La escasez de combustible en las comunidades indígenas y sectores campesinos contrasta con la venta que legal e ilegalmente se hace de día o de noche, por los puertos y márgenes del Río Orinoco.

Sobre las seis de la tarde la Guardia Nacional cierra los dos puertos de embarques conocidos como Puerto Venado y Puerto Samariapo, pero la venta clandestina continúa frente a la mirada de los efectivos que cobran su respectivo soborno para permitir el tráfico de contrabandistas que la venden a empresarios colombianos.

En el día el comercio es directamente de los chavistas de PDVSA, quienes venden el cupo internacional a los empresarios del vecino país, pero también negocian el cupo nacional, que aunque es más barato, los colombianos lo compran al mismo precio internacional, dejando a las comunidades indígenas sin gasolina para la necesaria movilización a través de los ríos.

El tráfico se efectúa en barriles, tambores, tanques o botellas como "Pedro por su casa" y la venta legal lleva el recargo del pago a los efectivos de la Guardia Nacional y fiscales del Seniat que, vestidos de rojito, se enrolaron en el cobro de soborno.

Cierto es, que los propietarios de embarcaciones solicitan cupos para venderlos en Colombia y redondear el viaje, dejando las comunidades sin gasolina. Los que legalmente remontan hasta los más recónditos lugares de Amazonas, también son obligados a pagar por el permiso, pagar al que llena los tambores en la estación de gasolina y al guardia que monta servicio allí, pagar en cada una de las alcabalas de la Guardia Nacional y pagar a los fiscales del Seniat. Negarse al pago, es disponerse a que en cada alcabala te obliguen a permanecer por largas horas, así lleve los permisos.

“Hacerlo no es difícil”, dijo un indígena transportistas, “facturo mi cupo en la bomba, pago lo que me cobran los guardias y los fiscales del Seniat, embarco los tambores y aguas arriba se lo vendo a los colombianos que se pelean por comprármela”.

Esto fue y ha sido el negocio de siempre que diametralmente afecta las comunidades indígenas con encarecimiento de alimentos, ropa, calzado y hasta muerte de sus enfermos por no encontrar combustible para el traslado de emergencias.

En La Esmeralda un litro alcanza el precio de 125 bolívares, mientras en Maroa, Rio Negro y Manapiare llega a los cien bolívares y no hay. En los campos y pueblos distantes del Municipio Cedeño tiene el mismo costo y las mismas consecuencias que en Amazonas.

Otra de las causas que hace encarecer el combustible es la minería ilegal que se trabaja por los ríos Orinoco y Atabapo donde pagan mucho más caro por litro que los empresarios colombianos. La razón, el traslado en hombros por largas distancias para alimentar maquinarias que trabajan en lugares muy difíciles como: Caño Maraya y las cabeceras del Río Padamo. Todos estos elementos se conjugan para dejar en su abandono las comunidades distantes de uno u otro negocio, pero que son sometidos a decenas de padeceres para poder conseguir cupos, pues les aplican la misma extorsión que a contrabandistas y mineros.

La situación se agudiza ante la escasez de alimentos y medicamentos que estremece la Amazonia Venezolana por el alarmante crecimiento de pobreza extrema y desnutrición infantil, sin embargo la Comisión Permanente de Pueblos y Comunidades Indígenas, de la Asamblea Nacional, en nada les preocupa el hambre indígena, así como a los tres asambleístas de Amazonas, incluyendo la hermana del gobernador, la millonaria diputada Nirma Guarulla, cuyo tiempo es ocupado en resolver problemas de sus contratistas y proveedores.

La medida adoptada por el gobierno nacional de prohibir la venta de productos alimenticios, medicina e implementos educativos por los ambulantes,  tiene sus efectos negativos en las comunidades indígenas.

La Guardia Nacional no les permite llevar suficiente alimento para cubrir un mes, las bodeguitas que remontaban los ríos con productos necesarios ya no lo hacen, quedando desguarnecidos y agudizando el hambre y las necesidades a lo largo de los ríos y sectores campesinos.

“Ni siquiera permiten llevar refrescos para los caseríos porque es un delito”, dijo el Piaroa Venancio Camico al explicar que: “en Amazonas la circulación por los ríos es con motores fuera de borda  que requieren de considerables volúmenes de combustible y esto ya no es posible”.

El desabastecimiento abarca productos básicos, medicinas, gasolina y detergentes, causas principales por las que muchos habitantes de los pueblos del interior emigraron a engrosar los cordones de miseria de Puerto Ayacucho.

En las comunidades los niños descalzos exhiben el vientre hinchado de parásitos y labios amarillos de anemia. Las madres preñadas en las mismas condiciones y los padres se rascan la cabeza, pues el conuco es insuficiente y no saben cómo enfrentar el hambre que aprieta. Hasta allí no llegan los beneficios del gobierno nacional y regional. La misión Hijos de Venezuela, que en algo ayudaba, fue eliminada por el presidente Nicolás Maduro. La Fundación del Niño de Amazonas, que en otros tiempos atendía estos casos, liquidó esos programas y ahora los recursos son invertidos en el equipo de fútbol Tucanes de Amazonas, empresa propiedad de la primera dama Judith Campos de Guarulla, y donde el único amazonense que juega permanente, bien o mal, es su hijo.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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Mientras los venezolanos más pobres, que somos más del 80%, nos debatimos en largas colas para comprar detergentes, medicamentos y alimentos, los contratistas y proveedores del gobierno y la oposición se consumen en su totalidad, todos los recursos asignados para inversión en: ministerios, gobernaciones, alcaldías, direcciones del gobierno nacional, PDVSA, empresas básicas y cuanta institución pública maneje dinero. Lo de un gobierno por el pueblo y para el pueblo, llegó hasta la muerte de Hugo Chávez, ahora es mero cuento para distraernos en una supuesta lucha de clases, que hasta ahora, con las devaluaciones y los recortes de subsidios emprendidos por el gobierno de Nicolás Maduro, favorece a los más ricos, es claro su accionar,  el grupo de chavistas que gobiernan son los nuevos ricos del país y están obligados a defender sus intereses.

Escuchen al presidente Nicolás Maduro y su élite gobernante como se lanzan en encendidos discursos contra el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, acusando a la oposición de apátridas, traidores y antirrevolucionarios, en tanto la oposición responde calificándolos de castrocomunista, dictadores y marxistas, pero ante el tema de contratistas y proveedores, ambos guardan silencio sepulcral, porque usan hasta las mismas empresas de uno y otro bando.

En los pueblos, se observan familias enteras del chavismo vestido de rojo rojito y a las de la oposición luciendo camisas azules o blancas, barriendo calles, cortando monte y realizando obras menores que ellos llaman trabajos dignos, pero se trata del mismo plan hayaquero de la época adecocopeyana. Ningún familiar de ellos barre calles.

En la Asamblea Nacional se insultan frente a las cámaras y se sacan los trapitos al sol, pero fuera de ella cada quien anda en lo suyo, buscando compras o contratos, directamente o a través de testaferros. Muchos de esos diputados están apadrinados por ministros, gobernadores y alcaldes, y hasta tienen sus propias constructoras, como es el caso de Amazonas.

A nosotros los pobres nos marea el chavismo con discurso socialista o la oposición desbocada para recuperar la democracia, cuando se trata de un grupo intentando sacar al otro para echarle mano al presupuesto del país, pero nunca con un proyecto de país que permita colectivizar los recursos para que bajen hasta los más pobres, esa tarea pareció ser única del Arañero de Sabaneta. “Los hijos de Chávez” nos regresaron a un tercer mandato de Carlos Andrés Pérez con los mismos elementos, escasez de alimentos, medicamentos, alta especulación y corrupción desbordada, sólo falta el paquetazo del FMI y vamos hacia allá.

El Dr. Rafael Caldera cuando se percató que su popularidad llegaba al once por ciento, designó al Dr. Adelso González Urdaneta como alto comisionado contra la corrupción para intentar remontar algo, pero ese personaje pasó sin penas ni gloria, como acaba de hacerlo la ministra para Control y Seguimiento Carmen Meléndez. La corrupción sigue su curso normal, ejecutada por chavismo y oposición con apoyo de los diputados nacionales que protegen con solidaridad automática a cualquier chavista de la cúpula que sea denunciado, como ya ocurrió con un ministro de agricultura y con las denuncias del dinero de Fondafa y Fondas.

Empresas larenses recibieron de manera irregular 238 millones de dólares preferenciales y no han sido sancionadas por la Fiscalía porque sus dueños son cercanos colaboradores del PSUV en los procesos electorales.

En el sector agrícola no se sabe qué pasó con los 20 millardos entregado a empresas privadas; en Venemóvil hay que pagar 400.000 bolívares a gestores militares y 50.000 bolívares para ingresar al sistema electrónico, y luego el carro es vendido a 800.000. Igual pasa en la empresa de cemento del gobierno, venden el cemento de los consejos comunales y lo factura como cemento comercial. El problema no es falta de leyes o de policías, lo que hace falta es guáramo para castigar la corrupción.

Nicolás Maduro para complacer a los generales que se van de baja, les crea un ministerio para que entretengan el ocio, porque nada hacen. De ellos el único fue el Arañero de Sabaneta, los demás, se hicieron gobernadores, alcaldes y presidentes de institutos autónomos, se rodearon de proveedores y contratistas y siguen viviendo del golpe del 92 y engañándonos con su falsa revolución.

El que denuncie algún funcionario de las cúpulas lo califican de cuartarepublicano, antirrevolucionario o enemigo del proceso, y si es chavista, lo expulsan del partido,  como Acción Democrática lo hacía en su época. Las direcciones regionales del PSUV son los mismos CES de AD, pero con otro nombre, persiguen a la militancia, obligan a vestirse de rojito y para conseguir algún trabajo exigen la recomendación o postulación del Secretario General del PSUV en la región, tal como lo hace la oposición. En Amazonas la dirigencia regional del chavismo, se apropió del dinero de 300 consejos comunales.

En mi mundo indígena y campesino no entiendo la guerra verbal contra Estados Unidos, si ese es un país capitalista, imperialista y neoliberalista, pero claro en su posición. Nuestros gobernantes, que llagaron pobres muchos de ellos, ahora tienen tanto dinero como cualquier gringo, es decir, son capitalistas y neoliberalista, pero agazapados, engañan al pueblo chavista.

El que tiene que pelar el ojo para no caer en semejante traición, es el comandante Fidel Castro que está creyendo en una revolución socialista en Venezuela. Eso fue con Chávez, ahora este gobierno es más adeco y copeyano que antes del golpe del 92. Los líderes del chavismo se visten de rojo rojito, pero en su corazón se regresaron a los viejos tiempos de la corruptela verdiblanco.

Visitan la tumba de Chávez en el Cuartel de la Montaña, pero no para rendirle honores, sino para cerciorarse de que verdad esté muerto y no se levante y venga contra ellos.

Nosotros seguiremos viendo a nuestros gobernantes llenarse los bolsillos, comer sabroso y plácidamente frente a la crisis que nos lanzó al abismo de la extrema pobreza.

Lo de la Asamblea Nacional no debe preocuparnos demasiado, ya que si gana la oposición, nada se ha perdido, pero tampoco nada habremos ganado, pues ambos tienen ese foro como una casa comercial, salvo que se levante una revolución ciudadana liderada por nosotros mimos como la de Chávez en su época. Hagamos la red como telaraña que recomendó el Comandante para llegar a todos los rincones del país y conformar una nueva arquitectura política con que salirle al paso a esta oligarquía roja rojita que, con traición, está sepultando el legado que a Hugo le costó la vida.

Más información. En la Alcaldía chavista y Bolivariana de Maroa los trabajadores llevan tres años sin cobrar cesta tique, se pierden las prestaciones sociales y los aguinaldos los pagan incompletos.

En Río Negro el Alcalde compró dos plantas eléctricas usadas y las cobraron como nuevas, aunque ahora hay que comprar repuestos para que funcionen, porque esa población lleva tres años sin alumbrado eléctrico.

En la gobernación de Amazonas el opositor gobernador Liborio Guarulla le pagó chucuto a los empleados, pero proveedores y contratistas cobraron completico. Los trabajadores para cobrar sus prestaciones sociales tienen que pagar 20 por ciento a sindicalistas y ejecutivos de la gobernación. Allí la corrupción va de la cabeza a los pies.

En la población de  La esmeralda un litro de gasolina cuesta 125 bolívares y en los otros municipios del interior de Amazonas vale 100 bolívares, y no hay. Los chavistas de PDVSA la venden a los empresarios colombianos.

Las escuelas de Amazonas siguen deteriorándose por falta de mantenimiento. La Escuela Creación Puerto Ayacucho se le derrumbó un pedazo de platabanda y los docentes redujeron en más de quinientos los cupos, en un sector de alta incidencia indígena, cuyos padres prefirieron perder el año escolar ante la falta de recursos para pagar transporte.

En Caicara la leche de mercal cuesta 600 bolívares y los otros productos del Mercal lo venden a los mayoristas. A esa población no ha llegado la lucha contra la corrupción emprendida por el Presidente. Allí, el gobierno del General Rangel Gómez no llega a los barrios más pobres y un pipote de agua lo venden en 150 bolívares. En Maripa un tambor de gasolina cuesta 1.500 bolívares y los indígenas piapocos y panares ven los productos de Mercal en la televisión.

Andrés García Bolívar
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El presidente Hugo Chávez  propuso la eliminación de contratistas por ser una forma de corrupción legalizada, pero pudo ser esta la razón de su muerte prematura, pues metió el dedo en plena llaga de la desbordada avaricia mediante la cual, pequeños grupos de poder distribuidos en el país, menos del 5%, se apropian del dinero del 95% de los venezolanos.

Ministros, gobernadores, alcaldes, directores del gobierno nacional, ejecutivos de PDVSA y de empresas básicas están rodeados de pequeños grupos a quienes asignas millonarios contratos y compras para que les reintegren el 20 por ciento. Así ellos y sus familiares se hacen millonarios y el hambre ronca a placer en el estómago de niños, madres y padres de familia de una Venezuela que cada día camina con paso firme hacia la extrema pobreza.

El paquete de misiones sociales que le permitieron al presidente Hugo Chávez superar el 70 por ciento de popularidad y obtener victorias con más de tres millones de votos de diferencia, y que le costó un golpe de estado que lo llevó a centímetros de la muerte en la Orchila, hoy vienen siendo eliminadas a la calladita por el presidente Nicolás Maduro quien ni con el pétalo de una rosa toca el dinero de proveedores y contratistas.

La misión Hijos de Venezuela, con la que el presidente Chávez beneficio a millares de familias en extrema pobreza fue eliminada. Madres del Barrio no cobró aguinaldo. Mercal viene reduciéndose al mínimo. El transporte SITSSA desapareció. Los vuelos solidarios de la Fuerza Aérea desaparecieron. Jessi Chacón anunció más recorte a las clases marginales y las devaluaciones vienen liquidando la clase media que comenzó a caer a los niveles en que vivimos los más pobres.

Estas acciones pusieron en riesgo el control del parlamento por parte del chavismo que puede perder el próximo proceso electoral, aunque nada se perdería porque allí solo están representados los grupos de poder para asegurarse el manejo del dinero, a nosotros los pobres nos toca el hambre.

Al presidente Chávez lo acusaron de populista y apátrida por quitarle una tajada a los grupos más poderosos, convertirla en misiones y entregársela a los más pobres. Un grupo de intelectuales se lanzaron en jauría contra la propuesta de Hugo por, según ellos, desalentar al trabajo. Les faltó tabaco en la vejiga para exigirle al Presidente que no le tocara el dinero a proveedores y contratistas.

Soy pobre, campesino, indio y veguero, pero sigo creyendo que hace falta otro Hugo Chávez o alguien que recoja el morral caído para hacer frente a contratistas y proveedores que, con la muerte de Hugo, regresaron a gobernar a placer desde Miraflores, sin importar que la desnutrición haga estragos entre niños y familias pobres del país.

No se trata de chavismo u oposición, ya que ambos hacen lo mismo, se trata de alguien con justicia en el corazón que entienda que las devaluaciones favorecen a los más ricos y lanzan al fondo de la extrema pobreza a más del 80 por ciento de los venezolanos.

Hace falta un presidente con autoridad que frene la corrupción enquistada en todos los poderes y especialmente en el poder judicial. Hace falta un presidente que entienda que hay que hacer una revolución ciudadana, que permita al país comer de la renta petrolera y que abra mecanismo de participación para que la planificación se haga desde abajo.

Las redes sociales son el mecanismo perfecto para que todos los venezolanos participemos en la planificación y la lucha contra una corrupción que como piraña carcome al país hasta los huesos.

El problema del país no es dinero, es la desbordante corrupción administrativa ejecutada por contratista y proveedores que amasan fortuna a manos llenas y corrompieron todas las instancias del poder.

Los primeros contratistas y proveedores del país son los diputados de la Asamblea Nacional, jamás se opondrán a este formato económico, pero usted y yo, cada día seremos más pobres, y más difícil se nos hará ver una arepa en el plato, no porque seamos flojos, como nos acusan los que se roban nuestros dinero, ya que ellos no nos traen comida a la casa, antes por vía administrativa le quitan el pan de la boca a nuestros hijos, sino que la escasez alimentaria y de medicamentos hizo desenfrenar una especulación que está convirtiendo en polvo nuestro salario.

El impacto de las política erradas del presidente Maduro se sienten con mayor fuerza en Amazonas donde los grupos indígenas y sectores campesinos caminamos con labios blancos de hambre y jipatos, con el estómago vacío entre un liderazgo chavista y opositor que se pasean en lujosas camionetas, viven en hermosas quintas, tienen vienes en otras ciudades del país y exhiben sin vergüenza en el rostro, una pomposa riqueza adquirida por vía de corrupción administrativa.

Rodeados de proveedores y contratistas un pequeño grupito encabezado por el opositor gobernador Liborio Guarulla y la chavista exministra Nicia Maldonado se rasgan las vestiduras y se dan golpes de pecho en sus discursos, pero el dinero lo entregan a contratistas y proveedores quienes reintegran 20 por ciento sin que se les agüe el ojo.

Andrés García Bolívar
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El aparente enfrentamiento entre las cúpulas del chavismo y la oposición tiene más coincidencias que divergencias, si se observa el formato económico con que gobiernan.

La diferencia es el color de camisa, una roja y la otra azul o blanca, pero la forma de gobernar es la misma, aunque se rajen las vestiduras y se insulten en la Asamblea Nacional. Ninguno de los diputados nacionales propone la eliminación de contratistas o la tercerización en las empresas petroleras y básicas de Guayana para que las obras las construyan los desempleados y padres de familias pobres del país, pues, ese es el lomito intocable de las cúpulas políticas con que amontonan dinero para hacer campañas, comprar votos y enriquecerse ante la mirada de todos nosotros, es decir, un sistema de corrupción legalizada con el que nos someten por hambre. Esta es la razón número uno por la que ministros, gobernadores, alcaldes y directores del gobierno nacional en las regiones, planifican los recursos en construcción de obras y hasta en compras superfluas. Para agricultura y fortalecimiento comunitario, ni un bolívar. Esos rubros no pagan el 20 por ciento.

La diferencia fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías quien por vía de las misiones entregó parte de este dinero a los más pobres, y propuso eliminar los contratistas, pero la muerte cargó muy temprano con él, seguro que así pondría freno a la corrupción administrativa.

El presidente Nicolás Maduro viene exigiendo que lo ayuden en su lucha contra la corrupción, le propongo Presidente eliminar las figuras de contratistas y proveedores de maletín que ejecutan obras y compras con más del 300 por ciento de sobreprecio, esto es el mayor desaguadero de dinero de su gobierno.

Con el dinero con que un contratista hace una obra, los desempleados construyen dos obras y media. Así no tiene necesidad de quitarles a los más pobres los subsidios que dejó el presidente Chávez. Usted viene recortando la entrega de medicamentos a la Misión Cubana, el suministro de alimento a los más pobres de la Misión Mercal, liquidó la empresa de transporte SITSSA y los vuelos solidarios de la Fuerza Aérea. La autoridad y sus políticas económicas erradas nos conducen a una hambruna que está comenzando por el sur del país Presidente, pero ni con el pétalo de una rosa toca a contratistas y proveedores.

Observe las desventajas de contratistas y proveedores.

1-Los contratistas calculan las obras con hasta trescientos y cuatrocientos por ciento de sobreprecio para pagar soborno, es decir, con una obra ejecutada por una empresa privada, el gobierno con desempleados y familias pobres, construye dos obras y media por el mismo monto.

2-Cancelan los pagos a los trabajadores rigiéndose por tabulaciones regionales, que pagan muy por debajo de la tabulación nacional, aunque la obra es calculada con pagos contenidos en la tabulación nacional. Esto permite apropiarse de parte del salario y prestaciones sociales de los trabajadores del sector construcción.

3-Ejecutan las obras con materiales de segunda calidad, contraviniendo normas de construcción, pese a que la obra es calculada con materiales de primera calidad.

4- se apropian de las prestaciones sociales de los trabajadores y no entregan uniformes, equipos de seguridad y no pagan seguro ni HCM.

5-Los mimos sobreprecios con que los contratistas calculan las obras, son aplicados por los proveedores que suministran insumos a las instituciones regionales y nacionales.

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La fuerte crisis económica que estremece los sectores más empobrecidos del país, viene tocando fondo en la región sur de Venezuela, donde los alimentos están alcanzando precios muy elevados con respecto a los bajos salarios que devenga la masa laboral, en una región donde es alta la tasa de desempleo.

Un pollo que en Puerto Ayacucho tiene un costo cercano a los doscientos bolívares, vale 800 bolívares en San Carlos de Río Negro y supera los 1000 en La Esmeralda, donde azúcar, harina precocida, arroz y espagueti están cercano a los 100 bolívares por kilogramo, pero en varias ocasiones han rebasado los 200 bolívares, en unos pueblos donde no llegan los alimentos de Mercal, programa alimentario del gobierno nacional. Situación similar se vive en San Juan de Manapiare, Maroa y San Fernando de Atabapo donde este año desaparecieron los estrenos decembrinos ante los altos costos de ropa y calzado. La gente gana escasamente parea comer.

Hacia esos pueblos no hay transporte acuático que es la única forma por donde se puede movilizar la población indígena, pobres casi en su totalidad, ya que un pasaje en avioneta tiene un costo de 9 mil bolívares, cuya solución con cuatro avionetas y boletos a precios solidarios, propuso hace un año el entonces presidente de Conviasa David Cabello, pero como toda propuesta alegre, no se cumplió. General José Gregorio Pereira nuevo director de Conviasa, la solución está en sus manos.

La desnutrición infantil en los grupos indígenas y sectores campesinos sigue en aumento en razón de que esos pueblos no cuentan con los recursos económicos suficientes para enfrentar el constante incremento en los precios de los alimentos. Según los pediatras del Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho y Arnoldo José Gabaldón de Caicara de Orinoco la desnutrición sigue avanzando entre niños indígenas y campesinos sin que se observe acción política alguna del gobierno nacional y las gobernaciones de Amazonas y Bolívar.

Para los habitantes del sur las direcciones del gobierno nacional en la región y gobernaciones planifican el uso de recursos en construcción de obras civiles y compras, hasta superfluas, bajo el único propósito de cobrar el respectivo soborno que pagan contratistas y proveedores, pero ninguna de ellas invierten recursos en desarrollos agrícola o proyectos sustentables que permitan sacar las comunidades de la pobreza hasta donde los está empujando las continuas devaluaciones y políticas erradas del gobierno nacional.

En el caso de Amazonas, el gobernador opositor Liborio Guarulla lanza toda la responsabilidad del hambre y la escasez alimentaria sobre el presidente Nicolás Maduro, pero su gobierno, a pesar de ser el del estado más pobre del país, no invierte recursos en proyectos agrícolas o programa de fortalecimientos comunitario, todo se va en construcción de obras civiles y compras que reintegran 20 por ciento de soborno. Lo mismo hace Corpoamazonas presidido por la exministra de Asuntos Indígenas Nicia Maldonado, cuyos recursos van tras el mismo rumbo de Liborio y con el mismo fin. Ambos crecieron políticamente como luchadores en defensa de la causa indígenas del CONIVE, pero más pudo la avaricia que los principios.

Más información. La crisis afecta el transporte autobusero hacia las distinta rutas de comunicación con el resto del país. Caracas Puerto Ayacucho solo tres autobuses que dependen de llegar tempano. De llegar más allá de las diez de la mañana, no regresan a sus destinos de origen y los pasajeros quedan varados en el terminal Melicio Pérez de Puerto Ayacucho. De 21 autobuses que cubrían la ruta Puerto Ayacucho Caicara, sólo quedan cinco, porque el tramo carretero Puerto Ayacucho Los Pijiguaos está muy deteriorado. La responsabilidad es del ministro de Transporte Haiman El Troudi por no reparar una carretera que lleva más de quince años sin hacérsele mantenimiento, y por dejar convertir en chatarra los autobuses de la empresa SITSSA, los que bien se pudieron otorgar en créditos a las empresas para mejorar el servicio, pero prefirió arrumarlos en el Terminal de Oriente, las estaciones del Metro de Agua Salud y La Paz, y el terminal de Puerto Ordaz. Señor Presidente, he ahí un caso de corrupción administrativa.

David Cabello en rueda de prensa en el Terminal Aéreo Cacique Aramare de Puerto Ayacucho, ofreció llevar los vuelos de Conviasa de uno a dos diarios, un año después los redujo a cuatro semanales. Presidente la autoridad del gobierno va como la economía, en picada.

Los hombres asesoran bien o mal conforme a sus ganancias y sus intereses. El poder popular asesora correctamente y gratis. Presidente, comience una revolución ciudadana dejando que el poder popular lo asesore. Apertura páginas en internet y permita que los venezolano lo asesoren en materia de corrupción administrativa y políticas de gobierno. En el poder popular hay hombres y mujeres capacitados y con alta credibilidad que no pertenecen a las cúpulas políticas, aunque sean de oposición. El país los necesita en este momento de crisis. El hombre sabio es el que escucha consejos.

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Frente al debilitamiento de la autoridad y del liderazgo nacional se hace imperativa la puesta en marcha de una revolución  más modesta, si se quiere minúscula, pero que alcance el nivel de un cambio cualitativo  que avance hacia el alineamiento de la ética y la moral. Una especie de Revolución Ciudadana que como un vendaval con aire nuevo y fresco, generado en las bases sociales para que produzca el cambio ético que se requiere con urgencia. Debe ser un evento pacífico y legal con la clara intención de impulsar el despegue de los cambios económicos y sociales del país, provocado sacudidas en la estructura de mando, pero que cuente con el apoyo y el aval del señor Presidente. Debe ser un ejercicio creativo que cuente también con la participación del venezolano de a pie para conformar un liderazgo nacional que brille con luz propia.

Un movimiento social de masas, con carisma, sin rencores, pero dispuesto hacer valer la justicia. No debe sorprender que sea una revolución relativamente tranquila con carisma, in fluencia y prestigio, sin demasiados sobresalto.

De ser, o de llegar a ser, a corto o mediano plazo, presenciaríamos a una nueva mayoría ciudadana convertida en poder político de ancha base ciudadana; un poder que se aproximaría lo más posible a una “Democracia de los Ciudadanos” o del Pueblo, para el Pueblo y por el Pueblo. Lo cual significaría el  ponerlos al frente del sistema y el proceso político, y no en la retaguardia como hasta ahora ha venido ocurriendo, reducidos a solo votar cada seis años, en manada y en medio de una pasmosa pasividad manipulada desde arriba con el apoyo evidente de los poderes fácticos y mediáticos de la clase dominante y sus aliados.

El poder popular tiene que ser una propuesta para la construcción de la democracia participativa y protagónica en la que se sustentaría la organización del Estado socialista.

Por esta vía buscar establecer nuevas relaciones sociales y nuevas relaciones políticas, para el desarrollo de un nuevo modelo de sociedad, de un nuevo modelo político y de un nuevo modelo de Estado, fundamentado en la visión ética e ideológica del socialismo.

El presidente Nicolás Maduro implementó una metodología política que denominó “Gobierno de Calle” con el fin de solucionar de manera eficaz los problemas del pueblo. En su recorrido acompañado de miembros de su gabinete ejecutivo, gobernadores y alcaldes bolivarianos, en cada uno de los sectores visitados convocaron organizaciones comunales y vecinos, impartió órdenes para hacer frente a un conjunto de problemas que agobian sectores empobrecidos, sin embargo los problemas siguen estando allí, sin solución. Vengo advirtiendo al señor Presidente, bajo el único animo de contribuir con mi país, que sería más saludable y menos engorroso, no hacer gobierno de calle, sino dejar que la calle gobierne.

Tanto en las estructuras del gobierno como en la gente de pueblo hay ciudadanos honestos, capacitados y con excelentes ideas para ayudar en la recuperación de la autoridad y del liderazgo del gobierno, solo bastaría abrir páginas en internet para que ellos hagan sus aportes en función de mejorar el crecimiento del país. Al Señor Presidente correspondería dar repuesta a los planteamientos, tantos de irregularidades administrativas dentro y fuera del poder judicial, como adoptar las recomendaciones que crea necesarias, y así todos haremos contraloría social, gobernaremos e impulsaremos el crecimiento de nuestra economía por vía de la distribución masiva de la renta petrolera.

Presidente, manos a la obra. Apertura páginas en internet para enfrentar la corrupción con la fuerza arrolladora del poder popular, pagina para que reciba en su despacho el planteamiento de los más críticos problemas del país y su respectiva solución.

No busque salida en sus asesores que hasta ahora no han dado pie con bola, permita que el poder popular le dé la salida perfecta.

En este país no todos somos malos, es que los buenos hacen muy poco.

Más información. Paralizado durante dos días transporte autobusero que cubre la ruta Los Pijiguaos Puerto Ayacucho, porque la carretera se deterioró, tanto, que casi no se puede transitar. ¿Qué hace el señor ministro de transporte?

Sigue deteriorándose la escuela Creación Puerto Ayacucho, de Amazonas. El personal directivo se vio obligado a reducir cupos para evitar que el techo caiga sobre los niños, pero centenares de estudiantes de sectores muy pobres quedaron sin cupo. La solución está en su manos señor ministro de educación Héctor Rodríguez. También esperan por usted en la escuela de la comunidad indígena de Sarón, donde en un salón de clase imparten enseñanza desde preescolar hasta sexto grado.

Andrés García Bolívar
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Dinero que desaparece o que no es entregado a las cuentas de los consejos comunales, sino directamente a contratistas o a voceros que tienen contactos. Cambios de directivas de consejos comunales en Taquilla Única o en bancos que manejan fondos del Ministerio de las Comunas.
Así lo revelaron un grupo de voceros que denunciaron a la directiva del PSUV Amazonas por apropiarse del dinero de esos consejos comunales con el visto bueno de las diferentes direcciones de Fundacomunal, que ellos mismo designaron.

Unos 300 consejos comunales tienen obras sin terminar, otros menos de la mitad de la obra ejecutada, y en otros casos, las obras no existen, pero en todos se encuentran un denominador común, las manos de la directiva regional del PSUV metidas hasta los codos.

Según los denunciantes los representantes del ministerio de las comunas se hacen la vista gorda en cuanto al destino del dinero que entregan, ya que se trata de camaradas del PSUV recomendados por el secretario general del partido Diógenes Edgildo Palau y apadrinados por el abogado Domingo Fassio, bajo la condición de que las compras y obras sean adjudicadas a sus contratistas y proveedores.

Es todo un sistema de corrupción que se ha montado con los consejos comunales al imponerles miembros que nunca fueron electos en asamblea de ciudadanos, pero de no aceptarlo, entonces se designa una nueva directiva que funciona acoplada con la directiva del PSUV y así se apropian del dinero de las comunidades. Ya no es necesario hacer elecciones en los barrios, sólo basta aceptar la propuesta de Edgildo Palau que resuelve el problema con un acta de asamblea con firmas planas, números de cédula cambiados y otras cédulas falas. Los que se oponen son calificados de escuálidos y enemigos del proceso, cuyas directivas son rechazadas en la oficina de Taquilla Única.

Según ellos, aquí se mantiene las mismas prácticas de AD y COPEI cuando exigían el carnet para solicitar créditos o puestos de trabajo, era necesario la recomendación de un miembro de la Secretaria General del partido, tal como ahora lo hace el secretario general del PSUV, director de la Misión Rivas, Director PDVSA-Amazonas, Director de la Misión Vivienda, Secretario general del PSUV-Amazonas y candidato a la gobernación, derrotado en par de oportunidades por Liborio Guarulla. Palau, gira instrucciones para cometer irregularidades administrativas en las instituciones públicas y consejos comunales.

El abogado José Domingo Fassio directivo de PDV-GAS Comunal, Misión Rivas, directivo del PSUV-Amazonas, funge como padrino político del Eje Carretero Sur, señalado como brazo ejecutores de todas las irregularidades y delitos que se cometen contra los consejos comunales, con el visto bueno de los miembros de Fundacomunal y las Comunas, para hacer continuos viajes hacia los municipios indígenas del interior bajo el engaño de ayudar a las comunidades indígenas para la liberación de recursos represados en cuentas bancarias del gobierno nacional o los financiamientos. Regresan con las autorizaciones firmadas por los miembros de esos consejos comunales, quienes en su inocencia caen en esta artimaña en la que les arrancan de las manos los contratos y compras que son inmediatamente asignados a un abogado amigo de Fassio, quienes al final de cuentas, se apropian de los recursos sin que se enteren las comunidades indígenas, donde el hambre a paso de vencedores azota a niños y adultos, que en centenares de casos, jamás ven las obras o las compras aprobadas.

Muchos de estos voceros formularon las denuncias en Fiscalía, pero allí los expedientes son engavetados por orden del mismo Edgildo Palau, como ocurrió con el Consejo Comunal de Manuare que acusó a los máximos representantes de la directiva PSUV y aún esperan la apertura de las investigaciones de rigor.
Los voceros están claros que un día todo esto puede estallar, incluso con este mismo gobierno, y los responsables frente a las autoridades serán los contralores de los consejos comunales. “No puede llamarse poder popular cuando es un grupito el que maneja los recursos de una comunidad”, coincidieron.

Esperan que La Contraloría General de la República extienda sus investigaciones hasta los concejos comunales de Amazonas, en virtud de que en una primera investigación en el país, halló irregularidades en la vigilancia de los recursos otorgados a consejos comunales en 92,8% de las inspecciones que hizo a estas instancias del poder popular entre 2009 y 2013, recomendando la aplicación de instrumentos que regulen este tipo de asignaciones.

En el informe de 2009 se registra el mayor número de fiscalizaciones de la Contraloría en consejos comunales. Hubo seis: en todas encontraron fallas en la administración de las asignaciones otorgadas y en ninguna se completaron los objetivos.  

La Asamblea Nacional encendió la alarma y puso la lupa en el manejo de recursos por los consejos comunales. 
Al entonces vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Jesús Montilla (Psuv), le preocupan los recursos dados a algunos consejos comunales. 
En 2011, el director contra la corrupción del Ministerio Público, Nelson Mejías, dijo que la Fiscalía investigaba 1.500 casos de presuntas irregularidades de los consejos comunales, aunque no indicó cuáles eran. Sólo en 2012 la Fiscalía registró una condena y en 2013 tres imputaciones vinculadas con casos de corrupción en consejos. 
Montilla señaló que a la AN han llegado "muchas denuncias de corrupción de tales grupos", pero no quiso revelar las cifras... Reconocemos que hay casos, y si no los atacamos estaría en peligro la revolución", insistió.
¿Quién controla los recursos de los consejos comunales? En el 2013 se les asignaron Bs 8,8 millardos, según se especifica en el proyecto de Ley de Presupuesto de 2013.
Montilla plantea que los 606 casos investigados en el gobierno de Chávez, los 157 de Maduro y los 1.665 expedientes estudiados por la comisión son parte de la "lucha sin cuartel" que se tiene contra la corrupción. "Hemos avanzado, pero debemos reconocer que en el Gobierno hay hechos de corrupción y eso es delicado, porque afectaría a la revolución. Por eso pedimos poderes especiales para Maduro para que así pueda abordar la corrupción de forma integral".

El presidente Maduro lanzó una advertencia a sus seguidores. Dijo que la corrupción "se va a tragar a la patria" si no se le hace frente con una "poderosa lucha".
Para la contralora Adelina González, Maduro mantiene la lucha contra la corrupción como una política de Estado heredada de Chávez quien, en su último año de mandato, creó el ministerio de Seguimiento. Al frente estuvo la actual ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, que tenía como objetivo luchar contra la corrupción, pero se desconocen los resultados.

El presidente de la comisión, Pedro Carreño (Psuv), señaló que la AN trabaja en la habilitación al Ejecutivo para fortalecer la tarea "corajuda" que adelanta Maduro en detectar la corrupción.

Los voceros de Amazonas pusieron las denuncias a la disposición del presidente Nicolás Maduro y Pedro Carreño para que sean incorporadas a las ya existentes en la Contraloría General de República y la Asamblea Nacional.

Esperamos que como se trata de la directiva regional del PSUV no funcione la solidaridad automática propia de AD y COPEI en los tiempos de la cuarta república, advirtió uno de los voceros que exigió reservas por la presión que contra ellos se desenfundan desde la dirección regional del PSUV.

Más información. Sólo tres autobuses van a Caracas repletos de pasajeros que desde las tres de la mañana hacen cola en el Terminal Melicio Pérez de Puerto Ayacucho para comprar boletos. La razón, las líneas redujeron sus unidades ante el deterioro de las vías y el casi imposible cruce del Río Orinoco donde las unidades dejan pedazos de sus partes más bajas. De 21 autobuses que cubrían la ruta Puerto Ayacucho Ciudad Bolívar quedan 5 para no perder la concesión. El tramo Puerto Ayacucho Los Pijiguaos se ha deteriorado tanto, que es casi intransitable. Señor Presidente, he ahí el error de amontonar los autobuses del SITSSA en el terminal de Oriente y las estaciones del Metro de Agua Salud y La Paz. Autobuses nuevos que ahora son chatarras sin cauchos, sin motor y corroídas por óxido, sol y agua. Pregunte a su ministro de transporte porqué estos autobuses no se otorgaron en créditos a empresas para mejoraran el servicio de rutas extraurbanas, campesinas o entre pueblos apartados de la gran Caracas. Era mejor entregarlos en créditos o dejarlos podrir. Señor Presidente, ¿Es esto socialismo o el mismo derroche de adecos y copeyanos?  

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
Teléfono: 04161067319
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La corrupción administrativa ha tomado forma y fondo dentro de las instituciones públicas del país, donde no se vislumbra autoridad ni voluntad política alguna para hacer frente  a un mal que corroe las bases económicas de la nación, donde los más pobres cargan con la peor parte, pobreza extrema que reduce al mínimo las fuerzas de trabajo de pueblos indígenas y campesinos.

Los representantes de organizaciones públicas vienen utilizando las funciones y medios en su provecho económico para el enriquecimiento ilícito.
El dinero que se consume en la corrupción deja de gastarse en los servicios públicos que proporciona toda entidad pública. La corrupción corrompe el tejido social, disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en el gobierno y entre ellos mismos por la perversión de los valores, la ostentación, la trampa y la ganancia ilícita.
Estamos obligados a reinvertir ese modelo para imponer la transparencia que genere un reimpulso en la participación protagónica de la comunidad, incorporando la participación de los actores a través de la contraloría social para que los procesos administrativos sean más objetivos y transparentes.
“Todo ciudadano debe vigilar sobre la legítima inversión de las rentas públicas en beneficio de la sociedad, y acusar ante los representantes del pueblo a los defraudadores de ella; bien sea el fraude de parte de los contribuyentes, bien sea de los administradores, o del propio gobierno que las dirige”. Simón Bolívar.

La crisis moral institucionalizada desde el gobierno sacude los cimientos de la familia venezolana que ha luchado a lo largo de su vida por imponer valores de respeto, responsabilidad y honestidad, en un sistema donde cualquier pobre, agarrado de la impunidad de casos relevantes, amontona riqueza a manos llenas sin importar las consecuencias en su entorno.

En medio de esta crisis de valores es cuesta arriba para los padres de familia mantener la formación familiar heredada de sus ancestros, al observar con preocupación cómo las autoridades políticas regionales incrementaron sus riquezas, desde el mismo momento en que llegaron a sus cargos por elección popular o sin ella.

Ahora, ¿Cómo resolver el problema? No es difícil si existiera la voluntad del gobierno para poner freno al deterioro institucional que comienza desde el poder judicial. No es precisamente el eterno formato de intervención judicial liderado por la Asamblea Nacional o comisiones de alto nivel, porque siempre lo han hecho y no ha ido más allá de sustituir una tribu judicial por otra.

Las personas encargadas de velar por una administración de justicia eficiente en el país, tienen que ser las más capacitadas, como vía para establecer instituciones sólidas y reglas de juego claras y transparentes, ya que no hay nada peor que criticar y terminar haciendo lo mismo que antes se criticaba. Tenemos que marchar hacia un país donde las reglas se cumplan y los procesos sean transparentes, donde la justificación para tomar decisiones no sea la de los mismos errores de siempre. La designación de magistrados del TSJ no debe obedecer a razones políticas, tiene que ser los mejores abogados en el área, es decir, la crema y nata de la especialidad, como parte de la búsqueda de una administración de justicia eficiente y más acorde con los requerimientos del Estado Venezolano. La separación de poderes y la independencia del poder judicial son puntos importantes a tomar en cuenta para poder tomar las vías de desarrollo requeridas.
Una intervención transparente y eficaz tiene que venir desde las bases sociales del país, para lo cual vengo sugiriendo al señor presidente Nicolás Maduro Moros la apertura de una página en internet, fin de que cada uno de los ciudadanos del país, con argumentos contundentes formulen sus denuncias contra estas tribus que continúan socavando las bases morales de la nación. 

El problema del país es la corrupción y la falta de autoridad para dar castigos ejemplarizantes. Hay que comenzar por el TSJ, pero no con las mismas intervenciones de siempre donde desarticulan una tribu judicial para que asuma otra más poderosa, la intervención debe realizarla cada uno de los venezolanos a través de esa página en internet donde se denuncien los jueces y fiscales implicados en irregularidades administrativa.

Al señor Presidente corresponderá dar respuesta a las denuncias para adecentar un poder judicial con el que se pueda hacer frente a la corrupción que desmorona el resto de las instituciones públicas.

El señor Presidente puede esforzarse en buscar dinero de las instituciones financieras internacionales, pero mientras no controle la corrupción nacional, poco avanzará su gestión. El problema del país no es la escasez de dinero, es la soltura que tienen grupitos poderosos en las regiones y en la capital del país para adueñase de los recursos destinados a atender las necesidades de los más de 30 millones de venezolanos.

La corrupción, es y fue el mal instaurado por la vieja clase política, que bien aprendieron las recomendaciones sugeridas por las empresas petroleras norteamericanas con el pago de soborno para obtener los contratos de perforación y explotación de la extinta empresa CVP.

Dice la Palabra de Cristo: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Porque hasta ahora se culpa de corrupción a la oposición y se protege el liderazgo actual que no puede justificar la riqueza que ostentan.

La justicia es la dama ciega, tiene que castigar el mal, venga de donde venga, a fin de evitar transformarse en injusticia.

Más información. Un grupo de profesores adscritos a la Zona Educativa de Amazonas aprovecharon el alcance de este blog para hacer un llamado al ministro de educación Héctor Rodríguez, a fin de que envié un supervisor nacional a constatar el deterioro de las instalaciones educativas de la región, la irregularidades que se cometen con la compra de Alimentos del Programa Escolar donde se observan facturas con las que se justifica la compra de jamón, queso amarillo, carne y pollo que no llega a las escuelas, así como la escasez de material de aseo y papelería. A simple vista se observa que la comida de los niños es un negocio lucrativo.

Andrés García Bolívar
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Las escuelas públicas adscritas a la Zona Educativa de Amazonas se vienen deteriorando ante la mirada indiferente de las autoridades regionales, a tal punto que el techo del Liceo Bolivariano Creación Puerto Ayacucho comenzó a desplomarse por falta de impermeabilización en la platabanda que resistió 20 años sin mantenimiento. El personal docente fue obligado por el Cuerpo de Bomberos a desalojar el módulo y a cerrar 12 aulas donde cursaban estudios niños de sectores tan empobrecidos que les resultó más económico perder el año escolar que inscribir sus hijos en otros planteles distantes hasta donde hay que pagar pasaje, cuyas estructuras padecen del mismo deterioro.

Los Bomberos recomendaron desalojar toda la escuela, pero los docentes movidos a misericordia por ser el centro educativo donde confluyen niños de barrios indígenas, decidieron continuar las enseñanzas en laboratorios, oficinas y una biblioteca de dos pisos con paredes húmedas y agrietadas, que según un informe de los mismos bomberos, es un peligro latente, ya que la platabanda absorbió tanta humedad, que duplicó el peso o la carga muerta, muy superior al peso que pueden soportar las columnas.

Desde hace doce años el personal docente viene informando sobre el continuo deterioro estructural del plantel, pero las gestiones de la Zona Educativa no han pasado más allá de simples visitas obligadas porque un bloque, que se desprendió de una pared, cayó en la cabeza de una niña.

Para los alumnos las principales demandas de mejora están, además de la infraestructura, la falta de limpieza en los baños, pupitres deteriorados y la falta de acceso al agua potable, aunque muchas de las escuelas primarias indígenas carecen de instalaciones con baños.

El deterioro de la infraestructura y del mobiliario escolar, la precariedad de los servicios básicos, la carencia de áreas verdes y los patios pequeños para los recreos e, incluso, la falta de higiene en las instalaciones sanitarias son factores que afectan el aprendizaje de los alumnos de primarias y secundarias públicas del estado.

Más de una cuarta parte de los estudiantes de educación básica considera que el peor lugar de su escuela son los baños, porque nunca están limpios y carecen de puertas. A ello se suma la queja por las malas condiciones del mobiliario, en particular los pupitres y muchas de estas escuelas carecen de agua potable y los salones de clase son de tamaño reducido, se requieren aulas más grandes o un mayor número para mejorar las condiciones de la escuela, así como para garantizar su mantenimiento.

La escuela es un espacio fundamental de socialización, donde los estudiantes pasan buena parte del tiempo entre semana, por lo que es necesario contar con espacios que les den la posibilidad de desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas, sociales y emotivas.

Una infraestructura escolar adecuada, puede influir de manera muy positiva en la sensación de seguridad de los alumnos, elevar su autoestima, potenciar su aprendizaje y estimular el deseo de permanecer dentro del sistema educativo.

Una escuela modelo de la decidía de las autoridades educativas de Amazonas, funciona en la comunidad indígena de Shalom. Allí en un salón de 5x5 metros cuadrados funciona una escuela que alberga niños indígenas desde educación preescolar hasta sexto grado, con la dirección y el personal obrero con sus respetivos materiales de limpieza donados por la comunidad, dentro del mismo recinto.

Hasta allá no han llegados los gobiernos de la exministra de Asuntos Indígenas Nicia Maldonado, ni del empresario y líder indígena del CONIVE Liborio Guarulla. En campaña ambos se rasgan las vestiduras y encienden su agrio verbo uno contra el otro en defensa de la resistencia indígena. Afilan sus lenguas en piedra de odio contra el capitalismo salvaje, el neoliberalismo y la macabra corrupción que devora el sistema, pero superado ese escollo siguen amontonando fortunas millonarias con el dinero asignado a las comunidades y en nada les preocupa el hacinamiento en que reciben educación los niños de la comunidad indígena de Shalom. Allá donde los discursos anticorrupción taladran los pensamientos de familias humildes y las ofertas electorales van y vienen.

En San Pablo de Carinagua un contratista de FEDE cargó con el dinero de la escuela Juan Pablo Pérez Alfonso, de cuya construcción levantó un 40 por ciento hace diez años. Pocos niños encontraron cupos en una escuela cercana, el resto debe caminar 6 kilómetros hasta la escuela Juan Ivirma Castillo. 

En el interior de Amazonas funcionan planteles que más parecen botaderos de basura que centros educativos, techos deteriorados, paredes mugrientas y sin ningún tipo de dotación. Los directores y docentes gastan parte del salario en papelería, materiales de limpieza y hasta pintura. Varios de ellos renunciaron las direcciones porque el salario no alcanzaba para el mantenimiento familiar.

Todo esto contrasta con la voluntad dispuesta por la Zona Educativa, la gobernación de Amazonas y Corpoamazonas para la ampliación y mejoras de las escuelas Madre Mazzarello y Padre Manyanet del vicariato apostólico, construidas por el gobierno nacional para albergar niños indígenas, pero privatizadas para cobrar mensualidades disfrazadas de colaboración. Allí estudia la élite de Puerto Ayacucho.

En el caso de la Escuela Padre Manyanet, edificada en una zona con alta incidencia indígena y cuya construcción fue justificada ante el FIDES con las firmas de las familias que allí vivían, las monjas inscribieron niños llevados desde urbanizaciones y sectores de mejores posiciones económicas, desplazando niños pobres del sector, obligados a caminar unos quince kilómetros en ida y vuelta que recorren desde tempranas horas de la mañana y del mediodía hasta la Escuela Félix Solano, por la misma calle por donde una caravana de vehículos lujosos desfilan para dejar sus hijos en la escuela que supuestamente era para ellos.

El Madre Mazzarello, construido para albergar niñas indígenas de comunidades cercanas, es una hermosa mansión de tres pisos con mensualidades calculadas dependiendo del ingreso de cada representante, cuya mayoría son los comerciantes de la ciudad. Allí mantienen unas 20 niñas indígenas para hacerle mantenimiento al plantel y a la residencia de las monjas ubicada en la entrada del barrio San Enrique. Es importante aclarar que  el personal obrero y docente de ambos centros, son pagados por el Ministerio de Educación y la Gobernación de Amazonas.

Los curas solicitan ayudas en ropa y medicamentos para “los pobres indiecitos”, pero todo es vendido en el Centro Sor Carmen Vegas, además que son dueños de una decena de escuelas y galpones abandonados en distintas comunidades indígenas.

La Escuela Pio XI, edificada en pleno centro de la ciudad, fue cerrada a placer de los curas y reabierta para funcionar a medias, podría solventar la crisis de cupos de sectores cercanos, pero depende de la voluntad del pastor Monseñor José Ángel Divasson. Se trata de una edificación pública, pero las autoridades educativas regionales y nacionales sólo se mueven en favor del Vicariato. Estos curas son los verdaderos mercaderes del templo. Amasan fortuna en medio de la pobreza indígena y lo único que regalan son bendiciones y agua bendita con lo que no se va al mercado.

Más información. Los trabajadores de TransAmazonas pertenecientes a Corpoamazonas presidido por Nicia Maldonado, el año pasado no recibieron aguinaldos, el 31 de diciembre les entregaron 3.000 bolívares. Aún les adeudan el resto de los aguinaldos y el incremento salarial, ya que devengan salario por debajo del sueldo mínimo. Este año en 3 ocasiones les cancelaron el sueldo con recibo de pago, el resto de las 21 quincenas el pago fue en efectivo más 600 bolívares de cesta ticket. Cada trabajador percibe un sueldo de 4.000,00 Bs/mes. En otros términos son contratados sin beneficios. Este año fue necesario hacer un paro de transporte para que paguen a tiempo.

Andrés García Bolívar
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Varios médicos que remontaron hasta la región de Parima B y las márgenes del Río Casiquiare confirmaron la grave crisis alimentaria que afecta la población yanomami con decenas de niños presentando cuadros de desnutrición severa.

Una de las causas que agudiza el problema, en la opinión de los médicos, es el crecimiento de una minería ilegal que impacta negativamente la población indígena con incrementos descontrolado en los precios de los alimentos, sumado a los pocos recursos con que cuenta la población yanomami. 

Para ellos los yanomamis ante la necesidad de buscar acceso a las políticas alimentarias y sociales del gobierno nacional se establecieron en comunidades cercanas a las capitales de municipios, dejando atrás la práctica ancestral de rotar dentro de los espacios selváticos para proveerse de pesca y casería. Una de las causas que obligó a dejar a un lado la rotación fue la intervención de los espacios selváticos por mineros que culturalmente chocan con las costumbres de los pueblos originarios.

Los médicos consideran que el gobierno nacional debe impulsar cuanto antes un programa de abastecimiento alimentario para evitar la agudización de un problema que puede desembocar en hambruna colectiva.

Por otro lado pediatras adscritos al Hospital José Gregorio Hernández, de Puerto Ayacucho, mostraron preocupación por el crecimiento que viene registrando la desnutrición infantil entre comunidades indígenas y campesinas localizadas dentro y en la periferia de la ciudad, así como en áreas circunvecinas, sin que las autoridades regionales respondan a las continuas advertencias que se vienen haciendo a través de los medios de comunicación local.

Según ellos, la desnutrición viene creciendo por ingesta alimenticia deficiente, que se manifiesta en pérdida progresiva de peso, inferior a lo normal y finalmente el consumo de las propias reservas de grasas que aquí está afectando a lactantes y a niños de estratos sociales con graves deficiencias socioeconómicas.

La desnutrición afecta principalmente a niños menores de 6 años, ya que su crecimiento es más acelerado en esta etapa, ante la necesidad de nutrientes difícil de satisfacer.

Las familias carecen de recursos para corresponder con los requerimientos necesarios de alimentación, que bien puede aliviarse en parte con el programa alimentario del gobierno nacional, pero éste sólo se limita en todo el Estado Amazonas, a dos pequeñas bodegas con ventas insuficiente para atender barrios en condiciones de pobreza crítica, comunidades indígenas cercanas y del interior.

Estos niños sufren retardo de crecimiento en un ambiente familia de pobreza extrema, donde se reflejan las desigualdades sociales que afectan con mayor impacto sectores importantes de la población indígena y campesina, convirtiéndose en limitantes para la calidad de vida y desarrollo integral de los niños, así como en preocupante problema de salud pública muy significativo, particularmente en las poblaciones del interior que demandan una rápida intervención de los gobiernos nacional y regional, cuyas respuestas a estas necesidades no termina por llegar.

La grave crisis en términos del derecho de la vida que se manifiesta en déficit nutricional, debido a la difícil situación de seguridad social y alimentaria, por la que atraviesan los grupos indígenas y campesinos de la región sur del país, seguirá profundizándose mientras no se resuelva el problemas de la distribución alimentaria en los municipios de Amazonas y Cedeño del Estado Bolívar, afectada por la falta de transporte y la escasez de combustible en las comunidades, a lo que se suma los elevados precios que alcanzan los alimentos río arriba.

El derecho a la salud de las poblaciones indígenas está consagrado en la

legislación nacional que establece la responsabilidad del estado de proporcionar a los indígenas servicios de sanidad adecuados sobre la base de sus especificidades culturales.

El Convenio 169 de la OIT ha ido más allá en el reconocimiento de este derecho; en el artículo 25 plantea que el estado tiene el deber de proporcionar los medios para que las comunidades indígenas se involucren directamente en el proceso sanitario, que sean ellas mismas las responsables del control, organización y aplicación de los servicios de salud13,14,15, lo cual podría dar lugar a la inclusión de la medicina tradicional indígena como parte de la política sanitaria. Pero se sigue constatando el creciente deterioro de las condiciones de vida de estos pueblos debido principalmente a la ausencia de proyectos y planes de salud, la falta de insumos y personal médico, la

falta de medios de transporte para acceder periódicamente a las zonas más apartadas, la deficiente infraestructura sanitaria y la inexistencia de planes de saneamiento ambiental, así como alteraciones en sus patrones culturales, y alimenticios.

El gobierno nacional está en la responsabilidad de poner en marcha un plan de acción con tendencias que manifiesten cambios en las estrategias para enfrentar los problemas asociados a la alimentación y nutrición de este sector de la población más vulnerable. Esto debe implicar formas de intervención sobre el desarrollo de los sistemas de salud, evaluación del sistema de vigilancia alimentaria y nutricional, del programa de recuperación nutricional, además de educación e información en la población indígena.

Esta pobreza contrasta con la envidiable riqueza que exhiben el opositor empresario que gobierna en Amazonas Liborio Guarulla, propietario de hoteles, residencias turísticas, fincas ganaderas y una veintena de quintas en Puerto Ayacucho, acción imitada a la perfección por su Tren Ejecutivo.

Por otro lado, la directiva del PSUV y la exministra de Asuntos Indígenas Nicia Maldonado son dueños de una fortuna obtenida de los recursos asignados a las comunidades indígenas. Hermosas quintas, costosos apartamentos, negocios y carros lujosos se convirtió el dinero de FONDAS, Agrovenezuela, consejos comunales, contratos y compras de las instituciones del gobierno nacional. Todos ellos son miembros del Consejo Indígena de Venezuela CONIVE o “luchadores” indígenas y trabajadores del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que también tiene sus manos metidas en el desvío de recursos asignados a los sectores indígenas y campesinos.

Agrava la situación las continuas devaluaciones decretadas por el gobierno nacional, el recorte de subsidios anunciado por Jessi Chacón y la desaparición de programas sociales tan importantes puestos en marcha por el presidente Hugo Chávez, como los vuelos solidarios que venía realizando la Fuerza Aérea, el Sistema Integrado de Trasporte Superficial SITSSA y la desaparición de MERCAL de barrios, comunidades indígenas y asentamientos campesinos.

El desabastecimiento alimentario y de medicamentos que se padece en esta región vino acompañado con el recorte de programas sociales que el presidente Hugo Chávez dio a su pueblo. Estos programas hoy son blancos de una política austera manifestada en recortes emprendidos por Nicolás Maduro, que seguirán agudizando el hambre en la región sur.

Hace un año, Nicia Maldonado en compañía del ministro David Cabello anunciaron la llegada de cuatro aeronaves de Conviasa para resolver el problema del transporte en la regiones del interior. Las avionetas llegaron, dieron un vuelo de reconocimiento y por donde llegaron se fueron.

El ministro Cabello con el corazón sobresaltando de tanta autoridad, ese día anunció el incremento de vuelos para satisfacer la alta demanda en la ruta Caracas -  Puerto Ayacucho. Se pasaría de uno, a dos vuelos diarios, pero un año después se redujeron los vuelos, a sólo cuatro por semana.

El transporte acuático desapareció hace más de año y medio. Eso en nada preocupa a los “luchadores” indígenas que gobiernan aquí. Las familias para viajar desde el interior hacia puerto Ayacucho o viceversa, dependen de que un barco que suba o baje y les dé una colita. Los enfermos maláricos, sencillamente mueren en sus comunidades.

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