Nostalgia impregnada de lágrimas llena el alma de indígenas entristecidos lamentando en sus recuerdos la Venezuela que se fue. Con su familia y miembros de otras comunidades vieron florecer el gobierno de Hugo Chávez como, pasto en invierno que brota renuevos del vientre de la tierra. Paquete de programas sociales despertaron el ánimo de muchos y profesionalizaron a otros. Eran tiempos prósperos, dijo el anciano Carlos Sánchez en su ribereña casa en los barrancos de la Urbana. ¡Sopla viento que la barca es nueva y la tempestad no calma su furia!, grita a su vecino más cercano. Parecía hablar de muchos años atrás, pero su ilusión regresó al corto tiempo de dos años que volaron como brizna en el viento. Pastoreaba recuerdos cercanos que lo regresaron al final del gobierno de Hugo Chávez, cuando el Mercal llegaba hasta los últimos rincones de este país en bodeguitas, los precios por kilogramos de productos básicos no superaban los ocho bolívares. La leche se compraba en bolsas que alcanzaban para todos. Las familias sumergidas en el abismo de la pobreza extrema, venían reflotando y la desnutrición bajaba sus estadísticas. El tamaño del Estado ensanchó su vientre y trabajo había para una gran mayoría. Esa Venezuela ya no existe, aclaró el anciano tras el sorbo de café. Un pollo cuesta ochocientos, carne seiscientos y la leche de Mercal, los revendedores cobran hasta ochocientos bolívares. El Mercal jamás regresó a estos lugares y la devaluación disparó los precios, tan cotosas las cosas, que ya solo los ricos comen. Chávez jamás habló de devaluación porque sabía que eso perjudica a los más pobres. Los alimentos cuestan un ojo de la cara y la ropa no se puede comprar. La desnutrición baja en las cuñas de televisión, porque en los campos, comunidades indígenas y barrios pobre, aumenta porque el hambre azota.

Aquí nos sentamos todas las tardes y vemos los barcos de Fondas, cargados de comida de Mercal que vienen de Cabruta rumbo a Colombia. Las gandolas llegan de noche con alimentos de la Corporación CASA, cargan y parten Orinoco arriba hasta Puerto Carreño, sin tropiezo alguno. Contrabando legal. Del cien por ciento de la comida que el gobierno manda para Amazonas, el sesenta por ciento la venden los mismos directivos a empresarios colombianos. Por Táchira, Puerto Ayacucho, Puerto Páez y Guasdualito las góndolas repletas de alimento siguen cruzando con el visto bueno de los generales, que también participan de ese negocio. Hace falta otro Hugo Chávez, con pantalones como los del difunto, para detener esta delincuencia que se desbordó en el país.

Mucho se habla del socialismo de Hugo, aunque estamos frente a un capitalismo disfrazado de socialismo. Es la misma corrupción de los gobierno adecos y copeyanos. Con la misma solidaridad automática o impunidad para favorecer a peces gordos que ahora se llaman camaradas. La corrupción militar se traga el país. Mire usted, que ahora los productos de línea blanca son para militares que compran el combo en veintiún mil bolívares y lo venden a los colombianos en doscientos cincuenta mil, en perjuicio de familias pobres que si necesitan estos productos.

Eso mismo era lo que hacía Carlos Andrés Pérez en su época, recordó el enfurecido viejo cargando su alma con tanta rabia que más lágrimas florecían incendiadas de cólera. De un salto abandonó su silla empuñando sus dedos y se acercó mas a mí. Ellos están millonarios y nosotros más pobres, ¿Puede ser esto socialismo?, se preguntó emanando respuesta de los rincones de su espíritu, hablan duro contra el neoliberalismo y se roban los reales de los más pobres. Anunciaron recorte de subsidio, pero en nada tocaron el dinero de contratistas y proveedores. Aquí sobrevivimos con los productos de las vegas, pero no alcanza para comprar uniformes y útiles escolares. Esto tiene que dar un  giro económico o la muerte abrirá su boca para tragarse al chavismo. Lo digo con dolor. Fui por ríos, caminos, montes y sabanas buscando votos para Hugo, pero con qué cara me presento a mis amigos, si todos estamos aguantando hambre.

El presidente, antes de aprobar dinero para proyectos de desarrollo agrícola, manda millones para que Nicia Maldonado los entregue a una empresa contratista, vaciaron ese pésimo asfaltado y cargaron con más dinero. A nosotros nos marea con información sobre la feria del asfalto. Nos dejan toda el hambre encima y ellos se hacen más ricos.

Venden en cincuenta mil bolívares las casas de la Misión Vivienda y se apropian del dinero de los consejos comunales. La plata de Fondas desapareció, trafican gasolina para Colombia y los camaradas se pavonean en costosos vehículos, hermosas casas y dinero a manos llenas. El enfurecido anciano escuchó mi llamado a la calma, prometió aliviar su alma, pero advirtió, los estoy esperando. Por allí vienen haciendo campaña para diputados. Lo mismo que los adecos, más populismo, más mentiras y nada de la prosperidad que ofrecen, concluyó el viejo Carlos Sánchez, sin ánimos de hacer más campañas.

Margarita, tráele café al pastor. Llamó a su esposa encerrada en su casa de palma, fría frente a las acostumbradas bravuconadas del marido. Tomé varios sorbos y con el peso de las contradicciones aplastándome el alma, eché mi costal al hombro y partí por el mismo camino que me trajo.

Andrés García Bolívar
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La ONU fue creada, aparentemente, bajo el principio de cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Promover estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación política internacional, impulsar el derecho internacional y su codificación, ayudar a hacer efectivos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todos. Fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario. Visto así, la propuesta enlazó con un solo rejo, a todos aquellos países aterrados por los desagradables acontecimientos de la segunda guerra mundial.

Hábilmente, el grupito de familias petroleras de los Estados Unidos, las más poderosas del planeta, aprovecharon el momento histórico para establecer un brazo político armado, con que defender la economía de sus empresas, el Fondo Monetario Internacional, garantizar intervenciones en otros países y aplastar aquellos presidentes que se resistan a violentar su soberanía, negando el ingreso de esta empresas que compran petróleo casi regalado y de las migajas que dejan, se dan el vuelto. La ONU, visto como un poderoso aparato militar, fue planificada minuciosamente hasta el último detalle. No debía dejar puertas abiertas a sospechas. Se creó primero La Asamblea General, revestida de manto democrático para generar confianza y entretener presidentes de países aliados, que cada cierto tiempo se desparraman en frívolos discursos, aunque no crean, justifican la existencia de ese aparato militar. Eso sí, ningún miembro podrá apoyar país alguno, fuera de las alas de la ONU. He allí sus verdaderos colmillos de lobos feroces. Paralelamente se configuró el brazo militar y político más poderoso de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad, verdadera razón de la creación de la ONU, con poder ilimitado para intervenir cualquier país en el planeta que no suscriba los expansivos proyectos petroleros. Las primeras siete empresas petroleras que existían en ese momento, agarradas de las “fuerzas de paz” de la ONU, paraban sus barcos y tanques de guerras llenos de marines frente a cotas de cualquier país, bien por resistir el ingreso de estas empresas o por negarse a cancelar deudas con el FMI, como ocurrió con Venezuela.

Es bajo la amenaza de esta poderosa fuerza militar, como Estados Unidos viene cargando con los recursos petroleros, mineros, forestales y acuíferos de otros países, sembrando pobreza y miseria humana, que en nada preocupa al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la ONU. Este brazo político limpia el rostro criminal del Consejo de Seguridad, con informes falsos sobre violaciones de Derecho Humanos, para abrir paso a tanques, barcos, aviones y plomo parejo contra gente humilde y pobre, como ocurrió en Irak, Libia, Siria, Afganistán, Cuba, en menor grado, y otros países. Los Derechos Humanos de la ONU son manejados desde la cabeza a los pies por el Vaticano, que otorgó el derecho al Consejo de Seguridad, de aprobar que país se sienta o no, al lado de lobo rapaz y rugiente, el papa.

Otra arma de estas familias, tan poderosa como el Consejo de Seguridad, son empresas constituidas dentro de países para defender sus intereses. En Venezuela, estos aliados económicos tienen en jaque al Presidente, acaparando productos alimentarios, medicamentos, insumos agrícolas y ferreteros, para acelerar su caída. Paralelamente abren paso a empresas de seguridad que trabajan en desestabilización y asesinatos selectivos como Colombia y países de oriente próximo. Estas empresas de seguridad, apoyadas, organizadas y pagadas por la ONU, hasta la llegada de Kofi Anam a la presidencia, no son otra cosa, que el más criminal paramilitarismo creado por la misma ONU, para ir al frente de las tropas gringas, promoviendo asesinatos, sembrando terror y desplazamiento forzado. Vea lo que ocurre en Siria con el ejército rebelde, y pregúntese ¿Qué defiende un chileno y un colombiano entre los rebeldes sirios? Estas mismas familias apoyan organizaciones opositoras y constituyen “grupos de amigos” del país intervenido, mejor dicho, verdaderos vende patria. Una arma económica bien frecuente, son los “auxilios financieros” para cargar con los ahorros de países, que las empresas de estas familias y el FMI, dejan en banca rota.

Este perverso andamiaje político económico, comenzó su caída demoliendo la mejor columna sobre la que descansaba su peso, la credibilidad de que gozó en un tiempo. Su caída representará la precipitación de la economía de esas familias y por ende,  la de Estados Unidos, que disponen del ejército más poderoso del planeta, fingiendo ser las fuerzas armadas norteamericanas. Ese país sirve a esas familias, protegidas por la CIA para apropiarse de las riquezas del mundo.

Dos cosas que sus ojos no verán ni escucharán sus oídos, primero, al Alto Comisionado de los Derechos Humanos pronunciándose en contra de las violaciones de estos derechos por el Consejo de Seguridad, y en segundo término, revelar estas violaciones en la mega estructura del Vaticano. Lo que si usted continuará viendo, será la insaciable avaricia de unos pocos, cargando con los recursos de millones de seres humanos. El hambre y la miseria seguirán su fiesta. La altivez norteamericana se aproxima a su fin, que de hecho, vendrá con la caída de la ONU.

Andrés García Bolívar
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Con toda la carga y el calor que tuesta la piel hasta los huesos, José Ortiz, trabajó intenso en su conuco en riberas del Sipapo, para compensar la ausencia del día siguiente. Temprano en la madrugada abordó el camión que lo trasladó a Puerto Ayacucho, con la esperanza puesta en recibir la vivienda que sus camaradas del PSUV le ofertaron, durante reciente visita de campaña para diputados.
Dinero para cancelar vivienda privada, no produce el conuco, cuya cosecha estrechamente alcanza para alimentos y ropa de niños. Más oportuna y agradecida no sería otra propuesta como esta, recibida por su esposa y cinco hijos con tanta alegría, que su alma saltó en el corazón. Con ánimos aflorando el rostro esperaban el regreso de José. Tres de los niños comenzarían el año escolar en su nueva casa. 
Mayúscula fue la sorpresa que vino con el regreso, el ex militar restó importancia a los documentos en manos del indígena y a la campaña que se adelanta. La vivienda seria suya, si primero cancelaba cincuenta mil bolívares de soborno exigidos para la adjudicación. La propuesta destempló el ánimo y desvaneció las esperanzas de una familia frustrada y confinada a un campo, retirado ochenta kilómetros de Puerto Ayacucho.
Achicado de espíritu y sin proferir palabras, oró a Dios para prosperar al Sargento. Salió por donde había entrado, abordó el mismo vehículo que lo trasladó a escuchar tan desagradable soborno y regresó a su rancho montaña adentro. Reducida las posibilidades de sus hijos para avanzar más allá del sexto grado que se dicta en la pequeña escuela, separada cinco kilómetros de su casa. 
Comprendió que las seiscientas viviendas entregadas por esta Misión, en Puerto Ayacucho, no resolvieron problema social alguno, antes sirvieron para que los de mayor riqueza, acumulen más fortunas alquilando las casas que obtuvieron en su acuerdo con el Sargento. Los directivos de la Misión Vivienda y parte de la cúpula del PSUV, seguirán amasando fortuna, vía soborno, a nombre de la Revolución Bolivariana, y la pobreza que aumenta en el sur del país, continuará su curso sin que autoridad alguna venga en contra de esta corrupción indetenible y alarmante. 
Plantearse la construcción de una casa, sería una amarga realidad sembrada en vanidades de sueños dulces. Un bloque cuesta cien, el saco de cemento llega hasta mil bolívares y los grupos étnicos son los más pobres del país.
Él, más campaña no hará por el vigoroso partido de Hugo Chávez, del que solo quedan recuerdos. Sus esperanzas las vacía todas en las cenizas de aquel líder o en la misma tierra, para que emerja como arroyo de manantial, otro líder como aquel, con autoridad y credibilidad. José Ortiz, sin ver salida y encerrado en su misma alma, sabe que sus hijos serian confinados a trabajar de por vida un conuco que alimenta a medias. El mayor peso entre sus manos, será la vejez que llena la piel de arrugas prematuras traídas por sol ardiente. Confina a vivir tan aislado del conocimiento universal, que sólo curiara, sedales y anzuelos seria la herencia de su enseñanza familiar.
Su esposa como él, auguran éxitos al ex militar y vida prospera a los directivos del PSUV. En la etnia piaroa, no se puede desear mal a autoridad alguna. El mal deseo, regresa como fiera asechando desde su cueva, trayendo castigo que viene con muerte horrenda y adelantada.
Dejar la corrección en manos del señor Presidente, fue la mejor opción, la suya no sería otra que internarse en la selva que provee para cubrir necesidades mínimas, pero también carga con la vida en boca de serpientes, animales y enfermedades que azotan en lugares hasta donde no llegan las bondades de este capitalismo disfrazado de socialismo, concluyó José Ortiz.

Andrés García Bolívar

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Carlos, un campesino de las vegas de Golfo Triste, veía tangible el sueño por el que trabajó todo un año, soportando la carga y el calor abrazador de días veraneros. Recogía algodón de seis a seis, hasta completar el pago de la moto, en la que regresaría a su rancho. Abordó el hermoso regalo que se dio a sus veintidós años. Raudo, pero con cautela de la inexperiencia a cuesta, partió acariciando con sus ojos los detalles del rojo intenso y los relojes del manubrio. Su hijo recién nacido y su mujer, esperaban impacientes, ansiosos de rodar con él, para estrenar y lucir el esfuerzo de ambos. La moto no llegó a entrar a la casa, pero la noticia del asesinato entró con su angustia, derribando calma y paz, y llenando de gritos impotentes a su esposa. Una emboscada lo asechó en el camino y sin mediar palabras, el grito metálico taladró el cerebro con un impacto fulminante. La muerte de Carlos, corrió como hojarasca que bate el viento, rodó de boca en boca, cruzando de un lado a otro, el pequeño Pueblo de Cabruta, Guárico. 

Margarita, su esposa, lloraba sobre el ataúd. Carlos se fue por el camino del que nunca se regresa, dejando con ella las penurias que vienen por el camino de pobreza por donde rodará su vida. Él no vendrá a ella, pero ella sí irá a su encuentro.

“Esta semana han matado ocho personas para robarle motos”, comentó la vieja Débora, en su venta de empanadas a orilla del río Orinoco, de un pueblo, que por siempre ha vivido de la pesca y el trabajo de algodón. Así avanza la inseguridad y el temor de pueblerinos presos en sus casas ante el miedo de toparse con la muerte en las calles. Para unos, se trata de delincuentes llegados de Las Mercedes del Llano o Valle de la Pascua. Otros, presumen la participación de efectivos de los cuerpos de seguridad con delincuentes comunes de Caicara de Orinoco, ubicada a pocos kilómetros, del otro lado del cauce.

Con su pesar encima, el pequeño pueblo tomó la vía nacional en protesta por las muertes, y para hacer caer sus voces sobre unos organismos de seguridad inertes, estáticos, casi con las manos hatadas por supuesta falta de recursos, aunque sospechan complicidad interna. Cierto es que poco hacen por frenar una delincuencia, cuyo poder, por muy fuerte que sea, siempre será menor al de organismos estatales, eso sí, aquellos, con principios fundados en costumbres morales.

Los hechos tienen lugar la misma semana, cuando un motín de presos desenfundaron pistolas, ametralladoras y granadas en el retén policial de Puerto Ayacucho, para tomar el control total del penal. Redujeron los agentes policiales al otro lado de la pared, y a un morichal detrás de la edificación. Un grueso pelotón de guardias nacionales, logró restablecer el orden, pero la interrogante surca el viento, como las balas lo hicieron desde las dos de la madrugada. ¿Quién introdujo las armas al penal? Una subametralladora no se puede ocultar en la cartera de una dama o bajo la vestidura de un caballero. Además, pistolas de alto calibre y granadas, que nunca antes han sido de venta pública.

El general Francisco Tabera Requena, comandante del Regional 9, de la GNB, y el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, entrecruzaron acusaciones descargando responsabilidad de corrupción policial, uno sobre otro. El general con menos de dos meses en Amazonas para el momento del hecho, y Liborio con más de quince años en el cargo, jamás podrá lavar sus manos en inocencia. Los efectivos policiales son contratados por su despacho, a través de personal de su confianza. Es tanta la corrupción, que hay agentes con dos carros, hermosas casas y una prosperidad envidiable, que no se corresponde con los casi ocho mil bolívares mensuales, que devengan del Ejecutivo Regional. Se habla de una exoficial, amiga del gobernador. Destituida del comando policial por encontrase implicada en la desaparición de una pistola. Suspendió requisas a visitantes para permitir ingreso de droga y armas al retén. Las mujeres de los presos pagan para permanecer hasta el siguiente día. Aseguran sus mismos compañeros, que carga con parte de la comida de los presos, y si alguna novedad en su contra es anotada en el libro diario, sencillamente ordena arrancar la página. La superagente, exhibe la “prosperidad” que facilita el lucrativo trabajo en el penal.

Al ser justo, hay que mostrar también la responsabilidad del gobierno nacional, al intervenir la policía con un comandante venido de Caracas, en menosprecio de la sabiduría popular, por cuanto estos policías viven en los mismos barrios donde su conducta es altamente conocida. La comunidad sólo demanda mecanismos seguros y confiables para intervenir.

El Comandante impuesto, nada ha resuelto, antes fortaleció uno de los grupos en pugna, y la delincuencia policial aumentó, siguiendo su libre curso, amparados en la impunidad que se oculta, por desconocimiento del personal.

La situación de violencia con sicariato que mata por quinientos bolívares, viene cobrando fuerza y sembrando tanto miedo, que ahora atracan apuntando con el dedo oculto bajo la camisa. Las acusaciones van y vienen esquivando responsabilidad, pero la muerte sigue suelta y merodea buscando más víctimas en el sur, quebrando en muchos trozos, la confianza y costumbre de pueblos pacíficos y tranquilos, como: Cabruta, Caicara de Orinoco y Puerto Ayacucho, que ahora son presa de una violencia, sobre la que no existe autoridad alguna que la detenga.

Personalidades de credibilidad en Amazonas sospechan de la siembra de paramilitares y sicarios muy agresivos, provenientes de Colombia, bajo el claro fin, de sacar provecho político a la situación de crisis social, económica y política que vive el país. Presumen también, que pudo ser bajo este mismo principio como ingresaron las armas incautadas a los presos. Compradas o sembradas, pero generaron un mortal enfrentamiento armado, que aún su resoplido resuena en los oídos, de los casi ciento cincuenta mil habitantes, que lloran un muerto y varios presos heridos. La policía dio parte de tres heridos, uno de ellos de gravedad, por un arma, que ellos mimos introdujeron al penal.   

Andrés García Bolívar
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La tierra bebía las últimas gotas de lluvia con que el amanecer sorprendió a un grupo de familiares ocultos tras un hotel, huyendo de las voces metálicas que resoplaban dentro del penal. Balas perdidas bifurcaban el viento frío y húmedo que obligaba a los niños a acurrucarse entre los brazos de madres desconsoladas, cuyos lloros, ellos no comprendían, pero ellas presumían lo peor. Esperaban por los reportes de emisoras que aun dormían en medio de un pueblo hasta hace unos treinta años, pescador, pacífico y tranquilo. A lo sumo escuchaba una que otra intrascendente pelea de parejas o borrachitos indígenas, que bajo los sorbos de ron blanco, arrancaban valentía de cuerpos desacostumbrados a peleas callejeras.

Enfocados con poca luz que emana de los primeros reflejos del amanecer, se divisaba con dificultad, efectivos policiales y guardia nacionales con armas en manos, corriendo de un sitio a otro, en su intento por escapar de rafas y disparos de pistolas provenientes del área de reclusión. Los presos desenfundaron armas potentes y lograron el control total del penal, hasta reducir a los efectivos a protegerse del otro lado del paredón. En tanto ellos, asumieron el control de las garitas y reforzaron la vigilancia en otros flancos. Con camisas cubriendo el rostro, tronco descubierto y pie desnudos, se mueven de una a otra garita con armas en manos, dando instrucciones o aprovisionando de municiones a sus compañeros.

Como si se tratara de una toma militar, los sitios estratégicos reservados para custodios, fueron ocupados por un grupo de asalto. Otros abrían fuego disuasivo para repeler asalto sorpresivos, y varios se apostaron acostados bajo la solera del segundo piso de la edificación y sobre el techo, desde donde habrían fuego contra cualquier viviente que observaran. Pero las miradas de águilas brotaban por las brecas del espeso morichal, observando el sitio  vulnerable por donde presumían podría darse la escapada. Las armas apuntaban hacia ese lugar dispuestas a impactar contra la humanidad de cualquier ser que se moviera, ya que los efectivos no serían burlados por la agresividad de los presos. De pronto la coctelera de una ambulancia disparando destellos de luces rojas, se habría paso raudo por la avenida, trasladando con urgencia heridos al Hospital, que cayeron después de ser sacudido el sector por una potente explosión de granada, que arrancó gritos desesperados de familiares presumiendo la destrucción total y la muerte de los suyos, ya que otras menos potentes, habían estallados minutos antes.

Las madres impotentes, se retorcían con punzadas de dolor que penetraban hasta los huesos, pero bastaba el sonido de las sirenas para comprender la emergencia, en un lugar separado por cientos de metros, al que ninguna podía asomar su rostro más allá de una pared salpicada de orificios por impactos de balas de todo calibre.

Cuatro largos días lleva la refriega de noche sin sueños y ojos rojizos que no soportan más lloro. Penas de pasado triste, en barrios repletos de niños alegres que corretean tras un balón de esperanzas sin rumbo definido, donde los valores morales importan menos que nada, mezclados con droga y sin principios familiares. La avaricia de otros, como león rugiente que no vuelve atrás por presa alguna, captura estas imberbes presas para hacerlos hábiles y frágiles delincuentes, cuyo violento camino conduce a un calabozo, donde la vida vale un puñado de dinero que un preso paga a otro, para cegar la vida con un arma comprada por poco dinero a un efectivo del penal, seleccionado en un “riguroso examen” hecho por alta oficialidad, cuya carta de presentación y bienvenida, es una “conducta honorable” fundada en principios éticos. Afirman con orgullo que no sucumben ante la presión de recomendaciones políticas.

El enfrentamiento es intenso y sin tregua, cuatro días que mantiene en vilo a familias que habitan en barrios adyacentes. El pánico y el desespero se marcharán con el fin del conflicto armado que se vive en pleno centro de Puerto Ayacucho. Las balas vuelan sobre los techos e impactan en paredes de hogares modestos. La angustia toda se refleja en rostros sin culpas, cuyos niños no pueden ir a la escuela ni los padres a sus trabajos. Son reos de una ingobernabilidad que cayó al piso destrozada y develada frente a una sociedad que lanza culpas hacia uno y otro lado.

La escuela Marawaca, uno de los centros educativos emblemáticos de la ciudad, con una matrícula superior a los mil trescientos alumnos, y ubicada a unos trescientos metros del penal, lleva dos semanas sin clase por el temor de sus directivos a que las balas alcancen algún niño.

“Esto es vergonzoso para el gobiernos de Liborio Guarulla por tener la mayor responsabilidad, porque fueron ellos los que reclutaron estos policías delincuentes que armaron y venden droga a estos presos convertidos en sus propios enemigos y asesinos”, dijo un joven y recién ingresado agente policial, asombrado, observando desde su escondite detrás del hotel.

“esa es una pelea entre bandas por el control del penal”, reveló el joven, que en un pequeño radio escuchaba la reunión que sostendría el gobernador Liborio Guarulla con los educadores, sin preocupación alguna por los hechos de violencia que se registran a unos quinientos metros de su residencia.

Los comentarios sobre bandas que operan dentro de los cuerpos de seguridad de la región, especializadas en: robo de vehículos, motos, casas, comercios, tráfico de drogas y sicariato, se escuchaban de varias voces ocultas en la penumbra de esta escalofriante madrugada.

Los medios hablan de varios presos muertos y policías heridos, aunque la herida mayor se viene abriendo en el corazón de una sociedad cautiva y aterrorizada por el crecimiento de una desbordada delincuencia asesina, aupada por narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo que han logrado consumar un sicariato que mata, hasta por miserables quinientos bolívares.

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La crisis alimentaria que sacude los cimientos del gobierno venezolano, obliga a los pobladores hacer largas colas frente a los negocios donde aún se consiguen alimentos de primera necesidad, mientras gobierno y opositores mantienen un férreo combate con acusaciones que van y vienen sobre las causas que ya está impactando tan fuerte en el sur, que en las emergencias de los hospitales José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho y Arnoldo José Gabaldón, de Caicara de Orinoco, se incrementó el número de niños que acuden afectados por desnutrición, lo que revela el hambre que agobia a esas familias.

En esta región se vienen acentuando los problemas para obtener carne, leche, pollo, azúcar, café, aceite o harina, además pañales, papel higiénico, jabón, retrovirales y medicinas para males crónicos como tensión, diabetes y otras enfermedades.

La débil autoridad del presidente Nicolás Maduro es eficazmente aprovechada por grupos políticos de oposición, y dentro de su gobierno, apoyados por empresas que juegan a su caída. En los próximos meses acelerarán el desabastecimiento con el fin de provocar revueltas populares. Estos empresarios empeñados en regresar los recursos petroleros venezolanos a sus anteriores dueños, las familiares petroleras norteamericanas, las más ricas del mundo, para nada importa la muerte de niños por hambre y la extrema pobreza en que están cayendo millares de venezolanos, su único fin es apoyar a personeros políticos carentes de proyecto de país, pero claros en sus objetivos de echar mano al presupuesto nacional para engrosar sus riquezas, no importa que el hambre venga contra sus propios familiares.  

Contrabando desaforado hacia Colombia, estimulado, incluso, por altos ejecutivos y militares del gobierno de Maduro, cuerpos de seguridad y fiscales del Seniat que ponen en evidencia la ineficiencia, corrupción, y la poca efectividad de los mecanismos de control, permitiendo el disparo de una fuerte especulación, tanto, que los precios de producto alimentarios, medicamentos, ropa y utensilios del hogar, obligaron a quienes devengan salario mínimo, a utilizar sus recursos para medio comer.

Centenares de indígenas, campesinos y habitantes de los sectores más empobrecidos de esta región, están padeciendo los embates de la crisis, al no poder comprar útiles escolares, uniformes o darle a sus niños para la merienda. Los elevados costos de productos, cuyos precios aumentan cada día, se vienen reflejando en el preocupante incremento del hambre, desnutrición y pobreza. El derecho a la alimentación, como uno de los aspectos específicos de los estándares de vida digna, es un derecho humano fundamental, para vivir una vida saludable y productiva, sin embargo, es necesario que el derecho a la alimentación incluya un suministro seguro de alimentos.

Estas causas, también están influenciadas por otra serie de factores que incluyen tierra, trabajo y productividad, ingresos y vialidad, cuidado de la salud y acceso al agua potable por no mencionar factores políticos, económicos y sociales.

Se suma a estas causas una desbordante corrupción administrativa y los débiles controles del gobierno nacional, aunque el Presidente activó una Ley Habilitante y desde hace dos años cuando llegó al poder, viene anunciando una lucha contra la corrupción, no ha avanzado más allá de meros anuncios. Para muchos, más efectivo fue Barack Obama que publicó una lista de corruptos de altos ejecutivos del gobierno.

A esta región el efecto positivo del gobierno de Maduro, ha sido poco notable, en tanto las consecuencias de la habilitante ni de la lucha contra la corrupción se ha sentido, lo que sí ha impactado con fuerza es el aumento del pestilente hedor de la corrupción, el impacto de la crisis alimentaria, los efecto de las continuas devaluaciones, la desaparición del transporte SITTSA, los vuelos solidarios, la Misión Vuelvan Caracas, el recorte e incrementos de precios de los productos de Mercal y el recorte del suministro de medicamentos a la Misión Barrio Adentro. 

En el alto Orinoco, donde el hambre azota a yanomamis y otros grupos indígenas, el Alcalde chavista, Mara Chamanare, se apropió de 24 millones de bolívares provenientes del Fondo de Compensación Intergubernamental, aprobados para el financiamiento de proyectos de adquisición y dotación, infraestructura y proyectos socioproductivos.

Este alcalde fue impuesto por la directiva regional del PSUV, a sabiendas de  varias acusaciones por el delito de apropiación indebida de recursos públicos en la Fiscalía contra la corrupción. La directiva del PSUV amazonas, incluyendo a su secretario general, también fueron acusados por apropiarse del dinero de 300 consejos comunales. Se suma la millonaria fortuna que ostentan, el opositor gobernador Liborio Guarulla y la exministra de Asuntos Indígenas Nicia Maldonado. Ambos planifican todos los recursos en proyectos de construcción, ya que por esta vía  se recibe 20% de soborno que pagan contratistas y proveedores, en tanto la inversión en proyectos productivo es nula.

Tanto Liborio Guarulla como Nicia Maldonado son propietarios de lujosos apartamentos, quintas, centros comerciales, hoteles, fincas ganaderas y posadas turísticas, además con cuentas repletas, y gastan dinero a manos llenas delante de familias pobres que observan cómo se despilfarra el dinero de todos.  

La crisis que sacude al país, la desbordante corrupción administrativa, la poca seriedad de los que activan los mecanismos de control y la débil autoridad del presidente, hace suponer que hace falta un presidente con autoridad que recoja el morral caído de Hugo Chávez y fortalezca las áreas donde suponga que falló Hugo, porque de la revolución Bolivariana que viento en popa impulsaba el Arañero de Sabaneta con las misiones sociales, sólo queda el nombre.

Andrés García Bolívar
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Los Diputados tienen como función primordial representar sus estados y al pueblo en el foro nacional, pero la decisión de llegar a la Asamblea la tiene el  pueblo en sus manos por ser dueño de la voluntad popular.

Muy poco son los que pueden justificarse con su pueblo por haberse esforzado para que la plenaria aprobara las iniciativas de sus regiones. Hicieron uso del consenso y el derecho de palabra al que los legisladores tienen acceso para elevar sus propuestas, en tanto los de Amazonas, no subieron ni una sola vez a la tribuna para presentar proyectos propios, brillando por su ineficacia e improductividad parlamentaria, que demuestra la nulidad de su trabajo legislativo, sirviendo únicamente para calentar sus curules, viajar a diferentes partes del país con viáticos pagos y cobrar un millonario salario, por aprobar uno de ellos las reformas impulsadas por el gobierno nacional, mientras los opositores, que aspiran reelegirse, Nirma Guarulla y Julio Igarza cobraron por rechazarlas.

En contraparte, otros diputaos consiguieron que sus iniciativas de reformas y de creación de leyes fueran aprobadas al lograr obtener consenso para insertarlas dentro de las propuestas nacionales.

Los parlamentarios están en el deber de informar sobre el ejercicio presupuestario para que sea transparente, aprobar leyes que cambien o modifiquen para bien el rumbo económico de la República, promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública y el acceso a la información y la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna.

El país antes de observar posiciones ponderadas, sensatas y prudentes como las de los hermanos Escarrá, Irán Gaviria y otros de refinado hablar, ha sido obligado por los partidos políticos a presenciar el uso del poder público por grupos de poder como instrumento de bajeza, apetito de mando y de riqueza por legisladores sin sabiduría, que lanzan agresivas acusaciones para justificar los beneficios que reciben en compras, contratos y ventajas que otorga el cargo. Muy poco les preocupa los problemas sociales y económicos de sus regiones. Otros en obediencia y lealtad a sus organizaciones políticas, se oponen por oponerse a propuestas, que hasta van en beneficio de los más pobre de sus propias regiones.  

Esta crisis legislativa, se debe en gran medida a la propia partidocracia, que no actúa con base en valores democráticos como: representación del interés popular, ética pública, transparencia, apego a la legalidad, apertura. Estos partidos y sus diputados sólo se representan a sí mismos. Ahí están sus mecanismos de reproducción en el poder, vía el permanente reciclaje de sus cuadros políticos, el control de sus estructuras y liderazgos por parte de mafias, tribus y redes de parentesco, la promoción política con base en mecanismos de lealtad y no de eficacia y vocación de servicio.  

¿Dónde están las alternativas concretas para enfrentar los desafíos en materia de inseguridad, bajo crecimiento económico y combate a la corrupción? Queremos una democracia no sólo genuina, sino también eficaz, una democracia que se observe como un instrumento o un modelo para generar bienes públicos, no como el escenario de un lamentable espectáculo político donde los partidos dan, reciben, reparten, posiciones de poder, prebendas, presupuestos, frente a la mirada de ciudadanos impotentes, carentes de mecanismos de control y fiscalización sobre sus representantes populares.

Estamos frente a un escenario poco alentador para la democracia, con un gobierno muy poco eficaz, una Asamblea rehén de los intereses de la partidocracia y un Poder Judicial capturado por amigos de los grupos gobernantes.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
Teléfono: 04161067319
andresgarbo3510@gmail.com
andresgarbo@hotmail.com

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Es común oír denuncias de mala aplicación de las leyes, la parcialidad política de jueces y fiscales, entre otros aspectos crean una desconfianza del ciudadano en cuanto al acceso a la justicia, por ser de manejo público las maniobras políticas con el fin de establecer tribus judiciales dimensionadas a las medidas de las organizaciones políticas gobernantes. Es así como la justicia observa corrupción del lado de la oposición, pero no ve la prosperidad de una oligarquía rojita que amontona riquezas ante la mirada de todos. La justicia no puede castigar a uno y complacer a otros, sencillamente tiene que juzgar por la verdad para sancionar al que se ubique fuera de ley.

Designan jueces que en agradecimiento al favor, incurren en “faltas” para complacer grupos gobernantes, y aunque estos casos ameritan aplicación de sanciones contempladas en el código de ética del juez y la jueza venezolano para destituirlo, amonestarlo, suspenderlo o inhabilitarlo, nada acontece, antes les rinden honores y los ratifican en sus cargos por, supuestamente ser, rectos magistrados que no se desvían ni a derecha ni a izquierda del camino de justicia.

Es cierto que siempre la decisión de un juez deja a la gente descontenta y no es fácil sentenciar al mismo ritmo que se aperturan procedimientos, pero los jueces están obligados por la ley a dar respuestas rápidas o sobre él, recaerán denuncias por mala aplicación de la ley, corrupción y retardo procesal.

No es fácil, pero tampoco muy difícil determinar hechos de corrupción en autoridades legales cuando se quiere aplicar justicia. Basta analizar el nivel de vida del funcionario que debe estar  acorde a la remuneración que recibe, y su  administración deben revisarse a fondo. Cualquier ciudadano que presuma irregularidades cometidas por un funcionario público o juez, debe denunciarlo para contribuir con el adecentamiento de la administración pública y el fortalecimiento de la ética y la moral de los trabajadores honestos.

No hacen falta más leyes para lograr reducir los índices de corrupción en el país, sino fórmulas de aplicación y autoridad de parte de los jueces y gobernantes para que las que existente, acaben con la impunidad. 

Hay promontorios de denuncias formuladas ante fiscales con competencia en materia de corrupción, como apropiaciones indebidas del erario público y enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios, pero no hay voluntad ni autoridad para sancionar. Los denunciantes siguen esperando por castigo o implementación de mecanismos de control. 

La impunidad es uno de los más importantes factores para la proliferación de la corrupción que cobra auge ante el débil sistema de control liderado por el Ministerio Publico, Contraloría General de la República y los cuerpos de seguridad, que tienen el deber de funcionar como contrapeso para frenar este tipo de delitos.

Los sistemas democráticos consolidados ayudan a reducir los riesgos de corrupción, como las democracias de Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda. En estas naciones se está muy claro que los funcionarios públicos están al servicio de la ciudadanía y no manejan fondos propios. Las decisiones que toman tiene que ser explicadas, razonadas y valoradas, contrastando esta posición con el problema de impunidad venezolano donde se suma la elevada cantidad de recursos que manejan con pocos controles y con mayor riesgo de caer en hechos irregulares. 

Como ejemplo se tiene que los funcionarios de la Misión Agro Venezuela hicieron los censos para productores en la Plaza Bolívar. Llegaron taxista, motorizado, peluqueras, zapateros y albañiles con la cédula, se inscribieron y fueron los beneficiarios. Los productores quedaron por fuera y a los pocos que le dieron, se los otorgaron tarde para jugar al fracaso de la Misión. Ahora llegó la crisis alimentaria porque mermó la producción agrícola, aunque el dinero fue consumido en su totalidad. Nada se ha investigado aunque el Ministerio Público está obligado a actuar por vía de oficio.

Alrededor del extinto órgano cambiaron, mejor conocido como CADIVI proliferaron diversas irregularidades para favorecer grupos económicos  con acceso a las divisas preferenciales.

Venta y alquiler de empresas recién creadas, pero listas para realizar importaciones; entrega de información privilegiada sobre los aranceles en los que se concentrarían las aprobaciones de divisas; pago de tarifas por la obtención de permisos indispensables para tramitar moneda extranjera; desembolsos de comisiones por cada dólar liquidado; sobrefacturación y simulación de compras en el exterior.

Los modus operandi prosperaron alrededor de los trámites controlados por funcionarios para la aprobación de dólares en beneficio de las “empresas de maletín” o compañías fantasma, con domicilios que existen solo en papel, a las que las cadenas de corrupción permitieron la asignación de millonarias cantidades de divisas. Frente a esta situación poco se ha hecho, permitiendo que ahora esta misma practica se traslade al nuevo ente emisor, facilitando cargar con los dólares de la salud, agricultura, medicinas y otras áreas de interés nacional, mientras los más pobres nos hundimos en la extrema pobreza.

Andrés García Bolívar
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El gobierno nacional ha construido miles de ambulatorios y centros de asistencia médica a lo largo y ancho del país, sin embargo el estado de la red hospitalaria sigue siendo deplorable por falta de mantenimiento a la infraestructura y el escaso suministro de insumos, poniendo al descubierto el colapso de la medicina pública al prestar un servicio ineficiente que obliga a la mayoría de los pacientes a comprar material médico para poder ser intervenidos. Esta situación favorece la inhumana práctica de médicos y enfermeras de reclutar pacientes de bajos recursos para ser atendidos en clínicas privadas donde cobran sumas que vacían los ahorros y fuerza a vender parte de sus bienes para honrar los compromisos.

La salud privada se afinca en el deterioro del sistema de salud y el desabastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico para cobrar muy por encima el costo del servicio que prestan. Son tan elevados los costos de la atención de emergencias en clínicas privadas, que en ocasiones para algunos es muy difícil pagar, pero hay que acudir allí, porque las opciones públicas existentes, no están equipadas correctamente para brindar el servicio

El personal de las instituciones nacionales hace uso de las pólizas de salud que paga el Estado, con el que alimenta con fuertes sumas de dinero clínicas privadas, en detrimento de su propio sistema de salud, permitiendo que las aseguradoras y las clínicas negocien con la vida y muerte de millones de personas, cuando la realidad apunta hacia la aplicación de políticas públicas coherente e integral para tratar de mejorar la atención en hospitales y ambulatorios públicos, además hacer seguimiento al colapso y caos del servicio público, a fin de precisar el destino de los grandes volúmenes de recursos invertidos en su recuperación.

La guerra económica emprendida por grupos políticos y empresas privadas empeñados en tumbar al presidente, con aliados externos e internos del alto gobierno, se ha hecho sentir en el fuerte incremento de los precios de insumos y los servicios médicos que prestan clínicas con muy poca sensibilidad por la vida humana, y unas aseguradoras que hacen cualquier tipo de negocios con el fin de dejar desguarnecidos a sus asegurados. Esto permite sostener que las clínicas privadas están cargando con más de la mitad de los recursos que el gobierno nacional asigna al sistema de salud, ya que el número de asegurados está próximo a los 11 millones, sumándose esta real intimidad sanitario, que parte de los medicamentos y equipos de alta tecnología suministrados a hospitales, van a parar a estas clínicas, así como la sangre y sus derivados que utilizan, provienen de bancos de sangre públicos. En este millonario negocio que reúne a altos personeros del gobierno, propietarios de clínicas y aseguradoras, la corrupción y la avaricia andan agarraditas de mano. 

Durante el 2014, el gobierno otorgó al sistema de salud 800 millones de dólares para cancelar parte de la deuda, pero esta cantidad fue insuficiente, ya que alcanzó para cancelar el 10 % de la deuda total, sin incluir el 2013.

Ningún medio de comunicación privado o público informa sobre las personas que son maltratadas o víctima de mala praxis médica en clínicas privadas. La desinformación hace creer que suministran excelente servicio médico y que esa es la mejor vía para resolver la crisis sanitaria que agobia al país, pero eso no es verdad, ese modelo carga con los millonarios recursos con que los hospitales podrían mejorar el servicio para atender a millones de pobres.

El gobierno debería proveerse de convenios directos con sus trabajadores, eliminando la intermediación de terceros para abaratar los costos y evitar las irregularidades de clínicas y empresas de seguros, que han llegado tan lejos, que hasta inventan patologías e intervenciones quirúrgicas para consumir todo el dinero de las pólizas. El compromiso no puede seguir estando entre el gobierno y las empresas de seguro, sino que debe ser directamente con sus trabajadores.

En favor de los médicos honestos, que son bastantes, también hay que decir, que la situación puede agravarse ante los pocos estímulos, bajos sueldos y altos costos para entrar al mercado laboral que afrontan estos profesionales de una medicina que demanda largos y costosos años de formación, ameritando el respaldo económico familiar para garantizar a sus pacientes la mejor y más segura atención médica.

Andrés García Bolívar
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El drama de ser sorprendido cada mañana por no saber qué darle de comer a la familia, sobresatura de preocupación a unos padres sin repuesta frente a hijos hambrientos. Esto lo llaman crisis alimentaria para no aceptar y tener que explicar la pérdida de soberanía alimentaria y la especulación que devora el sueldo de los trabajadores. Si realmente se quiere entender el porqué, se debe analizar el contexto en el que se producen las causas importantes, las estructurales. El agotamiento de unas políticas agrarias y alimentarias desfasadas que se vienen dando en el país, permitieron el recrudecimiento de una pobreza de carácter estructural, cuyo crecimiento había logrado frenar el presidente Hugo Chávez Frías.

Los agricultores de maletín cargaron y siguen cargando con los recursos que el gobierno asigna al sector. Estos empresarios solicitan los dólares y luego los venden con ayuda de los mismos ejecutivos que trabajan en el control de divisas. Igual ocurre con los organismos crediticios del sector agrario, están rodeados de una cartera improductiva, conformada por operadores políticos que no cancelan los compromisos, pero reintegran la mitad del crédito a los directivos de estas instituciones. Bajo estas prácticas jamás se recuperará el sector agrario.

La alimentación dejó de ser un derecho humano para convertirse en un negocio, y el hambre y los encarecimientos aumentan sin control. Pérdida de la soberanía alimentaria que se afianza ante políticas agrarias equivocadas que vienen provocando desabastecimiento en el mercado nacional y la emigración del campesinado de sus áreas de trabajo a sectores urbanos empobrecidos, obligados por intereses mezquinos y oscuros, que optaron por la única vía de comprar alimentos a empresas multinacionales del mercado mundial, que apoyar a nuestros agricultores del campo.

El deterioro general de la economía, el robo de equipo y animales, el mal estado de la vialidad agrícola y la falta de recursos para trabajar la tierra están forzando a miles de campesinos y campesinas al desplazamiento de su modo y medio de vida. La crisis de precios en fertilizantes, semilla, combustible, insecticidas, entre otros, está liquidando los pocos sectores de producción agrícola que aún sostienen la frágil soberanía alimentaria, que ya comenzó a doblegarse ante la vulnerabilidad de los precios de los alimentos. El aumento de los precios arrastra a millones de personas a la pobreza, paradójicamente muchas personas expulsadas o abandonadas por las políticas erradas del modelo agrario.

El espectacular aumento del precio de los alimentos que se viene produciendo este año, es una verdadera Crisis Alimentaria. El precio del arroz, harina precocida, azúcar, aceite, espagueti y otros insumos alimentarios, han aumentado tanto, que algunos se consiguen con precios próximos a los 200 bolívares por kilogramos, mientras el consumo de carne y pollo están desapareciendo de estas familias. Si bien la crisis ha afectado a todo el país, ha impactado especialmente sobre las regiones más pobres, como Amazonas, Bolívar y Apure donde la gente viene protestando por los medios de comunicación local, el desmedido aumento de precios.

Los más favorecidos son los gobernadores de estas regiones, ya que las miserables condiciones económicas del sector indígena, rural y barrios pobres, los obliga a aceptar dinero a cambio del voto, situación bien aprovechada para mantener la representación y gobierno de estas zonas con alta marginalidad.

Manifiestan los indígenas, que por hambre aceptan bolsas de comida, materiales de construcción para remodelaciones y ampliaciones de una pequeña parte de la vivienda, dinero, de 100, 200, 300 bolívares, vendiendo su voto porque el hambre aprieta. “No acostumbramos a vender nuestros votos, pero si no lo hacemos, moriremos de hambre”, aseguró el indígena Pedro Yuave.

Campesinos e indígenas están demandando con urgencia reformas agrarias estructurales en beneficio de estos sectores, ya que acusan a directores del gobierno nacional y gobernadores de la región, de favorecer intereses privados y no a los ciudadanos que representan.

Estos gobernadores y las instituciones nacionales, están obligados a adelantar con urgencia programas agrícolas para contribuir al pleno cumplimiento de los derechos de estos grupos vulnerables, visibilizando las desigualdades que les afectan, articulando esfuerzos con el gobierno nacional, la sociedad civil y el sector privado, y promoviendo el diseño y la implementación de políticas y presupuestos adecuados para el sector indigna y campesino de la región sur.

Acusaron que estos mandatarios destinan la totalidad del presupuesto para el sector construcción, ya que los contratistas pagan 20% de soborno a directores, gobernantes y familiares, mientras que la inversión agrícola queda fuera de la planificación anual por no poder hacer el respetivo pago.

En los sectores más empobrecidos de Amazonas y las comunidades colindantes de los estados Apure y Bolívar, muchos pobladores comen una vez al día, otros mitigan con lo que pueden y en algunos casos, ya comenzó a observase el hambre en rostros emblanquecidos, labios amarillentos, y la tiesa y triste mirada de niños indígenas, y de familias que viven en extrema en pobreza.

Esta cruda realidad contrasta con gobernantes que soslayan la situación, pavoneándose rimbombantes sobre una riqueza obtenida por vía de contratistas y proveedores que los alaban por, supuestamente ser, eficaces mandatarios. Su riqueza la exhiben frente a un pueblo que los ve comerse con los más ricos el dinero de todos. La realidad apunta hacia una catastrófica hambruna, pero más puede la avaricia de esto gobernantes, que la pobreza de un pueblo sin esperanzas que los observa comer. A todas luces se observa que la vida de un pueblo pobre tiene poco valor.

Andrés García Bolívar
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