Cada día amanecemos con nuevas y vergonzosa noticias de corrupción, frente a un gobierno sin voluntad política para enfrentar a sus propios partidarios y militantes de la oposición que impunemente cargan con los recursos de todos los venezolanos. Con urgencia se requiere una reforma estructural para identificar, castigar e imponer autoridad, y producir un cambio ejemplarizante que dé al traste con la deplorable corrupción administrativa con que se alimenta la oligarquía corrompida de este país.

Es vergonzoso leer sobre los 25 mil millones de dólares desaparecidos de Cadivi, los elevados sobornos que se cobran en las empresas administradas por el Estado, ministerios, gobernaciones y alcaldías sin que los responsables sean enfrentados a la justicia, y peor aún, la recompensa con que premian a estos funcionarios, facilitándoles posiciones legislativas o asignándoles posiciones de mando en el tren ejecutivo, situación que muestran la magnitud de la degradación de valores y la quiebra institucional que caracteriza el ejercicio del poder político.

Solo un cambio en las políticas de estado impedirá que el país sucumba ante la corrupción y la impunidad, que demandan una acción rápida antes de que sea demasiado tarde. Frente a la lucha contra la corrupción y la Ley Habilitante otorgada al Presidente, seguiré insistiendo en que puede lograrse aperturando pagines en internet para que los movimientos y fuerzas sociales del país, personalidades y ciudadanos de todos los estratos sociales y de distintas orientaciones políticas, denuncien públicamente a fiscales, jueces, ejecutivos y cuerpos de seguridad implicados en delitos contra la cosa pública.

Al presidente Nicolás Maduro corresponderá la decisión de evaluar las pruebas con un grupo de profesionales de credibilidad, para limpiar la administración pública estado por estado. Así encabezaría un ambicioso proyecto de contraloría social que sin duda, conducirá hacia el cambio que contribuirá a revertir el proceso de deterioro institucional y frenar la amenaza de anarquía colectiva dentro de las instancias del poder público.

De acciones transparentes como esta, dependerá en mucho la pervivencia de los principios de cambios liderados por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien como todo ser humano cometió errores, pero abrió el camino construido por nuestro pueblo con sacrificio, sudor y lágrimas, para que los recursos de la renta petrolera bajaran hasta las clases más deprimidas.

La corrupción y la impunidad se han instaurado en el país como característica principal de un sistema en decadencia, pero con hombres y mujeres valientes para levantar del piso la bandera de la ética y la moral que pongan fin a la extracción, acaparamiento y continuos incrementos de precios que conducirán a este país hacia una catástrofe humanitaria.

Produce impotencia cuando se observa el hambre que ataca las poblaciones indígenas, ver niños desnutridos y saber que los fiscales del Seniat, efectivos de los cuerpos de seguridad y altos ejecutivos de gobiernos regionales y nacional, facilitando formas distintas de contrabando para cruzar combustible, alimentos de Mercal y Pdval y hasta equipos y mercancía robada. Venden las casas construidas por la Misión Ribas, cargaron con el dinero de la agricultura, de consejos comunales y los recursos para mantenimiento menor de escuelas. Cargan con alimentos y bienes para los que vivimos en pueblos pobres con niños enfermos, porque hasta medicamentos y recursos hospitalarios son vendidos sin que exista autoridad alguna que ponga freno a este deterioro moral.

El hambre es una realidad impulsada por el sector empresarial, operadores políticos nacionales y regionales, y en menor tamaño, el gobierno nacional. Esta aguda escasez alimentaria es soslayada por quienes ejercen el gobierno en todos sus niveles, llamase oposición o chavismo, es decir, desde las instancias del gobierno nacional hasta la más pequeña alcaldía, todos son responsables por complicidad o sencillamente por desviar hacia otros fines, las asignaciones presupuestaria para el sector agropecuario. En gobernaciones y alcaldías es muy baja o nula la inversión en agricultura. Todo se invierte en proyectos de construcción de obras para cobrar el respectivo 20% de soborno. 

La dirigencia política regional y nacional exhiben sin vergüenza alguna su frondosa prosperidad, constituida por costosos vehículos, hermosas quintas, hoteles, fincas, ganado, posadas turísticas y otros bienes. Andan seguros de que no habrá autoridad que exija rendición de cuentas en las instituciones donde trabajan, para ello cuentan con poderosos padrinos con quienes comparten el dinero obtenido por vía ilegal.

Cristo en su Palabra dice: “Dios no da por inocente al culpable”. Tarde o temprana llegará el poder de su justicia. Dice: “la injusticia que el hombre hiciere vendrá contra él” y “horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo”. La ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. Permite que el castigo venga con enfermedades dolorosas y duraderas, destrucción de la familia, hijos que se van por malos caminos y hasta encarcelamientos. Convertirse a Cristo significa apartarse de la vanagloria, avaricia y vanidad, es decir, hay que regresar lo robado, lo obtenido por soborno y avaricia. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Apropiarse del dinero y de los bienes de todos es maldición. A César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios. Mejor dicho, a cada quien lo que es suyo.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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Nutridas colonias de ratas invaden por la noche los galpones de almacenamiento de alimentos de MERCAL y PDVAL en Amazonas, cuyos compradores hablan de un “deterioro sin fin” de la calidad del servicio, advirtiendo que una solución debería llegar “lo antes posible”, a fin de evitar la contaminación con enfermedades producidas por el orín y el excremento de estos roedores.

Se observan ratones enormes, colonias de diez y hasta veinte ejemplares que cada noche, en la oscuridad, toman posesión de los galpones y protagonizan un constante ir y venir.

Estos mercados donde se vende alimentos a familias pobres, quedan invadidos por ratas que suben por los estantes, se esconden debajo de los andamios, corren libres por los pisos y hasta saltan de uno a otros promontorios de alimentos.

Los roedores se han convertido en los habitantes nocturnos de estos abastos y han dejado aturdidos y horrorizados a los compradores que llegan a primera hora de la madrugada, que hasta toman fotografías para recordar cada vez la degradación del servicio que presta este programa alimentario.

Todos los roedores dependen de alimento y refugio para sobrevivir, por lo tanto, eliminar uno o los dos elementos les obligaría a abandonar el área donde se encuentran. De esta manera se impide la infestación de ratas y ratones que deben ser eliminados de forma permanente para evitar las enfermedades causados por estos animales.

La falta de higiene es una de las razones de la existencia de moderadas a grandes poblaciones de roedores en estas áreas urbanas. Entre las medidas a tomarse deberían eliminar las pilas de madera y escombros alrededor de los galpones u otras edificaciones para evitar que sirvan de refugio a roedores o fomenten la actividad de los mismos. Por ésta razón, los alimentos almacenados deben estar separados del suelo y no deben apoyarse contra las paredes o apilarse cerca de ellas, así mismo eliminar las malezas o arbustos alrededor de los galpones, ya que pueden servir de refugio y facilitar la invasión a estas estructuras.

Todo ello con el fin de evitar que sirvan de refugio o para desalentar la actividad de las ratas y, al mismo tiempo, facilitar continúas supervisiones de los inspectores sanitarios.

Los vertederos o basureros abiertos están a menudo infestados de ratas, lo cual indica que no es la manera más adecuada de eliminar la basura. En cambio, las zanjas de relleno sanitario y los incineradores generalmente no brindan condiciones adecuadas para que las ratas puedan vivir.

Estos roedores son conocidos por transmitir más de 70 enfermedades, desde la transmisión de la Peste Bubónica hasta al Tifus y el Hantavirus. Una infestación de ratas puede provocar efectos negativos para la salud humana.

Una de las enfermedades más peligrosas que pueden transmitir las ratas es la Peste Bubónica y sus variantes. La transmisión ocurre cuando las ratas infestadas, o las pulgas de las ratas, muerden a los seres humanos. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, debilidad y tos. La Peste Septicémica puede resultar en hemorragia en la piel y en otros órganos. Esta enfermedad es fatal y mata a las víctimas el mismo día en que los síntomas aparecen.

La orina de la rata es responsable del contagio de Leptoespirósis, la cual puede resultar en daños en el hígado y los riñones. Las complicaciones incluyen insuficiencia en hígado y riñones, y también problemas cardiovasculares.

Andrés García Bolívar
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En comunidades indígenas y sectores más empobrecidos de la región sur de Venezuela, se come una o dos veces al día. El dinero no alcanza para comprar los alimentos del hogar. Las colas son más largas y frecuentes. Los insumos de la cesta básica escasearon. La angustia y desesperación son acompañantes para hurgar entre abastos, bodegas, buhoneros y bachaqueros, comprando arroz, aceite, azúcar, espagueti, pañales y detergentes, que usualmente no alcanzan para todos.

La carne y el pollo que se vende en las dos bodegas de Mercal, alivian la situación del pequeño grupo de compradores que se abastecen allí, pero la gran mayoría de los sectores marginales viene acudiendo una vez al mes por falta de dinero, y en el resto del interior el hambre ronca en los estómagos vacíos de niños, padres y madres de familias que no ven como resolver la aguda crisis económica que estremece los cuatro extremos del país. Gran parte de esos alimentos, sin traspiés, continúan cruzando a Colombia.

Esta desesperante realidad recrudece con tanta fuerza que la desnutrición infantil, pobreza extrema y el desempleo aumentan a niveles alarmantes. El hampa les gana la batalla a los organismos de seguridad y las opositoras autoridades regionales y el oficialismo nacional, de espaldas al pueblo, se encuentran enfrascadas en una fría campaña electoral que para nada anima a estos sectores que invierten su tiempo en kilométricas colas para llevar comida a su casa.

Los diputados a la Asamblea Nacional por Amazonas, los opositores Nirma Guarulla y Julio Igarza abren la boca para bostezar y cobrar sus jugosas dietas en el recinto legislativo. No son más que legisladores improductivos y calentadores de butaca. Sí son buenos contratistas y proveedores de Liborio Guarulla, y no faltan a la taquilla de la AN para cobrar los 37 mil bolívares mensuales de dieta, más 20 mil de viáticos.

Nada refieren sobre la aguda crisis económica que desangra los pueblos indígenas del sur del país, cuando ellos son sus representantes. “No soportamos más frustraciones con diputados flojos, mudos y que una vez electos, más nunca visitaron las comunidades y, mucho menos se acercaron para escuchar sus problemas, angustias y necesidades”, dijo el indígena Francisco Caribán, advirtiendo que ahora se aparecen con la cara muy lavada buscando la relección y a solicitar el voto nuevamente.

“Nos cansamos de estos diputados contratistas que no se preocupan por la extrema pobreza en que viene cayendo el sector indígena donde el hambre ya ha matado niños, cuando ellos, con su organización política controlan la gobernación, alcaldía más importante, Asamblea Legislativa y todo el dinero que envía el Gobierno Nacional para fortalecer las comunidades, lo planifican en compras y contratos para cobrar 20% de soborno y enriquecerse ellos y sus familiares, aseguró el molesto Francisco Caribán. 

La otra representante del sector indígena, es la exministra de Asuntos Indígenas Nicia Maldonado, con tanto dinero, que no sabe los bienes que posee. Derrocha dinero a manos llenas y visita las hambrientas comunidades indígenas en su lujosa y costosa camioneta Hummer. Así exhibe su pomposa fortuna y que el hambre dé cuenta de los indígenas. Ella, y el resto de la directiva del PSUV, ya resolvieron sus problemas económicos.

La oposición venezolana afinca su campaña en su lucha contra la corrupción, pero guarda silencio cómplice frente a un sector empresarial, que como buitres hambrientos de carne fresca, acaparan alimentos y medicamentos para complacer las políticas intervencionistas de Estados Unidos. Miles de niños indígenas morirán o sobrevivirán a esta arremetida de la extrema derecha, que aquí lidera Liborio Guarulla, un nuevo millonario, representante de estos pueblos, pero enriquecido con el dinero de ellos.

La crisis económica atizada por los avariciosos empresarios de este país, consiste en criminalmente acaparar y extraer alimentos para obligar al electorado a sufragar por los candidatos de una oposición que conquistará una supuesta victoria por hambre, que bien costará: muerte, desnutrición e incremento de una desbordada delincuencia. Esta verdad la negarán e intentarán lavar sus rostros en inocencia, pero Dios no da por inocente al culpable. Su juicio también vendrá contra estos acaparadores de alimentos.

Cierto es también que la corrupción del gobierno de Maduro, facilita el trabajo de la oposición permitiendo el acarreo de alimentos hacia otros países, como también la corrupción militar acapara materiales de construcción, producción de vehículos, celulares y electrodomésticos importados de China.

Es tanta la corrupción militar, que muchos “honorables oficiales” de la FAN, tienen hasta cinco vehículos producidos en Venezuela trabajando de taxis, es decir, quitándoles el pan de la boca a humildes trabajadores del volante, que con sus cacharritos están obligados a buscar el alimento de cada día. Se suma que los permisos de exportación, importación o movimientos internos de mercancía, cuestan 50 mil dólares que se pagan a mi General o a mi Coronel. No aceptan bolívares, porque el Bolívar va en caída libre.

Dios es fuego consumidor. Busquen a Cristo antes que el juicio de Dios caiga sobre ustedes. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Cobrar soborno, robar u obtener las cosas con avaricia es maldición. Ninguno se presentará delante de Cristo con lo robado en las manos. Sobre el que cae la maldición la familia se destruye, los hijos pueden agarrar malos caminos o llegan enfermedades duraderas y muy dolorosas. El dinero y los bienes se quedan aquí, porque nada trajiste, nada llevarás, pero el maldito, también puede bajar tranquilo y en paz al infierno. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre el reino de Dios.

Andrés García Bolívar
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La carencia de insumos médico quirúrgicos, la falta de medicamentos y el deterioro de equipos médicos, sumados a los graves problemas de infraestructura, se convirtieron en elementos aprovechables por los “zamuros de la medicina” para pescar pacientes y trasladarlos a las clínicas privadas donde le sacan un ojo de la cara por operaciones que bien pueden realizar en los quirófanos de estos centros asistenciales.
Las denuncias se manejan muy secretas entre pasillos hospitalarios, aunque varios pacientes con pruebas en manos conversaron con este Pastor, al no tener dinero para cancelar los elevados cobros que obligatoriamente tendrán que hacer para aliviar las dolencias de sus familiares, ya que los médicos continuamente vienen argumentando la contaminación del quirófano de los hospitales José Gregorio Hernández, de Puerto Ayacucho y Arnoldo José Gabaldón, de Caicara de Orinoco.
Esta práctica es la misma corrupción pública con otro modus operandis, donde supuestos médicos de refutable conducta, no son más que zamuros de la medicina aprovechando la crisis económica del país, para enriquecerse con los dolores de familias empobrecidas. Dice Cristo: la injusticia que el hombre hiciere vendrá contra él. Es decir, esta misma enfermedad puede venir contra la avaricia de estas aves carroñeras.
A esto se suma que el opositor gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla es responsable directo por los cobros de servicios a través de una fundación privada que utiliza las clínicas públicas Venancio Camico y José María Vargas, construidas con dinero de todos los venezolanos, pero privatizadas para que un grupito de médicos den rienda suelta a su avaricia.
Esta fundación que depende de la Gobernación de Amazonas, generó ingresos por cobro de servicios prestados a la colectividad por concepto de exámenes de laboratorio, consulta especializada, cirugías, radiologías y ecografías, los cuales deben ser gratuitos.
"El servicio de salud no puede ser un comercio para el Gobierno, porque son muchos los ciudadanos humildes que residen en esta región, la más pobre del país. Todos necesitamos atención médica y ahora esto es el mismo capitalismo salvaje”, dijo el indígena Carlos Cayupare quien está obligado a buscar dinero que no tiene para cancelar una operación renal en una lujosa clínica construida con dinero proveniente de corrupción administrativa.
El sistema de salud en Amazonas presenta problemas de equipamiento y suministros, ya que los pacientes siguen comprando las medicinas. No hay capacidad para prestar un servicio eficientemente. La mayor muestra es el Hospital José Gregorio Hernández, donde los enfermos están siendo atendidos en los pasillos de la emergencia, los familiares duermen en hamacas, colchonetas, cojines y en el piso, entre otros lugares.

En este caso la responsabilidad es de la Comisionaduria de Salud que está obligada a dotar de medicinas este centro asistencial, supervisar las labores de mantenimiento y al personal médico para garantizar un óptimo funcionamiento, ya que a todas luces se avizora, que no existe control ni respeto a los pacientes, a quienes se les pudiera estar cobrando otros servicios de salud pública que deben ser gratuitos.
"No hay gasas, no hay guantes ni analgésicos, ni antibióticos y antisépticos. No hay cepillos quirúrgicos, ni drenajes", dijo un médico, quien pidió hablar bajo condición de anonimato para conservar su puesto de residente. “Contamos con solo el 5% de los insumos que se requieren para prestar el servicio, porque la Comisionaduria de Salud no se ha ocupado de dotarlos”.
Eso ha hecho que, por ejemplo, Carlos Cayupare tuviese que comprar en una farmacia las gasas y los antibióticos para tratar las lesiones del brazo derecho de su esposa. A su hermano se le retrasó una operación por supuesta contaminación del quirófano.
Esta dramática situación lo obligó a hacer un llamado a la colectividad para que denuncie a estos médicos insensatos y a cualquier persona que cobre ilegalmente por servicios médicos prestados en alguno de los recintos públicos que componen la red de salud regional.

Andrés García Bolívar
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La crisis de abastecimiento alimentario que azota al país, se ha profundizado tanto en el sur, que muy cerca está de una declaración de emergencia alimentaria, antes de que una profunda crisis humanitaria asome su espantoso rostro. La escasez abarca todos los rubros comestibles, desde productos regionales hasta alimentos traídos de otros estados. Las familias pusieron en práctica la vieja práctica del trueque, intercambiando alimentos entre vecinos para hacer frente a la escasez del comercio local, paralelamente se ha desbordado una criminal especulación con precios tan alarmantes que arroz, azúcar, espagueti y harina precocida alcanzan precios de hasta 300 bolívares por kilogramos en casas de familias donde suele conseguirse.

Leche en polvo, uno de los productos más solicitados, junto a pañales y harina de maíz, al igual que pañales, azúcar, detergente en polvo y aceite, son productos que siguen desaparecidos de los anaqueles, a pesar de la lucha contra los bachaqueros y las medidas de cierre parcial de frontera.

Alimentos envasados para niños tampoco hay. Frutas, hortalizas, verduras, carnes y procesados subieron tanto sus precios, que solo familias de mayores ingresos al salario mínimo, podrán consumir estos productos. Las comidas fuera del hogar alcanzaron precios prohibitivos para aquellos trabajadores que devengan salarios inferiores a los doce mil bolívares, con el consecuente despido de personal ante la dramática baja de ventas.

La desnutrición infantil en comunidades indígenas y sectores más vulnerables, se viene incrementando de manera preocupante. En los pueblos del interior el desabastecimiento ronda el 70% de productos comestibles, con precios dos veces más caros que en las cabeceras de estados y municipios.

Voluntad política para enfrentar la desesperante escasez alimentaria, no se observa de ninguna de las dos partes responsables del hambre. El gobernador Liborio Guarulla, la alcaldesa Adriana González, los diputados regionales y concejales apuestan por la profundización de la escasez para forzar la salida del presidente Nicolás Maduro, aunque ello implique la muerte de niños por desnutrición infantil. Son ellos representantes de los pueblos indígenas. Jamás han invertido recursos en proyectos agrícolas o fortalecimiento comunitario, aunque el Consejo Federal de Gobierno y el mismo presidente Maduro, les ha entregado gruesos volúmenes de dinero. Prefieren unirse a los grupos empresariales privados, que bajo el argumento del retardo en la entrega de dólares, ahogan con hambre un país para sacar al Presidente y echarle mano al presupuesto nacional, cobijarse de privilegios y continuar complaciendo las familias más ricas del planeta, las familias petroleras norteamericanas.

Por su parte la directiva regional del PSUV, liderada por la exministro indígena Nicia Maldonado, pareciera apostar también a la salida del Presidente. Se adueñaron del dinero de trescientos consejos comunales, entregaron el dinero de Agro Venezuela, Fondas y el Banco Agrícola a operadores políticos que les regresaban el 50% del monto asignado y justificaron las siembras y cosechas con informes falsos, pero sus cuentas y bienes aumentaron con compra de hermosas quintas, lujosos vehículos, millonarios apartamentos y gasto de dinero a -manos llena.

Lo último de esta fiesta de malversación de fondos públicos, fue un informe del CNAE que da cuenta del desvío de centenares de toneladas de alimentos del Programa Alimentario Escolar, por parte de las autoridades educativas regionales, que según testigos, llegaron en bongos para ser vendidas en las minas del Yapacana.

Hasta ahora lo único que aquí ha crecido en el sector agroalimentario, es la burocracia y la corrupción. Ambos grupos se encuentran enfrascados en una fría campaña electoral para diputados, que más parece un entierro de pobre, que un emotivo proceso político, ya que los electores están más pendientes en buscar que comer cada día, que en apoyar unos diputados que no garantizan cambio alguno.

Miles de docentes afectados por la indetenible corrupción administrativa regional, denunciaron las ilícitas prácticas del Banco Bicentenario, de mantener sin efectivo las taquillas de retiro externo para forzar su clientela a escapar de las kilométricas colas, acudiendo a los puntos establecidos en casas comerciales donde cobran hasta 25% del monto retirado. Este inhumano negocio, ocurre en Caicara de Orinoco y Puerto Ayacucho.

Andrés García Bolívar
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Tras un exhaustivo trabajo de campo que abarca distribución e investigación sobre el desvío de alimentos del Programa Alimentario Escolar PAE, el coordinador y los dos inspectores nacionales de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar CNAE, detectaron que la distribución se desarrolla de manera fraudulenta por la complicidad entre la Zona Educativa de Amazonas, funcionarios del PAE, directores de escuelas, proveedores y dueños de cooperativas para apoderarse de gruesos volúmenes de alimentos, a través de actividades ilícitas que luego venden en las minas del Yapacana.

Los funcionarios del CNAE continuaran profundizando estas certeras investigaciones para romper con el flagelo de la corrupción que el año pasado dejó a miles de niños de escuelas del interior sin recibir alimento, aunque según las estadísticas de la coordinación del Sistema de Alimentación Escolar SAE, todas recibieron la respectiva ración.

 
Los trabajadores del CNAE esperan que se haga justicia contra los responsables que atentan contra la población más pobre en regiones donde no llegan los alimentos del Mercal y donde la desnutrición ya ha cobrado sus primeros muertos. Este manejo fraudulento de fondos públicos afectó a los niños y niñas de escuelas indígenas, denunciaron los alcaldes durante una reunión de trabajo convocada por la coordinadora del SAE, profesora Sugeibi Arellano.

En el informe del CNAE, que además llegará a las manos del señor presidente Nicolás Maduro, se demuestra como los responsables coordinaban con los directores de escuelas beneficiadas con el PAE, para firmar facturas por cantidades de alimentos que nunca llegaron a las instituciones, y por montos que no se correspondían con los productos solicitados. Así, en julio pasado desaparecieron tres toneladas y media de alimentos del programa, de la Escuela Básica Creación Puerto Ayacucho, por orden de la Jefe de la Zona Educativa. Además Inflaron la matricula en el preescolar Samuel Robinson, elevada de 69 a 750 alumnos.

Al percatarse del exhaustivo trabajo de investigación que adelantan los funcionarios del CNAE, se inició un abierto saboteo ordenado desde la Zona Educativa y la coordinación del SAE, amenazando con destituir a directores de escuela para que no entreguen la información requerida, además elaborando actas y acusaciones falsas con el propósito de lograr la destitución de estos funcionarios para hacerse del control total de la distribución y manejo de alimentos. 

El saqueo lo justifican bajo la supuesta cooperación con eventos políticos, cuando la verdad es que la comida va a las minas del interior, donde un pollo tiene un costo de cuatro gramos de oro y la carne igual precio. Arroz, espagueti, azúcar y aceite tres gramos, y la leche llega hasta cinco gramos de oro. 

Al conocerse el trabajo del CNAE, profesores y directores de escuelas acusaron a la coordinadora regional del SAE y la Jefe de Zona, de recortar un promedio de 60 kilogramos de alimentos del programa por escuela, para alimentar los asistentes al Primer Congreso Regional de Cocina Escolar, evento no realizado. En la ciudad se cuenta con unas 100 escuelas nacionales que sumarian un volumen de seis toneladas de alimentos, que jamás regresaron y aún se desconoce su paradero. 

Un alto ejecutivo del Ministerio de Educación interceptó un camión con más de dos mil kilogramos de carne y pollo con rumbo a las escuelas de San Fernando de Atabapo, pero viajaba sin el docente de enlace y el representante municipal, lo que a todas luces indicaba que esa comida iba a las minas del Yapacana. 

Los profesores de los municipios interioranos vienen reiteradamente denunciando que la comida llega incompleta y los funcionarios del SAE los obligan a firmar la factura como recibido conforme. 

Ante la sorpresiva llegada de uno de los inspectores del CNAE al depósito de PDVAL, se precisó que una supervisora, de los 26 que tiene el SAE, había cargado con 60 kilogramos de comida para su casa, cuando esos alimentos pertenecían a un preescolar, lo que puso al descubierto otro de los modus operandis como actúa esta mafia educativa para cargar con la comida de los niños.

Se sabe que tanto la jefe de Zona Educativa, Lic. Milagros Echenique y la coordinadora regional del SAE, profesora Sugeibi Arellano, estarían moviendo sus influencias con los padrinos de la corrupción, para que las certeras denuncias no trasciendan y que los involucrados no sean sancionados por el Ministerio Público, hasta donde llegará la acusación. 

Convencidas están que ocurrirá como en otros casos, es decir, serán favorecidas por la grosera impunidad que permitirá continuar disfrutando libremente de la venta de alimentos del PAE. La corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), debe ser visto como política de seguridad de estado. No se está atentando contra la alimentación de la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes del Sistema Educativo Bolivariano, sino además contra las madres procesadoras, y hasta con el mismísimo pueblo venezolano. 
Estos funcionares del CNAE tomaron la palabra del presidente Nicolás Maduro y valientemente emprendieron la titánica labor de enfrentar la corrupción alimentaria educativa.

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Las intervenciones en el Poder Judicial no son una novedad, siempre se han realizado vía Asamblea Nacional, aparentemente transparente, aunque la acción no va más allá de sustituir una tribu judicial por otra, cuando el nombramiento de jueces debe responder a la integridad, idoneidad y formación o calificaciones jurídicas apropiadas, así como el régimen de la carrera profesional de los jueces debe fundamentarse en criterios objetivos, es decir el mérito personal del juez, su calificación, integridad, capacidad y eficiencia. 

Los vicios y corruptelas tantas veces denunciados, el padrinazgo, el nepotismo y la recomendación partidista se han institucionalizado, con el agravante de que algunos magistrados son meros instrumentos políticos, cuando un reconocido jurista del extinto Consejo de la Judicatura afirmó: "... este Consejo de la Judicatura es un organismo político, y como político tiene que actuar políticamente. Somos electos como resultado de entendimientos políticos, tanto en el Congreso Nacional como en la Corte Suprema de Justicia". 

Las tribus judiciales han dado paso a nuevas redes de abogados, reconocidos y beneficiados, gracias a su estatus político, por jueces y fiscales. De esta manera, tienen acceso a todos los recintos judiciales y policiales del sistema. Existe una organización de extorsión judicial, donde los delitos e imputaciones se dirimen según el monto económico y al peso político del investigado o procesado.

"El Poder Judicial es uno de los elementos más corruptos y donde menos hemos hecho lamentablemente en la revolución". Así lo dijo en una oportunidad el desaparecido diputado Carlos Escarrá, quien se mostró favorable a establecer mecanismos que permitan evaluar y controlar las labores de los jueces y fiscales. 

El Poder Judicial, a partir de la intromisión sistemática del Ejecutivo, se ha convertido en un “gran negocio” en el que parece que todo está tarifado y las irregularidades, arbitrariedades y abusos ocurren en todas las instancias, a tal punto que se utiliza el vocablo “sicariato judicial” para calificar su situación.

Jueces y fiscales comparten “territorios” en los que se manipulan expedientes, tarifan los servicios, se pierden o se siembran pruebas, se altera la distribución de causas. Asignar una causa a un determinado juez tiene un precio que depende de los implicados en el caso.
Nombrar a una persona en un expediente es suficiente para iniciar el proceso de extorsión, así como cometer un “error material” en la -identificación de una persona puede librarlo, pago de por medio, de verse implicado en un proceso judicial.

El deterioro del sistema es tal que no interesa someter a la justicia a un delincuente, sino que el delincuente pague para librarse del proceso judicial. Los bienes incautados no son puestos a la orden de la Fiscalía, sino que son “negociados”, cambian sorpresivamente de propietarios con el consentimiento de los afectados o sin que estos se atrevan a reclamar. Las mayores extorsiones ocurren en el área penal, en la que está en juego ir o no a una prisión; es decir, un asunto de vida o muerte.

Nadie discute ni puede cerrar sus ojos ante la realidad de lo que se está viviendo, un clima de inseguridad generalizado en todo el país. La violencia a causa de la inseguridad cada día se incrementa, se observan todo tipo de asaltos, robos, secuestros, por falta de una política pública de Estado para combatir de manera transversal esta ola de inseguridad. 

Ante esta crisis institucional hay que fortalecer las instituciones, como el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial, botando y condenando los jueces y fiscales corruptos, que ponen en tela de juicio la majestad del Poder Judicial, y en entre dicho la honorabilidad de excelentes magistrados. 

He venido sugiriendo al señor Presidente de la República aperturar páginas en internet para que los ciudadanos de cada región denuncien estos jueces y fiscales corruptos, dentro del marco de la lucha contra la corrupción emprendida por Nicolás Maduro. A él correspondería dar repuesta designando abogados que procesen las denuncias, estado por estado para hacer más efectiva esta contraloría social.

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La gobernación de Amazonas, Asamblea Legislativa y Alcaldía de Atures parecen imitar a la perfección el desacostumbrado aumento de salario que el presidente Nicolás Maduro decretó para el sector militar con un aumento que superó el 45%. Él, lo hizo bajo la intensión de evitar revueltas dentro de un privilegiado sector que se adjudica la producción nacional de autos, celulares e importación de equipos de línea blanca con las que han establecido un lucrativo negocio adquiriendo cocinas, lavadoras, neveras, televisores, celulares y vehículos a muy bajo costo para revenderlos con hasta trecientos por ciento de sobreprecio, es decir, un verdadero bachaqueo militar.

En el caso de las fronteras, cerradas por Decreto Presidencial, la extracción de alimentos, medicamentos y otros insumos sigue su curso normal auspiciado por altos oficiales y tropa de una Guardia Nacional que en nada observa el decreto de un Presidente protegido por una débil autoridad presidencial.

Liborio Guarulla aplaudido por los siete legisladores que conforman el cuerpo legislativo regional y la Alcaldesa Adriana González, del Municipio Atures, superaron al señor Presidente y groseramente se incrementaron los salarios hasta 42 mil bolívares devengados por funcionarios de confianza de menor rango, y 60 mil bolívares para el gobernador, que a comienzos de año ganaba 24 mil. 50 mil o más para la alcaldesa y los diputados. Todos ellos son reconocidos activistas políticos de oposición, que continuamente lanzan duras críticas contra el gobierno nacional por la fuerte crisis económica que agobia la región, pero a la calladita aplicaron una operación murciélago con la que desangran al Estado, devengando sueldos de primer mundo. Además, los legisladores mantuvieron para sí, los privilegios económicos con que desangran al Estado; inclusive los aumentaron. 

La nueva matriz salarial establecida por el Gobierno para sincerar los salarios y acabar con los beneficios extras que perciben los funcionarios públicos, lejos de acabar con los privilegios desató un nuevo carnaval con el dinero del pueblo, especialmente en la Cámara de Diputados.

La administración del Legislativo, implementó la nueva matriz salarial, pero al mismo tiempo mantuvo los beneficios extras que perciben los funcionarios; incluso los aumentó, y en muchos casos adjudicó pagos ilegalmente bajo la figura de “gastos de representación”. Un reducido grupito de “trabajadores” de la institución recibió aumento. Los que quedaron fuera del incremento salarial son porque no tienen padrinos, no responden a ningún sector o se les relaciona con algún legislador de periodos anteriores que no tienen peso en la Cámara.
Mientras estos privilegiados funcionarios disfrutan su paraíso fiscal conformado por elevados salarios, adjudicación de contratos de construcción de obras, compras y cobro de comisiones, más de dieciocho mil trabajadores de esas instituciones protestan por devengar sueldos por debajo del salario mínimo, pago de deudas pendientes, homologación, bonos y hasta les cobran veinte por ciento para pagarles sus prestaciones sociales.

Se suma la preocupante escasez de alimentos, el hambre y la desnutrición que hace estragos en comunidades indígenas, sectores campesinos y barrios de Puerto Ayacucho y otros pueblos del interior, donde no están llegando los alimentos del gobierno nacional.
Cada legislador cobra al mes una dieta superior a los 51 mil bolívares, más otros pagos por el duro esfuerzo que realizan, pero todos andan en campaña a favor de sus respectivas toldas políticas, por lo que no habrá actividades durante el resto del año.
El descaro de estos dirigentes políticos y de los legisladores no tiene límite. Las instituciones de la gobernación de Amazonas, que ellos controlan, se hunden en corrupción administrativa, mientras ellos mantienen inalterable una conducta perniciosa, de indiferencia y de un abusivo aprovechamiento del poder.

Trabajadores y electores regionales vienen manifestando a través de los medios de comunicación, su cansancio por el abuso, la corrupción y la impunidad, era predecible que las instituciones partidarias y principalmente la Asamblea Legislativa tomara con seriedad sus responsabilidades, impulsara acciones que permitieran enderezar el rumbo, pero lejos de ello, mantiene inalterable la carrera por obtener lucro del poder ejecutivo regional, sin adoptar acciones para ganarse la voluntad del electorado.

La irresponsabilidad legislativa es inaguantable e insoportable, sobre todo en estos momentos cuando los amazonenses exigen transparencia, honestidad y responsabilidad ciudadana, sobre todo de aquellas personas que piensan que el voto es la llave para alcanzar el poder, la riqueza y la gloria, sin que ello implique el menor compromiso con la región.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
Teléfono: 04161067319
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El gobernador de Amazonas Liborio Guarulla ante las reiteradas denuncias formuladas por grupos opositores sobre presuntas violaciones de derechos humanos en el Estado Táchira, se alineó en contra del Estado de Excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro y ordenó a sus más cercanos seguidores emitir declaraciones en contra de la medida presidencial, tal como lo viene haciendo el legislador regional Juan Carlos Perdomo. 

La decisión de Maduro tiene como objetivo poner a funcionar mecanismos extraordinarios para salvaguardar la paz y el buen funcionamiento de las actividades económicas y militares en la zona fronteriza, ante los hechos de violencia contra efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la constante extracción de productos de primera necesidad y el contrabando de billetes venezolanos de alta denominación. 

Sin embargo, la medida que permitirá arreciar las acciones contra la avanzada paramilitar que diariamente atemoriza los habitantes fronterizos con asesinatos, extracción de alimentos, medicamentos, combustible, robos y atracos, encontró rechazo en un gobernador que simuladamente está dejando claro su conformidad con las actuaciones de un paramilitarismo que siembra terror en todo el país.
En esta posición coincide con otros grupos opositores que lamen sus labios y frotan sus manos por el incremento de la violencia en Venezuela. Dan como un hecho que junto a la escasez alimentaria auspiciada por ellos mismos, tumbarán a Nicolás Maduro. En nada les importa que entre los caídos cuenten a sus propios familiares, sólo les interesa complacer el apetito de la oligarquía norteamericana que con sus colmillos ensangrentados pretenden cargar con el petróleo y otros recursos del país. 

Sesenta años después de su publicación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es más un sueño que una realidad. Liborio Guarulla, férreo defensor de Derechos Humanos y de la causa indígena, margina de numerosas maneras a mujeres, niños y hasta comunidades indígenas enteras, por no colidir con sus principios políticos, que no van allá de acumular millonaria fortuna con dinero enviado por el gobierno nacional para los casi doscientos mil habitantes de Amazonas. 

El mandatario regional observa en silencio o complacido, como jóvenes, mujeres y hombres inocentes la gran mayoría, son continuamente asesinados por estos grupos paramilitares, cuyos Derechos Humanos tocan lo más profundo de las fibras del corazón de Liborio Guarulla. 
En el comando policial, cuyos agentes cobran por la gobernación que preside, han asesinados varios jóvenes y padres de familia bajo la figura de “actos de resistencia”, cuando se trata de paramilitarismo encubierto, pero jamás se ha escuchado un pronunciamiento del gobernador para realizar investigaciones. 

A pesar de los grandes recursos que recibe la gobernación de Amazonas, los indígenas siguen hundiéndose en extrema pobreza, situación que contrasta con la millonaria frondosidad de la familia Guarulla. Apropiarse del dinero de los indígenas y dejarle el hambre, es violación de derechos humanos fundamentales como: alimentación, educación, salud, vivienda y trabajo. Estos derechos humanos son violados con frecuencia por la familia Guarulla que hasta para homologar sueldo, exigen una carta de recomendación de su comité de campaña. Dan mayor credibilidad a un comité de campaña que a las universidades que confieren los títulos a los indígenas que supuestamente defienden. Los privan de sus derechos a controlar su propio desarrollo con base en sus valores, necesidades y prioridades; tienen escasa representación política; y no tienen acceso a los servicios sociales. A menudo se les excluye de los procesos de consulta sobre proyectos que afectan a sus tierras.

Sería interesante que el diputado Juan Carlos Perdomo, defensor a ultranza de la gestión de Guarulla, luche por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, violados por un gobierno que está obligado a investigar, pero fue silenciado al convertirse en contratista y proveedor.

Para Guarulla prima el criterio de hacer obras. Planifican todo el dinero en la ejecución de obras, porque significa contratistas que bien conocen del manejo del negocio y pagan veinte por ciento antes que se les pida. Se establece una correspondencia económica interesante que obliga a investigar, quienes son los contratistas y revisar la composición de las empresas. Poseen varias para disimular, muchas a nombre de terceros de confianza, o familiares. Así, este mandatario ha establecido un círculo de corruptos de confianza que cargan con el presupuesto de inversión. 

La contraloría de la gobernación depende de los once diputados regionales designados por Liborio Guarulla para silenciar las irregularidades administrativa en una administración donde existen obras cobradas sin ejecutar, compras que no aparecen, cobro de 20% a contratistas y al personal jubilado que tiene que pagar para tener derecho a sus prestaciones, directores con empresas de compras y suministro y empresas constructoras. 

Dice Jesucristo en su Palabra: que vuestras costumbres sean sin avaricia. La avaricia es un demonio, es una maldición. De allí que narcotraficantes, paramilitares, los gobernantes y sus ejecutivos corruptos que cobran soborno a contratista y proveedores para hacerse ricos ellos y sus familiares, están bajo maldición. Van con su dinero robado tranquilos al infierno. Muchos no llegaran al final de sus días. Los asesinaran en su oscuro camino o mueren corroídos por largas y dolorosas enfermedades. Destruyen su matrimonio o su familia. Sus hijos se van por el camino del delito. Los narcotraficantes conocidos y los corruptos que se han robado el dinero de los más pobres, han muerto en su ley. Asesinados y corroídos de largas y dolorosas enfermedades. Piense en usted y su familia, si no quiere morir igual a ellos. Apártese de la mentira del diablo, sirva a su pueblo, apártese de la avaricia y la riqueza fácil. Los que roban no entran al reino de Cristo, tienen que devolver el dinero robado u obtenido por vía del narcotráfico. El que no lo haga, va directo al infierno. Nadie se presentará delante de Cristo con la inmundicia en sus manos. Dios no da por inocente al culpable.

Andrés García Bolívar
Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
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La infraestructura de las escuelas dependientes de Ministerio de Educación se encuentra deteriorada, debido a la falta de mantenimiento.

Muchos de los centros educativos presentan irregularidades: la situación de la Escuela Básica Creación Puerto Ayacucho es emblemática. Sus alumnos ven clases en un reducido espacio, debido a que la edificación está a punto de caerse, ya un módulo de doce salones fue clausurado ante el mal estado de la platabanda.

La escasez de nuevas construcciones que vayan a la par con el crecimiento demográfico de la entidad se hace evidente. En este centro educativo no cabe un pupitre más, pues el aumento de la matrícula escolar choca con la ausencia de construcciones destinadas a la educación media.

Más de 800 alumnos egresados de varios colegios nacionales y estadales del sector, van a estudiar en sólo dos centros públicos que ofrecen bachillerato. Esta realidad se repite en otros sectores de la ciudad y comunidades indígenas cercanas.

Los padres y representantes manifiestan su inconformidad con protestas por la prensa local, mientras que los docentes se asocian en gremios para buscar una respuesta efectiva.  

Casi todos los centros educativos iniciaron sus actividades, pero hay otros, cuyos docentes y directivos aseguran que es un peligro impartir clases bajo un techo a punto de desplomarse, la mayoría posee mala infraestructura, falta de servicios públicos y de recursos de enseñanza. 

Para muchos profesores la principal solicitud de los planteles se centra en rehabilitaciones menores que incluyan nuevos salones, una mano de pintura y dotación de pupitres. Esta queja se profundiza en la misma escuela Creación Puerto Ayacucho donde se les está exigiendo a los representantes llevar pupitres, porque los que existen se encuentran destruidos.

Las denuncias que se formulan a través de los medios de comunicación, en el área educativa, están relacionadas con problemas de infraestructura escolar. Al menos 35% de las escuelas bolivarianas requieren de ampliación de aulas o de construcción de baños, cocinas, cambio de techo u otros insumos. Más de 1.700 niños deben ver clases en escuelas que tienen salones sin luz, filtraciones y baños que no funcionan.

Las supervisiones de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar CNAE, ha reflejado una extraordinaria realidad, las escuelas dependientes de la Gobernación de Amazonas mantienen alimentos del anterior año escolar que culminó en julio, incluyendo carne y pollo. En tanto los centros educativos pertenecientes a la Zona Educativa carecen de comida, aunque los informe de entrega detallan toneladas de comida recibida después dar vacaciones a sus estudiantado.  

En los centros educativos visitados, los directores y personal docente afirman que la comida fue retirada por la Jefe de Zona Educativa, Profesora Milagros Echenique, quien tendrá que dar cuenta sobre el paradero de decenas de toneladas de comida desaparecida.

Otra irregularidad detectada en los centros educativos de Amazonas, son los robos y saqueos ejecutados por el hampa común y la delincuencia educativa. Los centros educativos adscritos en la Zona Educativa fueron saqueados por un hampa que cargó con servidores, computadoras, equipos de oficina, aires acondicionados, lámparas, neveras, frices para conservación de alimentos y hasta el cableado. Este ataque delictivo contrasta con la seguridad prestada por la vigilancia de la gobernación de Amazonas, cuyos centros no fueron saqueados por esta sospechosa hampa, lo que a todas luces pone al descubierto, la falta de vigilantes o robos ejecutados por el mismo personal del Ministerio de Educación.

Una tarea pendiente para el Ministerio de Educación será investigar el destino de los recursos asignados para la reparación de planteles nacionales que todavía se encuentran deteriorados y buscar los recursos para que el estado salde sus deudas con los empleados educativos.

Dice Jesucristo en su Palabra: que vuestras costumbres sean sin avaricia. La avaricia es un demonio, es una maldición. De allí que narcotraficantes, paramilitares, los gobernantes y sus ejecutivos corruptos que cobran soborno a contratista y proveedores para hacerse ricos ellos y sus familiares, están bajo maldición. Van con su dinero robado tranquilos al infierno. Muchos no llegaran al final de sus días. Los asesinaran en su oscuro camino o mueren corroídos por largas y dolorosas enfermedades. Destruyen su matrimonio o su familia. Sus hijos se van por el camino del delito. Los narcotraficantes conocidos y los corruptos que se han robado el dinero de los más pobres, han muerto en su ley. Asesinados y corroídos de largas y dolorosas enfermedades. Piense en usted y su familia, si no quiere morir igual a ellos. Apártese de la mentira del diablo, sirva a su pueblo, apártese de la avaricia y la riqueza fácil. Los que roban no entran al reino de Cristo, tienen que devolver el dinero robado u obtenido por vía del narcotráfico. El que no lo haga, va directo al infierno. Nadie se presentará delante de Cristo con la inmundicia en sus manos. Dios no da por inocente al culpable.

Andrés García Bolívar
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