Las políticas públicas asumidas por el gobierno de Nicolás Maduro, con la aparente intención de lograr el crecimiento económico y el fortalecimiento social del país, parecieran más bien orientadas a socavar los principios del chavismo en alianza estratégica con la oposición, nada fácil de lograr si se toma en consideración que el chavismo es una ideología arraigada en el más profundo sentimiento de las clases populares, desfavorecidas con los beneficios de la renta petrolera y los recaudos impositivos, cuya población electoral supera al 70% que muy poco apoyo brinda al presidente Nicolás Maduro, como se confirmó con los resultados electorales del 6D y los posibles resultados desfavorables durante las venideras elecciones regionales, si Maduro no le juega claro al país.

Lo anterior se desprende al recodar que el presiden Nicolás Maduro decretó la primera devaluación del bolívar, en 20 años, el mismo día que murió Hugo Chávez, es decir, cuando el pueblo sentía el máximo dolor por la muerte de su líder, dio la primera estocada de traición. Hugo Chávez jamás lo propuso, pues perfectamente conocía que eso significaba favorecer los grandes capitales y hundir el país en mayor pobreza. Desde allí hasta hoy las políticas públicas de Maduro se fundamentan en mas devaluaciones, recortes de subsidios, eliminación de importantes misiones como: Madres del Barrio, Niños de Venezuela, Vuelos Solidarios de las FAN, transporte SITSSA y ahora la liquidación del reducido MERCAL, cuyo tiempo de vida se presume muy corto, a esto se suma la arremetida de la oposición liderada por Henry Ramos Allup, que en alianza descarada con las familias más poderosas de los Estados Unidos, lograron más del mil millones de dólares por vía de la USAID para financiar el cierre de empresas y obligar por hambre al pueblo venezolana, a sufragar por los candidatos de la oposición, bajo el interés de modificar los términos de la Ley de Hidrocarburos de Hugo Chávez, que elevó las regalías de 1% a 30%, es decir, de cada cien dólares invertidos en el negocio petrolero las transnacionales pagaban un dólar, Hugo Chávez elevó este pago a 30 dólares por cada cien invertidos.

Las transnacionales, que cargaron casi gratis con pesados volúmenes durante los gobiernos de la Cuarta República, tienen dinero suficiente para cancelar el 100% de las pérdidas de todas las industrias venezolanas durante el tiempo necesario para agotar las reservas alimentarias y lanzar duras críticas y culpas contra Hugo Chávez, bajo el errado propósito de pretender cambiar la ideología de un pueblo que perfectamente entendió, con el ejemplo dado por el desaparecido presidente con su exitoso paquete de misiones, que la renta petrolera si puede alcanzar para todos, idea que revolucionó a todo este país.

La perversa alianza que asesina a niños y enfermos, y somete a un pueblo por hambre, la conforman además, los restos de la CTV, la Iglesia Católica, Fedecámaras y la oligarquía agraria, empeñados en regresar a este país a los viejos tiempos de los créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sembradores de hambre, miseria y corrupción. Casi en su totalidad, el dinero otorgado al país por estos organismos internacionales, regresó a invertirse en grandes corporaciones de Miami, Florida.

La aplicación de las recetas del FMI para suscribir la Carta de Intención, están creadas: aumento de gasolina, recorte de subsidios, alta inflación, reducción del tamaño del Estado y reducción del gasto social. Solo bastaría esperar la fecha de reunión entre el presidente Maduro y los representantes del FMI, para culminar su exitosa gesta de llevarnos como oveja al trasquiladero. De allí la negativa de introducir cambios importantes, como la paralización por corto tiempo de la construcción para invertir en la compra de mayores volúmenes de alimentos, repotenciar la agroproducción, realizar cambios dentro de la corrompida cúpula del PSUV y emprender una eficaz guerra contra la desbordante corrupción administrativa.

Los que añoran cambios para el crecimiento económico y el fortalecimiento social de los venezolanos, sería importante que abrieran sus ojos para no quedarse esperando. El Madurismo y la oposición, agarraditos de manos parecieran dirigidos por un mismo dueño, Barack Obama. Los enfrentamientos verbales con acusaciones e insultos incorporados, no son más que mera hipocresía frente a una real traición cocinada a fuego lento y dentro del más estricto secreto.

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Andrés García Bolívar

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Es común la aplicación de políticas hambreadoras en países que asuman posiciones distintas a las impuestas por gobiernos estadounidenses, con hambrunas intencionadas, utilizada como arma política para alcanzar los deseados objetivos contra las clases más oprimidas. El incipiente socialismo venezolano iniciado con la llegada de Hugo Chávez al poder, no representó amenaza alguna contra el poder norteamericano, pero sí generó cambios políticos en América Latina y el levantamiento de las clases oprimidas contra el estatus reinantes en países como: Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil.

La desaparición física de Hugo Chávez no significa el entierro de este popular movimiento sembrado en más del 70% de los venezolanos, que permitieron al difunto presidente ganar elecciones con hasta tres millones de votos sobre su más cercano contendor, de allí que las fuerzas criminales del imperio norteamericano, a través de una oposición apátrida y un Madurismo disfrazado de chavista,  decidieron aplastar utilizando el hambre como arma política para intentar borrar una ideología que sigue tan viva como ayer. 

La idea elemental de las familias petroleras norteamericanas es ahogar la rebelión popular con una campaña de terror con el objetivo de romper el ánimo de los venezolanos, lanzando todo tipo de acusaciones contra el modelo socialista, para evitar en lo posible, el resurgimiento del movimiento chavista, e impedir que los ciudadanos vayan más lejos con la reagrupación  de fuerzas revolucionarias para derrotar en los próximos comicios electorales, una derecha rancia y asesina liderada por Henry Ramos Allup, plegada a los intereses de las poderosas familias petroleras, que pretenden apropiarse de nuestra petróleo, tal como lo hicieron con los gobierno de la Cuarta República, pagando 1% de regalía petrolera, es decir, 1 dólar de cada cien invertidos.

Con hambruna, masiva y prolongada donde mueran miles de personas en pueblos y ciudades inundadas de miseria y hambre, y el resto coma hojas, perros, gatos, ratas, pájaros y ranas, sería suficiente, según ellos, para borrar una ideología medular de un pueblo valiente como el nuestro, donde tal vez nos lleven hasta la práctica del canibalismo, pero jamás olvidar que por siempre ha sido el corazón de las revoluciones Latinoamericanas, como la gesta emprendida por el padre de la patria, Simón Bolívar. 

Observe que cuando las familias adquieren alimentos en pequeños volúmenes para su sustento, los cuerpos de seguridad responden requisando madres, ancianos y hasta mujeres embarazadas para quitarle la poca comida que lleven, ignorando el gobierno presidido por Nicolás Maduro, durante mucho tiempo, los informes sobre el hambre que azota pueblos, como en la región sur, donde las familias indígena y campesinas ya no consiguen azúcar, arroz, espagueti, harina precocida, carne y leche para los niños, simultáneamente a esta política de decomisos, redujo al máximo el programa de suministro de alimentos dependiente de su despacho, justo cuando arrecia la escasez en todo el país, lo que claramente confirma su apego al paro empresarial convocado por los restos insepultos de la CTV, Fedecámaras, la Iglesia Católica y la oligarquía agraria, para someter por hambre un pueblo, erradamente convencido de que Nicolás Maduro sigue las mismas políticas de Hugo Chávez.

La política ordenada desde el Palacio de Miraflores contra el bachaqueo, es una orden disfrazada para hundir las familias en pobreza extrema, pues el bachaqueo sigue su curso normal impulsado por cuerpos de seguridad, miembros del gobierno y la oligarquía madurista. Se añade a esta politica, las continuas devaluaciones, eliminación de misiones, recorte de subsidios, reducción del tamaño del Estado, reducción del gasto social, aumento de la gasolina y la alta inflación como recetas del Fondo Monetaria Internacional para suscribir la Carta de Intención,  demostrándose con este paquetazo hambreador, lo lejos que anda Nicolás Maduro de las políticas sociales de Hugo Chávez.

Nicolás Maduro junto a la oposición liderada por Henry Ramos Allup, obedeciendo las ordenes de Barack Obama, vienen con todas sus fuerzas contra las clases más pobres para arrancar de cuajo la ideología chavista. El enfrentamiento verbal contra Estados Unidos y entre ellos, es mera hipocresía para consumar este golpe criminal.

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A pesar de que se trata de un problema de múltiples causas, se puede afirmar que el costo irrisorio del cemento, gas y de la gasolina subsidiados por el Estado venezolano, los convierte en mercancía apetecible para contrabandistas y bandas criminales organizadas que obtienen importantes ganancias por colocarlos del lado colombiano.

Se trata de un negocio que genera millonarias ganancias con una mínima inversión y poco riesgo económico, estimulado por la deficiencia en el control fronterizo para las operaciones de organizaciones conocedoras de rutas diversas y variadas sin presencia de autoridad, más la corrupción de funcionarios y organismos que debieran ejercer el control.

La falta de transparencia en el manejo de estas sustancias, estimula negocios al margen  de la ley y desfavorece la compra legal que hacen comunidades del interior, obligadas a pagar elevados sobornos por permisología y en la estación de combustible de Puerto Venado, donde los contrabandistas son favorecidos con preferencia de llenado, mas no así los indígenas obligados a largas colas durante varios días para llenar tres o cuatro tambores, que utilizan en traslado desde sus comunidades, más en pesca y cacería.

El contrabando casi legal de combustible, gas y cemento no ha sido cuestionado por ninguna autoridad fronteriza. La gasolina y el cemento que fluye hacia Colombia por estas fronteras no va destinado a satisfacer el uso legal, sino, que grandes volúmenes son utilizados como catalizadores para la elaboración de la pasta de cocaína.

El traslado de grandes volúmenes requiere la utilización de barcos y camiones cisterna, lo que prácticamente lo convierte en un negocio formal que cuenta con el visto bueno de las autoridades colombianas y venezolanas, y por tanto, pierde su carácter de contrabando, sumado a este inmenso esfuerzo en el transporte se añade el personal y las facilidades para el manejo de líquidos, tanques de almacenamiento, equipos para carga y descarga. Expertos en  el manejo de combustible suponen que para cumplir con el transporte y almacenamiento de los montos a que asciende el contrabando se emplean unas dos mil personas, para que sea posible mantener el sigilo con que han de desempeñarse las labores incluidas en operaciones de contrabando.

Los resultados de los esfuerzos realizados por el gobierno para controlar el desangre de gasolina, gas y cemento han sido casi nulos en relación al volumen de recursos implicados, a ello se agrega que los vehículos usados necesariamente transitan por la única vía que va desde Puerto Ayacucho al Puerto de Samariapo, teniendo que superar no menos de cuatro alcabalas.

El contrabando de insumos de construcción en la frontera con Colombia ha incidido en una disminución de 30% en la producción de cemento en el país vecino que obliga a extraerlo de Venezuela.

Los proveedores de estos insumos contrabandeados son mayoritariamente las autoridades de PDVSA en la región y la Misión Ribas, cuyos directivos sobrefacturan grandes cantidades de cemento para obras que requiere mínimas cantidades, el restante se va de contrabando.

La escasez de combustible en los pueblos y comunidades del interior es alarmante, pero grandes son los volúmenes que remontan aguas arriba rumbo a Colombia.

El gas vive una situación similar al desaparecer una importante cantidad de bombonas utilizadas por la empresa privada que suministraba ese producto para garantizar un eficaz suministro. Ahora hay que esperar muchos días después de facturado porque en la plata de llenado las bombonas son insuficientes.

El responsable del manejo de gas y gasolina en PDVSA, así como del cemento de la Misión Ribas, es el secretario general del PSUV en Amazonas, geógrafo Diógenes Edgildo Palau. La advertencia se hace en función de que sea conocida por el presidente Nicolás Maduro para que ordene una exhaustiva investigación a fin de demostrar que ciertamente ha emprendido una lucha eficaz contra la corrupción.

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El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, tienen más puntos de coincidencias que divergencias, pues ambos se esfuerzan en destruir, a cualquier costo, la ideología chavista para facilitarle a las familias petroleras de Estados Unidos, hacerse de petróleo barato y endeudar el país con los créditos hambreadoras del Fondo  Monetario Internacional FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, cuyas estrategias financieras son las mismas: recorte de subsidios, reducción del gasto social, reducción del tamaño del Estado, es decir, despedir trabajadores, aumento de gasolina y elevada inflación, condiciones labradas por Nicolás Maduro para facilitarle a la oposición, en caso de conquistar el poder, recurrir sin tropiezos a la banca mundial.

Por su parte la oposición silenciosamente ejecuta un paro empresarial, consistente en cierre de todas las industrias del país para doblegar por hambre a los venezolanos, calificando al mismo tiempo de desastrosas las políticas públicas puestas en marcha por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, según ellos, así borrarían con hambruna la ideología chavista para evitar que otro líder como aquel resurja y altere el panorama político latinoamericano y la paz, de la que tanto provecho económico han obtenido las transnacionales norteamericanas.

Las peleas entre el Madurismo y la oposición son meros celos matrimoniales, pues ambos hacen exactamente lo mismo. Gobernadores, alcaldes, ministros, diputados nacionales, directores del Ejecutivo Nacional y de otras instituciones públicas, se rodearon de un pequeño grupito de contratistas y proveedores a quienes entregan todo el presupuesto de inversión y cobran 20% de soborno que les permitas amasar jugosas fortunas. Lo de ponerle el pecho a las balas por los pobres es la más cruda hipocresía. Los pobres son utilizados en los procesos electorales y después tienen que conformarse con ver a los gobernantes comerse el presupuesto hasta los huesos.

En estos momentos cuando la escasez de alimentos y medicamentos alcanza su punto más crítico, la oposición amenaza con cerrar las ultimas empresas abiertas y Nicolás Maduro respondió eliminando el programa de suministro de alimentos del Gobierno Nacional, antes había eliminado varias misiones y reducido al mínimo el suministro de medicamentos a la Misión Barrio Adentro, cuyo suministro depende en 100% del gobierno nacional.

Recuerde que Maduro premeditadamente devaluó la moneda el día que murió Hugo Chávez, lanzando un manto de dudas sobre su fidelidad al difunto presidente, y ahora, prefiere hacer gastos superfluos, que atacar con creces la escasez que ya está generando hambruna entre millones de venezolanos pobres que no encuentran como conseguir: arroz, espagueti, azúcar, leche, aceite y mucho menos pollo y carne.

El amor que la oposición liderada por Henry Ramos Allup difunde a los cuatro vientos por los pobre de este país, no es más que una desmedida ambición de poder y avaricia para echarle manos al presupuesto nacional y entregarle los restos de este país a los gringos.

El clamor de los venezolanos exigiendo el resurgimiento de otro Hugo Chávez es un sentimiento que recorre este país de costa a costa, pues comenzaron a ver florecer las macabras garras de la traición en un presidente que aún se ufana de ser hijo de Hugo Chávez, pero un hijo rebelde sobre el que hay que mantener ojo pelao, ya que mucho parece ser hijo de George Bush.

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En América Latina todos conocemos el comportamiento criminal de la oligarquía colombiana, capaz de suicidar a su propio pueblo para complacer a sus amos del norte, razón suficiente para comprender su empeño de liquidar la revolución venezolana liderada por Hugo Chávez, arraigada también en el corazón de ese pueblo que no ve el día cuando pueda quitarse de encima una oligarquía criminal, que con apoyo de los mercenarios de la CIA, configuraron organizaciones paramilitares para despojar al pueblo colombiano de tierras con vocación agrícola.

Durante el gobierno de Hugo Chávez, Álvaro Uribe empujó la empalizada provocando para justificar la intervención de los marines que cuidan los bienes de las familias petroleras norteamericanas, ante el temor que provocó la expansión de la revolución venezolana, pacifica, despertadora de pueblos y justa por su lucha en favor de las reivindicaciones sociales de las clases excluidas.

Esa oligarquía de historia apátrida y traidora, hasta ahora parecía centinela obediente de las órdenes de la CIA, entregando sus recursos a cambio de proteger su narcoeconomía. Poco importó la venta de Panamá por 25 millones de dólares pagados a plazos sin consultar a sus habitantes. Masacran su pueblo para que las empresas bananeras obtengan ganancias excesivas, asesinaron más de tres mil trabajadores a finales de los años veinte del siglo pasado. El Departamento de Estado asesinó a Jorge Eliécer Gaitán y con él a miles de colombianos, y para que la Coca-Cola aumentara sus ganancias, asesinaron a cientos de dirigentes sindicales.

Esta misma oligarquía, unida a la oligarquía venezolana conformada por los altos líderes de la oposición y los altos miembros del gobierno de Nicolás Maduro, asesinan con hambre a los venezolanos para deshacer las bases del chavismo, al suponer que de allí puede levantarse otro Hugo Chávez que liquide los privilegios de una oligarquía que hasta la llegada de Chávez al poder, disfrutó a placer los privilegios del negocio petrolero, que a las transnacionales norteamericanas les permitían comprar grandes volúmenes, pagando de cada cien invertidos, 1 dólar de regalía.

Chávez, elevó ese pago a 30 dólares por cada cien invertidos, de allí que la USAID norteamericana invierte mil millones de dólares pagando a los dueños de empresas para que cierran sus industrias, urbanas y agrarias, con el fin de que la oposición obtenga la victoria por hambre y derogue la Ley de Hidrocarburos.

Nicolás Maduro contribuye liquidando MERCAL, PDVAL y reduciendo al mínimo la Misión Barrio Adentro, ya había liquidado otras importantes misiones. No hay alimentos ni medicamentos y casi nada hace en favor de mejorar la economía, antes impulsa políticas públicas insignificantes para distraer a un chavismo que aún está convencido de que Maduro le es fiel a Chávez, cuando la realidad indica otra cosa, devaluó la moneda el mismo día que murió Hugo, cuando el pueblo lloraba desconsoladamente a su líder, allí dio el golpe de traición. Liquidó importantes misiones y creó las condiciones para que la oligarquía solicite prestamos al FMI, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, dinero que luego se llevarán a sus corporaciones en Miami.

Por su parte la oligarquía colombiana, con dólares de la USAID, tiene la responsabilidad de comprar los volúmenes de producción agrícola para continuar desabasteciendo este país, y extraer la mayor cantidad de alimentos y medicamentos que sea necesarios. Dinero suficiente tienen para comprar generales y ejecutivo del gobierno nacional.

Creen estas oligarquías que reduciendo por hambre este país, no se levante otro Hugo Chávez, pues nunca antes habían estado tan equivocados como ahora, ya que el sentimiento dejado por aquel presidente recorre a este país, de uno a otro lado.

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Los incomodos  ruidos y dolores gastrointestinales producidos por falta de alimentos, comenzaron a llegar a hospitales del país como consecuencia del hambre que azota a la clases más deprimidas, información que debe llenar de alegría a los líderes de la oposición encabezados por Henry Ramos Allup, y del presidente de la República Nicolás Maduro, por estar seguros que con hambre jamás se levantará movimiento alguno contra los intereses de Estados Unidos, cuya bota cae con fuerza sobre este país, cancelando deudas y pérdidas de industriales, vía USAID, por cerrar sus empresas y consumar un desabastecimiento de alimentos y medicamentos provocado, para aniquilar con hambruna principios antimperialistas.

Los hospitales Arnoldo José Gabaldón de Caicara de Orinoco y José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, desabastecidos de todo tipo de medicamentos y material medicoquirúrgico, además sin especialistas y anestesiólogos, son las regiones donde mayormente comenzaron a acudir estos pacientes, aunado al alarmante crecimiento de desnutrición infantil, por estar enclavados en regiones de alta incidencia indígena y campesina, donde dejaron de llegar los beneficios del gobierno nacional, como las misiones alimentarias y las penetraciones del Ministerio de Sanidad.

Los CDI padecen las mismas consecuencias de un exabrupto recorte de suministro de medicamentos ordenado por Nicolás Maduro que afecta las clases más deprimidas, en el momento cuando escasea todo tipo de medicamentos en el país.

La oligarquía colombiana sin hacer mucho ruido coopera comprando pequeños volúmenes de producción agrícola, agravando aún más la crisis, en razón de que los industriales de este sector también atendieron el llamado a paro convocado silenciosamente por la CTV, Fedecámaras, la Iglesia católica y los industriales del agro.

En tanto los gobernantes de la región sur: el opositor Liborio Guarulla (Amazonas) y los “chavistas” Ramón Carrizales (Apure) y Rangel Gómez (Bolívar), no muestran preocupación alguna por la dramática situación de desabastecimiento, pues, hacen exactamente lo mismo, rodeados de un pequeño grupito de proveedores y contratistas, invierten los recursos en construcción de obras y compras de bienes y servicios, gobernando de espaldas al pueblo que los eligió y los observa comerse el presupuesto de todos.

Esto demuestra que entre la oposición y el Madurismo hay más coincidencias que divergencias, pues la forma de gobernar es la misma, en nada preocupa que los más pobres mueran de hambre, cuando la crisis humanitaria obliga a declarar el Estado de Emergencia y replantear la inversión en compra de alimentos y medicamentos, pero ambos grupos están claros en que el hambre debe sepultar principios revolucionarios antimperialistas del pueblo venezolano.

Los niños acuden a las escuelas más por hambre que por conocimientos, pues así se demuestra con el incremento en matriculas durante el suministro de alimentos del programa PAE, que al acabarse, concluye también la asistencia a clases.

La primera dama de Amazonas, Judith campos de Guarulla, dedica parte del presupuesto para suministro de alimentos, medicamentos y atención a familias indígenas, al pago de los gastos que genera su equipo de futbol, los Tucanes de Amazonas. En tanto su esposo, Liborio Guarulla, mantiene trece mil trabajadores de la Gobernación devengando salarios por debajo de los ocho mil bolívares mensuales, en su mayoría indígenas, en una región donde: azúcar, espagueti, arroz y harina precocida alcanzan precios de hasta dos mil bolívares por kilogramos, es decir, también pretende liquidar con hambre el pueblo que lo eligió.

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Un nutrido grupo de indígenas liderados por varios capitanes de comunidades exigen al Tribunal Supremo de Justicia no incorporar los electos diputados de Amazonas el 6D, por adulterar el proceso al obtener mayoría de votos, tras emprender un agresivo operativo de compra de votos, sacando ventaja de las precarias necesidades en que ellos hicieron caer esta región, pues llevan dieciséis años en el poder, tiempo en el que la pobreza cayó con mucho más fuerza como consecuencia del desvío de los recursos destinados al desarrollo agrícola y al fortalecimiento de comunidades. 

El capitán José Yuave en representación del grupo, señaló que los pueblos indígenas se encuentran desasistidos y abandonados por el gobierno de Liborio Guarulla, a quien pertenecen los diputados Nirma Guarulla, hermana del gobernador y Julio Igarza, ambos contratistas y proveedores de ese gobierno que nos mantiene sobreviviendo por resistirnos a vender los votos de nuestras comunidades, agregando que no los toman en cuenta en ningún ámbito como alimentación, vivienda y salud, a pesar de hacerse llamar representantes de los pueblos indígenas.

Aquí es real la discriminación y exclusión social de la población indígena, no es un tema nuevo, pero el gobierno de Liborio Guarulla profundizó las diferencias al concentrar las políticas públicas de su gobierno entre su grupo de seguidores, dejando fuera el grueso de los pueblos indígenas, enfatizó el molesto capitán dejando caer responsabilidades sobre unos diputados que jamás han abierto su boca en beneficio de los excluidos, antes apoyan las aberraciones de un gobernador que humilla a los pueblos originarios cancelando salarios por debajo de ocho mil bolívares, cuando perfectamente conoce que en esta región no se puede vivir con un sueldo que no alcanza para comprar los alimentos de una semana.

Lo que si exigimos al TSJ, a la Contraloría General de la República y a al Ministerio Público, es profundizar investigaciones para conocer el destino de los recursos asignados al sector indígena y los programas dirigidos a nuestra población que desaparecieron sin llegar a las comunidades. Nuestra condición de pobreza jamás ha mejorado, sino todo lo contrario, cada vez más, con forme pasa el tiempo, la brecha de desigualdad entre indígenas y los grupos favorecidos por Guarulla se ensanchan, puntualizó, sumando que las condiciones de vida son más precarias y su exclusión y discriminación se hace cada vez más patente.

El tema de la desigualdad indígena y su exclusión es altamente demostrable por la situación de miseria en la que vive gran parte de estos grupos originarios, estrechamente relacionada a una exclusión constante de los gobiernos regionales, dando un trato negativo a la población indígena; con derechos inferiores al resto de la población, así como, una distribución de la riqueza desigual. Lo cual se ha traducido, en la baja calidad y poco acceso que tienen los indígenas hacia los servicios prestados por la gobernación y en general en los pocos recursos que se han destinados para el progreso económico, cultural y social de los pueblos originarios, situación que contrasta con el repentino enriquecimiento de un gobernador indígena que llegó al poder siendo pobre y viviendo en una casa construida por el gobierno nacional, cuyo costo fue de 120 bolívares, pero ahora, junto a los diputados exhiben una prospera riqueza obtenida de los recursos asignados a los grupos indígenas conformada por quintas, apartamentos edificios, hoteles, posadas, fincas ganaderas y costosos vehículos.

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El ministro de agricultura Wilmar Castro Soteldo informó que se conformó un plan de siembra y de cría que consta de 3 millones 300 mil hectáreas con el objetivo de generar más de 18 millones de toneladas de alimentos vegetales y más de 6 millones de toneladas de origen animal, además manifestó que en el primer trimestre del año se entregaron 507 créditos equivalente a 264 millones de bolívares para el desarrollo alimentario del país provenientes del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista FONDAS.

“No habrá nadie que detenga la agricultura en el país, porque hay un sector campesino productor serio y transparente, que ha venido creciendo desde que la revolución comenzó este proceso de transformación político”, finalizó el ministro.

Nada nuevo informó el ministro, ni es nuevo su planteamiento, es el mismo que se viene escuchando desde hace muchos años. El resultado será el mismo de siempre, nos quedaremos esperando los productos que sumarán las 18 toneladas de alimentos, y no será difícil vaticinar lo que ocurrirá con ese dinero, que seguramente tomará el mismo camino de Agropatria, Agrovenezuela y Fondas, cuyos recursos fueron sembrados en la misma estructura agraria que acaba de recibir los créditos del ministro Wilmar Castro Soteldo. Una oligarquía experta en otorgar créditos a muertos, créditos con cedulas falsas, fincas fantasmas y el cobro del 50% a beneficiarios, permitiendo asegurar que los recursos del ministro irán a engordar cuentas de la oligarquía agraria, la misma que llevó a este nivel de postración la agricultura nacional.

Cualquier persona con sentido común que se proponga en mejorar el rendimiento agrícola, está obligado en comenzar por desmontar la estructura actual, mentirosa, corrupta, saqueadora y protectora de una falsa dirigencia campesina que por años se viene apropiando de los recursos que el gobierno nacional destina para la producción agrícola.

Esta estructura tiene emblemáticos casos de corrupción como la condonación de la deuda agrícola a 18 mil pequeños productores campesinos del Estado Guárico, una cartera morosa beneficiada con créditos otorgados por Fondafa en 2004, justificados con pérdida de siembra, falta de maquinaria, semilla inservible y el otorgamiento de créditos a destiempo. Lo que jamás se supo fue que pasó con los responsables de tan irregular situación y manejo del dinero público, porque Fondafa tuvo una o varias juntas directivas nombradas con nombres, apellidos y cédulas de identidad, que muy bien cobraban y dependían directamente del Ministerio de Agricultura y Tierras, con uno o varios ministros de turno a la cabeza que rendían cuenta como también lo hará Wilmar Castro Soteldo.

La condonación de aquella deuda agrícola sirvió para tapar la corrupción de los mayores beneficiarios, que no precisamente fueron los agricultores, cuyos créditos han sido condonados, si no los responsables directos de este desfalco.

Señor ministro Wilmar Castro Soteldo, de continuar manejando los recursos con esta misma estructura agraria, sus resultados serán iguales o peor al de los anteriores ministros, pero con un agravante, más despilfarrado de dinero en un país sumergido en una profunda crisis humanitaria provocada por ministros y gobernadores que se gobiernan así mismo.   

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Diez propuestas para superar la crisis económica están recogidas en el informe que aprobó la Asamblea Nacional el martes, donde exhorta al Ejecutivo a establecer un nuevo modelo que promueva el crecimiento sostenido, baje la inflación y reduzca la pobreza, aunque detrás se esconde la verdadera intención de unos legisladores que impulsan la escasez alimentaria y de medicamentos que empobrece las bases sociales del país, en su empeño por echar a Nicolás Maduro del poder.

La escasez alimentaria, de medicamentos y otros insumos de consumo masivo, no es más que la repuesta a la convocatoria de paro empresarial hecha por la CTV, Fedecámaras, la Iglesia Católica y la oligarquía agraria para echar a Nicolás Maduro del poder, no porque represente una amenaza para los intereses norteamericanos, ya que él también está unido al paro tras reducir al mínimo los programas alimentarios de MERCAL y PDVAL, sino, por no generar confianza al Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, quien dispuso su arsenal estratégico para borrar del pensamiento de los venezolanos los principios de Hugo Chávez.

La estrategia opositora consiste en profundizar lo mayor posible la escasez de comida y medicamentos, al tiempo que lanzan todas las culpas sobre el fallecido presidente Hugo Chávez, pretendiendo convencer a los venezolano sobre lo errado y perjudicial de la propuesta económica socialista, con el fin de evitar el surgimiento de otro Hugo Chávez que toque los privilegios de las transnacionales petroleras norteamericanas.

El exitoso plan va en marcha con una dirigencia opositora que a los cuatro vientos y a través de sus propios medios de comunicación culpan a Hugo Chávez de este desastre económico, y un Nicolás Maduro que apuesta mas a la victoria de la oposición, que al resurgimiento del chavismo, sin embargo existen cinco millones y medio de venezolanos muy difíciles de convencer, pues perfectamente conocen que el gobierno del difunto presidente puso en marcha un paquete de misiones que permitieron a dos millones de familias salir de la extrema pobreza y reincorporar dos millones de niños al sistema educativo, así como son testigos del reconocimiento que la Unesco hizo al país por reducir sustancialmente los indicadores de pobreza, que ahora, regresan a sus estadísticas de origen producto de la falta de autoridad de Nicolás Maduro al dejarse amontonar por una oligarquía opositora y unos diputados que lamen sus labios y frotan sus manos por regresar el negocio petrolero a manos de las trasnacionales que pagarán un dólar por cada cien invertidos, después de lograr con esta bancada opositora la reforma de la Ley de Hidrocarburos que obliga a estas empresas a pagar 30 dólares por cada cien invertidos, herencia dejada por el fallecido presidente.

“El desastre económico” es una estrategia inducida por los grupos económicos para regresar al modelo capitalista, desbaratar la propuesta de Hugo Chávez sobre mayor inversión social y ampliación del tamaño del Estado, para continuar concentrando en pocas manos el capital de la renta petrolera, que es el fin del enfrentamiento entre las oligarquías opositora y rojita.

La excusa sobre la escasez de materia prima y el retardo en la entrega de divisas es falso. El señor Lorenzo Mendoza, máximo exponente de estos argumentos, incrementó la producción de cerveza, ron y refrescos con las mismas máquinas y su propio capital, lo que desmonta sus errados argumentos aplaudidos por el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, John Kelly, al señalar que “ora” todos los días por el pueblo venezolano que está sufriendo por la crisis económica, indicando además que la economía del país está literalmente a punto de implosión. “Estamos viendo una inflación de 200% este año, los productos básicos: los pañales, el papel higiénico, los alimentos están escasos o no existen”, dijo este general, cuando en verdad él es uno de los asesores de la bancada opositora y posiblemente de una parte de la oligarquía rojita, que a la calladita, también quiere ver sucumbir los principios de Hugo, sobre la colectivización del capital, ya que su avaricia los induce a amasar la mayor cantidad de dinero posible. 

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La Asamblea Nacional aprobó un voto de censura en contra del ministro Marcos Torres por el desabastecimiento de alimentos y denuncias sobre corrupción administrativa, que sin duda existe, aunque no son estos diputados los llamados a condenar irregularidades administrativa, ya que en su mayoría son contratistas y propietarios de empresas de maletín para apropiarse del dinero de gobernaciones, alcaldías y ministerios, recayendo la moción de censura como un acto de hipocresía, pues, ellos hacen exactamente lo mismo.

Una conversación telefónica entre Liborio Guarulla y el archiconocido diputado Henry Ramos Allup, difundida por VTV donde él airadamente increpa a Guarulla por no cancelar las deudas de su grupo de contratistas, se convierte en la mejor promueva de lo que aquí expongo.

Los contratistas y proveedores incrementan 300 por ciento de sobreprecio a cada contrato para pagar 100% al que otorga el contrato, 100% para la obra y 100% para su bolsillo, es decir, corrupción legalizada, además construyen con materiales de segunda calidad que cobran como de primera, y no cancelan prestaciones sociales a los trabajadores. Con el dinero que estas empresas construyen un a obra, usted y yo amigo lector, construimos dos obras y medias con los desempleados del sector beneficiado. Eliminar este tipo de corrupción legalizada jamás será escuchada en boca de estos diputados. Es por esta vía por donde obtienen el dinero para financiar sus campañas y enriquecerse ellos y sus familiares.

Regresando al tema que nos ocupa no puede ser tan transparente la gestión del coronel Marcos Torres, cuando ni con el pétalo de una rosa tocó la estructura corrompida de ese ministerio que bachaquea con la comida de Mercal y Pdval, además que el diputado Carlos Berrizbeitia llegó a mostrar documentos que vinculan a Marcos Torres con la negociación de contratos entre el Ministerio de Alimentación y varias empresas “de maletín”, el Parlamento decidió darle un voto de censura a su gestión. La medida implica su destitución y su prohibición para ocupar parte en el Gabinete Ejecutivo durante el actual período de gobierno.

Desde hace tiempo se viene denunciando a estas “Empresas de maletín” propiedad de altos ejecutivos, beneficiadas por la dirección general de Mercadeo y Comercialización del Ministerio para la Alimentación. Esta instancia es la responsable de otorgar licencias de Certificados de No Producción o CNP. Lo que significa, en dinero efectivo dólares preferenciales. Las comisiones varían según la tonelada métrica de materia prima, siendo los más apetecidos: leche, maíz, soya, carnes y cereales.

Se habla de una inversión de más de 230 mil millones de dólares en importaciones de bienes e insumos; de los cuales más del 60 % de este dinero estaba dispuesto para la importación de medicamentos.

Por su parte el presidente Nicolás Maduro anunció que no acatará la moción de censura impuesta por la Asamblea Nacional al ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres con lo que dejó claro su empeño en no investigar las denuncias formuladas en contra de miembros de su gobierno, aunque ha reiterado durante los tres años de gobierno su lucha contra la corrupción, reforzada con una Ley Habilitante que hasta ahora, no es más que letra muerta.

En tanto el hambre aumenta aceleradamente en el sur donde se redujo al mínimo el programa alimentario, y una parte de lo poco que llega lo contrabandean a Colombia, otra la bachaquean en las casas de los mismos funcionarios del ministerio. A nosotros nos toca hacer cola un día por semana para comprar un kilogramo de caraotas y una harina precocida. Las bolsas solidarias llegan una vez, cada dos meses convirtiéndonos en los menos beneficiados de este programa, el grueso se queda en los bolsillos del alto gobierno.

Venezuela es de Jesucristo

Andrés García Bolívar

Pastor iglesia evangélica: “El Evangelio Eterno”
Teléfono: 04161067319

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Andresgarbo@hotmail.com

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