Miles de familias del sur del país, apenas consiguen lo necesario para alimentarse cada día, pero no alcanza para llevar una vida saludable y productiva. El número de personas víctimas del hambre ha aumentado debido a las crisis financieras y económicas, cuya ingesta de energía alimentaria se encuentra por debajo del mínimo requerido para llevar una vida activa, muchos de ellos afectados por desnutrición, con sus consecuentes causas, frecuentes infecciones y enfermedades, afectando mayormente la población infantil indígena, donde mueren de infecciones comunes como la diarrea, vómitos, gripes y sarampión.  Esto dificulta el desarrollo de las personas y las sociedades: la subnutrición mata e incrementa la morbilidad. Niños que luego sufren de retraso del crecimiento debido a la nutrición inadecuada, con altas posibilidades de no alcanzar su pleno potencial educativo y productivo.

Así lo confirman los médicos del servicio de Pediatría, del Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho y el Arnoldo José Gabaldón de Caicara de Orinoco, sumándose un informe de la misión cubana Barrio Adentro, en el que se da cuenta del alarmante crecimiento de la extrema pobreza entre familias habitantes de comunidades indígenas, campesinas y sectores empobrecidos de Puerto Ayacucho y Caicara de Orinoco.

El problema de acceso a la alimentación es debido a la escasez de productos de la cesta básica y a las subidas repentinas y elevadas de precios, que contrastan con los bajos salario y la elevada tasa de desempleo. La población más desfavorecida permanece atrapada por el hambre al no poder adquirir los alimentos necesarios. Este incremento de precios ha superado el máximo registrado en 2008, después de haber aumentado en un 47 por ciento desde junio de 2010. Así, la inflación de precios de los alimentos se ha acelerado tanto, que obliga a las familias a gastar sus ganancias en comida.

Es urgente centrar los esfuerzos en reducir el hambre, previniendo, detectando y tratando la desnutrición. Asimismo, ejerciendo acciones de denuncia ante los actos que transgreden los derechos humanos de las poblaciones más desfavorecidas.  Hay que buscar acabar con el hambre y la pobreza mediante el trabajo directo promoviendo el empoderamiento de las personas para llevar una vida de autoconfianza, satisfacer sus propias necesidades básicas y buscar un desarrollo sostenible.

La movilización de grupos locales a nivel de base, el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio y el establecimiento de asociaciones efectivas con los gobiernos locales, pero nada de esto se ventila entre los mandatarios de la región. No han presentado proyectos para ayudar a pequeños productores en sus comunidades a adaptar sus prácticas agrícolas y mejorar su productividad para fortalecer la capacidad de campesinos, en hacerle frente a la inseguridad alimentaria.

Con urgencia se amerita proyectos  de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de comunidades campesinas e Indígenas ante la inseguridad alimentaria que cobra fuerza, en una región donde no hay sintonía entre las políticas de desarrollo del gobierno regional y locales, para mitigar la escasez de alimentos, comenzando por reconocer las causas de la misma: la escasez de agua, degradación de los suelos, cambio climático, explosión demográfica y epidemias, entre otras. Es indispensable una coordinación conjunta interinstitucional, entre los ministerios de Agricultura, Salud, Educación, Desarrollo Social y las direcciones regionales.

Hay que impulsar con urgencia proyectos de asistencia técnica y financiera a pequeños productores para mejorar e incrementar su productividad agrícola mediante el uso de sistemas agroforestales y de irrigación.  Además, apoyarlos en amejoramiento de riesgo agrícola y la producción de granos básicos con prácticas de costos reducidos y amigables con el ambiente.

Las alcaldías y gobernaciones del país pueden presentar proyectos agrícolas al Consejo Federal de Gobierno y su órgano ejecutor, el Fondo de Compensación Interterritorial, pero, tanto el dinero para inversión y el asignado por esta vía, lo planifican en vivienda, vialidad y electricidad para asignárselos a contratista que reintegra el 20% de soborno. Bajo este concepto jamás podrán cristalizarse proyectos agrícolas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y la consolidación de la soberanía alimentaria.

El gobernador opositor de Amazonas Liborio Guarulla, la diputada Nirma Guarulla y los chavistas Nicia Maldonado y la directiva del PSUV, han convertido el dinero de todos en lujosas quintas, hermosas camionetas y cuentas repletas de dinero, sin importar que las familias indígenas y campesinas, que ellos representan, sigan con el estómago roncando de Hambre.

En la gobernación hay doce mil trabajadores cobrando por debajo del salario mínimo. La Asamblea Legislativa designada por Guarulla, aplaude la decisión porque está para avalar y participar de la misma corrupción del gobernador. Las alcaldías son simples empresas familiares, con trabajadores que cobran hasta ochocientos bolívares mensuales. Muy duro ataca el hambre en esos pueblos sometidos al criminal yugo de estas familias mantenidas en el poder con los votos colombianos.

Esta indigna dirigencia sigue su campaña para escogencia de diputados, de espalda a la amarga realidad económica que azota al mismo pueblo del que se apropiaron ilegalmente de su dinero. El hambre recorre de uno a otro lado la región y ellos continúan amontonando fortuna, frente a una Contraloría y Fiscalía, que soslayan sus cómplices miradas.

El ministerio de Agricultura de Amazonas marcha a la cabeza de la corrupción agrícola. Otorga créditos a operadores políticos que devuelven el favor con hasta la mitad del dinero. Bajo este mismo criterio asignaron los créditos de Fondas y Agro Venezuela. Ahora llegó el hambre y la producción agrícola no se observa por ningún lado.

Dice Jesucristo en su Palabra: que vuestras costumbres sean sin avaricia. La avaricia es un demonio, es una maldición. De allí que narcotraficantes, paramilitares, los gobernantes y sus ejecutivos corruptos que cobran soborno a contratista y proveedores para hacerse ricos ellos y sus familiares, están bajo maldición. Van con su dinero robado tranquilos al infierno. Muchos no llegaran al final de sus días. Los asesinaran en su oscuro camino o mueren corroídos por largas y dolorosas enfermedades. Destruyen su matrimonio o su familia. Sus hijos se van por el camino del delito. Los narcotraficantes conocidos y los corruptos que se han robado el dinero de los más pobres, han muerto en su ley. Asesinados y corroídos de largas y dolorosas enfermedades. Piense en usted y su familia, si no quiere morir igual a ellos. Apártese de la mentira del diablo, sirva a su pueblo, apártese de la avaricia y la riqueza fácil. Los que roban no entran al reino de Cristo, tienen que devolver el dinero robado u obtenido por vía del narcotráfico. El que no lo haga, va directo al infierno. Nadie se presentará delante de Cristo con la inmundicia en sus manos. Dios no da por inocente al culpable.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
Teléfono: 0416106l7319

Andresgarbo3510@gmail.com
Andresgarbo@ghotmail.com

El cartel del Guaviare, Colombia, ha mantenido sus operaciones desplegadas a largo y ancho de las fronteras de Amazonas y Apure con un lucrativo negocio por las ventas de varias toneladas de estupefacientes entre las que se cuentan cocaína y base de coca, que pasa por los “caminos verdes” rumbo al centro del país.

Los esfuerzos del gobierno venezolano contra las drogas ilícitas ha permitido a la Guardia Nacional capturar narcotraficantes y personas dedicadas al micro tráfico, pero las operaciones de más de 200 laboratorios para el procesamiento de drogas ilícitas, principalmente en la zona rural del departamentos del Guaviare, superan los controles impuestos por las autoridades de este lado de las fronteras.

“La frontera es muy extensa y los caminos verdes se cuentan por centenares”, dijo un efectivo de la Guardia Nacional apostado en un puesto de control en las cercanías de Puerto Páez. Reconoce complicidad interna de muchos efectivos, pero admira la valentía de oficiales y guardias nacionales con suficiente coraje para enfrentar estas bandas. De aquel lado de las fronteras el control es inexistente y los laboratorios procesan droga día y noche, aunque pocas veces se ha tenido información sobre operativos del Ejército Colombiano.

Son frecuentes los delitos de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Los cuerpo de seguridad desarticulan bandas, pero surgen otras que asumen el poder y se hacen parte de las organizaciones de narcotráfico que operan libremente de aquel lado. Desempeñan diferentes roles como transportadores de dinero y drogas, productores o cristalizadores de base de coca, seguridad en laboratorios y en los desplazamientos hacia las lanchas, supervisores de rutas de tráfico, sicariato, enlaces internacionales para la comercialización del estupefaciente, mecánicos de lanchas, entre otros.

El efectivo de la Guardia Nacional reveló que el volumen de dinero manejado por la banca pública y privada del sur, no se corresponde con el tamaño del dinero que circula en el comercio local, lo que debería convertirse en alerta para los controles financieros del país, en razón a los frondosos negocios levantados de un día para otro, y a los gruesos volúmenes depositados sin control por la narcoindustria.

En tanto, en los pueblos fronterizos, armados de pistolas 9 mm o revólveres, subametralladoras y teléfonos celulares para comunicarse entre ellos, dirigen operaciones en barrios, distribuyen droga en casas de familias, incluso, ubicadas unas enfrente de otras, asaltan hogares honestos, negocios,  ejecutan sicariato y contrabandean combustible, alimentos de programas sociales y comercio local, roban motos vehículos y electrodomésticos que también cruzan a Colombia. Así se comunican y operan con bandas paramilitares colombianas de aquel lado, que les permite administrar sin conflicto el tráfico de droga, extorsión y secuestro.

Han conformado escuadrones paramilitares por sector, en muchos casos en complicidad con agentes policiales deshonestos, para declararle la guerra a los cuerpos de seguridad, porque ponen en riesgo un negocio que genera centenares de millones de bolívares mensuales a cada uno de los integrantes de estos grupos.  

Respecto de las armas, se reconoce el suministro y tráfico de armas de Cavim, determinándose que 85% de las municiones implicadas en delitos son fabricadas en Cavim. Se suma la existencia de un mercado negro de armas, provenientes de los cuerpos de seguridad y del mercado negro colombovenezolano.

Los delitos más comunes son los secuestros, homicidios y tráfico de drogas. Siendo la droga el gran motor económico y financiero del crimen organizado, que tiene sus ramificaciones dentro de algunos cuerpos de seguridad e incluso dentro de la propia FANB, tribunales y Fiscalía. Además con la presencia de paramilitares.
En estos sectores de distribución, ingresan vehículos costosos como si nada. Van y vienen camionetas, carritos de paseo sin placas y motos dedicadas al libre comercio de droga.

Aseguró el uniformado que existen hombres de los cuerpos de seguridad con voluntad para combatir estas bandas. Las han estudiado y lograron establecer su ubicación e identificar a sus líderes, pero no tienen la logística para ir contra estos grupos armados vinculados al secuestro, tráfico de drogas, sicariato y robo de vehículos.

La industria del crimen, es el negocio más lucrativa del Sur del país.

Dice Jesucristo en su Palabra: que vuestras costumbres sean sin avaricia. La avaricia es un demonio de maldición. De allí que narcotraficantes, paramilitares, los gobernantes y sus ejecutivos corruptos que cobran soborno a contratista y proveedores para hacerse ricos ellos y sus familiares, están bajo maldición. Van tranquilos al infierno. Muchos no llegaran al final de sus días. Los asesinaran en su oscuro camino o morirán corroídos por largas y dolorosas enfermedades. Los narcotraficantes conocidos y los corruptos que se han robado el dinero de los más pobres, han muerto en su ley. Asesinados y corroídos de largas y dolorosas enfermedades. Piense en usted y su familia si no quiere morir igual a ellos. Apártese de la mentira del diablo, sirva a su pueblo. Para que ellos entren en el reino de Cristo, tienen que devolver el dinero robado u obtenido por vía del narcotráfico. El que no lo haga va directo al infierno. Nadie se presenta delante de Cristo con la inmundicia en las manos. Dios no da por inocente al culpable.

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La colombianización de las fronteras es un hecho real a través de bandas armadas que imponen sus prácticas criminales para defender y mantener un sistema de enriquecimiento ilícito a través del contrabando, secuestro, narcotráficos, extracción de alimentos y otros negocios oscuros conque alimentan una oligarquía rancia y mezquina, que como los buitres, comen cadáveres.

Son millones de toneladas de alimentos que se van por  trochas y puertos legales, ocultos unos, y otros con el visto bueno de los cuerpos de seguridad venezolanos, que también participan de este oscuro negocio. Miles de litros de combustibles van a los sembradíos de coca, paramilitarismo y narcotráfico, amparados por autoridades colombianas que demandan ante organismos de Derechos Humanos la protección de estos cárteles.

Se da por sentado que las demandas venezolanas ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la CIDH de la OEA, muy pocas probabilidades de prosperar tienen, en razón de que se está enfrentando al gobierno colombiano, el más comprometido y defensor de los bienes norteamericanos en América Latina. En ese país existen diez bases militares y la CIA dirige las políticas de seguridad de Estado y política sociales más austeras que se apliquen en el continente.

Totalmente opuestas, las políticas socialistas del presidente Hugo Chávez permitieron subsidiar alimentos de la cesta básica con la intención de satisfacer las necesidades de los sectores más deprimidos económicamente. Esto, sumado a la gasolina barata, se convierte en un lucrativo negocio para las mafias contrabandistas, que en complicidad con altos ejecutivos de estos programas, contrabandean gruesos volúmenes de alimentos y combustibles generando un negocio de centenares de millones de dólares que viene desenvolviéndose libremente.

Estas bandas, más las acciones de la minería ilegal, donde también tienen las manos metidas el paramilitarismo y militares corruptos, han incrementado tanto los precios de productos, que son realmente incomparables respecto al resto de las regiones venezolanas, con la especulación e inflación que se registra en el centro del país.

En San Fernando de Atabapo un kilogramo de harina precocida llegó a 600 bolívares. Allí los alimentos desaparecen tan pronto como llegan, van a Colombia o las minas del Yapacana. La población esta desesperada ante la criminal escasez y los elevados costos de los pocos productos que se consiguen.

El contrabando de productos sometidos a control de precios o subsidiados por el Gobierno es desviado de manera masiva para su comercialización a mayores precios. Entre estos se mencionan gasolina, gas doméstico, alimentos, medicamentos, productos de higiene personal y cuanto producto sea rentable para los contrabandistas, trayendo consigo evasión tributaria, corrupción y escasez, afectando la soberanía alimentaria.

Aquí permanecemos bajo el acecho de bandas criminales que aumentaron considerablemente la situación de inseguridad y la zozobra, rebasando con creces el control de cuerpos de seguridad que se han visto superados por el accionar de grupos provenientes de Colombia, sembrados a lo largo de la franja fronteriza.
La cantidad de personas asesinadas semanalmente es alarmante, con ajusticiamientos ejecutados por elementos vinculados al paramilitarismo que actúan libremente en defensa de bienes de los carteles de la droga, contrabandistas y operadores políticos. 

Para muchos pobladores también hay agentes de los cuerpos de seguridad participando en la ola de crímenes violentos que se vienen presentando en la región, en complicidad con el paramilitarismo. La región es escenario de acciones criminales y extorsivas de grupos paramilitares que poseen pequeños grupos de apoyo para la introducción de droga por el territorio nacional y mantener el contrabando de gasolina.  

El auge desmedido del delito obedece: a la falta de una política integral en materia de seguridad ciudadana, el alto índice de impunidad y el colapso del sistema de justicia, elementos que han vuelto incontrolable la criminalidad.

Los delitos continúan en ascenso hasta que se implemente una política pública que ataque en paralelo las distintas circunstancias que directa e indirectamente inciden en el aumento de la violencia y la criminalidad en la región.

El Gobernador Liborio Guarulla debería apartarse  por un monumento de sus contratistas y proveedores para colocar esta situación en el centro de sus preocupaciones, cooperado con los organismos de seguridad para estrechar un cerco operacional contra esta delincuencia criminal. Hay que recordarle que los agentes policiales cobran por la gobernación y muchos de ellos están implicados en estos delitos.

Andrés García Bolívar
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Las empresas privadas propiedad de grandes capitalistas acaparan alimentos para apostar al caos con una criminal guerra económica consistente en esconder toneladas de productos de primera necesidad para desestabilizar el país, sembrando hambre en el pueblo venezolano que no resiste más atropello.

La clase trabajadora y los más pobres de este país, están conscientes de la guerra económica que sostiene la burguesía contra el pueblo. La oligarquía política opositora al gobierno de Nicolás Maduro, vino con su misma arma de golpe económico que no agarrará a nadie por sorpresa, el país está claro con esta guerra declarada y reconoce que el desabastecimiento de alimentos es provocado por el sector empresarial, liderado por las empresas Polar y Central Madeirense.

Los niveles de desabastecimiento que se registran en Venezuela responden a la desbordada avaricia de un grupo de empresarios que vienen escapando de la justicia de los hombres, más no de la perfecta justicia de Dios que no da por inocente al culpable. La guerra económica tiene como fin ahorcar al pueblo con hambre para arrinconar al presidente Nicolás Maduro, asesinando ancianos, niños, madres embarazadas, familias humildes y pobres, es decir, pagan los justo para que los más ricos amontonen más dinero.

Los fabricantes bajan la productividad, extraen, acaparan y contrabandean con sus productos, causando un desabastecimiento que afecta a las clases más deprimidas en la economía, pero justificado por un conglomerado de cómplices que de forma consciente acusan al gobierno para ocultar la verdad, el único interés que los mueve es sus ambición políticas para tomar el gobierno sin importar el número de muertos que dejen en el camino.

También hay que estar claro con sus cómplices dentro del gobierno, que otorgan permisos para que extraigan alimentos hacia otros países. Ellos son beneficiados con los jugosos pagos que hacen estos empresarios extorsionando ejecutivos para cumplir su macabro fin, tumbar el gobierno para montar un presidente designado desde Washington.

El fallecido presidente Hugo Chávez, con sobrada razón dijo: aquella empresa, sea cual sea su tamaño o su dueño, que esté acaparando cualquier tipo de alimentos que le haga falta al pueblo, debe ser allanada, garantizando que los procedimientos serán apegados a la ley, y añadiendo que: ‘‘No tenemos ninguna guerra declarada contra los ricos de Venezuela, queremos paz con ellos y con sus hijos’’. Amenazó además con ocupar y nacionalizar fábricas y empresas de los acaparadores y especuladores con los precios de los alimentos. 

"No me va a temblar ni la mano derecha ni la mano izquierda para aplicar con la más grande severidad la Constitución y las leyes de la República, para proteger a nuestro pueblo, para asegurarle los alimentos a nuestro pueblo", sentenció Chávez en un acto oficial. 

"Les vamos a ocupar las fábricas y las empresas y les vamos a nacionalizar lo que haya que nacionalizar, pero no se van a salir con la suya señores de Fedecámaras y demás burgueses de pacotilla, no se van a salir con la suya, téngalo claro", afirmó. 

"Han obligado al Estado, porque he allí el rol del Estado, proteger al pueblo, evitar el abuso y el atropello de los que se creen por encima de la Constitución", sostuvo Chávez, y aseguró que en un operativo en Caracas descubrieron "miles y miles de kilos de leche en polvo acaparada". 

El que acapara alimento los pueblos lo maldecirán, dice la Palabra de Cristo. Ahora, esta maldición se refleja en penosas y dolorosas enfermedades que el hombre sufre, pero no entiendo que es el pago que Dios da al injusto, porque en la misma Palabra está escrito, la injusticia que el hombre hiciera vendrá contra él. Dios perdona, pero las consecuencias se pagan. Nadie se presentará delante de Cristo con lo robado en las manos.

Observen como mueren los gobernantes corruptos, comerciantes avaros y especuladores. Con su dinero bajan tranquilos al infierno y muchos de ellos no llegan al fin de sus vidas.

Andrés García Bolívar
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Las comisiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su reporte anual condena los países que no protegen los Derechos Humanos, luego sugieren que la situación en cada uno de esos países justifica una investigación hemisférica. Cuba y Venezuela frecuentemente son criticadas por organizaciones humanitarias, incluyendo a Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

En Cuba, según la comisión, el gobierno priva a los ciudadanos de un gozo completo de los derechos humanos, especialmente políticos, garantías de debido proceso, libertad para los disidentes y para movimiento, residencia, expresión y asociación en sindicatos. De Venezuela el reporte siempre señaló que el presidente izquierdista Hugo Chávez utilizaba las instituciones de gobierno para reprimir a la oposición. De acuerdo con la comisión, “el ejercicio pleno de los derechos no ha sido garantizado a toda la población sin importar su postura hacia las políticas oficiales, y el poder punitivo del Estado es usado para intimidar o castigar a las personas con base en sus opiniones políticas”.

Tanto el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, son brazos políticos de la Agencia Central de Inteligencia CIA, confeccionadas a la medida de los intereses de las familias petroleras de los Estados Unidos, las más ricas y poderosas del planeta. Su verdadera razón, es defender los interese norteamericanos y la intervención de la CIA en aquellos países que no acepten la imposición de políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y empresas petroleras norteamericanas. Jamás escuchará usted, amigo lector, un informe condenatorio de las políticas criminales de la CIA, el Consejo de Seguridad o el mismo gobierno de Estados Unidos. Sus reclamos, si es que lo han hecho, no van más allá de un tímido exhorto, pero nunca una condenación directa, y ni pensar con una intervención como las realizadas en Chile, Honduras, Siria, Libia, Irak y Cuba.

Pregúntese ¿Por qué no condenan las políticas inhumanas de la CIA?, organización que se ocupa más en desarrollar métodos para torturar a prisioneros, como lo hacen en las narices de estas organizaciones en Guantánamo, que desarrollar métodos para la protección de derechos humanos. Asesinan presidentes como Salvador Allende, Jaime Roldós y Omar Torrijos. El 27 de febrero de 1.989, fecha del Caracazo, en protesta por las medidas neoliberales, ejecutadas por Carlos Andrés Pérez y ordenadas por el FMI y el Banco Mundial, donde murieron unas tres mil personas masacradas por las FFAA, nada dijeron, fueron obligados a callar para proteger un gobierno que gozaba del beneplácito de Washington. Interesadamente se olvidaron de los derechos humanos de los venezolanos, obligados a protegerlo. Allí quedó claro, que ambas instituciones de derechos Humanos, miembros del Vaticano, trabajan en defensa de la derecha internacional.

Cuando el golpe de estado del 2.002 contra Hugo Chávez, legitimaron al gobierno dictatorial de facto, no solo olvidaron los derechos humanos del pueblo venezolanos por segunda vez, sino, que también olvidaron los derechos humanos del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Legitimaron al canciller de Pedro Carmona Estanga, tratándolo de “su excelencia”, y se trataba de un golpe de estado contra un gobierno legítimo, elegido por la mayoría de los venezolanos, pero no sumiso a las políticas de Washington.

En estos momentos, frente a la lealtad de algunos gobiernos que bailan según el ritmo de la política de Estados Unidos, la agencia de inteligencia está sistemáticamente reforzando su personal encubierto en México, Guatemala, Colombia, la República Dominicana, Perú, Chile y otros países.

Se están deliberadamente infiltrando las oficinas presidenciales y de gobierno, como también los altos mandos de las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia y de contra-inteligencia nacionales. Los norteamericanos están forjando alianzas de tal modo de crear una vanguardia de cómplices que los ayude a contrarrestar a cualquier enemigo en este continente, especialmente, gobiernos progresistas.

Las posiciones operativas de inteligencia norteamericanos en América Latina se expandieron para llevar a cabo operaciones de desestabilización. En años recientes, tales intentos se han llevado a cabo reiteradamente en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, cuyos gobiernos han resistido los planes de Estados Unidos para crear una zona de libre comercio de las Américas.

La avanzada paramilitar que está penetrando las fronteras venezolanas con apoyo de grupos opositores al gobierno de Nicolás Maduro, es minuciosamente planificada por la CIA y ejecutada por Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Asúmalo como un hecho, será avalada por los derechos humanos de la ONU y OEA.

La CIA dispone de varias unidades que actúan a la sombra, pero recientemente creo una agrupación que está directamente bajo su mando. Una fuerza paramilitar contra terroristas, con la posibilidad legal de matar para evitar “nuevos ataques terroristas”.

Andrés García Bolívar
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El control del poder político colombiano no está en manos del presidente Juan Manuel Santos, ni allí la soberanía reside en el pueblo, los cinco poderes claramente definidos que gobiernan en Colombia, tienen pueblo, fuerza y territorios bien demarcados. La guerrilla controla un sector, los carteles del narcotráfico gobiernan sobre el poder político y una gruesa parte del territorio. Son ellos los que colocan presidentes. Los paramilitares al servicio de la oligarquía y las Fuerzas Armadas, controlan otra parte, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos domina sobre mayor territorio, con diez bases militares, las compañías de seguridad, las empresas bananeras y los contratistas. Juan Manuel Santos gobierna un reducido y debilitado grupito de empresarios que también responden a los intereses norteamericanos.

El problema lo tiene Nicolás Maduro, que de conversar con Juan Manuel Santos, lograría un pírrico acuerdo que en nada detendrá la avanzada paramilitar que cruza las fronteras. Todo indica que Santos sería el vocero ideal para las conversaciones, pero no es así, es él el que menos poder tiene. Entonces, Maduro estaría obligado a sentarse con el director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, de los Estados Unidos, que controla una gruesa parte del poder, a través de bases militares, compañías de seguridad, contratistas, paramilitares, carteles de la droga y a Juan Manuel Santos. Lo que decida el director de la CIA tiene peso específico. Con la guerrilla podría reunirse en la Mesa de Paz que opera en Cuba y un acuerdo robustecido y de respeto podría poner fin al conflicto colombo venezolano.

Podría asumirse con certeza y sin temor a equivocarse, que la CIA está detrás de la avanzada paramilitar que penetra las fronteras con el propósito de incrementar violencia y sembrar terror para echar a Maduro. Por la vía de los votos las cosas no están muy claras. Los grupos opositores aliados de la CIA en Venezuela, no le garantizan victoria a nadie.

Venezuela no puede confiar en la buena fe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Ese señor es un representante del Vaticano, brazo político de la ONU, que con informes amañados ha legalizado la intervención de fuerzas del Consejo de Seguridad en países intervenidos como Irak, Libia, Siria, Afganistán y Cuba. Nada extraño seria que un informe de los Derechos Humanos de la ONU, cataloguen a Venezuela como violador de derechos fundamentales para dar la razón al paramilitarismo, que con apoyo de un sector de la oposición, penetran el país.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, es el garante de la vida de la población civil en los sitios en conflicto, sin embargo, ha sido el primero en justificar el sobrevuelo de aviones drones, que lanzan bombas tan inteligentes, que destruyen ciudades enteras, asesinan niños, mujeres preñadas, ancianos y hasta quienes apoyan la intervención.

La oligarquía colombiana garantiza petróleo, recursos forestales, productos agrícolas y hasta suministro de droga, a las familias petroleras norteamericanas, las más ricas del mundo. Son estas familias las que ordenan al Consejo de Seguridad, qué país intervenir, para lo cual cuentan con el visto bueno del Alto Comisionado.

Ahora, la nota cómica a la disputa la pone Colombia, acusando a Venezuela de violar derechos humanos, cuando los paramilitares de la CIA, al servicio de las Fuerzas Armadas y la oligarquía colombiana, para apoderarse de las tierras, ejecutan atroces matanzas de campesinos con motosierra, desmembrando hombres, mujeres y niños. Juegan fútbol con la cabeza de los decapitados y apalean ancianos y mujeres embarazadas, como ocurrió en la matanza de El Salado, la más grande de Colombia, donde hubo torturas, degollamientos y decapitaciones de un número aún sin determinar de campesinos indefensos. Al menos 450 paramilitares destrozaron casas y comercios de la población,^[] considerada una de las acciones conocidas más sanguinarias de las AUC.

14 de los cadáveres fueron hallados en cuatro fosas comunes en un lote del municipio de El Salado después de ser torturados y degollados en la iglesia del pueblo, otros fueron masacrados en una mesa ubicada en la cancha de futbol del lugar.^[]

Los paramilitares desmembraban y torturaban a los pobladores con motosierras, destornilladores, piedras y maderos mientras bebían licor saqueado de las tiendas, violaban mujeres, jugaban fútbol con las cabezas de los decapitados, ahorcaban jóvenes, apaleaban ancianos y mujeres embarazadas mientras escuchaban música a alto volumen.^[][] La masacre provocó el desplazamiento de al menos 280 personas entre hombres, mujeres y niños.

Amigo lector, ¿Ha escuchado hablar alguna vez de informes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, condenando las atrocidades de los paramilitares de la CIA en Colombia o en otro país?^[]

The Washington Post aseguró que la Central de Inteligencia de ese país (CIA) participó, junto con las Fuerza Militares colombianas, en varias operaciones militares que permitieron dar de baja a cabecillas de las FARC. Los intereses representados por los gobiernos de Estados Unidos son uno de los principales detonantes y animadores de la larga guerra que soporta Colombia. La experiencia norteamericana adquirida en los conflictos de Afganistán y en el combate al grupo al Qaeda, se han trasladado al conflicto colombiano, mejor dicho, los procedimientos de inteligencia que incluyen los sobornos, las capturas ilegales, los desaparecimientos, las torturas y las presiones ilegales contra personas de quienes se espera conseguir información. 

La degradación de los métodos empleados por las Fuerzas Militares, policiales y de seguridad colombianas tienen su origen en la instrucción y asesoría brindada por los norteamericanos, empleando chantajes, atentados, amenazas de muerte y secuestros en contra de familiares de cabecillas y demás guerrilleros de las FARC para dar con su paradero.

El polémico acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, significa la expansión militarista más grande de Washington en América Latina en toda la historia. El acuerdo permite la presencia de contratistas privados al servicio de las necesidades de las agencias de Washington en territorio colombiano, con todas las mismas inmunidades otorgadas a los funcionarios y militares estadounidenses. Dentro del acuerdo del Plan Colombia, Washington utiliza por encima de 30 empresas contratistas para ejecutar obras militares y de inteligencia y espionaje en Colombia. Algunos de ellas son las empresas más poderosas del complejo militar industrial, como DynCorp, Bechtel, Lockheed Martin, Grupo Rendon, y Raytheon entre otras.

A principios de 2008 el Comando de Misiles y Defensa Espacial del Ejército de EEUU otorgó contratos por la cantidad de 15.000 millones de dólares a un grupo de contratistas privadas, incluyendo a Blackwater. El contrato, que incluye operaciones de inteligencia, espionaje y reconocimiento entre otras tareas, está orientado hacia dos países en América Latina, México y Colombia. El contrato específicamente detalla la “provisión de entrenamiento aéreo” a las fuerzas armadas colombianas y “apoyo estratégico de relaciones públicas” al gobierno colombiano (léase: operaciones psicológicas). En el caso de México, Blackwater está encargado de apoyar las misiones contra el narcotráfico.

Andrés García Bolívar
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La desbordante corrupción administrativa que alimenta la oligarquía roja rojita con dinero fresco de la revolución, cargó con los dólares para la compra de comida y nos dejaron el hambre que recorre el país de un extremo a otro, pero de investigar habrá sorpresa, reconocidos líderes de la oposición comiendo del mismo plato, es decir, en la corrupción se entienden perfecto.

El pollo y la carne son parte de los alimentos de la canasta alimentaria que han desaparecido producto de desafueros administrativos cometidos en plenas narices de un gobierno entretenido en un enfrentamiento con Colombia por el bachaqueo de alimentos, auspiciado por esta misma oligarquía que legalmente vende gruesos volúmenes y culpa de ellos a paramilitares para ocultar su responsabilidad en la venta.

Esta misma oligarquía, aprovechándose del control que mantiene en ministerios y direcciones nacionales sacó millones de dólares del país bajo el pretexto de traer alimentos y medicinas para el pueblo. Compran los dólares a la República y luego los colocan en depósitos bancarios. En nada importa que miles de familias no tengan para comer. 

Cadivi: 25 mil millones de dólares. Fondo Chino, 84 millones de dólares desfalcados que estaban destinados para la producción de alimentos. El caso de la llamada Reina del Arroz, de 15.5 millones de dólares y no hay ni investigación ni responsables. 26 empresas de maletín de compra de ganado a Brasil, no compraron nada, sin contar que las empresas tradicionales no pudieron comprar. Caso Minerven, desvío por 34 millones de dólares.

A este desastre administrativo protegido por la solidaridad automática del PSUV, propia de los gobiernos del pasado, se suma la desbordante especulación que redujo tanto el poder adquisitivo, que el menguado salario se hizo insuficiente para comprar la comida del mes. Las colas en Mercal son kilométricas y donde no llegan los productos alimentarios del gobierno, el hambre azota sin piedad.

El dinero de Agro Venezuela, Fondas y otros institutos agrícolas se lo distribuyeron directores y operadores políticos en las regiones, donde únicamente aparecen promontorios de papeles que justifican la inversión, pero no existen cultivos ni crías ganaderas financiados por el gobierno en ninguna parte. La prosperidad agrícola de que habla el gobierno solo existe en los medios de comunicación.

En Amazonas a lo largo de los quince años de revolución se han financiado miles de proyectos, se puso en marcha un Fundo Zamorano, se edificaron e instalaron empresas, se entregaron miles de millones en créditos agrícolas, equipos, maquinarias, motores fuera de borda y se confiscó una finca ganadera en San Juan de Manapiare con miles de cabezas de ganado. Producción no se ve por ninguna parte y muchos de esos equipos los bachaqueó la directiva del PSUV para Colombia. El ganado de Manapiare desapareció y culpables, no hay.

Sería interesante que el presidente Nicolás Maduro en su improductiva lucha contra la corrupción y su Ley Habilitante, indagara para que observe cómo estos recursos fueron convertidos en hermosas quintas, lujosas camionetas y cuentas repletas del dinero del sector agrícola, aunque también observará restos de galpones y sitios vacíos donde supuestamente funcionarían estas empresas.

Entre estas empresas solidarias pueden investigarse la fábrica de látex y la despulpadora de cacao que pondría en marcha el gobernador Liborio Guarulla. Dos plantas procesadoras de yuca. Una en Maroa y otra en el Municipio Atures. Dos plantas despulpadoras de piña, la planta de desechos sólidos del Basurero Municipal, las empresas criadoras de pollo, una empresa ganadera en la vía a Samariapo y decenas de empresas financiadas con dinero del Consejo Federal de Gobierno.

Se sorprenderá al saber que todo esto no avanzó más allá de meros cuentos. El dinero se invirtió en su totalidad, pero las plantas se desvanecieron como la neblina y la impunidad silenció a los camaradas del PSUV y a los guerreros de la oposición. Ambos andan en lo mismo.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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Las comunidades indígenas y campesinas del sur se encuentran desesperadas y sin salida para enfrentar la dura crisis económica, que con hambre en niños, ancianos y adultos comenzó a azotar desde uno, a otro lado de la región, sin que se aviste atención alguna por parte de las autoridades regionales y nacionales.

Los niños comenzaron a morir por enfermedades comunes, como gripe, diarreas y vómitos ante las bajas defensa por falta de ingestión alimentaria. Sin embargo, las comunidades vienen denunciando que los niños mueren por desnutrición. Centenares de familias indígenas, olvidadas por el poder público, viven de la recolección de basura en avenidas y relleno sanitario, sin acceso al agua potable y a una alimentación adecuada.

Otras que no realizan este trabajo, tampoco cuentan con el dinero suficiente para adquirir alimentos en razón a los elevados costos expendidos en bodegas y casas de familias asentadas en sectores más empobrecidos de la región. A otras comunidades sencillamente no llegan, porque las dos bodegas con que cuenta Mercal en Amazonas, se circunscriben a Puerto Ayacucho, dejando el resto de la región a merced de la especulación, que nivela sus precios al costo que pagan mineros, narcotraficantes y paramilitarismo colombiano.

La principal causa del problema está en el contacto con la basura, dijo un médico del Hospital Dr. José Gregorio Hernández, que exigió reserva de su identidad ante las continuas amenazas de despedidos. “Esa población está en riesgo por el hecho de vivir entre la basura. La alimentación es muy poca, influyendo directamente en la muerte de los niños, además de que no se tienen medidas de higiene y viven en condiciones insalubres.

Los médicos  de la Sala de Pediatría confirman las muertes por desnutrición, al revelar que un 80% de los niños que ingresan al Hospital, presentan cuadros de desnutrición. Los casos más dramáticos comenzaron a llegar de comunidades cercanas y pueblos del interior donde el hambre está haciendo estragos. Llegan niños muy desnutridos que mueren normalmente dos horas después de ser ingresados, dijo un médico.

Las comunidades indígenas y pobladores del interior del Estado, donde el ingreso percápita es el salario mínimo, viven de pequeñas economías insuficientes para adquirir alimentos con precios tan exagerados, como: pollo 1.200, carne1.300, pescado 800, azúcar 200, arroz 150, espagueti 150 y leche 2.000 por kilogramo.

Los indígenas no tienen acceso a la salud y la malaria se ha incrementado de manera alarmante, dijo un enfermero al relatar que no hay medicina preventiva para las comunidades ni transporte hasta el lugar. Los operativos de salud desaparecieron de las comunidades más afectadas. Cuando los indígenas van al ambulatorio les entregan órdenes médicas, que de hecho, no pueden comprar por no disponer de ingresos.

Los ambulatorios de Bario Adentro y el CDI, dejaron de recibir el volumen de medicamentos que normalmente le suministraban, lo redujeron tanto, que están desabastecidos.

Ninguna repuesta se espera de los líderes indígenas que gobiernan en Amazonas, cuyos mandatos no avanzan más allá de contratistas y proveedores, a quienes cobran 20% de soborno por adjudicación de obra o compra. Así, esta dirigencia se ha hecho de millonarias sumas de dinero que exhiben frente a la pobreza que azota la región. Liborio Guarulla y su hermana Nirma Guarulla son dueños de hoteles, apartamentos, quintas, fincas ganaderas, casas y lujosos vehículos. Lo mismo ocurre con la exministro Nicia Maldonado y la directiva del PSUV.

Ellos se apropiaron del dinero que a través de la gobernación, alcaldías, Fondas, Agro Venezuela, Fundos Zamoranos y otras vías llegaron para la agricultura e infraestructura. Ahora el hambre ataca con fuerza, ellos están ricos y libres de investigaciones, y los indígenas muriendo de hambre.

Tampoco se espera mucho de la lucha contra la corrupción emprendida por el presidente Nicolás Maduro, eso es meras palabras, dijo el indígena Juan Guevara. Sin embargo instó al Presidente a supervisar las desaparecidas empresas inauguradas en Amazonas, los créditos otorgados para la agricultura y el dinero para la construcción de viviendas. Papeles encontrará, aseguró Juan, pero ni casas ni sembradíos. Todo fue entregado a operadores políticos que regresaron el 50% para los directivos de las instituciones.

Por otro lado, los padres y representes con las manos en la cabeza observan los elevados precios de los uniformes escolares para el periodo académico que inicia este mes. “Los uniformes están muy caros” y el salario mínimo para vestir a los niños, no alcanza.

Los pantalones oscilan entre 4.000 y  7.000 bolívares; las camisas entre  Bs. 3.000 y 5.000 mil; faldas entre 2.000 y 5.000 bolívares. Los precios varían de acuerdo a talla y marca; en el caso de las camisas, influye un incremento por el color. Aquí la prioridad siempre fue estudiar, ahora es comer.

Para rematar, la iglesia católica incrementó a 1.500 bolívares la inscripción en las escuelas públicas que ellos privatizaron, como es el caso de las escuelas Padre Manyanet y Madre Mazzarello, de donde desplazaron a miles de niños indígenas por no contar con dinero para saciar la avaricia de estos demonios que se apropiaron de instituciones públicas y cobran descaradamente. Los docentes de estas escuelas, el personal obrero, administrativo, mantenimiento y cuotas por alumnos, los paga el Ministerio de Educación vía AVEC, y aun así, siguen cobrando. Venden las donaciones que reciben y en los ambulatorios que manejan, les donan los insumos y cobran como clínicas privadas.

En Venezuela la educación pública es gratuita, pero las autoridades educativas formadas por curas y monjas, callan frente a la desbordante avaricia de estos curas. Verdaderos leones rugientes, que en nombre de Cristo, se embolsillan el dinero de los más pobres. Se agarraron el dinero enviado a las comunidades indígenas vía UNICEF. Los niños mueren de hambre, les llevaron su dinero y le dejaron el hambre. A nadie rinden cuenta y no existe peor corrupción delante de Dios y los hombres, que regalarles las escuelas públicas de sectores empobrecidos para que estos hambrientos de dinero las privaticen.

Andrés García Bolívar
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Mientras un sector del país demuestra su sentimientos de hermandad y denunciarán irregularidades en la ejecución de medidas ordenadas por las autoridades venezolanas en la frontera, las comunidades indígenas y campesinas del sur, como consecuencia del bachaqueo y acaparamiento, están literalmente desabastecidas de alimentos, buscando que dar de comer a sus hijos.

Estas familias que dependen de pequeñas economías, devoradas por la ola especulativa, se encuentran de manos atadas ante la falta de dinero para enfrentar el hambre que comenzó a azotar a campesinos e indígenas que no puede llegar hasta los centros poblados para adquirir los costosos alimentos. Su vocería que siempre ha estado en manos de líderes indígenas como Liborio Guarulla, Nicia Maldonado, Edgildo Palau y Monseñor José Ángel Divasson, guardan el más absoluto silencio, y contrariamente tienden a ocultar la realidad que afecta a los venezolanos más pobres y rezagados de este país, en espera que se agudice una crisis humanitaria para, juntos, buscar la intervención internacional con qué deshacerse del gobierno de Nicolás Maduro.

Su prioridad no es educación, es buscar alimento en una región donde el contrabando y narcotráfico han elevado tanto el costo de productos básicos, que el kilogramo de leche de Mercal adquirido por cincuenta bolívares, se consigue en dos mil bolívares de este lado, y hasta en quince mil del lado colombiano, donde los grupos indígenas comenzaron a emigrar hacia Venezuela, ante el desamparo del gobierno de Juan Manuel Santos.

Aquí, el chavismo y la oposición son liderados por el antichavista Monseñor José Ángel Divasson, obispo de puerto Ayacucho, denunciado por el fallecido presidente Hugo Chávez por recibir dinero del Departamento de Estado Norteamericano para financiar golpe de Estado. De hecho, el más interesado en ver rodar el gobierno de Maduro, pero el mas favorecido económicamente al construir una millonaria edificación al calor de la revolución. Privatiza escuelas públicas donde cobran dinero a placer, y de donde han desplazado miles de estudiantes indígenas por no tener dinero para pagar las costosas mensualidades que cobran disfrazadas de colaboración.

Es desesperante observar madres indígenas con sus niños colgados a su cuerpo, deambulando de una a otra calle buscando como obtener carne, leche, pollo, azúcar, café, aceite, harina, jabón y detergentes, sumamente costosos para ellos, en virtud a lo retirado de las comunidades donde viven. El transporte es costoso y la liquidación de las bodegas solidarias de Mercal, dejaron de llegar a sus sitios de origen, donde viven afectadas por pobreza extrema, con labios emblanquecidos de anemia, niños barrigones de parásitos, madres afectadas por desnutrición y familias enteras escudriñando pipotes de basura para comer los desechos podridos que otros botan.

Ante la dejadez del gobernador Liborio Guarulla y su equipo de gobierno, así como la presidenta de Corpoamazonas Nicia Maldonado y el liderazgo del PSUV, tocará al Presidente de la Republica enviar una comisión que certifique en el sitio de los hechos, la cruda realidad de hambre que están viviendo los grupos indígenas, hasta donde dejaron de llegar los beneficios del gobierno nacional.

Colombia, en su fracaso por llevar la disputa con Venezuela al seno de la Organización de los Estados Americanos, OEA, no descarta recurrir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar la deportación de más de un millar de sus connacionales de territorio venezolano, pero, ¿A que organización acudirán estas familias sin fronteras afectadas por la extracción de alimento auspiciado por empresarios colombianos y venezolanos, y la apropiación de sus recursos que por vía de corrupción administrativa desviaron los dirigentes regionales del chavismo y la oposición?.

Estas familias son víctimas de las mafias empresariales conformadas entre colombianos y venezolanos, apoyadas por militares y ejecutivos de ambos países, que tejen oscuros negocios para fortalecer el poder económico paramilitar que operan de ambos lados. La policía colombiana y los funcionarios de la aduana se hacen de la vista gorda con los contrabandistas, poniendo al descubierto la verdadera intención de un gobierno comprometido con el tráfico y el contrabando.

Andrés García Bolívar
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La crisis económica en Venezuela podría derivar en una humillante crisis humanitaria, si el gobierno nacional no endurece su postura frente al contrabando desaforado de alimentos que ejecutan, a plena luz del día, trabajadores del sector público y privado con apoyo de la Guardia Nacional, cuerpos policiales y altos ejecutivos del gobierno de Nicolás Maduro, amparados en una apestosa impunidad, que dio rienda suelta a los más diversos mecanismos de corrupción, que ventilaron a la luz pública, la ineficaz administración de justicia, de un Poder Judicial corrompido hasta sus cimientos. Siempre he sugerido al presidente Maduro, aperturar páginas en internet para que el país denuncie a jueces, fiscales, generales, ministros, gobernadores, alcaldes y directores de institutos nacionales implicados en ilícitos administrativos. Eso será la mejor contraloría social que contribuya con el adecentamiento ético y moral del país. Al Presidente, sólo tocará dar repuesta y olvidarse para siempre de la Ley Habilitante.

Las acusaciones entre chavismo  y oposición van y vienen y el paramilitarismo, que ciertamente contrabandea alimento, sirve para que los ejecutivos del gobierno nacional laven sus manos en inocencia, cuando son ellos los que realizan las millonarias ventas. El problema Presidente, es la agresiva corrupción interna. Del cien por ciento de los alimentos que la empresa CASA envía para Amazonas, sesenta por ciento lo venden a empresarios colombianos antes de llegar a Puerto Ayacucho, y de la otra porción, gran parte se va a las manos del sector privado, dejando los pueblos del interior desabastecidos y en medio de la fuerte crisis alimentaria, que mantiene a la gran mayoría, sobreviviendo.

Las colas frente a comercios son kilométricas para obtener carne, leche, pollo, azúcar, café, agua embotellada, aceite o harina, pero también pañales, papel higiénico, jabón, condones, retrovirales y medicinas para males crónicos como tensión, diabetes o epilepsia, topándose en la mayoría de los casos, con una estantería vacía. Las colas siguen creciendo, el peregrinar de un local a otro es común y los empresarios productores de alimentos, preñados de avaricia, gozan con el sufrir de cada venezolano. Son aliados de las familias petroleras de Estados Unidos, las más ricas del planeta. Poco les importa que niños venezolanos mueran de hambre. Lamen sus labios y frotan sus manos a la espera que un presidente impuesto desde Washington, asuma el control para que la banca gringa nos regrese a los momentos antes de la llegada al poder de Hugo Chávez. Hugo fue inmenso, sacando dos millones de familias de la extrema pobreza y escolarizando dos millones de niños más, pero esta crisis, no empujará a todos al abismo de la pobreza y la oscuridad del analfabetismo.

Nicolás Maduro llamó al gobierno de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe a trabajar en conjunto para combatir la delincuencia y las bandas criminales que operan a lo largo de la frontera entre ambos países, y activar los mecanismos de seguridad para garantizar la paz en San Antonio del Táchira, Ureña y municipios adyacentes. Muy claro debe estar Maduro, que son ellos los impulsores del bachaqueo paramilitar, pero mientras el Presidente hace esfuerzos por controlar el difícil panorama, empresarios colombianos conectados con ejecutivos y efectivos de los cuerpos de seguridad, adquieren grandes cantidades de alimentos e insumos regulados y los pasan a plena luz del día hacia Colombia, pagando las respectivas vacunas en cada una de las alcabalas fronterizas.

Otro grueso volumen de alimento cruza legalmente con documentos firmados por los generales de la corrupción y altos ejecutivos del gobierno de Maduro, tal como ocurre con las gandolas de alimentos de Mercal que descargan en Cabruta, Guárico, gruesos volúmenes transportados en embarcaciones de Fondas y otras instituciones oficiales hasta Puerto Carreño, Colombia. De igual manera miles de litros de gasolina cruzan libremente por Puerto Páez, Isla de Ratón y San Fernando de Atabapo con el visto bueno de los cuerpos de seguridad.

Gran parte de los alimentos de Mercal también remontan ríos rumbo a las minas localizadas en diferentes lugares de Amazonas y el Estado Bolívar, donde los precios se elevan trescientas veces por encima de su costo real. Se suma a este desagüe el bachaqueo interno de venta de estos productos a restaurantes, asaderos y familias que revenden en sus casas con alta especulación. Un kilogramo de leche de Mercal cuesta cincuenta bolívares. En Colombia lo venden por siete mil bolívares.

Estos acontecen frente a la vista de las autoridades del chavismo, liderado por Nicia Maldonado y Edgildo Palau. El opositor Liborio Guarulla y su hermana Nirma Guarulla, supuestos luchadores indígenas, poco les importa que el hambre haga estragos entre familias indígenas, ellos ya resolvieron su problema económica al convertirse en los dirigentes indígenas más ricos del sur del país. Tanto Nicia como Liborio, desconocen los muchos bienes que ahora poseen, como producto del cobro del veinte por ciento de soborno a contratistas y proveedores. Se burlan de la lucha contra la corrupción de Nicolás Maduro o su Ley Habilitante, al fin, eso no avanza más allá de meras palabras.

Presidente, no haga gobierno de calle, deje que la calle gobierne. Aperture páginas en internet y permita al país hacer la más eficiente contraloría social. Usted cumpla con su palabra y alístese para que eche los corruptos de su gobierno.

Andrés García Bolívar
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