La gobernación de Amazonas a través de la Dirección de Asuntos Indígenas acudió a la Sala Constitucional del TSJ donde  interpuso un Recurso de Amparo solicitando la nulidad del Decreto Presidencial mediante el cual se pone en marcha el plan de desarrollo Arco Minero con una empresa china para la exploración y explotación de recursos mineros en Amazonas.
Con ello se suma a la posición de 10 organizaciones indígenas que solicitaron a los órganos competentes del Estado respetar el Decreto Presidencial N° 269 que prohíbe toda actividad minera en el Estado Amazonas, y los decretos que crean la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco y diferentes parques nacionales, como expresión de una política pública responsable de protección ambiental de la Amazonía venezolana, y propusieron al Gobierno Nacional una moratoria en la ejecución del Arco Minero del Orinoco y del Convenio con la Empresa China CITIC, para que se realice una revisión profunda de la política indígena y ambiental y se promueva la implementación de proyectos sostenibles en territorios y comunidades indígenas.
Es importante tomar en consideración las demandas de los grupos indígenas y replantearse el plan de inversión con proyectos de menor impacto ambiental, que consideren las comunidades indígenas, trabajando coordinadamente con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en la búsqueda de tecnologías menos invasivas.

La minería ilegal viene amenazando las comunidades indígenas poniendo en riesgo las poblaciones originarias aisladas de las zonas más remotas de Suramérica. Las actividades de extracción de recursos naturales, representa quizás la mayor amenaza al pleno goce de los derechos humanos de las comunidades originarias que decidieron por voluntad propia estar distantes y que se encuentra en una situación única de vulnerabilidad.

En Venezuela, el caso de la minería ilegal es un tema que se discute desde hace décadas, y aún no ha podido ser controlado. El irrespeto a su entorno es una amenaza con pérdida cultural irreparable. El pueblo pasa por una situación de autosuficiencia en la selva a una dependencia casi total de quienes le proporcionan comida y medicamentos. Tanto yanomamis como pemones, de los estados Amazonas y Bolívar, han sido comunidades indígenas afectadas.

La extracción ilegal de oro lesiona el ecosistema debido a los productos químicos como el mercurio y el uso de hidrobombas a presión que deterioran las cuencas de los ríos, ubicados en los santuarios naturales de Amazonas. 

Una realidad es que mientras el tema se discute los campamentos de minería ilegal trabajan a toda marcha en el corazón de la selva, y que avanzan como orugas salvajes hacia la destrucción total del parque nacional Yapacana donde trabajan empresarios favorecidos por diputados nacionales, ministros, generales y curas. El problema es tan grave que los docentes de las comunidades cercanas antes de abordar el problema en las aulas, muchos de ellos van a sacar oro en los asentamientos mineros forzados por los bajos salarios y lo costoso de alimentos. Un pollo llega alcanzar precio por encima de los mil bolívares que los mineros pagan, mas no así los indígenas que no manejan esos volúmenes de dinero, convirtiéndose la minería en un estimulante más del hambre que azota las regiones indígenas.

El Ministerio de Industria y Minas reconoce las pérdidas por miles de millones de dólares anuales, tras la salida de incontables toneladas de oro al exterior sin consentimiento del Estado, y en manos de carteles de minería ilegal que contratan indígenas como mano de obra barata.

Esta situación es responsabilidad directa del gobernador Liborio Guarulla como parte de la gobernabilidad del estado Amazonas que lo obliga a enfrentar con seriedad cualquier problemática en la región, cuya solución debe pasar por la elaboración de un documento o reglamento donde se tomen en cuenta las peticiones de los representantes indígenas y mineros y la forma cómo dicho reglamento debe cumplirse, exigiendo a la vez, garantizar el respeto a los derechos indígenas y solventar los problemas de la minería ilegal, cuyas reservas de oro deben convertirse en bienestar de los pueblos indígenas. Se debe atacar todo en conjunto, cumpliendo con las leyes y respetando al ambiente como heredad para hijos y nietos, que gracias a los indígenas se cuenta con el cuidado del ambiente.

Sin embargo la posición de la gobernación de Amazonas pasa por una simple oposición política al gobierno nacional, ya que también es responsabilidad directa del gobernador Liborio Guarulla el hambre que azota la población yanomami y otros grupos étnicos de la región, que según cifras de la Comisionaduría de salud, 17 casos de desnutrición ingresan por mes a la sala de pediatría del Hospital José Gregorio Hernández, sin que el gobierno regional asuma una política agrícola o de distribución de alimentos en las regiones afectadas.

Tanto el problema de la minería ilegal como el de extrema pobreza obligan a la unión de esfuerzos por parte de los gobiernos regional y nacional para atacar con urgencia el hambre que azota a los pueblos indígenas, pero más puede un inexplicable enfrentamiento estéril entre ambos grupos políticos que hacen exactamente lo mismo, rodeados de proveedores y contratistas cobrando 20 por ciento de soborno para enriquecerse ellos y sus familiares, mientras los pobres con el hambre roncando en el estómago los observan embolsillarse el dinero de todos. Aquí, la diferencia es de color de franela, roja para el pueblo pobre chavista que observa la directiva del PSUV favorecida con contratos y compras, y azul para la oposición, cuyo pueblo envidia la millonaria fortuna de Liborio Guarulla sus directores y contratistas.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
Teléfono: 04161067319
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Apropiarse de los bienes del Estado, es un delito frente a los hombres y frente al Reino de Dios, es decir, el ladrón va al infierno.

Cuando los líderes de las organizaciones políticas, diputados nacionales y regionales, ministros, gobernadores, alcaldes y directores del Gobierno Nacional se apropian del dinero de todos, cometen un delito que no tiene perdón frente a los hombres y, frente a Dios, salvo que devuelvan lo robado o anatema.

Estos líderes puestos por Dios para gobernar el país y sus regiones, se rodean de proveedores y contratistas para enriquecerse junto a sus familiares, cobrando soborno y recibiendo presentes o regalos, que es el mismo soborno de parte interesada. A través del engaño, se apropian del dinero de consejos comunales, créditos y recursos de las instituciones públicas, olvidan que Dios es real y que no puede ser burlado. Con estas prácticas que se vienen arrastrando por siempre, el país ha estado y estará bajo maldición, nada prosperará.

Otro delito frente a los hombres y  frente a Dios es la avaricia. Esta malacia del diablo obliga a amontonar riqueza a manos llenas, sin importar que el resto de los venezolanos se hundan en extrema pobreza, que el hambre azote familias y niños con mirada triste que se convierten en huesos forrados en cuero, como ahora andan yanomanis, panares, guajibos y otros grupos indígenas, además familias campesinas. Al gobernante sólo importa exhibir pomposas riquezas. No saben que el hombre no es salvo por los bienes que tenga. La riqueza malhabida es el ancho camino al infierno.

A los contratistas y proveedores cobran jugosas comisiones por las obras y compras que les adjudican. Dice La Palabra en Deut: 16:19 «no tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas ni tomes soborno: porque el soborno siega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos", es decir, pecado delante de Dios. En Ex. 23:8 «no recibirás presente; porque el presente ciegan los que ven y pervierte la palabra de los justos», es maldición delante de Cristo.

Los bienes obtenidos por soborno, son tropiezo al final de la vida. Mueren de penosas enfermedades y con sufriendo de por vida. Otros destruyen sus hogares o los hijos se hacen sus enemigos por el mismo dinero robado. Cuando mueren las riquezas van a manos de otros. Si usted cree que digo mentiras, observe como mueren los que se apropian del dinero de los más pobres y cuál es el camino de su familia.

El soborno en las instituciones públicas,es robo de dinero que pertenece a todos los venezolanos. Cuando usted señor gobernante cobra soborno o recibe presente, le está quitando el pan de la boca a miles de niños que hoy padecen desnutrición por culpa suya. Usted no tiene perdón de Dios, va al infierno, salvo que se arrepienta de sus pecados y  devuelva el dinero. No puede presentarse delante de Dios con el anatema o la maldición en las manos. Dice Ezequiel capítulo 33 verso 14 al16: Y cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido; hizo según el derecho y la justicia; vivirá ciertamente. Esto es el versículo 15 del capítulo 20 del Ex. Ley de Moisés, no hurtarás.

Usted sabe que Dios es amor, eso es verdad, pero no te perdonará el robo que hagas. Si usted no cree, siga robando, pero un día, aunque tarde, entenderá que el infierno es tan real como el alimento de cada día. Apocalipsis 20:11 al 15.

Si te han predicado y te arrepentiste sin devolver lo robado, te mintieron. Muchos predican y profetizan por hambre. Predicen bienestar y prosperidad cuando les dan de comer, cuando no les dan comida, profetizan guerra y maldición contra las autoridades.

El evangelio es gratuito, no se paga diezmo, primicia y ofrenda. Somos imitadores de Cristo. Cristo no le cobró nada a nadie. Ahora es con fe, cumpliendo con lo escrito en la Palabra de Dios. Reyna Valera, edición de 1960.

Ideas de
gobierno para ir por camino recto y alcanzar la salud ética del país.

1- Dice Cristo:!Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas y robar a los huérfanos!. ! Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitareis vosotros solos en medio de la tierra? !Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! ! Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo! Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas ni tomes soborno: porque el soborno siega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No recibirás presente; porque el presente ciega los que ven y pervierte la palabra de los justos.

2-Hasta ahora el pueblo ha visto los gobernantes comer, no ha comido. Los gobernantes tienen el deber de llenar sus corazones de justicia y voluntad por la educación. De allí que el gobierno tiene que trabajar en función de ayudar los más pobres. De la justicia hay que enamorarse. El que se enamora de la justicia, ama la verdad.

3-No se cobrará soborno ni se recibirá presente. No se complacerá avaricia. Eso es maldición. Cada quien se conformará con el salario que devengue. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido.

4-Sobre la realidad de un sistema conformado por instituciones acopladas para delinquir, se hace imperativo potenciar un Poder Judicial que juzgue por la verdad, reduzca o elimine el retardo y el adelanto procesal y la torsión de la justicia, para limpiar el Poder Judicial inspeccionando Fiscalía, tribunales y Controlaría General, y así, destituir todo funcionario implicado en situaciones irregulares. Posteriormente dotar esas instituciones con las herramientas necesarias para emprender una eficaz lucha contra la corrupción dentro y fuera del Poder Judicial. Esta propuesta se logra abriendo página en internet y publicándola en los medios de comunicación para que los ciudadanos del país hagan contraloría social denunciando con pruebas en mano las tribus judiciales y la corrupción dentro y fuera del Poder Judicial, y dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Se constituirá un equipo de abogados que dé  respuestas a las denuncias en todo el país. Actuando de esta manera se garantizará la recuperación y el fortalecimiento del Poder Judicial, cuerpos de seguridad y la independencia de los poderes.

5-Se incorporarán todas las universidades a la planificación nacional, y al desarrollo científico y tecnológico del país.

6-Se masificará el uso de los recursos incorporando el país, a la planificación y manejo del presupuesto nacional, afianzando el proyecto de las asambleas de barrios. Abrir página en internet difundida en los medios de comunicación social,  para que el país conozca el tamaño y la distribución del presupuesto, e incorporen sus propuestas al presupuesto para el enriquecimiento de la planificación anual del gobierno.

7-Se mejorará la integración con Cuba en todas las áreas de desarrollo. Dotar al grupo de cubanos de mejores herramientas, y de voz para la luchar contra la corrupción. Impulsar el desarrollo agrícola, médico y de otras áreas sociales con participación de profesionales de ambos paises.

8 Venezuela no puede ser enemigo de ningún país, pero no puede confiar en potencias mundiales, sean evangélicos o no, porque son traidores.

9-Basados en información técnica recolectada en barrios y sectores agrícolas, emprender un crecimiento económico desde abajo financiando familias de sectores empobrecidos y campesinas que vengan impulsando sus proyectos económicos para el desarrollo sostenible de la microeconomía familiar. Así como contribuir con el crecimiento de las empresas pequeñas del sector rural y urbano.

10-Cada beneficiario de créditos hará la actividad económica que sepa hacer.

11-Se controlará las compras a dependencias oficiales sujetadas con precios de venta al público.

12-Se buscará el mecanismo jurídico para eliminar las figuras de contratistas en ministerios, gobernaciones, alcaldías e instituciones del estado, y sustituirlos por los desempleados de los sitios donde se ejecutan las obras por vía de Administración Directa. Se hará justicia con los trabajadores del sector construcción eliminando las tabulaciones regionales que pagan salarios por debajo de la tabulación nacional y se cancelará conforme a lo establecido en la tabulación nacional.

13-Se creará premios nacionales con página eninternet para proyectos de investigación científicos. Contratos para el financiamiento y desarrollo empresarial de los mejores proyectos científicos.Incorporar los científicos a las universidades con atractivos salarios.

14-Se revisará y corregirán todas las leyes que intencionalmente fueron promulgadas para favorecer corrupción.

Desventaja
de contratistas y proveedores

1-Los contratistas calculan las obras con hasta trescientos y cuatrocientos por ciento de sobreprecio para pagar soborno, es decir, con una obra ejecutada por una empresa privada, el gobierno por vía de Administración Directa, construye dos obras y media por el mismo monto.

2-Cancelan los pagos a los trabajadores rigiéndose por tabulaciones regionales, que pagan muy por debajo de la tabulación nacional, aunque la obra es calculada con pagos contenidos en la tabulación nacional. Esto permite apropiarse de parte del salario y prestaciones sociales.

3-Ejecutan las obras con materiales de segunda calidad, contraviniendo normas de construcción, pese a que la obra es calculada con materiales de primera calidad. Cobran obras sin ejecutarles en complicidad con las autoridades.

4-Los mimos sobreprecios con que los contratistas calculan las obras, son aplicados por los proveedores que suministran insumos a las instituciones regionales y nacionales.

Este formato de gobierno basado en contratistas y proveedores fue propuesto por hombres llenos de avaricia para legalizar la corrupción. Ellos
por siempre justificarán este modelo de gobierno. Jamás apoyarán forma alguna de gobierno que emprenda crecimiento económico desde abajo con masificación de los recursos. Alcaldes, gobernadores, e instituciones del gobierno nacional, se rodearon de reducidos grupitos de contratistas y proveedores que inflan los precios de obras y  compras, con costos por encima del trescientos por cientos, quienes pagan veinte por ciento de
comisiones. Por esta vía se hacen ricos gobernantes, familiares y el pequeño entorno de contratistas y proveedores. Igual lo hacen los operadores políticos
de las regiones, frente a un ochenta por ciento del país pobre que mira a sus gobernantes devorar el presupuesto con el que debemos comer todos. Esto que ellos en su populismo hacen creer a los pobres que es participación popular, socialismo, democracia, revolución, chavismo o antichavismo, no es otra cosa que un engaño para complacer su propia avaricia. Es el mismo capitalismo criminal, o neoliberalismo con otro nombre.

Los únicos indicativos macroeconómicos que crecen con este modelo de economía, son: desempleo, inflación y pobreza. De no rectificar, el hambre y la
desnutrición galoparán a rienda suelta por el país.

Propuesta para gobiernos regionales y locales

Asamblea de Barrios

El  gobernante con apoyo informativo y técnico de la Asamblea de Barrios distribuirá equitativamente el presupuesto regional entre todos los sectores, y
mantendrá contacto permanente con los sectores marginales publicando número de teléfono móvil de uso particular o página en internet donde se denuncien las irregularidades administrativas.

Que es una Asamblea de Barrios

Es un órgano del poder popular conformado por voceros de todos los barrios y sectores profesionales, cooperadores con un gobierno en el que se incluyen al presupuesto regional, los sectores más empobrecidos como principio de justicia social participativa, para colectivizar el uso de los recursos que ingresan alestado por vía ordinaria y extraordinaria.

Cómo se es miembro de la Asamblea de Barrios

Cada uno de los sectores que integran la ciudad, por vía de Asamblea de Ciudadanos, con participación mínima del sesenta por ciento de sus miembros, designarán un vocero que será miembro pleno de la Asamblea de Barrios con la responsabilidad de cooperar en la discusión y distribución del presupuesto de la región, así como sujetarse a las demás funciones de dicha Asamblea.

Funciones de la Asamblea de Barrios

LaAsamblea de Barrios tiene como principal responsabilidad, participar en la distribución y control del presupuesto regional, y cooperar en la licitación
para la adquisición de equipos y materiales necesarios para el impulso de proyectos autogestionarios en los sectores populares, además proponer a la
dirección de infraestructura, las construcciones de obras en cada sector que se ejecutarán por vía de Administración Directa con los desempleados y obreros del área, y sin contratistas.  Las direcciones del poder ejecutivo regional trabajarán conjuntamente con La Asamblea de Barrios en el desarrollo económico y social del estado, así como por la aprobación de la mitad mas uno de sus miembros, tendrá el poder de remoción de los directores del Tren Ejecutivo, cuando así lo considere conveniente, para optimizar la eficacia del gobierno regional.

La Asamblea de Barrios a través de la Mesa Directiva supervisará la ejecución de proyectos autogestionarios que los sectores populares pondrán en marcha, a fin de evitar el desvío de recursos y cooperar con el crecimiento de las microempresas familiares que se constituirán a lo largo y ancho de la región.

La Asamblea de Barrios en el marco del desarrollo social integral y por auxilio de las direcciones respectivas cooperará en la ubicación y solución de los casos de pobreza extrema y reacondicionamiento de viviendas por vía de autoconstrucción y equipamiento de los centros asistenciales.

La Asamblea de Barrios en la aplicación del concepto de seguridad integral colaborará con el suministro de información de inteligencia secreta a los
cuerpos seguridad sobre transgresores de la ley a fin de prevenir delitos, además vigilará y reportará la conducta de los agentes de esos cuerpos a las
autoridades respectivas.

Asamblea
de ciudadanos

La Asamblea de Ciudadanos es el órgano más importante del poder vecinal donde los recursos asignados a la comunidad son distribuidos por sector productivo conforme a la necesidad económica de los vecinos. Esta última instancia tiene el poder distributivo, administrativo y contralor de los
recursos con que se financiarán las empresas familiares de la comunidad. La Asamblea de Barrios es un órgano auxiliar de la Asamblea de Ciudadanos.

La Asamblea de Ciudadanos por vía de su vocería hará llegar a la Asamblea de Barrios las necesidades sentidas en infraestructura y desarrollo social del
sector. Será esta instancia con sus desempleados y sin contratistas quien ejecutará las obras de infraestructura de su área de influencia.

Empresas
familiares

Son los proyectos económicos que cada cabeza de familia ponga en marcha con los demás miembros de su grupo familiar, cuyos recursos le serán asignados en Asamblea de Ciudadanos, pero dirigidos y supervisados por los organismos crediticios de la región y de la Asamblea de Barrios. El Ejecutivo regional pondrá en marcha un proyecto de comercialización para incentivar la producción y garantizar la venta de la producción regional. Los organismos crediticios se reservarán la propiedad de los bienes adquiridos por la Empresa Familiar hasta su total cancelación.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: "El Evangelio Eterno"
Teléfono: 04161067319
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Miembros de la Central Sindical FETRAMAZONAS denunciaron ante la Contraloría  del Estado Amazonas al gobernador Liborio Guarulla por el desvío de 18 millones de bolívares, decretados por el Presidente de la Republica, Nicolás Maduro, para el pago de deudas contraídas, e incremento salarial del sector educativo, durante el año 2013.

El dinero aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en Gaceta Oficial para pago de compromisos contractuales con el sector educativo, fue desviando para otros fines distintos al espíritu del decreto, sin importar el objetivo para el cual los direccionó el Presidente de la Republica.

Según el documento, el Mandatario Regional desvió el dinero para pagar uniformes,  útiles escolares y otras deudas del Ejecutivo, dejando de lado uno de los sectores fuertemente golpeado por la crisis alimentaria, en razón al bajo salario que devengan junto a otros trabajadores con los  que suman una cifra superior  a siete mil con sueldos por debajo del salario mínimo.

Uno de los sindicalistas aclaró que el dinero se utilizó en el pago de uniformes y útiles escolares, porque por esta vía los proveedores reintegran 20 por ciento en pago de sobornos.

También solicitaron a la Contraloría de Amazonas  y a las autoridades del IPASME y Seguro Social, suministrar información sobre la deuda  que la gobernación mantiene con esas instituciones, a las que adeuda la cancelación de las cuotas descontadas a los trabajadores desde el año 2.000 hasta el 2.010. Desde el año 2010 comenzó a cancelar la deuda desconociéndose el destino de los recursos descontados al personal durante los 10 años anteriores que no fueron aportados a esas instituciones. De igual manera solicitaron información sobre los recursos descontados para el pago de la Ley de Política Habitacional, cuyo paradero se desconoce.

Los sindicalistas acudirán  a la Contraloría General de la República para formular la acusación de rigor, así como audiencia con el Vicepresidente Jorge Arreaza para informarlo sobre las irregularidades en que viene incurriendo el gobernador Liborio Guarulla.

Más información. Un grupo de personas afectadas por la fuerte crisis económica que agobia a los amazonenses, invitaron a las autoridades nacionales para que corroboren las mentiras que se han venido diciendo al país, sobre  la puesta en marcha de varias plantas inauguradas en transmisión directa de Venezolana de Televisión.

Dos plantas despulpadoras de piña instaladas por Nicia Maldonado cuando se desempeñaba como Ministra de Asuntos Indígenas, cuya inauguración fue transmitida por Venezolana de Televisión y puesta en marcha una de ellas por Luis Reyes Reyes, en la comunidad de Betania de Topocho, se encuentran fueran de servicio y nunca cumplieron su objetivo.

El Centro de Acopio y procesamiento de pescado, reinaugurado por Jorge Arriaza y Nicia Maldonado con transmisión directa, bajo el propósito de  suministrar pescado para los estados Apure y Bolívar, maneja volúmenes tan pequeños, que los compradores prefieren visitar el mercado del pescado de Puerto Ayacucho,  donde venden productos desde 120 a 220 bolívares por kilogramos. En el Centro de Acopio estos productos superarían los 800 bolívares por kilogramo, en razón de que un taxi cobra 600 bolívares en ida y vuelta, por estar ubicado a unos 20 kilómetros fuera de Puerto Ayacucho, por el eje carretero norte.

Corpoamazonas, presidido por Nicia Maldonado,  recibió los recursos para la construcción de un tendido eléctrico con el que se potenciaría el servicio eléctrico con energía traída desde La Macanilla, Estado Apure, hasta la subestación de El Burro. La obra se encuentra paralizada, porque según información de los trabajadores, los recursos se agotaron, aunque el dinero llegó para la construcción de todo el tendido.

La planta compactadora de basura que se instalaría en el basurero municipal quedó en proyecto, aunque Corpoamazonas invirtió una mínima parte del total de los recursos asignados para su construcción.

El gobernador Liborio Guarulla adeuda una planta procesadora de cacao, cuyos recursos enviados por la Vicepresidencia de la Republica, fueron manejados por la institución crediticia Promoamazonas durante la gestión de la licenciada Magaly de Sayago. Se desconoce el paradero del dinero, porque la planta no existe.

Una planta de procesamiento de látex y fabricación de  sus derivados, por un monto cercano a los cinco mil millones de bolívares, solo se exhibe el aviso y un local destruido y vacío, el resto del cuento lo conoce el gobernador Guarulla.

Los cuatro mil millones de bolívares para la construcción de la Plaza Bolívar de La Esmeralda, de la que no se pegó un bloque, y la construcción de un galpón en esa misma localidad, son cuentas que debe rendir el secretario general del PSUV- Amazonas, Edgildo Palau.

De las plantas, sólo la procesadora de pescado funciona a medias, otras no existen, pero la riqueza del gobernador Guarulla y sus ejecutivos, Nicia Maldonado y los directivos del PSUV-Amazonas, cuyos recursos eran muy pobres cuando llegaron al poder, ahora son sorprendentes. Aquí todos se preguntan ¿Cómo lo hicieron?

En otra información  se conoció que los autobuses de la empresa SITSSA que cubrían las rutas del país, y con los cuales el presidente Hugo Chávez facilitaba el traslado de personas de bajos recursos a precios solidarios, hoy son parte de un cementerio de autobuses nuevos sin cauchos, motores y partes sustraídas, que se pudren arrumados en el Terminal de Oriente. Otra parte corre la misma suerte dentro de unos galpones de la Estación de Agua Salud, mientras en Amazonas el trasporte extraurbano es de pésimas condiciones. Así marcha el despilfarro en una revolución que venía siendo bonita.

Andrés García Bolívar
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La crisis alimentaria y de medicamentos que agobia las familias más pobres de la región sur del país, no ha encontrado repuesta del sector oficial, pese a que 17 jóvenes menores de 15 años, cada mes ingresan con desnutrición severa al Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, según cifras oficiales, desestimadas por pediatras y enfermeras que afirman ser mucho mayor.

En Caicara de Orinoco no es diferente la situación, allí la etnia Panare, los otros grupos indígenas y sectores campesinos que habitan en el Municipio Cedeño padece los embates de la misma escasez y los elevados sobreprecios con que se venden los productos de la cesta básica, con la salvedad, de que indígenas y campesinos no cuentan con dinero suficiente para hacer compras.

Un pediatra que exigió reservar su nombre, afirmó que desde hace varios meses en el Hospital de Puerto Ayacucho, vienen naciendo niños indígenas desnutridos, especialmente dentro de las etnias yanomamis y guajibos que son donde mayor impacto está causando la crisis alimentaria, aclarando que no todos acuden al centro asistencial, sino aquellos que logran llegar en razón a las distancias y a lo difícil de transporte.

Un grupo de enfermeras que recorrieron la región del Alto Orinoco confirmaron la desnutrición que padece la población yanomami con madres embarazadas y desnutridas y niños con desnutrición severa,  sin que aún ninguna autoridad del sector oficial se pronuncie al respecto, salvo, una investigación instruida desde la Vicepresidencia de la República, pero sin presentar solución alguna para enfrentar de manera inmediata la escasez de alimentos en el sector indígena, el más golpeado por la crisis que se derivó con la entrada en vigor de las devaluaciones decretadas por el presidente Nicolás Maduro.

Según las enfermeras, los yanomamis vienen comiendo frutas verdes como: lechosas, plátanos, topochos y otras, para mitigar el hambre que azota la población más vulnerable del país, sin recursos para adquirir los costosos alimentos que llegan a la población de La Esmeralda y San Carlos de Rio negro.

En puerto Ayacucho se acentúa la crisis en pleno casco urbano. En los sectores de San Luis y la Esperanza donde habitan familias indígenas la desnutrición da cuenta de un grupo de niños, madres y padres de familia, con muy pocos recursos para adquirir alimentos.

Otros diez sectores donde se despliega una campaña de vacunación, que también son atacados por hambre, las enfermeras suministran desparasitantes y han tenido que suspender la aplicación de vacunas porque producen fiebre, y en los ambulatorios de la Misión Cubana, farmacias y Hospital, no hay antipiréticos para atender los casos de fiebre por vacunas y brotes virales.

La distribución de medicamentos que venía haciendo con regularidad los ambulatorios de Barrio Adentro en sectores más pobres, se ha reducido tanto, que ya no se consiguen, lo que pone al descubierto la clara intención de reducir al mínimo la Misión Cubana.

En el sector Ojo de Agua funciona un ambulatorio para atender casos de pobreza extrema, pero solo distribuye medicamentos, cuando raras veces llegan.

Un representante de la Vicepresidencia de la República comprobó la situación y elevó un informe, cuya respuestas fue enviar miembros de la Coordinación Regional de Salud Indígena a la región del Alto Orinoco, pero sin atacar el problema de fondo que es la desnutrición severa en niños y adultos, y las consecuencias que la generan, entre otras, la escasez alimentaria y de medicamentos que debe ser resuelta de manera inmediata.

La merma en la distribución de medicamentos en la Misión Cubana pareciera ser parte del recorte de subsidios anunciados por el ministro Jessi Chacón, cuyas medidas pudieron haber tocado la Misión Mercal, que desapareció de barrios y comunidades indígenas.

Estas acciones de recorte de subsidios se extendieron hasta los vuelos solidarios hacia diferentes aeropuertos que realizaba la Fuerza Aérea Venezolana, trasladando personas de bajos recursos económicos, afectando con mayor fuerza a los habitantes del interior de Amazonas que trasladaban enfermos y personas que venían hacer compras más baratas a Puerto Ayacucho.

Otra de las empresas puestas en funcionamiento por el presidente Hugo Chávez para trasladar gente pobre con precios solidarios, que también desapareció, fue la empresa SITSSA, que cubría con modernas y confortables unidades las rutas del país.

Lo cierto del caso es, que todos los programas sociales que el presidente Hugo Chávez le dio a su pueblo, a lo largo de los dos años de gobierno de Nicolás Maduro, han venido sufriendo recortes y desapareciendo en el mismo tiempo en que los productos alimentarios y medicamentos han registrados incrementos de precios que superan el mil por ciento.

La desaparición de SITSSA, de los vuelos de la Fuerza Aérea Venezolana, la reducción de entrega de medicamentos por la Misión Cubana y la reducción en los alimentos de la  Misión Mercal, han tenido tanto impacto en la región, que la alta población indígena que habita la zona sur del país, está siendo atacada por una pobreza que viene desembocando en desnutrición con cifras alarmantes, pero que en nada preocupan al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al gobernador de Amazonas Liborio Guarulla, y a la presidenta de Corpoamazonas y exministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado.

En Amazonas la población ora para que el presidente no haga efectivo el aumento de la gasolina que viene anunciando desde hace varios meses, ya que esto, aunado a la alta inflación, la especulación, el recorte de subsidios y las continuas devaluaciones, además de lanzar las familias a la pobreza extrema, es la receta exigida por el FMI para firmar la Carta de Intención, que no se hará, sin que antes todos los cubanos salgan del país.

El presidente Hugo Chávez jamás habló de devaluación, porque sabía que esa medida económica favorece a los más ricos y hunde a los pobres en la extrema pobreza, sin embargo la traición siempre asechó detrás de la puerta a su espalda, esperando el momento oportuno para asestar el amargo golpe de gracia con que vino contra los venezolanos que Chávez amaba, pero no hay secreto oculto delante de Cristo, la verdad vendrá a la luz.

Aquí, no se protesta, seguiremos enterrando muertos por desnutrición, paludismo, hepatitis y violencia desatada con sicariato incorporado, pero a nivel nacional, los resultados podrían ser los mismos que obtuvo el presidente Carlos Andrés Pérez con la aplicación de las recetas del FMI y la repuesta del Caracazo.

Más información. Con identidad falsa abogado directivo de PSUV-Amazonas se adjudicó casas y dinero.

El abogado José Domingo Fassio directivo de PDV-Gas comunal, Misión Rivas y directivo PSUV-Amazonas firmó las actas de un consejo comunal paralelo para apropiarse del dinero del tendido eléctrico para el alumbrado público y de 30 casas adjudicadas al Consejo Comunal de Manuare, por el vicepresidente Jorge Arreaza.

El Consejo Comunal  Cacique Manuare fue electo legalmente con participación electoral de todos los miembros de la comunidad, pero desplazado por la directiva del PSUV-Amazonas mediante asamblea amañada, donde concurrieron pocas personas no habitantes del sector, bajo el único fin de apropiarse de sus recursos como ha ocurrido a unos trescientos concejos comunales a lo largo y ancho de Amazonas.

Domingo Fassio firmó con el número de cedula 5.400.576 como suplente del Comité de Tierra y Agricultura, cuando esta cédula de identidad corresponde a Rafael Antonio Ravelo Meza, residenciado en la Parroquia Ocumare del Tuy, Municipio Lander, del Estado Miranda, delito sancionado en el Código Penal con pena de tres a seis meses.

Con estas actas forjadas de una extraña asamblea de ciudadanos, Edgildo Palau, Secretario General del PSUV-Amazonas, Director de Misión Rivas, Director Misión Viviendas y Director PDVSA Amazonas, candidato a gobernador y derrotado en par de oportunidades por Liborio Guarulla, propietario de apartamento en Los Teques y quintas en Maracay y Mérida, se adjudicó una casa del consejo comunal de Manuare, destinadas a familia indígenas pobres.

De igual manera su esposa, Delkis Bastidas, electa diputada regional en par de oportunidades oculta en la lista, y miembro de la directiva del PSUV-Amazonas, candidata a la Alcaldía de Atures y derrotada por Adriana González, se adjudicó otra vivienda.

En estas actas plagadas de irregularidades aparece la señora Lismar Mayerling Vida Torres, firmando como miembro de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal paralelo con el segundo nombre y primer apellido, a la vez,  suscribe la Unidad de Contraloría Social con su primer nombre y primer apellidado y con el mismo número de cedula con que firma en ambas unidades.

Con la cédula de identidad número 27.489.446 la señora María Antonella Gámez firmó como asistente a la Asamblea General donde se eligió la directiva que preside como vocera, la Dra. Aurora Gámez, cuando esta cédula de identidad no corresponde a ninguna persona.

Yesmar Padamo, aparece firmando el acta con el número de cedula 18.243.421 y en esa misma acta, aparece firmando con el nombre de María Carrasquel, pero con su verdadero número de cedula 18.835.713.

Todas estas irregularidades son partes de un voluminoso expediente conque Marta de Rivas y Nedda León, miembros del Consejo Comunal de Manuare, acusaron en la Fiscalía General de la Republica a la directiva regional del PSUV-Amazonas, cuya tramitación adelanta la Fiscal Sexta del Estado de Amazonas, Carmen Zulayma García, por instrucciones del doctor Luis Abelardo Velásquez, Director Contra la Corrupción del Ministerio Público. 

Andrés García Bolívar
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17 personas menores de 15 años, entre jóvenes y niños, ingresan al Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, presentando severos casos de desnutrición, según los registros del mismo Hospital, donde médicos y enfermeras, mostraron su inconformidad con las cifras, porque según ellos, allí diariamente llegan casos tan graves algunos, que convulsionan muriendo horas más tardes.  

Las estadísticas llegaron a las manos de un importante ejecutivo de la Vicepresidencia de la República que llegó aquí con bajo perfil y reservando su identidad para evitar tropiezos en las investigaciones que adelanta, y así, corroborar las informaciones publicadas en este blog, cuya veracidad fue puesta a la luz por los habitantes de las comunidades indígenas.

El alto representante del gobierno observó la pobreza en que viven los indígenas y escuchó en boca de los capitanes las trabas establecidas por Fundacomunal-Amazonas para negar la venta de alimentos del gobierno nacional a las comunidades, bajo el argumento de una supuesta orden del presidente Nicolás Maduro de llevar el programa, sólo a comunidades con pobreza extrema, versión negada por el comisionado.

Además le demostraron con documentos en manos la designación de consejos comunales paralelos impuestos por la directiva del PSUV-Amazonas para apropiarse del dinero asignado a las comunidades. Señalaron como responsable de cambiar la directiva que eligen en asambleas, al abogado José Domingo Fassio y a la directora de la Taquilla Única de Fundacomunal.

José Domingo Fassio es directivo de DPV-GAS Comunal, Misión Rivas, directivo del PSUV-Amazonas y funge como padrino político del eje carretero sur. Fue señalado como brazo ejecutor de las irregularidades y delitos que se cometen contra los consejos comunales con el visto bueno de los miembros de Fundacomunal y las Comunas para hacer continuos viajes hacia comunidades colindante con Puerto Ayacucho y municipios del interior bajo el engaño de ayudar a los indígenas para la liberación de recursos represados en cuentas bancarias del gobierno nacional o los financiamientos.

Los miembros de los consejos comunales indígenas en su inocencia, firman las autorizaciones y caen en la artimaña con las que les arrancan los contratos y compras que son inmediatamente asignados a un abogado amigo suyo para apropiarse de los recursos sin que se enteren las comunidades, donde el hambre viene dando cuenta de niños y adultos, que en centenares de casos, jamás ven las obras o las compras aprobadas.

Sumaron la negativa de Fondas a financiar pequeños proyectos agrícolas cuyas cosechas se han perdido por no contar con el transporte oportuno para trasladar los productos hasta los mercados de Puerto Ayacucho.

Sobre los recursos de Agro Venezuela dijeron que los créditos fueron entregados a personas que no habitan en las comunidades y que en casi todos los casos, los beneficiarios reintegraron hasta la mitad del financiamiento a directivos de las instituciones como pago de soborno bajo la oferta de no cancelar la deuda.

Refirieron también el traslado de alimentos hacia Colombia en vehículos de la Guardia Nacional. Según los indígenas, en días pasados cerraron la carretera que conduce a la comunidad de Albarical para descargar una gándola de alimentos de Mercal que fue vendida a empresarios colombianos.

Revelaron que cuando los pobladores hicieron pública la denuncia, varios efectivos tomaron venganza contra los habitantes de Albarical arremetiendo a plomo para amedrentarlos, justificando la acción como enfrentamiento contra grupos ilegales.

Plantearon las escasez de combustible que padecen las comunidades cercanas a quienes les imposibilitan la compra de gasolina para motosierras, cigüeñas de rallar yuca y pequeñas plantas eléctricas donde no llega el alumbrado público. El impedimento se hace con el propósito de evitar el contrabando de combustible hacia Colombia, pero grandes volúmenes son trasportados hacia los pueblos del interior y dos terceras partes vendidas a empresarios del vecino país, dejando las comunidades a la merced de enfermedades, escasez alimentaria y sin posibilidad de trasladar enfermos.

El responsable aquí de la venta de combustibles es el geógrafo Diógenes Edgildo Palau, director de la Misión Rivas, Director PDVSA-Amazonas, Director de la Misión Vivienda, Secretario general del PSUV-Amazonas y candidato a la gobernación derrotado en par de oportunidades por Liborio Guarulla, quien según la denuncia de otros miembros de un Consejo Comunal, gira instrucciones para cometer irregularidades administrativas en las instituciones públicas y consejos comunales.

Como respuesta, el enviado de la Vicepresidencia propuso la visita de autoridades oficiales para facilitar la adquisición de insumos y emprender un proyecto de desarrollo agrícola, iniciando los trabajos con los recursos que se tienen a la mano. Además se comprometió en elevar las denuncias hasta el vicepresidente Jorge Arreaza quien dará repuesta política para poner fin a las continuas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

El comisionado visitará otras comunidades y en pocos días recorrerá municipios del interior de Amazonas donde las condiciones de alimentación son peores, en razón a las dificultades del transporte y a los pocos recursos que llegan, aunado a la desbordante corrupción administrativa  cometidas por autoridades nacionales y regionales.

Es importante destacar que todo ocurre a escasos metros de los despachos de los empresarios indígenas Liborio Guarulla gobernador de Amazonas, y Nicia Maldonado presidenta de Corpoamazonas y exministra de Asuntos Indígenas, quienes no visitan estas comunidades. Ambos representantes del Consejo Indígena de Venezuela CONIVE, por tanto “luchadores” por los derechos de los pueblos indígenas, pero las ocupaciones en el crecimiento económico de sus empresas, les consume hasta el tiempo que deben sacar para atender la desnutrición infantil y el hambre que azota las comunidades, por donde ellos alcanzaron el poder después de ser personajes tan pobres como los hoy habitantes de esas comunidades.

Más  información: El doctor José Alejandro García, médico adscrito al IPASME de Caicara de Orinoco dijo que la situación de alimentación es crítica en el pueblo Panare, en razón al abandono en que se encuentran las comunidades asentadas en ambas márgenes de la vía a las minas del Guaniamo, por las riberas del Río Suapure y en el sector de Colorado, próximo a Los Pijiguaos.

Contó que a la comunidad de Santa Fe no llegan las bondades de los gobiernos nacional y regional, aunque la desnutrición avanza con crecimiento alarmante sin respuesta de los entes oficiales.

Reveló que el capitán de la referida comunidad, Joaquín Brito, murió dentro de un chinchorro abandonado al pie de un árbol de mango en la Comunidad de Cerro Frio, en Caicara de Orinoco, hasta donde lo enviaron médicos del Hospital Arnoldo José Gabaldón, pese al avanzado cuadro de hepatitis.

Según el diagnóstico, la defunción llegó por hepatomegalia y tinte ictérico en piel y mucosa lo que deja claro el maltrato de que son victima los grupos indígenas en los entes oficiales.

Añadió que a esas comunidades no llegan los alimentos de Mercal, afectando también a la población campesina dispersa en toda el área del municipio.

Denunció que los alimentos de Mercal que llegan a Caicara, los revendedores venden los productos en los barrios con elevados sobreprecios.

En la comunidad colonial, de la etnia Piapoco, por el Río Caura, no llegan los alimentos de Mercal, pero si los envían para ser vendidos en las minas auríferas que operan en El Alto Caura.

San Félix. Un grupo de unas 50 familias Guaraos viven en ranchos de bolsas plásticas y zinc viejo frente al terminal de San Félix, provenientes de comunidades asentadas en el Delta del Orinoco. El abandono a sus comunidades de origen responde al hambre que azota la región.

Los indígenas migran en búsqueda de mejor forma de vida, pero allí son víctimas de violaciones a niñas menores, madres y hasta las ancianas, enfermedades de transmisión sexual, pobreza agobiante, parasitosis, anemia y como consecuencia de la transculturización, los hombres se convierten en borrachitos.

El año pasado el chavista alcalde del municipio Caroní, por la fuerza, regresó las familias a sus comunidades sin resolver el problema de escasez alimentaria y desempleo, en menor proporción el equipamiento para los trabajos agrícolas. Los indígenas regresaron al lugar con sus penurias encima.

Señor alcalde, estos venezolanos son tan dueños de la renta petrolera como usted, tienen el mismo derecho a participar del presupuesto que usted distribuye entre su pequeño grupito de contratistas y proveedores. Ellos nada saben de eso, como tampoco pagan el 20 por ciento que reintegran en soborno los contratistas. Ministros, gobernadores, alcaldes y directores regionales de las instituciones del gobierno nacional se enriquecen junto a sus familiares cobrando 20 por ciento a contratistas y proveedores, mientras el pueblo pobre ve a sus gobernantes comer. Cristo dijo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Tóquese el lado humano de su corazón, si es de piedra como el de Liborio y Nicia Maldonado, hágalo de carne y auxilie estas familias.

Entérese que la elite del CONIVE, los que están obligados a atender estas familias, se distrae repartiéndose compras y contratos que llegan vía ministerio de Asuntos Indígenas. En nada preocupa el hambre que azota las comunidades.

Andrés García Bolívar
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La directiva en pleno del PSUV Amazonas designó un Consejo Comunal paralelo con personas llevadas de otros sectores de la ciudad, para sustituir la directiva electa por los habitantes de la comunidad de Manuare con el propósito de apropiarse de los recursos asignados para la construcción de treinta viviendas y un tendido eléctrico.
Con pruebas en mano el electo presidente del Consejo Comunal de Manuare, señor Boris Mirabal denunció ante la Fiscalía General de la Republica las irregularidades cometidas por esta directiva, que con firmas falsas y otras planas, eligió un Consejo Comunal paralelo, violando los derechos de personas que llevan entre 20 y 30 años habitando en ese lugar, y que además son altamente conocidos por los pobladores de Puerto Ayacucho, debido a las excelentes relaciones que mantienen.
Los representantes del Ministerio de las Comunas propiciaron y avalaron la constitución del Consejo Comunal paralelo con personas ajenas al sector, violando los derechos a ciudadanos para permitir por esta vía, apropiarse de los recursos asignados para la construcción de 30 viviendas. Las mismas fueron reasignadas sin importar que los habitantes en asamblea general y con presencia del coordinador de las viviendas señor Albert Jiménez, las adjudicaran a sus legítimos dueños, cuyo proyecto fue aprobado y entregado en acto público por el Vicepresidente Jorge Arreaza.
En lo que va de año esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones por los medios de comunicación de Amazonas, porque estas personas se asignaron parte de las casas aun siendo propietarios de lujosas quintas en Puerto Ayacucho y otras ciudades del país, adquiridas al fragor de la lucha revolucionaria.
Entre los denunciados se mencionan al geógrafo Diógenes Edgildo Palau, director de la Misión Rivas, Director PDVSA-Amazonas, Director de la Misión Vivienda, Secretario general del PSUV-Amazonas y candidato en par de oportunidades a gobernador, quien según la denuncia, gira instrucciones para cometer irregularidades administrativas en las instituciones públicas y consejos comunales.
Lo sindican de modificar la data de Fundacomunal en su casa en compañía de contratistas para quitarle el financiamiento asignado a los consejos comunales o cambiar los voceros sin consultar las comunidades con el único fin de apropiarse de los recursos.
También denunciaron a la ingeniero Delkis Bastidas, esposa de Edgildo Palau, Diputada Regional, miembro directivo del PSUV-Amazonas y candidata  a la Alcaldía de Atures, por presionar a las instituciones regionales para cometer este tipo de delitos, además, en compañía del abogado José Domingo Fassio directivo de DPV-GAS Comunal, Misión Rivas, directivo del PSUV-Amazonas, quien funge como padrino político del eje carretero sur, son señalados como brazo ejecutores de todas las irregularidades y delitos que se cometen contra los consejos comunales, con el visto bueno de los miembros de Fundacomunal y las Comunas, para hacer continuos viajes hacia los municipios indígenas del interior bajo el engaño de ayudar a las comunidades indígenas para la liberación de recursos represados en cuentas bancarias del gobierno nacional o los financiamientos. Regresan con las autorizaciones firmadas por los miembros de esos consejos comunales, quienes en su inocencia caen en esta artimaña en la que les arrancan de las manos los contratos y compras que son inmediatamente asignados a un abogado amigo de Fassio, quienes al final de cuentas, se apropian de los recursos sin que se enteren las comunidades indígenas donde el hambre a paso de vencedores azota a niños y adultos, que en centenares de casos, jamás ven las obras o las compras aprobadas.
Otro de los señalados en el documento cuya copia enviaron al Vicepresidente Jorge Arreaza, es el abogado Sergio Solórzano Bastidas, primo hermano de la diputada Delkis Bastidas, director de la Defensa Publica, y concubino de la señora María Aurora Gámez Cañizales, vocera del consejo comunal paralelo, quienes no viven en la comunidad. Según el documento, Solórzano participó en el desvío de las 30 viviendas y realizó las falsificaciones que presenta el acta constitutiva del Consejo Comunal y de la Comisión Electoral, también utilizó los vehículos de la Defensa Pública para cargar gente de otra partes de la ciudad y hacerlas pasar como habitante de la comunidad de Manuare, cayendo en el delito de Peculado de Uso, cuya denuncia elevaron ante la Presidencia de la Defensa Publica en Caracas, sin obtener respuesta alguna.
En la denuncia se anexa el documento mediante el cual el Vicepresidente Jorge Arreaza entregó las viviendas, así como la aprobación del alumbrado público y residencial que no fue ejecutado según lo estipulado en el proyecto inicial, ya que desviaron parte de los materiales para parcelas distantes de la comunidad, dejando el sector sin alumbrado público.
Acusan además al geógrafo Edgildo Palau de apropiarse por intermedio de contratistas, del financiamiento para el agua potable. También se apropiaron de los recursos para el financiamiento agrícola, aunque la comunidad hizo los cursos y prácticas de campo, pero el Fondas asignó los recursos a otras personas por recomendación del ingeniero Antonio Graterol, también miembro del PSUV-Amazonas.
El denunciante en su documento revela casos similares ocurridos en la Comunidad de Gavilán, Sector Culebra, la Unión, la Reforma y Comunidad la Esperanza.
Estas denuncias son soportadas con un informe ordenado por Fundacomunal Nacional y realizado por las abogadas María Moya y Edda Mariana Gaspar de la Contraloría de Fundacomunal Nacional.
En el documento mencionan a Rubén Montoya, para ese momento Director del INTI, directivo del PSUV-Amazonas, padrino político del Eje Carretero Sur vía Gavilán, de utilizar los tractores del INTI en su parcela y no brindarle apoyo a la comunidad alegando que no es política de la institución. Dice Boris Mirabal que a él y a otras personas de la comunidad les vendía el fertilizante que el gobierno mandaba a la institución a un precio de 500 y 600 bolívares por saco, producto que Agro Patria vende a 30 bolívares por unidad.
El doctor Luis Abelardo Velásquez. Director Contra la Corrupción del Ministerio Público en comunicación con fecha 8 de octubre del 2013, informó a las señoras Marta de Rivas y Nedda León, miembros del Consejo Comunal de la Comunidad de Manuare, que la documentación entregada en su despacho, fue remitida para los trámites correspondientes a las Fiscalías del Ministerio Público Decima a Nivel Nacional con Competencia Plena, a cargo del abogado Richard Monasterio y Sexta del estado Amazonas, a cargo de la abogada Carmen Zulayma García.
Otras de las pruebas aportadas a la denuncia es la entrega de cien sacos de cemento para la fabricación de 60.000 bloques con los que se construiría las viviendas, cuya primera entrega sería dos meses después de la firma del convenio suscrito a principios del 2013, y a aún no han llegado.
Los miembros de esta directiva del PSUV fueron directores del gobierno de Liborio Guarulla y destituidos por estar incursos en irregularidades administrativas. El hecho fue públicamente conocido y es la razón por la cual el PSUV-Amazonas ha perdido todos los procesos electorales regionales. Liborio ha ganado los procesos con victorias contundentes y aplastantes.
Este mismo grupo se vistió de rojo rojito y se reunió recientemente en Puerto Ordaz con Diosdado Cabello, a fin de emprender una minuciosa y férrea lucha contra la corrupción, cuando a los primeros que hay que investigar son a ellos mismos, junto a Nicia Maldonado y Liborio Guarulla por apropiarse de los recursos de los indígenas.
Un Panare murió en Caicara de Orinoco abandonado al pie de un árbol de mango y en Puerto Samariapo la hepatitis mató una señora, porque el Ministerio de Asuntos Indígenas y las autoridades sanitarias de Bolívar y Amazonas están dirigidas por revolucionarios como los del PSUV- Amazonas.
Diosdado anunció emprender guerra dura contra la corrupción, pero encargando a los mismos que se apropian del dinero de los indígenas, será muy poco lo que haga.

Andrés García Bolívar
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La etnia indígena Panare, que ancestralmente ha poblado el Municipio Cedeño, del Estado Bolívar, es hoy junto a Yanomamis y Guajibos los grupos más afectados por la escasez alimentaria y de medicamentos que azota la región sur del país.

Miembros de las etnias Panares y Guajibos con frecuencia son observados en avenidas y centros de ciudades pidiendo limosnas o recolectando basura para alimentarse, sin embargo es alarmante el abandono a sus comunidades de origen como consecuencia de la hambruna que azota a estos venezolanos, tan dueños de la renta petrolera como los mismos ejecutivos de PDVSA.

Las concentraciones de indígenas en los basureros de Caicara de Orinoco, Morichalito y Puerto Ayacucho se vienen ensanchando, casi en la misma proporción en que las autoridades regionales incrementan sus riquezas.

El presidente Chávez, que amaba los grupos indígenas, creó el ministerio de Asuntos Indígenas para dar respuesta a las necesidades de las etnias, pero la elite perteneciente a la organizaciones indígenas creadas por la Iglesia Católica, CONIVE y ORPIA, se han enriquecido con los recursos asignados a ese ministerio y contrariamente los indicadores de pobreza en las comunidades se elevaron.

Como ejemplo de lo expuesto, se tiene a los empresarios indígenas Liborio Guarulla Garrido gobernador de Amazonas y  la exministra de Asuntos Indígenas Nicia Maldonado, presidenta de Corpoamazonas, ambos miembros de las organizaciones ORPIA y CONIVE, cuyos trabajos en función de sus empresas en varias ciudades del país, los mantiene alejados de la amarga crisis que padece el sector indígena.

Parasitosis, anemia, tuberculosis, diarreas y desnutrición infantil vienen diezmando los grupos sin que las organizaciones que se rasgan las vestidura para acelerar la entrega de recursos del sector, se lleguen a las comunidades de Perro de Agua, santa Inés, riberas del Río Cuchivero, Colorado y la cercanías de la población de Morichalito para cubrir las carencias de estos grupos.  

El doctor José Alejandro García, médico adscrito al IPASME, que por siempre ha venido asistiendo a los indígenas en sus comunidades, reveló que el Hospital de Caicara de Orinoco cuenta con seis camas en pediatría, insuficientes para atender las emergencias que se vienen presentando, aunado a la carencia de medicinas y material médico quirúrgico.

Los pacientes son obligados a comprar los insumos para las intervenciones quirúrgicas porque las dotaciones, que pocas veces llegan, no cubren la demanda. 

Las casas de alimentación puestas en funcionamiento por la administración de Hugo Chávez para alimentar niños de comunidades y barrios empobrecidos desaparecieron del municipio, los productos del Mercal son vendidos al mismo precio de los comerciales en casas de familias, porque las autoridades responsables venden los alimentos a revendedores.  El programa de alimentación escolar dura tan poco que la deserción va en aumento como consecuencia de la apropiación de recursos por parte de los proveedores.

La Alcaldía del Municipio Cedeño no tiene previsto poner en marcha programas tendentes a aliviar la crisis alimentaria en los grupos indígenas, como tampoco las autoridades regionales.

A todas luces pareciera que solo a los Panares preocupa su situación de extrema pobreza que se viene acentuando en todo el municipio, cuya mayor cantidad de habitantes se encuentran dispersos en pequeños pueblos y comunidades campesinas de donde desaparecieron los beneficios que el presidente Chávez entregaba a estas comunidades, vías misiones sociales.

La desaparición de las casas de alimentación y Mercal de barrios y comunidades campesinas pareciera ser parte del efecto de los recortes de subsidios a programas sociales anunciados por el ministro Jessi Chacón, que aunado las continuas devaluaciones decretadas por el presidente Nicolás Maduro, vienen causando estragos en los grupos más vulnerables.

De darse el anunciado incremento en el precio de la gasolina, el transporte de alimentarios, medicamentos y vestidos será más costoso, los precios sufrirán el efecto murciélago, costos pegados del techo, y estos grupos no protestarán, pero se incrementarán los casos de desnutrición infantil y de adultos.

En Amazonas Yanomamis y Guajibos sufren los rigores de la escasez alimentaria con mayor impacto en la población infantil donde la desnutrición ya ha matado decenas de niños.

Mayor es aún la crisis alimentaria en las comunidades del interior imposibilitados de movilizar sus familiares a los centros de Puerto Ayacucho, en razón a la ausencia de transporte acuático para trasladarse desde pueblos tan lejanos como: Maroa, Rio Negro, La Esmeralda y San Juan de Manapiare, cabeceras de municipio con su respectivas alcaldías que muy poco hacen por esos pueblos.

La otra vía de trasporte es aéreo, pero los boletos tienen costo promedio de dos mil bolívares y las familias en el interior de Amazonas su economía está sustentada por pequeños huertos o conucos que producen muy por debajo del salario mínimo.

La esperanza de que el gobernador Guarulla, o la exministro Maldonado pongan en funcionamiento transporte solidario parece remota. Guarulla ha concentrado su atención en Los Juegos del Poder en el que mantiene distraído quince mil trabajadores para evitar protestas por incremento salarial. Estos trabajadores devengan salarios desde 1.200 hasta 2.400 mensuales, muy por debajo del salario mínimo que en este país es de 4200 bolívares. Además son obligados a asistir a los juegos por unos directores que llevan en manos las nóminas para chequear la asistencia. Los juegos representan más gastos para estas empobrecidas familias, que le cambiaron el nombre a Los Juegos del Poder y ahora los llaman Los Juegos del Hambre o una versión degradada de un emperador Romano dando pan y circo al pueblo, como también lo hará con las fiesta de Puerto Ayacucho, la alcaldesa Adriana González trayendo al cantante Oscar de León por un costo de 1.600 bolívares, mientras la sala de pediatría del Hospital José Gregorio Hernández, está repleta de niños con desnutrición infantil, para los que no desembolsa ningún tipo de ayuda. Para los Tucanes, sustrajo del erario del municipio 250 mil bolívares.

Por su parte la exministro Maldonado gestiona diligencias para gastar en su totalidad, los 800 millones de bolívares enviado por el presidente Maduro para asfaltado de calle, aunque muy poca información se maneja sobre unos cuatrocientos millones que aquí llegaron con el mismo fin, pues una empresa asfaltó unos dos kilómetros con un trabajo de pésima calidad, pero del resto, nada se habla.

La situación de salud viene siendo enfrentada por la mística de trabajo de la Misión Cubana, que pareciera ser tocada también por el anuncio del ministro Jessi Chacón, al recortársele tanto los insumos, que muy pocos medicamentos se consiguen en los ambulatorios de barrios y comunidades del interior.

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Los máximos líderes indígenas del Consejo Indígena de Venezuela CONIVE en Amazonas, Liborio Guarulla y Nicia Maldonado mantienen una guerra verbal a través de los medios de comunicación de la región, en la que ventilan los bienes que uno y otro mantienen ocultos en diferentes ciudades del país.

La exministra de Asuntos Indígenas, Nicia Maldonado, máxima dirigente del PSUV en la región, es acusada de ser propietaria de dos camionetas del tipo Hommer, lujosas casas, cuentas millonarias y otros bienes en el país que en los próximos días un grupo de indígenas de su misma etnia revelarán.

Ha recibido dos desembolsos nacionales para el asfaltado de calles, sin embargo el deterioro de las vías sigue, y ya una empresa contratista de PDVSA que vació unos dos kilómetros de asfalto, cargó con una millonaria suma y el trabajo quedó pésimo e inconcluso.

800 millones más comenzaron a ejecutar con una empresa de las contratistas del opositor gobernador Henry Falcón, cuyo dinero tomará la misma ruta del anterior.

En la institución Corpoamnazonas, que ella preside, para indígenas necesitados ofertan ayudas de cinco mil bolívares, pero cuatro se quedan en las manos de un importante ejecutivo.

Por su parte Liborio Guarulla es propietario del Hotel Isla Mar y varios apartamentos en la Isla de Margarita. Varias casas, una residencia y una finca ganadera en San Elena de Uairén. Dos apartamentos en Caracas, un hotel en San Fernando de Apure, unas quince quintas y dos edificios en Puerto Ayacucho.

Estos exitosos empresarios que llegaron al poder agarrados de la mano del desaparecido presidente Hugo Chávez Frías, eran personas pobres al momento de asumir sus cargos.

Las acusaciones llegan hasta la septuagenaria Judith Campos de Guarulla, esposa del gobernador y propietaria del equipo de futbol Tucanes de Amazonas, cuyos recursos obtiene a través de la fundación privada “sin fines de lucro” Tucanes de Amazonas, hacia donde desvía recursos de diferentes partidas del presupuesto regional.

La primera dama acabó con el trabajo que en la población infantil venía realizando la Fundación del Niño, que ahora se llama Fundaihiru. Las donaciones para traslado de niños con leucemia hacia otros centros hospitalarios del país, dejó de darse, así como ayuda a madres de familias embarazadas y enfermas.

Salpican también los señalamientos a la alcaldesa del Municipio Atures Adriana González, quien sustrajo 250 mil bolívares del situado municipal para la fundación Tucanes de Amazonas, así como dispondrá de 1.600.000 bolívares para la contratación del cantante Oscar de León quien actuará durante las ferias de Puerto Ayacucho, que para los pobladores debería llamarse las ferias del hambre en razón al desabastecimiento de medicinas y alimento.

Adriana González, que por varios años se desempeñó como secretaria ejecutiva de Liborio Guarulla, fue favorecida con la construcción de una cancha techada en una escuela de su propiedad. De igual manera un hermano suyo, miembro de la directiva de una empresa proveedora, fue favorecido con la compra de una planta eléctrica para la población de San Fernando de Atabapo por un monto de dos mil millones de bolívares, cuyas mangueras estallaron en chorros de aguas por todas partes al ponerse en funcionamiento, porque se trataba de una maquina vieja.

Funcionarios de mediano rango cobran 20 por ciento a jubilados para entregarle el pago de sus prestaciones sociales, quien no pague, no cobra.

El programa alimentario escolar de la gobernación, es otro negocio aparte con proveedores que también pagan 20 por ciento a ejecutivos del programa.

Todo esto ocurre con líderes indígena del CONIVE, supuestos luchadores de los pueblos indígenas, en una región donde el hambre azota fuertemente las comunidades indígenas, sectores campesinos pobres y los niños Guajibos y Yanomamis  mueren por desnutrición severa en una atiborrada sala de pediatría carente de insumos y camas para atender una demanda que cada semana va en aumento.

Los docentes, en su mayoría indígenas, recientemente marcharon en demanda del pago de sus reivindicaciones salariales y deudas contraídas desde el año 2010. Unos doce mil trabajadores de la gobernación de Amazonas devengan salarios que van desde 1.200 hasta 2.400 bolívares mensuales, por debajo del salario mínimo que aquí es de 4200 bolívares.

El costo de una camisa de mala calidad es de mil bolívares. Al medir por allí, los trabajadores por un mes de trabajo reciben una camisa, y otros dos.

La situación no es diferente para la desempleada militancia del PSUV que observa su dirigencia amasar fortuna, mientras ellos agobiados por carencias de alimentos, medicamentos y recursos para adquirir uniformes y útiles escolares, se conforman con ver los gobernantes comer.

El dinero de los consejos comunales lo manejan la directiva del PSUV a través de un abogado que asigna los contratistas y cargan con buena parte de los recursos, dejando obras inconclusas y otras, no las ejecutan pero se llevan los reales.

El dinero para agricultura que llegó vía Fondas, o misión Agro Venezuela, sencillamente fue entregado en créditos a operadores políticos y personas que reintegraban el cincuenta por ciento del crédito bajo la promesa de no cancelar la deuda.

Los directivos y ejecutivos de la gobernación devengan salarios por encima de los 21 mil bolívares mensuales, además de ser beneficiados con compras y contratos para incrementar su envidiable fortuna. Así mismo lo hacen los directores y ejecutivos del gobierno nacional, o líderes del chavismo que aquí, casi todos fueron destituidos por encontrarse incursos en irregularidades administrativas cuando trabajan como directores del gobierno, de Liborio Guarulla.

Esta situación es altamente conocida por los amazonenses y es la razón por la cual el PSUV aquí ha perdido todos los procesos electorales regionales con Guarulla.

La población opositora o chavista soporta los embates de una economía que comenzó a desplomarse, una vez que el presidente Nicolás Maduro emitió su primer decreto de devaluación de moneda, y que de seguro, a él, sus ministros y ejecutivos no los afectará.

Hugo Chávez jamás habló de devaluación porque conocía perfectamente que esta medida económica únicamente sirve para favorecer a los ricos y lanza a los pobres al abismo de la extrema pobreza.

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Un grupo de enfermeras adscritas al Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho confirmaron a quien escribe, la grave crisis alimentaria que afecta los grupos indígenas con mayor impacto en la población infantil.

Revelaron que diariamente ingresan niños con desnutrición severa a la sala de pediatría, provenientes de las comunidades cercanas a la ciudad, con desnutrición tan aguda, que en varios casos han convulsionado dos horas después de ser ingresados, muriendo al instante.

La dirección del Hospital, la Comisionaduría de Salud de Amazonas y la Coordinación de Salud Indígena conocen perfectamente la situación, pero ocultan las estadísticas, dijeron las enfermeras que responsabilizan del hambre en el sector, al ministerio de Asuntos Indígenas, Gobernación de Amazonas y alcaldías por soslayar la crisis alimentaria que se ha acentuado en lo que va de año.

Sospechan que mayor gravedad debe estarse registrando en el interior del estado donde los alimentos son más costosos, el desempleo desbordante, PDVAL y Mercal llegan muy raras veces y los alimentos para las escuelas, que deben llegar por vía del programa escolar, no está llegando en cantidad suficiente para enfrentar la crisis debido a los elevados sobreprecios de los proveedores y en otros casos, el dinero sale de la Zona Educativa, pero los alimentos no llegan a escuelas que funcionan en comunidades indígenas muy distantes de Puerto Ayacucho.

Alertaron a las autoridades nacionales del Ministerio de Sanidad para que constaten la realidad de los hechos en el propio centro de salud con el propósito de evitar lo que puede convertirse en una hambruna con centenares de muertes en el sector indígena y barrios pobres de Puerto Ayacucho.

La entrada en funcionamiento del Programa Alimentario Escolar aumenta la asistencia de niños pobres a la escuela, pero apenas cubre unos veinte días de cada trimestre, porque los proveedores inflan los precios para obtener mayor ganancia. Cuando el programa culmina se incrementa la deserción escolar. Los niños pobres de las barriadas, en su mayoría indígenas, asisten más por hambre que por las enseñanzas.

Por su parte el enfermero Luis Otilo Luna, indígena de la etnia Baré, hizo recomendaciones oportunas sobre reparaciones y ampliaciones necesarias en el sistema de salud para evitar el franco deterioro de los centros asistenciales, que ha venido observando con preocupación, tras el crecimiento acelerado de la población y el aumento en la demanda del servicio de salud, frente al único hospital de Puerto Ayacucho, al que menos le incrementan los recursos y más la ola de pacientes cada fin de semana.

La población desbordó los requerimientos. Las autoridades sanitarias de la región y del país, resolvieron con elevar el centro asistencial a medicatura tipo tres, con el propósito de buscar especialistas en las diversas áreas de la salud, pero estos nunca llegaron. Las necesidades se incrementaron y el colapso llegó sin que aún se hayan percatado las autoridades regionales, reveló el enfermero, licenciado en enfermería de la Universidad Central de Venezuela, con postgrado en Administración de Servicio, y otro en Docencia Universitaria, en la Universidad Rómulo Gallegos, en San Juan de los Morros, así como posgrado en Gerencia Pública, en la Católica Andrés Bello.

La razón lo asiste al observar cómo buena parte de enfermeras y médicos especialistas, convirtieron el centro de salud en una suerte de bancada de peces, donde pescan pacientes con seguros de vida para operarlos en las clínicas privadas, bajo el argumento de contaminación de los quirófanos.

Asegura que se ha perdido la ética, la estética y la vocación de servicio, basados en el desconocimiento de las normas institucionales, ante el debilitamiento de la gerencia en franca caída, al cambiarse el director de turno, pero no al personal subalterno de libre remoción, que contribuye con el deterioro institucional.

Es esta la razón por la cual los enfermos a nadie importan; son abandonados a su suerte, en su mayoría indígenas y campesinos, que aunado a la falta de mantenimiento en el área de emergencia y a la desatención en pediatría, conforman un cuadro de dejadez oficial.

Gran porción de los medicamentos y equipos adquiridos por la Comisionaduría de Salud van a las clínicas privadas, sustraídos en la mayoría de los casos por estos mismos médicos.

La comida que se suministra es de muy baja calidad, pero contrasta con facturas donde se demuestra la compra de alimentos costosos, a lo que se suma la existencia de médicos que cobran elevados salarios y no asisten al trabajo, así como otros cabalgando horarios con hasta cinco cargos en diferentes instituciones. Es claro que hace falta voluntad política para enfrentar esta realidad.

Por esta vía y ante la falta de supervisión permanente, los alimentos desaparecen, y los medicamentos y equipos de trabajo van a dar a las clínicas privadas y ventas clandestinas por parte del personal, en un estado donde la morbilidad patológica va en crecimiento.

Los ambulatorios del interior medianamente funcionan por falta de los servicios básicos como: energía eléctrica, agua potable y mantenimiento de infraestructura. Varios de ellos operan en casas de bahareque que no cumplen los requisitos mínimos sanitarios y ambientales.

Cabe una pregunta ¿Cómo se atiende una emergencia en los ambulatorios del interior durante la noche o el día, cuando carecen de servicios básicos?

Los programas de fumigación contra los vectores transmisores de dengue y paludismo desaparecieron de barrios y comunidades, provocando un repunte de estas enfermedades en el área urbana, siendo mucho mayor en el interior del estado, cuyas estadísticas se desconocen si llegan o no al Ministerio de Sanidad, sumándose el alto porcentaje de parasitosis que provoca una elevada tasa de desnutrición y anemia.

La paralización del programa de higiene de los alimentos permitió una desbordante venta de alimentos al aire libre sin cumplir los requisitos sanitarios como: uso de uniforme, certificado de salud, manipulación de alimentos y permiso sanitario.

La acentuación del problema se observa en los alrededores de los centros educativos y área urbana de Puerto Ayacucho e interior de Amazonas, donde vienen apareciendo brotes de enfermedades bacterianas, virales y hongos.

En tanto en los barrios, sectores campesinos y comunidades indígena elogian el trabajo de los médicos cubanos por la humildad de estos profesionales que no ven obstáculo alguno a la hora de prestar atención médica, van a pie en mula o bongo, pero nada los detiene para llegar hasta los enfermos. De no ser por ellos, la crisis sanitaria sería más aguda.

Finalmente informo, que asumir denuncias en contra de los que administran el poder siempre ha sido riesgoso, pero hay que decirlas. He aquí las advertencias enviadas a mi tuiter por el más honorable de los intelectuales que asesoran al gobernador Liborio Guarulla Garrido. Cito: José Ramón Garrido: “pero hay patria, recuerda que tú hablaste paja de mi papa. Estoy esperando la cuenta millonaria de mi papa pajuo hablador”. @capitangarrido. José Ramón Garrido: “Andrés si tú piensas mucho flojo ponte a trabajar en vez de hablar de la vida ajena pareces una vieja”. @capitangarrido”.

En este sentido respondo al señor capitán de aeronaves. La pelea corporal ya la ganó. Es usted un hombre de 1.90 de altura con más de 150 kilogramos de peso, bien comido por ser uno de los más privilegiados con las bondades con que lo ha favorecido a lo largo de los 14 años de gobierno, su primo hermano, el gobernador Liborio Guarulla Garrido. Las bondades allí van desde ser contratista hasta proveedor. Yo, un viejo de 56 años, indígena, campesino, veguero y pobre, de 1.58 de estatura, débil, jipato y golpeado por el hambre, jamás podré hacerle frente en lo físico, pero en el terreno moral siempre he caminando de pie, no he doblegado mis principios frente a la avaricia porque entiendo que cada uno de los pobres como yo, tienen derecho de comer del mismo dinero del que usted disfruta a placer y a manos llenas. Respecto a que si tenemos patria, le confirmo que creo en la justicia y en el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías por el paquete de misiones que repartió a los pobres, el mismo Hugo por el que ustedes se vestían de rojo rojito para conquistar el poder, pero conquistada la victoria vino la traición, saltaron, dieron el mismo salto que dan los hombres, cuya dignidad vale menos que un puñado de dinero. Yo jamás traicionaré mis principios por dinero. No creo en el desastroso gobierno de Nicolás Maduro, porque parce más al gobierno de Liborio Guarulla que al de Hugo Chávez, aunque no siento odio por ellos. Antes creo que todos los pobres de la condición política cual fuere, tenemos derecho de comer de la renta petrolera. Cinco veces fui preso por revelar las irregularidades administrativas del poder. Respecto a que si soy flojo y no trabajo, le confieso que de lo que gano mensualmente, comen mi familia, los hermanos de la iglesia y yo. No le quito dinero a nadie, porque el evangelio es gratuito. Su primo hermano en seis oportunidades me ha ofrecido desde la Secretaria Ejecutiva hacia abajo, contratos y dinero de su propio bolsillo y aún, estando con toda la pobreza encima, he rechazado las ofertas, porque prefiero morir de hambre, pero de pie, que andar de rodillas mendigando  la sobra que otros botan o protegiendo corruptos. No sé si usted podrá de decir lo mismo. En relación a las denuncia contra su padre, nunca las he formulado, han sido directamente contra usted, con nombre y apellido. Si en algo le he ofendido, le pido perdón.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
Teléfono: 04161067319
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andresgarbo@hotmail.com

@andresgarbo3510

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