio, sumándole además, los diez años que lleva esperando el pago de sus prestaciones sociales, también prometidas por Guarulla durante la campaña, pero que carga a las mentiras conque el mandatario engañó a todos por igual.

“A él, no le quita el sueño nuestra situación económica. El año pasado se incrementó su sueldo de dieciocho mil, a sesenta mil bolívares, se aumentó sus gastos de representación y las manos libres para cobrar 20 por ciento a contratistas y proveedores”, recordó el enfurecido maestro, quien fue amigo del millonario gobernador cuando éste vivía en una modesta casita del gobierno, en el sector La Florida, cuyo costo fue de 120 bolívares.

“Ahora es dueño de lujosas camionetas, hermosas quintas, costosos apartamentos, hoteles cinco estrellas, fincas ganaderas en varias partes del país y cuentas en dólares en Panamá y España. Así lo denunció el Dr. Alirio Naime”, recordó el maestro que con su esposa y tres nietos, vive en la comunidad a la que regaló toda su juventud como docente.

Son más de mil quinientos, entre jubilados y pensionados, aunque las deudas abarcan todo el sector docente y resto de trabajadores de la gobernación, estimados en unos veinte mil en total, de los cuales trece mil, en su mayoría indígenas, devengan salarios de ocho mil bolívares, cuando el salario mínimo integral se incrementó, hasta veinticuatro mil bolívares por mes.

“El colega Francisco Caribán vio morir su nieto de cinco años por no tener como comprar medicamentos para controlar un dengue hemorrágico”, reveló el maestro Juan Ponare, indígena de la etnia Jivi, que llegó a la marcha proveniente de las riberas del Sipapo, unos cien kilómetros al sur de Puerto Ayacucho. “Este salario no alcanza para comprar la comida del mes, de ropa no podemos hablar ni de medicina tampoco”, afirmó

“Escuché por una emisora la convocatoria y me vine. Estoy obligado en apoyar las marchas, para intentar cobrar mis prestaciones sociales”, confesó el docente, denunciando además que le ofrecen el pago de su dinero, pero antes debe pagar 20 por ciento de soborno a quienes realizan las diligencias dentro de la casa de gobierno.

Al término del acto, el grupo de sindicalistas que por media hora se reunió con la Secretaria Ejecutiva, Maruja de Fuente, informaron sobre el acuerdo de esperar hasta el próximo viernes cuando responderá el gobernador Liborio Guarulla.

 

 

 

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