Venezuela por siempre ha estado en la mira de EEUU por la riqueza de recursos, llámese: petróleo, gas, agua, aluminio, hierro, oro y biodiversidad. Se añade ahora el interesante papel que juega en la integración latinoamericana donde se vienen logrando  cambios fundamentales en materia de política internacional, a través de presidentes arraigados en los principios ideológicos de Hugo Chávez, al rechazar políticas intervencionistas impuestas desde Washington y marcar posiciones claras frente al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ONU y OEA. Estos presidentes continuaron sus políticas de fortalecimiento social y se alejaron de las recetas del FMI, mas no así, el debilitado proceso bolivariano que optó por hacer recortes de subsidios, eliminar importantes misiones sociales y trazar sus pasos por el agrio camino de las continuas devaluaciones y el incremento en el precio de la gasolina, que podría darse de un momento a otro. Esto no es otra cosa que las exigidas recetas del FMI para suscribir la Carta de Intensión y solicitar ayuda financiera. Para muchos expertos en estos asuntos, Maduro regresará las manos de la banca norteamericana, es cuestión de tiempo.

No dudemos en que EEUU está dispuesto a tumbar a Nicolás Maduro para hacerse de alguien que genere mayor confianza, pero no por que el actual chavismo represente un peligro potencial para los intereses norteamericanos, con certeza conocen que estamos frente al más vulgar capitalismo salvaje disfrazo de socialismo. Lo grueso del chavismo lo alimentan con falso socialismo, en tanto la oligarquía roja rojita se apropia de importantes volúmenes de dinero propiedad de todos, a través de una corrupción administrativa indetenible, confeccionada por civiles y militares.

Es cierto, que grupos privados y políticos opositores con apoyo norteamericano agudizan el desabastecimiento alimentario y de medicamentos, en tanto ejecutivos del gobierno y los generales de la corrupción tentados por gruesas pacas de dolores, se aliaron y ahora apuestan por la posible caída de Maduro, contribuyendo con el desabastecimiento de cemento, gasolina y materiales de construcción producidos por empresas del gobierno de Maduro. La propuesta gringa es peor que la enfermedad, yerran en su más importante estrategia al apoyar una disminuida oposición venezolana, que como el chavismo, carece de credibilidad y generación de relevo. Frente a esta posición, sí estarían los norteamericanos dispuestos en sembrar paramilitarismo y compañías militares de seguridad privada, para desestabilizar y mermar el apoyo popular al gobierno por vía de violencia para incrementar la ya desbordada inseguridad.

El paramilitarismo colombiano y el narcotráfico tienen grandes intereses económicos protegidos por agentes del gobierno y oposición. Manejan el narcotráfico, cobran vacunas a comerciantes, controlan el contrabando de gasolina y alimentos hacia Colombia y cuentan en muchos casos con la colaboración de efectivos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, la Guardia Nacional (GN) y cuerpos policiales. Se dedican a la extorsión, el secuestro y lavado de dinero. Son apoyados por ganaderos y ejercen intimidaciones. Cumplen con asesinatos selectivos de campesinos, comerciantes, periodistas y cuadros políticos.

Jamás Venezuela debe poner su confianza en la oligarquía colombiana representada en los presidentes de ese país, nunca han sido francos en sus planteamientos, de ellos claramente habla la historia sobre los milenarios conflictos de tierra que han derivado en los más sangrientos enfrentamientos entre grupos armados por el eterno desplazamiento de campesinos de tierras con vocación agrícola. Apoyados con paramilitarismo y las empresas de seguridad de Estados Unidos, que no son otra cosa que expertos comandos de la CIA, asesinan a un modesto y heroico pueblo colombiano para entregar importantes volúmenes de tierras a transnacionales gringas. Obsérvese con detenimiento los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, que se desarrollan en La Habana, Cuba. Tienen como objetivo según el gobierno de terminar con el conflicto y según las FARC el «buscar la paz con justicia social por medio del diálogo», como lo planteó Iván Márquez. Sin embargo, mientras la FARC concreta sus posiciones en planteamientos diáfanos y francos, Juan Manuel Santos por debajo de la mesa conversa detalladamente con la CIA norteamericana sobre el papel que esta ejercerá contra el alto liderazgo de la FARC, de concretarse o no, el enrarecido dialogo de paz. De allí que mientras se habla sobre la mesa en Cuba, la CIA ultima detalles sobre asesinatos selectivos de importantes miembros de la FARC. Recuérdese el Proceso de Paz con el M19 y el asesinato de todo su liderazgo. Oramos por la paz en Colombia, pero no por una trampa caza bobo para liquidar el proceso y apostar por la continuidad de ese criminal conflicto.

Andrés García Bolívar
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Existe la creencia generalizada, que la conquista y colonización de América finalizó en el siglo XIX, cuando se consolidaron los movimientos libertadores, sin embargo, el proceso histórico ha tenido una continuidad manifestada en el afán de riquezas fáciles, conducidos por dirigentes indígenas herederos de las más agrias clases europeas conquistadoras del continente. Esa nueva y humillante etnia en el poder, puso en marcha su plan independiente de colonización de territorios, utilizando armas más poderosas y letales contra sus propias familias, sumisión por hambre. Muchas comunidades indígenas que viven bajo el dominio de esta nueva clase indígena, están sufrieron invasiones y despojos de importantes derechos logrados durante más de quinientos años de resistencia, siendo sometidos a nueva legislación puestas en prácticas por estos neocolonizadores, obligándolos a renunciar derechos en función de intereses políticos grupales. Privándolos de recursos económicos asignados por el Estado. Esta política agresiva, negadora de la autonomía de los pueblos indígenas seguirá prolongándose mientras continúen gobernando estos nuevos conquistadores españoles salidos de nosotros mismos, que más pendiente andan de cargar con los recursos de todos, que lograr el beneficio común.

Los indígenas no son más que instrumentos de campañas aprovechados por una dirigencia formada con premeditación y liderada por la Iglesia Católica para sacar ventaja de importantes sumas de dinero asignados a comunidades indígenas que viven abandonadas en la más desesperante indefensión. Tanto los opositores Liborio Guarulla gobernador de Amazonas, Nirma Guarulla diputada nacional y candidata a la reelección, y los chavistas Nicia Maldonado y Edgildo , son responsables del hambre que hoy azota estas comunidades, cuyos padres con angustiosa preocupación, no cuentan con recursos necesarios para comprar alimentos, adquirir uniformes y útiles escolares. Dependen de pequeños conucos que no producen más allá de la comida familiar. Estos dirigentes políticos dilapidaron durante quince años los voluminosos recursos con que pudo emprenderse proyectos agrícolas para atenuar la situación que hoy hace mella en estas familias afectadas por extrema pobreza. Invirtieron los recursos en construcción de obras para cobrar veinte por ciento de soborno con el que amontonaron las millonarias fortunas que hoy exhiben, sin vergüenza alguna, frente a la mirada de todos.

La lucha por los derechos indígenas quedó relegada a pocos núcleos resistentes de hecho, a la supervivencia de comunidades indígenas en regiones improductivas donde sobreviven a los embates de la extrema pobreza. Los indios son tratados como personas marginadas de derechos laborales, de por sí, escasa e injusta para intereses del trabajador. Por lo general, estos padres de familias realizan tareas agrícolas en parcelas difíciles de trabajar por su infertilidad, sin los beneficios de semillas, abonos y herramientas para mejorar su producción, transformando negativamente la vida de estos grupos, al desintegrarlos como pueblos, degradándolos en la escala social.

La situación es de pobreza extrema con destrucción del tejido social, marginación creciente y nulas posibilidades de integración colectiva o reconocimiento de su cultura. Aisladas, sin posibilidades económicas, sobreviven mediante el desarrollo de actividades informales, carentes de cobertura sanitaria y educacional.

Los cambios demográficos han sido causa de numerosos cambios en la economía, obligando a grandes migraciones internas de indígenas hacia capitales de Estado, en búsqueda de mejor forma de vida. Las tareas agrícolas perdieron peso en el aparato productivo y su rendimiento se hizo cada vez más menguado, originando el traslado desde sus sitios de origen para sobrevivir. Se ven obligados a dejar sus tierras y dirigirse a ciudades donde la única opción para las mujeres es vender sus productos y para los hombres trabajar como porteros y obreros mal pagados. La gobernación de Amazonas mantiene doce mil trabajadores devengando salario por debajo del sueldo mínimo. Los que lograron obtener títulos universitarios, para la insignificante homologación de sueldo, les exigen una carta de postulación de los comités de campaña de Liborio Guarulla, con la intención de sumar votos para su hermana Nirma Guarulla, dama que se ufana de ser luchadora indígena, aunque someten a los indígenas por hambre. Frente al hambre indígena, Liborio Guarulla se elevó su salario a sesenta mil mensual y Nirma, exhibe su pomposa riqueza.

Los yanomamis están agonizando por desnutrición y enfermedades, ya que no llegan los servicios médicos adecuados ni los beneficios de la gobernación. Este grupo constituye una población de 9.000 a 10.000 indios. Su situación ha experimentado un acusado deterioro y numerosos yanomamis han muerto a causa de las enfermedades y la violencia desatada por los cerca de 50.000 buscadores de oro que invadieron su territorio.

Las acciones de los gobiernos del opositor Liborio Guarulla y la oficialista Nicia Maldonado para solucionar lo que generalmente llaman el "problema indio" dependen de la trascendencia internacional de la situación de sus comunidades o ciudadanos indígenas, el perjuicio político que provoquen, o los grupos de presión internos que actúen para concienciar la opinión pública. Estos gobiernos, sin embargo, tienden a ocultar y silenciar la vida marginal de pueblos indígenas y a mantener un orden opresivo, plenamente justificado desde el poder, mediante el cual, estas minorías someten económica y socialmente a las mayorías indígenas.

Andrés García Bolívar
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La horrible impunidad frente a las decenas de crímenes que cada semana se comenten en la región sur del país, se ha convertido en alimento perfecto para que la delincuencia someta a los habitantes con horrendos crímenes, sorprendentes atracos y robos continuos a casas de familias, sin que los cuerpos de seguridad, cuyo poder en hombres y armas es superior a las bandas criminales, enfrenten la desbordante inseguridad, convirtiéndose sospechosamente, en meros expectantes. Las estadísticas a nivel nacional reflejan continuas alzas en la tasa de crímenes, robos y atracos, como consecuencia de la alarmante impunidad que ocupa el primer lugar en el aumento de la tasa de delitos, de los cuales, muy pocos derivan en detenciones.

Según registro de la policía científica en el país, solo nueve de cada cien homicidios fueron detenidos, lo que demuestra la sospechosa impunidad, añadiéndose el elevado número de armas de fuego en poder de los ciudadanos, que se calcula entre 9 y 15 millones, según datos del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

La corrupción en el seno de los cuerpos policiales es otro de los factores fundamentales, al existir policías y militares involucrados en tráfico de droga, combustible, homicidios, atracos y robos a casas de familia, cuando el objetivo elemental de estos cuerpos, tiene que ser luchar contra la inseguridad, el principal problema que preocupa a la ciudadanía de la región sur, por encima de la crisis económica o fallas en el transporte, como aquí ocurre. 

Para el indígena Juan Camico, los planes de seguridad lo único que han generado es mayor corrupción entre los uniformados. Cada vez que se implementa un nuevo control, lo que crece es la cuota de ‘matraca’ en las alcabalas a los contrabandistas y no se observa ningún resultado positivo para los que vivimos en los municipios fronterizos. 

Sostuvo que la medida contra el bachaqueo ha sido un fracaso, lejos de disminuir el contrabando, se ha incrementado los índices de corrupción entre los organismos de seguridad, donde el levantamiento de la medida podría ser la mejor opción. El contrabando pasa ante los ojos de efectivos de cuerpos de seguridad diariamente y todos lo sabemos. Ellos no necesitan la noche para cruzar alimentos o gasolina, solo necesitan el dinero con el que pagan a cuerpos de seguridad por pasar hacia Colombia, aseguró Camico.

La intervención policial ha sido un rotundo fracaso según dijo, en razón de que las decisiones se toman a puerta cerrada con clara intención de favorecer grupos de poder, cuando son los efectivos de estos grupos quienes alquilan armas a delincuentes, sacan detenidos por las noches a cometer atracos y luego comparten el botín. Allí hay quienes protegen delincuentes que roban motos, carros, tráfico de droga y cometen atroces delitos como sicariato y secuestros exprés, es decir, un verdadero matrimonio que produce un muy lucrativo negocio.
Cualquier intervención policial sin la participación de la comunidad es nula. El señor Freddy Bernal debe aperturar página en internet para que la comunidad denuncie los efectivos incursos en estos delitos. A él corresponderá dar repuesta y seguramente tendremos unos cuerpos policiales con mayor honestidad y credibilidad. La ciudadanía sospecha y se cuida más de los uniformados, que de los delincuentes. Efectivos militares y policiales son expertos en sembrar droga, armas sucias y mercancía robada. Sin que les duela el alma acusan a personas inocentes y a ellos le creen por ser organismo auxiliares de la Fiscalía.

En Puerto Ayacucho y Caicara de Orinoco la delincuencia gobierna a sus anchas y sin zancadillas policiales, que no estorban para que el negocio fluya sin tropiezos.

Andrés García Bolívar
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Los legisladores venezolanos están entre los mejores pagados de toda América Latina, después de brasileños y mexicanos, pero no están muy lejos de ser los que menos trabajan. Las urgentes reformas que demanda el país para enfrentar la desesperante crisis económica que azota los sectores más empobrecidos, no se vislumbran entre ninguno de los dos bandos en aparente pugna que hacen vida en el parlamento venezolano, cuya mayor preocupación, es ciegamente obedecer el feliz matrimonio con sus partidos. No en beneficio del país, sino, en jugosas comisiones de compras y contratos que ellos se adjudican.

La oposición está más empeñado en votar para bloquear a sus rivales que para proponer y aprobar reformas que contribuyan a sacar al país de la severa crisis en que se han sumergido quienes sufragaron por ellos. En tanto el chavismo, de espalda a la realidad social, se esfuerza para hacer creíble un gobierno que va de una a otra mentira, cuyo salto al vacío es inminente, no porque pierda o gane las elecciones parlamentarias, sino porque sus políticas de Estado en materia económica, a todas luces, son tan desacertadas como las del extinto Carlos Andrés Pérez, así lo demuestran los hechos con una desbordante escases alimentaria y de medicamentos, elevada inflación y aterrorizante especulación, devaluaciones continuas y una ajustada política de recortes de subsidios a importantes programas sociales. Su severa política austera conduce a este país, hacia una crisis humanitaria.

Las políticas austeras de CAP concluyeron en un caracazo que lo sacó del poder, después de aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional, cuyos síntomas son los mismos que ahora se viven en Venezuela. El paquetazo ya fue aplicado por Nicolás Maduro, recorte de subsidios, ajustes de precios hacia arriba, devaluaciones continuas y elevada inflación, sólo falta aumentar la gasolina para suscribir la Carta de Intención con el FMI. ¿Cuantas veces se habrá revolcado en su tumba Hugo Chávez tras observar el grave error que cometió al designar un sustituto que está sepultando reivindicaciones sociales que a él le costaron cárcel, golpe de Estado y hasta la muerte?

En Amazonas los diputados nacionales son los más desconectados de una región profundamente sacudida por la crisis económica, cuyo gobierno está en sus manos. En los quince años en el parlamento su única propuesta ha sido reelegirse, ofertando una supuesta férrea lucha por la demarcación de tierras de pueblo y comunidades indígenas, aunque, en el gobierno liderado por Liborio Guarulla, los legisladores Nirma Guarulla y Julio Igarza son corresponsables de la humillación a más de doce mil indígenas que cobran salarios por debajo del sueldo mínimo. Para cobrar sus prestaciones sociales, les cobran veinte por ciento del institucionalizado soborno.

En estos momentos la escasez de unidades de transporte obliga a trabajadores a emprender caminatas superiores a los  diez kilómetros para llegar a sus sitios de trabajo. Los taxis cobran carreras hasta en trescientos bolívares, el menguado transporte de Corpoamazonas es insuficiente. Los diputados y ediles regionales legislaron para incrementarse el salario por encima de cincuenta mil bolívares.

El hambre ya ha cobrado sus primeras víctimas con muerte de niños indígenas por desnutrición, se viene elevando progresivamente la desnutrición en adultos, y los alimentos no llegan a los pueblos del interior. Frente a esta dramática realidad la gobernación de Amazonas no tiene programas de fortalecimientos comunitarios ni impulsa proyectos agrícolas, sólo dedica sus recursos a la construcción de obras civiles, de las que ellos cobran veinte por ciento de soborno, de los cuales participan los dos diputados de la oposición.

La guerra por lo victoria en las elecciones parlamentarias es a cuchillo. Las acusaciones de corrupción van de un bando a otro, pero propuesta tangibles para atenuar la crisis económica no se escuchan, aunque ambos bandos gobiernan. Un desconocido diputado, de nombre Miguel Rodríguez, con mucho poder en el gobierno nacional e impuesto por el errado dedo de Nicolás Maduro, vino a añadir más propuestas vacías, cuando él es representante del alto gobierno y por ende, con autoridad suficiente para lograr volúmenes de recursos con que frenar el hambre que se expande de un lado a otro de la región sur.

Andrés García Bolívar
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Como jugando con la paciencia de familias empobrecidas y hambrientas, las autoridades regionales gobiernan de espaldas a la aguda crisis económica que afecta miles de familias del sur del país. La indetenible especulación ha elevado tanto los precios, que los escasos productos de cesta básica superaron hasta cincuenta veces su precio original, mientras los gobernantes se encuentran sumando fuerzas detrás de un proceso electoral, cuyas consecuencias podrían ser, un estrepitoso salto al vacío.

La insostenible situación económica se evidencia en largas colas en comercios, que superando las continuas matracas de las numerosas alcabalas de la GNB, apostadas en las vías nacionales, logran descargar productos como harina, precocida, arroz, espagueti y otros, que reducidas a goteo vienen llegando, cuya normal proveeduría llegó hasta finales del gobierno de Hugo Chávez.

El hambre azota comunidades indígenas, campesinas y los vastos cordones de miseria que se conformaron en populosos sectores de Puerto Ayacucho y Caicara de Orinoco, donde los pocos productos de la red Mercal, se venden en casas de familias. A los pueblos del interior de Amazonas no llegan, y los que se consiguen, los venden a tan elevados aprecios, que no pueden ser adquiridos por maltratadas familias que viven de pequeños conucos.

Este modesto Pastor, ha venido alertando sobre una posible crisis humanitaria en la región sur del país, donde la especulación camina libremente y los gobernantes, alejados de los problemas sociales, se incrementan groseramente los salarios, como si fuese normal lo que aquí ocurre. Estos capitalistas se apropiaron de los recursos de generaciones que ahora se encuentran viviendo en condiciones paupérrimas, mientras ellos disfrutan su engordado paraíso fiscal, proveniente de gruesos recursos públicos y por consiguiente, de las riquezas de la región.

Esta asqueada forma de gobierno que aquí ejecutan opositores y chavistas, imbuidos en la más depravante corrupción,  es uno de los peligros más importantes para la sociedad sureña, que no soporta mas aumento de la indetenible especulación financiera y otros mecanismos creados con la finalidad de extraer riquezas.

Unos dieciocho mil trabajadores, 70% indígenas, agrupados en la Gobernación del Estado, Asamblea Legislativa y Alcaldía del Municipio Atures, devengan salario desde cuatro, hasta seis mil bolívares, es decir, por debajo del salario mínimo, contrariamente directores de la gobernación, alcaldía y diputados se incrementaron hasta cincuenta mil. El gobernador en dos aumentos este año se llevó de 24 a 60 mil bolívares, haciendo la salvedad que todos ellos son beneficiados con contratos y compras, de las que mínimamente obtienen 20% de soborno.

Por esta vía, los aguerridos luchadores indígenas Liborio Guarulla y Nirma Guarulla por la oposición, son propietarios de millonarias fortunas contenidas en apartamentos, quintas, hoteles, fincas ganaderas, posadas turísticas y lujosos y costoso vehículos, mientras la pomposa exministra Nicia Maldonado y Edgildo Palau, del PSUV, son responsables de la quiebra de 300 consejos comunales, la desaparición del dinero destinado a la agricultura, contratos cobrados sin ejecutar en alcaldías e instituciones nacionales, y la desbordante corrupción administrativa en Corpoamazonas. Se suma también empresas pagadas por el gobierno nacional que no existen, y otras jamás llegaron a funcionar. Para rematar, la alcaldesa Adriana González fue denunciada por extraer 40 mil dólares para darse un refrescante viajecito a Medellín, Colombia.

Todos ellos entretienen los grupos étnicos con una esforzada lucha por la demarcación de tierras y comunidades indígenas, cuando en verdad, su lucha es en procura de apropiarse del dinero de estos pueblos que ahora se encuentran severamente afectados por escasez alimentaria y desnutrición infantil y adulta.

El chiste más gracioso en el sur, son las aspiraciones presidenciales de Liborio Guarulla, quien junto a Henry Falcón, debaten su postura de cara al proceso presidencial o a los supuestos resultados favorables de un presunto referéndum presidencial. La idea se cocina a fuego lento, pero, un gobernante que empobreció aún más este pequeño Estado, sin proyecto de Estado, ¿Tendrá capacidad para gobernar un país? De seguro los resultados serían iguales o peores a Nicolás Maduro. Su proyecto no avanzaría más allá de sustituir los contratistas y proveedores nacionales por los suyos.

Nacionalmente la situación no es diferente a la de Liborio, con un Presidente que invita a una aguerrida cruzada contra la corrupción, pero en nada toca a generales directores de institutos públicos, que, apunta de soborno, desguazan dinero a manos llenas. Antes de investigarlos, los defiende del valiente Barack Obama, que sin Ley Habilitante, los acusó en lista que internacionalmente publicó.

A cualquier modesto ciudadano que acuse a la pomposa oligarquía roja rojita, violentamente lo desmienten sindicándolo de escuálido o enemigo del proceso. Eso basta para proteger a un nutrido grupo de delincuentes que tienen al país sumergido en una profunda crisis, de la que no se vislumbra salida. El Presidente, antes de continuar con su infructífera lucha contra la corrupción y exigir más leyes habilitantes, más elegante le seria desenterrar el viejo Comité de Ética de Acción Democrática, implantarlo en el PSUV y esperar que la misma corrupción lo sepulte para que laves sus manos en inocencia.

Andrés García Bolívar
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Los principios por los que Hugo Chávez pagó varios años de calabozo, después del golpe del 92, fueron lanzados al cesto de la basura por la revolución de Nicolás Maduro que, a acelerados pasos, conduce a este país a una catástrofe social, que bien podría concluir en hambruna masiva, que muy cerca está por comenzar.

Hugo Chávez quitó una gruesa parte de los voluminosos recursos que consumía en su gran mayoría la oligarquía de la llamada Cuarta República, y en un acertado paquete de misiones los distribuyó entre las familias más pobres de este país, cuya recompensa le permitió mantenerse durante doce años de gobierno con una popularidad que rayaba el 70%. De esa aplaudida decisión, sólo quedan pequeñas muestras. El actual Presidente, en una errada política de Estado, de un plumazo ordenó el recorte de importantes misiones y desapareció otras, dando paso a continuas devaluaciones que afectaron las clases sociales más empobrecidas, sumergiendo a una gruesa mayoría de venezolanos, en una desesperante pobreza.

Desaparecieron importantes programas sociales como: Vuelos Solidarios de la Fuerza Aérea, el transporte SITSSA, Madres del Barrio, Niños de la Patria y otros. Mercal, el programa alimentario bandera de Hugo Chávez cuando dijo: “se distribuirá alimentos a todos por igual”, se ha reducido tanto, que desaparecieron bodegas de sectores empobrecidos, como: gruesas poblaciones de barrios, comunidades indígenas y campesinas, y del interior de los estados. En Amazonas, el Estado más pobre del país, se redujo a dos bodegas donde escasean los productos básicos y las colas son kilométricas.

Es cierto que importantes empresas como Polar y Central Madeirense apuestan por el desabastecimiento alimentario para tumbar al Presidente, pero también es cierto, que la escasez en materiales de construcción como: cabillas, alambrones, vigas de acero y cemento son responsabilidad absoluta del gobierno. La escasez de medicamentos en la misión Barrio Adentro, responde a importantes recortes de recursos al convenio suscrito por las repúblicas de Cuba y Venezuela. A todas luces, estas acciones apuntan hacia la desaparición de los programas logrados con la revolución de Hugo Chávez, en el justo momento en que ambulatorios y hospitales del Ministerio de Sanidad, mantienen un permanente desabastecimiento.

La revolución madurista se encuentra imbuida en una alarmante corrupción administrativa institucionalizada por un avariento sector militar que se adjudica la producción de vehículos de las empresas del gobierno, la importación de productos de línea blanca y se incrementaron groseramente el salario, frente a los miserables sueldos que devenga el resto de los trabajadores. Militares con hasta cinco carros adquiridos para taxis o bien para reverlos por más de un millón de bolívares. Revenden neveras, cocinas, lavadoras, televisores y lo que llegue por esa vía.

La desbordante especulación auspiciada por la profunda escasez de alimentos, medicamentos y autopartes, seguirá su curso y crecimiento alarmante, porque en nada preocupa a ministros, gobernadores, alcaldes y diputados que siguen amontonando riqueza a través del otorgamiento de compras y contratos a familiares y su pequeño entorno. Al resto de los venezolanos nos dejan el hambre y la discusión partidista generada por el proceso electoral para la escogencia de diputados. Al calor de la revolución madurista se ha fortalecido una oligarquía roja rojita que amasa gruesos volúmenes de dinero y disfruta libremente de su paraíso fiscal.

Aquí se escogerá entre candidatos corruptos, ya que así se acusan uno y otros. Destaca la acaudalada exministra para Asuntos Indígenas Nicia Maldonado por el PSUV, y la hermana del gobernador, Nirma Guarulla por la oposición. Ambas con tanto dinero como el gobernador Liborio Guarulla, convertido en quintas, vehículos y apartamentos.

El gobernador se elevó su sueldo de 24 a 60 mil bolívares en un año, mientras sus operadores políticos, devengan desde cuatro, hasta seis mil bolívares, condición por la que laboran doce mil trabajadores ahogados por la aguda crisis económica, en su mayoría indígenas. Nirma Guarulla es miembro de la Comisión de Asuntos Indígenas, pero en nada le preocupa la desnutrición infantil en el sector. Su hermano tiene alta cuota de responsabilidad por dedicar todo el dinero para compras y contratos que reintegran 20 por ciento de soborno. Jamás ha invertido dinero en programas agrícolas sostenibles o de fortalecimiento comunitario.

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Totalmente desabastecidos se encuentran hospitales y ambulatorios del sur, secados por una crisis, que antes de asomar destellos de luz, se profundiza agudizándose aún más, con incremento preocupante de desnutrición infantil y de adultos, que habitan la extensa región del Alto Orinoco, donde ocho ambulatorios llevan meses sin medicamentos, combustibles y sin comida para el personal médico, destacándose que a esta región no llegan los alimentos de la red Mercal.

La falta de combustible que azota comunidades indígenas y pueblos del interior, en mayor proporción afecta niños que padecen afecciones respiratorias, por cuanto el sistema de nebulización funciona con energía eléctrica y las plantas están inoperantes, tampoco se realizan penetraciones hacia comunidades yanomamis distantes afectadas por paludismos, ya que la escasez de combustible no permite operar motores fuera de borda. En nada preocupa a las autoridades regionales las severas condiciones infrahumanas en que trabaja el personal médico.

Según informó un médico, la Comisionaduria de Salud debe proporcionar alimentos al personal que trabaja en el área yanomami por lo difícil de adquirirlos, sin embargo, en los últimos tres años jamás han llegado, aunque presumen que el dinero se continua enviando desde nivel central.

Hábilmente las autoridades sanitarias de Amazonas utilizan una fundación yanomami, que continuamente acusa en medios nacionales, por la crisis asistencial en la región, a médicos que trabajan allí, cuando el desabastecimiento de insumos y combustible es responsabilidad absoluta de las autoridades sanitarias, cuyas solicitudes de gruesos volúmenes de gasolina, aparecen en los registros de PDVSA Amazonas, pero sospechan que son vendidos a empresarios Colombianos.

En Puerto Ayacucho y Caicara de Orinoco se está consumiendo agua sin tratamiento químico, que viene desembocando en brotes diarreicos, parasitosis y amibiasis, justo en el momento en que medicamentos para atacar estas enfermedades, desaparecieron de módulos de Barrio Adentro, hospitales y farmacias. 

La crisis de medicamentos y alimentos en el país, es auspiciada por empresas privadas adscritas a Fedecamaras que con el visto bueno de generales y ejecutivos del Alto Gobierno, intentan tumbar al presidente Nicolás Maduro, pero la escasez en el Sistema Barrio Adentro es propia del Ministerio de Sanidad y la Presidencia de la Republica, pues, se trata del convenio con la República de Cuba. A todas luces indica que este sistema fue afectado por el recorte de subsidio anunciado por la revolución de Nicolás Maduro, que eliminó misiones, recortó beneficios y echó todas las cargas de la crisis económica sobre el lomo de los más pobres para favorecer a los más ricos con continuas devaluaciones, es decir, el mismo paquetazo de Carlos Andrés Pérez, pero disfrazado de revolución.

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La desesperante crisis económica y sanitaria que azota al país, comenzó a marcar profundas huellas entre familias indígenas, campesinas y de sectores empobrecidos donde la tasa de desempleo es alta y el ingreso percápita es menor al salario mínimo. Doce mil trabajadores de la gobernación ganan salarios inferiores al sueldo mínimo y los miles de trabajadores de las UBE, comandos de campaña del gobernador Liborio Guarulla, devengan cuatro mil bolívares por mes. Guarulla, durante el mes de mayo recibió 618 millones de bolívares en dos créditos adicionales para el pago de dos mil pensionados y jubilados, y aún, no han cobrado. Los choferes de Corpoamazonas devengan únicamente salario mínimo sin ningún beneficio, y el que proteste lo despide la flamante exministra de Asuntos Indígenas y ahora empresaria, Nicia Maldonado.

La aguda crisis ha provocado divorcios, homicidios, suicidios y el incremento incontrolado de una creciente inseguridad de la que participan efectivos de los cuerpos de seguridad, integrados a las bandas cometiendo secuestros, robos a casas de familias y atracos a mano armada, sin que haya autoridad superior que investigue. El sicariato se adueñó de Puerto Ayacucho y Caicara de Orinoco. 

Un pollo y un kilogramo de carne cuestan mil bolívares cada uno, frijol 500, arroz, azúcar, espaguetis hasta 250 bolívares por unidad, en campos y pueblos del interior, mientras en puerto Ayacucho, ambulatorios y hospitales, comenzaron a reciclar inyectadoras y no cuentan con calmantes, desinfectantes y antipiréticos para enfrentar el brote de dengue, paludismo y chikungunya. El peligro está en contaminar pacientes, como ya ocurrió hace tres años con una niña de un año, contaminada con sida en una trasfusión sanguínea en el Hospital José Gregorio Hernández. En el Hospital Arnoldo José Gabaldón, de Caicara de Orinoco, los pacientes tienen que comprar los insumos, con el agravante, que allí operan y cobran como si se tratara de una clínica privada. En ese pueblo, los alimentos de Mercal los venden  en casas de familia más caros que los productos privados. Una paca de azúcar en dos mil bolívares, pero gran parte llega en las mismas gandolas hasta las minas del Caura. El combustible no llega a las comunidades y pueblos del interior.

Uniformar un niño de educación primaria, tiene un costo superior a los doce mil bolívares, lo que revela el alto índice de deserción escolar por falta de uniformes, útiles escolares y alimentos. Dramáticamente aumentaron los casos de desnutrición infantil que ingresan a pediatría, sosteniendo los médicos que mucho mayor son los que no puede salir de comunidades y pueblos lejanos del interior. La revolución de Nicolás Maduro nos conduce hacia el abismo de la hambruna que lo obligará a solicitar ayuda internacional. Eso será el humillante costo que pagaremos los más pobres, por apartarse Nicolás Maduro de los acertados principios revolucionarios de Hugo Chávez Frías e imponer los suyos, devaluando moneda para favorecer los más ricos, recortando subsidios a los más pobres y dejando de lado el Plan Nacional Agropecuario.

Frente a este sombrío panorama el opositor gobernador, empresario y “aguerrido luchador indígena”, Liborio Guarulla, se elevó el sueldo de 24 a 60 bolívares mensuales, y junto a su hermana, la diputada Nirma Guarulla y candidata a la relección, poseen una millonaria fortuna levantada a nombre de la lucha indígena, convertida en apartamentos, quintas, fincas ganaderas, hoteles, lujosos vehículos y posadas turísticas. La alcaldesa Adriana González, del mismo equipo político y exsecretaria ejecutiva de Guarulla, dispondrá de 40 mil dólares para disfrute turístico con seis personas más en Medellín, Colombia. Por vía de corrupción administrativa donó 250 mil bolívares al equipo de fútbol, Tucanes de Amazonas, propiedad de la primera dama Judith Campos de Guarulla, que este año consume 8 millones de bolívares de la gobernación, cuyo único fin, es ver jugar futbol profesional al hijo de la pareja gobernante. La alcaldesa otorga las compras a uno de sus directores, y un familiar suyo, es el mayor contratista de su gobierno.

La directiva del PSUV se apropió del dinero de 300 consejos comunales, 24 millones de la Alcaldía del Alto Orinoco, provenientes del Consejo Federal de Gobierno, venden a Colombia gasolina y alimento de Mercal, desaparecieron el dinero de Agropatria, fondas, el ganado del Hato El Yavi, en Manapiare, y liquidaron un fundo Zamorano. Desaparecieron cauchos, aceites, filtros y todos los insumos que llegaron vía Corpoamazonas, repuestos y extintores de los autobuses enviado por Maduro. En un año acabaron con varios autobuses que ahora son chatarra. La fiesta continúa cobrando 50 mil bolívares por adjudicación de cada casa en la Misión Vivienda. Venden en mil quinientos bolívares cada saco de cemento sin pararle a lucha contra la corrupción y la Ley Habilitante. Buena parte de la carne y pollo que llegó durante el año escolar para los niños, fue a las minas del Yapacana. De dos despulpadoras de piña, solo los restos de una quedan en una comunidad. Nada se sabe del desaparecido dinero de la planta de desechos sólidos. Nicia Maldonado hizo que el vicepresidente Jorge Arreaza le mintiera al país mostrando en VTV la producción de tres galpones de pollos. La verdad, fueron llevados de otras fincas y el dinero desapareció. Si el presidente no hace valer la débil autoridad que posee, la avarienta corrupción civicomilitar le robará su dinero.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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Detrás de la guerra a cuchillos por la presidencia de comisiones, hay más que un mero interés nacional por el control del parlamento, se oculta el gran negocio de diputados, para obtener beneficios personales y grupales, y de parte del Ejecutivo Nacional que busca vía libre para nombramientos de funcionarios, magistrados y partidas presupuestarias.

Al resultar electos los noveles legisladores, los malamañosos zorros de la vieja política, les cambian sus ideales y asumen ancestrales mañas, iniciadas con una veloz carrera por ubicarse en posiciones que brinden mayor dinero, como comisiones permanentes que otorguen facultades para controlar el manejo de recursos. La plenaria del órgano legislativo se convierte en un manso cauce de agua dulce donde los legisladores frente al país, lavan sus rostros como mansos corderitos, pero ya han aprobado el examen de oscuras artimañas para conformar las apetitosas comisiones donde negocian sin tapujo en la lengua.

El negocio va desde la aprobación de nombramientos de funcionarios y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, procesamiento de denuncias contra ellos e incluso, esa comisión es el primer filtro si se tuviera que juzgar al presidente de la República. El negocio sigue su rumbo por la Comisión de Administración y Presupuesto que autoriza partidas requeridas por el Gobierno Nacional, así como traslados y créditos adicionales. En esta instancia, los diputados sacan mejor provecho a su voto, exigiendo como retribución, la aprobación de partidas para “financiar propuestas electorales”. En Legislación, se ventilan temas de suma importancia para el funcionamiento del Estado, como reformas a los códigos Penal, Civil y Electoral. Como pez en el agua se mueven para formar parte de estas comisiones, porque da un beneficio de coacción sobre el Ejecutivo, para no hablar de soborno.

Estas comisiones son el lomito del negocio, mas no así, las de Transporte, Trabajo, Salud o Educación, Cultura y Deporte, dejando claro que los temas más importantes para la población, como la preocupante escasez alimentaria y de medicamentos, corrupción administrativa y militar, y la no existencia de un plan nacional agropecuario,  no son de la preferencia parlamentaria.

El primer llamado lo hizo el Presidente Nicolás Maduro, quien adelantó a los diputados revolucionarios, que queden electos en los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, a “legislar concentrados en necesidades del pueblo, no a grupos ajenos”. Sumó otras frases desconocidas en el parlamento venezolano, “forjar valores y orientar al pueblo”. “sembrar conciencia revolucionaria en nuestro pueblo, ese es el eje de nuestra campaña”, instó el presidente. Esa conciencia popular está muy lejos de alcanzarse, mientras la oliguria roja rojita siga al frente del partido. Antes se continuará con la vieja conciencia de la política tradicional, amasando fortuna y engañando a los más pobres.

Asimismo proponen retomar, en una nueva fase, el parlamentarismo social de calle como método de trabajo permanente. Siempre he sugerido al presidente abandonar el Gobierno de Calle y dejar que la calle gobierne para que vea un poder popular renovar la maltrecha economía de este país.

Si se aperturara páginas en internet para permitir gobernar al Poder Popular, veríamos fortalecerse la economía desde abajo hacia arriba con un efectivo plan nacional agropecuario, sustituir el arcaico y debilitado Poder Judicial por uno renovado con la misma autoridad existente para aplicar leyes y activar eficazmente castigo ejemplarizante contra la corrupción administrativa, poner freno a la desbordada corrupción militar y de cuerpos de seguridad, sin necesidad de emprender lucha contra la corrupción o solicitar leyes habilitantes que no van más allá de la nada, incapaz de tocar la millonaria oligarquía roja rojita y de oposición, gozosas por disfrutar sin tropiezo, el paraíso fiscal acumulado al calor de la revolución. En este país no faltan leyes, falta autoridad que ejecute las que existen.

Andrés García Bolívar
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La preocupante crisis alimentaria que se apoderó del país, ha cobrado fuerza en productos básicos con precios tan elevados, que son inaccesibles para millares de familias empobrecidas por el desbastador efecto de una crisis, cuya salida no se observa a corto plazo. La dramática situación hizo desaparecer de anaqueles productos esenciales como: Harina precocida, azúcar, arroz, espagueti, leche, aceite, detergentes y otros productos que superaron veinticinco veces sus costos en dos años y medio de gobierno de Nicolás Maduro.

En el último año de Hugo Chávez estos productos mantenían precios próximos a los cuatro bolívares, y ahora, superan los cien bolívares, provocando divorcios, homicidios y suicidios, y es una de las causas que está generando un crecimiento alarmante de la delincuencia.

El descalabro económico se inició cinco días después de la muerte de Hugo Chávez con una primera devaluación decretada por el actual Presidente, que dio rienda suelta a una voraz especulación, acompañada de acaparamiento auspiciado por empresas productoras de alimentos, con el propósito de echar del palacio a Nicolás Maduro, sumándose  la avaricia de generales y ejecutivos del gobierno nacional que han sacado gigantesco provecho ante los débiles controles, falta de autoridad y galopante corrupción administrativa, liderada por un sector militar dueño absoluto de importantes cargos en la administración nacional.

Sometieron a Nicolás Maduro para incrementarse el salario a niveles astronómicos, se adjudican los vehículos que producen las empresas del gobierno, se apropiaron de la importación de línea blanca que luego venden a precios especulativos, pero como traición se paga con traición, juegan con sectores de la oposición para echar al Presidente por vía de golpe de estado, como recientemente desmontaron una de estas intentonas.

Chavismo y oposición son copia fiel y exacta. Manejan ministerios, gobernaciones, alcaldías, institutos públicos y mantienen una Asamblea Nacional repleta de proveedores y contratistas que se halan los cabellos, pero ni con el pétalo de una rosa tocan el formato económico que les permite disfrutar el paraíso fiscal que vienen amontonando. A los más pobres nos marean con un supuesto socialismo y un discurso antigringo bien planificado para distraer un pueblo doblegado por hambre. Estamos viviendo el más rancio y cruel capitalismo salvaje en el que los más ricos amasan dinero a manos llenas. Ellos únicamente socializan la política, pero no el capital, eso es de su exclusiva posesión.

Si algún partido está en este momento de espalda al pueblo, es precisamente el PSUV. Mantiene el control del gobierno, pero en nada le importa la crisis que matará gente por hambre y solo se preocupan por apropiarse del dinero de las instituciones. Amigo lector, el chavismo mantiene veinte gobernaciones y centenares de alcaldías, y observe que todos esos gobernadores, ministros, alcaldes y directores nacionales, están rodeados de contratistas y proveedores haciéndose ricos ellos y sus familiares, tal como lo hace la oposición con sus gobernaciones y alcaldías.

El país no tiene plan nacional agrícola, y observe que ninguna de esas gobernaciones impulsa proyectos de desarrollo agropecuario. Los mandatos no van más allá de construcción de obras civiles para cobrar veinte por ciento de comisión. 

Desde mi modesta posición de  indio, veguero, pobre y campesino, invito a una cruzada por internet para que el presidente Nicolás Maduro abra una página y permita que el soberano, del que tanto se ufana, denuncie la corrupción militar, civil y un Poder Judicial participante de estos hechos.  Nosotros denunciaremos con pruebas en manos, y a él, que emprendió una lucha contra la corrupción y se le otorgó una Ley Habilitante, corresponderá dar repuesta. Hasta ahora está perdiendo con Barack Obama, que sin lucha contra la corrupción y sin Ley Habilítate publicó una lista de venezolanos corruptos.

Este país es tan suyo como nuestro. Juntos podemos limpiarlo y lograr desarticular leyes promulgadas para avalar corrupción. Observe gobernantes que ayer eran pobres y hoy  millonarios, pero inocentes frente a la Ley. De no unirnos, nos comeremos unos con otros, y aunque los ricos del gobierno y la oposición la nieguen, la hambruna es una realidad.

Andrés García Bolívar
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